¿Qué va a suceder con el programa “Keeping Families Together”, para parejas sin documentos de ciudadanos?
Es importante señalar que, aunque todavía se puede presentar una solicitud, si el programa se cierra definitivamente, los solicitantes pueden perder su tarifa de procesamiento de $580.
Los Ángeles — Luego de concederles a las parejas sin documentos de ciudadanos, un alivio para poder regularizar su situación legal en Estados Unidos, este viernes pasado, Texas, Florida y otros catorce estados liderados por el Partido Republicano presentaron una demanda contra el programa “Keeping Families Together” (Manteniendo a las familias unidas) de la Administración Biden, también conocido como “Parole in Place” (Libertad condicional en el lugar).
Un nuevo programa de inmigración de la administración Biden, que comenzó este lunes 19 de agosto, otorga estatus legal a algunos cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadounidenses y les proporcionará un camino hacia la ciudadanía sin tener que salir del país como pena.
El 26 de agosto, un juez federal del Distrito Este de Texas otorgó una suspensión administrativa, prohibiendo al gobierno federal aprobar solicitudes para el proceso de libertad condicional Keeping Families Together durante los próximos 14 días. Sin embargo, todavía se están aceptando solicitudes.
Maruxa Cárdenas, codirectora de La Mesa Boricua de Florida, cuya familia estaba eufórica por este programa, dijo estar llena de tristeza y decepción debido a la pausa del programa de libertad condicional en el lugar, ya que jugó un papel crucial en mantener unidas a familias como la de ella.
Para Andy Molina, nada le serviría mejor que un cheque de por lo menos 300 dólares a la semana después de haber trabajado en Estados Unidos durante 40 años.
“Hemos estado esperando una respuesta durante tantos años. Nos dio esperanza de finalmente tener estabilidad. Estoy afligida y preocupada por el bienestar y la unidad futuros de mi familia. Siento una profunda sensación de pérdida y preocupación por familias como la mía que dependían del programa Keeping Families Together para mantenerse unidas y seguras frente a los desafíos”, dijo.
Es importante señalar que, aunque todavía se puede presentar una solicitud, si el programa se cierra definitivamente, los solicitantes pueden perder su tarifa de procesamiento de $580. Los activistas le piden a la comunidad que evalúen sus opciones y tomen la mejor decisión para sus familias en este momento.
Cuando Julio Alberto Ramos escuchó por primera vez que un candidato a presidente, en aquel entonces Donald Trump, acusó a los inmigrantes mexicanos de ser criminales, le ofendió este ataque.
Texas y los otros 15 estados habían solicitado una Orden de Restricción Temporal (o TRO, por sus siglas en inglés) para bloquear la implementación del proceso de libertad condicional de Keeping Families Together. El gobierno federal había pedido al tribunal que les permitiera al menos hasta este 28 de agosto para oponerse a esa solicitud de TRO. El tribunal optó por ordenar lo que llamó “una suspensión administrativa”, por un período inicial de 14 días, prohibiendo al gobierno federal emitir cualquier concesión de Libertad Condicional.
En el corazón de California y sus bulliciosas calles repletas de soñadores en la caza de oportunidades para alcanzar el éxito, la historia de Catalina Sánchez Sánchez destaca como un testimonio de resistencia y ambición.
Los fiscales generales de los estados que demandaron argumentan que el programa excede la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional y viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Cláusula de Cuidado de la Constitución.
Esto no es más que estados liderados por el Partido Republicano que fomentan la retórica y el sentimiento antiinmigrante antes de una de las elecciones más cruciales de nuestra vida, alzaron la voz activistas.
California alberga alrededor de 764,000 empresas empleadoras (o empresas con al menos un empleado), de las cuales aproximadamente 85,000 son empresas de propiedad latina, según el Latino Policy and Politics Institute.
La administración Biden utilizó la autoridad legal ya existente para crear el programa. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) otorga al Secretario de Seguridad Nacional la capacidad de “a su discreción, conceder libertad condicional a Estados Unidos temporalmente bajo las condiciones que pueda prescribir solo caso por caso por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo a cualquier extranjero que solicite la admisión a los Estados Unidos”. La libertad condicional en el lugar ha sido utilizada con éxito por las familias militares durante una década.
Sin el derecho a un abogado proporcionado por el gobierno en el tribunal de inmigración que los pueda representar en sus casos de deportación miles de personas pierden sus querellas a diario al no tener dinero para contratar sus propios abogados, sostienen varios activistas, mismos que ahora están instando al Congreso a financiar esa representancion legal.
Esta semana, también se presentó una contrademanda en nombre de once familias estadounidenses afectadas, y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Justice Action Center y Make the Road New York presentaron una moción para intervenir en la demanda Texas v. DHS. Estos posibles demandados intervinientes están buscando convertirse en partes del caso para que el tribunal pueda considerar sus perspectivas.
Yareliz Méndez-Zamora, directora de la campaña federal en Florida Immigration Coalition, dijo que la demanda de los estados es el epítome de la agenda políticamente motivada del Partido Republicano que busca pintar a cualquier familia inmigrante como peligrosa. Asimismo, le llama “una pérdida de tiempo y dinero de los contribuyentes, así como un símbolo de la determinación del Partido Republicano de socavar cualquier creación de vías legales que permitan a las personas ajustar su estatus”.
Para Andy Molina, nada le serviría mejor que un cheque de por lo menos 300 dólares a la semana después de haber trabajado en Estados Unidos durante 40 años.
Rocio Sáenz, secretaria-tesorera del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), dijo que la decisión del juez federal es un ataque directo a las familias estadounidenses, negando un alivio muy necesario a los cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses que han residido durante mucho tiempo en el país.
“Cada día que se suspende este sensato programa es un día en el que las parejas, esposos, esposas, madres y padres se ven obligados a vivir con el temor constante de ser separados de sus familias”, dijo.
Asimismo, la presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, Janet Murguía, declaró que si bien esta demanda no es una sorpresa, la comunidad se encuentra consternada por esta “acción despiadada y cínica y decepcionados por la decisión del tribunal de pausar el programa”.
El Parole in Place, brindaría un alivio muy necesario a 500,000 familias estadounidenses.
“Afortunadamente, aunque se le ha impedido al USCIS aprobar más solicitudes durante los próximos 14 días, todavía está recibiendo solicitudes”, dijo.
Además, la orden de suspensión administrativa del Tribunal de Distrito no afecta a ninguna solicitud que haya sido aprobada antes de que se emitiera el fallo.
“Animamos a los miembros de la comunidad a que consulten con proveedores de servicios legales calificados y se mantengan informados”, dijo la activista.
En respuesta a la demanda de varios estados, este 27 de agosto el presidente Joe Biden emitió una declaración denunciando la decisión de esta semana del juez federal enfatizando que Estados Unidos no es un país que separa a las familias.
“Estas parejas casadas, en las que uno de los cónyuges es ciudadano de los Estados Unidos y el otro ha estado viviendo en Estados Unidos durante 10 años o más, incluyen a nuestros vecinos que han estado trabajando, criando a sus familias, pagando impuestos, adorando con nosotros y enviando a sus hijos a la escuela”, dijo.
Biden sostuvo que no le interesa “jugar a la política con la frontera o la inmigración; me interesa resolver problemas. Tampoco me interesa separar a las familias. Eso no es lo que somos como estadounidenses”, dijo.
Al escuchar las palabras de Biden, Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, dijo aplaudir la contundente respuesta del presidente al último intento de Stephen Miller, Gene Hamilton y los líderes antiinmigrantes de Texas de tras de la demanda.
“Programas como ‘Keeping Families Together’ son un paso significativo para alinear nuestra política pública con nuestros valores estadounidenses fundamentales. Garantizar que los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses que llevan mucho tiempo asentados en el país puedan quedarse, legalizar su estatus y planificar su futuro junto con sus familias es de sentido común”, dijo Cárdenas.
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