Surge demanda contra administración de Biden por nueva norma contra el asilo
Los Ángeles — Grupos de derechos de los inmigrantes sometieron una demanda en contra de la administración de Biden tras la nueva norma que restringe severamente el asilo en la frontera sur.
El presidente Joe Biden emitió la proclamación la semana pasada junto con una norma provisional adjunta emitida por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia el mismo día.
Estas acciones ejecutivas cerrarán efectivamente cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus reclamos y evitando audiencias en las cortes. La proclamación se hace eco de la anterior prohibición de entrada de asilo impuesta por la administración Trump, que los defensores de los derechos de los inmigrantes desafiaron con éxito.
Los inmigrantes a los que se les niegue el asilo podrían recibir un mínimo de cinco años de prohibición de entrada a Estados Unidos, podrían ser retornados a México o al país del cual escaparon.
El caso fue presentado este 12 de junio en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Washington, D.C.
La queja, creada por algunos grupos como La Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, Jenner & Block LLP, entre otras, acusa a la prohibición de permitir el acceso al asilo sólo a personas que pueden conseguir una cita escasa para presentarse en un puerto de entrada o satisfacer una excepción muy estrecha.
Alega también que es rotundamente inconsistente con el estatuto de asilo que promulgó el Congreso, que permite a los inmigrantes presentar solicitudes para asilo “ya sea que entren o no” por un puerto de entrada. Además de prohibir el asilo a la mayoría de los inmigrantes, las nuevas normas también crean obstáculos potencialmente insuperables para buscar otros tipos de protección.
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“No nos quedó otra alternativa que demandar. La administración carece de autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno ingresa al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica”, dijo Lee Gelernt, subdirector de la Oficina de Inmigrantes de la ACLU de Proyecto Derechos, uno de los demandantes.
Otros grupos como la ACLU del Distrito de Columbia y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) también se sumaron a la querella en nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES).
Keren Zwick, directora de litigios del NIJC, dijo que es vergonzoso que el gobierno de Estados Unidos haya decidido responder cerrando el acceso al asilo a quienes llegan a la frontera necesitados.
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Recientemente Cifuentes pudo obtener el asilo político en Estados Unidos, lo que le hace acreedor a la residencia en un año.
“NIJC ha brindado servicios legales a miles de personas que llegaron a través de la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos años y, independientemente de cómo ingresaron al país, la abrumadora mayoría de nuestros clientes han tenido solicitudes de asilo creíbles. Según la ley estadounidense, eso debería ser suficiente para darles la oportunidad de presentar sus casos”, dijo Swick agregando que no hay más remedio que llevar a los tribunales la nueva norma.
Melissa Crow, directora de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados sostuvo que la reciente norma pasa por alto las leyes ya establecidas y obligaciones en virtud de tratados, “asfixiando un salvavidas crucial para las personas que buscan seguridad”.
“Exacerba el caos en nuestra frontera sur, socava el trabajo vital de los grupos de ayuda humanitaria y legal y resultará en deportaciones injustas de refugiados a países donde enfrentan persecución y tortura. Pero el presidente no puede borrar décadas de leyes establecidas por decreto ejecutivo”, dijo.
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A juicio de Javier Hidalgo, director legal de RAICES, casi 60 años después de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 y más de cuatro décadas después de la Ley de Refugiados de 1980, los funcionarios electos han revertido el espíritu mismo de las leyes que protegen los derechos humanos y legales no sólo de aquellos que buscan seguridad en el Estados Unidos, pero todos en general.
“Sigue siendo impactante, si ya no sorprendente, que los mismos funcionarios electos que prometieron restaurar nuestro compromiso con las protecciones humanitarias estén más que dispuestos a sacrificar vidas, especialmente de personas de raza negra y de color, por puntos políticos y beneficios personales”, dijo Hidalgo.
De acuerdo con la demanda, la nueva orden no tiene una base reconocible que lo respalde, es una violacion directa a las leyes del pais y no hacen nada para abordar las causas fundamentales de la migración.
Arthur Spitzer, abogado principal de la ACLU del Distrito de Columbia dijo que las acciones de la administración Biden efectivamente cerraron la puerta a innumerables personas que huyen de la violencia y la persecución.
“Las políticas contra el asilo son crueles, ineficaces e ilegalmente socavan el derecho fundamental a buscar asilo en Estados Unidos”, afirmó.
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