Biden incluye en su presupuesto financiación a ‘la migra’: Una carta busca el contrarresto
Los Angeles — Una propuesta del presupuesto del presidente Joe Biden busca aumentos masivos en los programas de vigilancia y encarcelamiento electrónico para las personas sin documentos, incluidos 300 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y cientos de millones para tecnología invasiva de vigilancia fronteriza para el 2023.
Ahora, unas 190 organizaciones se unen en el envió de una carta al Congreso instando a recortes significativos a esos programas en el proyecto de ley de gastos del año fiscal mientras este considera la inversión de Biden en los fondos para Inmigración y Customs Enforcement (ICE) y Customs and Border Protection (CBP) en un proyecto de ley final de gastos.
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La campaña Defund Hate, que organizó la carta, dijo que la administración Biden asumió el cargo haciendo promesas, de las que se hicieron eco muchos en el Congreso, que brindaron esperanza a las comunidades inmigrantes y fronterizas de que terminaría el ciclo dañino del gasto punitivo en la aplicación de la ley, pero esto no ha ocurrido.
“Las comunidades negras, marrones e inmigrantes de todo el país quedaron consternadas al ver que la administración Biden continúa financiando e incluso expandiendo los daños mortales de la aplicación masiva de la inmigración”, lee la carta.
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“Después de casi medio año de extender la financiación al nivel de Trump a través de múltiples resoluciones continuas, el Congreso aprobó un proyecto de ley de asignaciones del DHS para el año fiscal 2022 que aumentó la financiación para la detención de inmigrantes, la vigilancia masiva y la militarización fronteriza después de meses de negociaciones en la trastienda”, explica.
El mes pasado, el presidente Biden publicó su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2023, que, a pesar de dar mas dinero para la vigilancia en la frontera, también incluía un recorte significativo en las detenciones de parte de ICE del nivel de población diaria promedio actual de 34,000 a 25,000, así como una disminución en los fondos de ejecución y deportación de ICE.
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Activistas explican que las acciones de Biden no ayudan al creciente abrumador banco de pruebas que detallan la crueldad inherente e irreparable de la detención de ICE, otra área que ha experimentado un crecimiento enorme y alarmante en el último año es la financiación y la implementación de tecnologías de vigilancia invasivas con fines policiales.
El proyecto de ley de asignaciones del DHS para el año fiscal 2022 incluyó más de $435 millones para tecnologías que van desde drones y torres de vigilancia hasta reconocimiento facial. Sumado a esto, la creciente dependencia de ICE en medidas de vigilancia peligrosas y punitivas, que incluyen grilletes en los tobillos, tecnología de reconocimiento facial y seguimiento de geolocalización, restringe las libertades civiles de los inmigrantes, infringe los derechos de privacidad y contribuye al daño físico y mental generalizado de demasiadas personas en nuestras comunidades enfrentan hoy, según activistas.
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