Opinión: Así es como Biden puede ganar en inmigración y superar al Partido Republicano
El presidente Biden hizo campaña con la promesa de legalizar a millones de inmigrantes indocumentados de larga estancia en el país. Durante tres años, se las ha arreglado para desviar las críticas por no cumplir, culpando a la profunda división en el Congreso.
Ahora, los activistas le presionan para que utilice su autoridad para proteger a esta mano de obra esencial. La cuestión es si puede hacerlo sin fortalecer a su oposición MAGA, que se nutre de la histeria de las “fronteras abiertas”. ¿Debería siquiera intentarlo, dada la probabilidad de litigio? La respuesta es sí. Con creatividad y moderación, puede superar al ala xenófoba del Partido Republicano.
Los días 13 y 14 de noviembre, en Washington D.C., una coalición de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, formada por empresarios, funcionarios republicanos y demócratas y los propios inmigrantes, tienen previsto instar a Biden a que abra la puerta a los permisos de trabajo para millones de personas que llevan décadas viviendo aquí. Quieren que les conceda un permiso condicional, como hizo con cientos de miles de recién llegados de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.
Opinion Columnist
Jean Guerrero
Jean Guerrero is the author, most recently, of “Hatemonger: Stephen Miller, Donald Trump and the White Nationalist Agenda.”
La campaña “Here to Work” se centra en la grave escasez de mano de obra en el país, como en la industria manufacturera, el comercio minorista y la sanidad. Las pequeñas empresas no tienen recursos para patrocinar a trabajadores del extranjero; quieren poder contratar legalmente entre los 11 millones de inmigrantes que ya están aquí. Muchas de esas personas no aceptan algunos trabajos porque exigen pasar por controles de inmigración. Otros no solicitan trabajo porque exigen una prueba de autorización para trabajar.
La sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permite al gobierno federal admitir temporalmente a personas en el país caso por caso si hay un “beneficio público significativo” o por “razones humanitarias urgentes”. La American Business Immigration Coalition (ABIC), que lidera la campaña, espera que Biden utilice esa autoridad para reforzar la mano de obra.
Algunos veteranos de la batalla por la legalización creen que la campaña es inoportuna, ya que los estados liderados por el Partido Republicano han demandado a Biden para detener el uso actual de los permisos condicionales y los legisladores republicanos amenazan con un cierre del gobierno a menos que el Congreso acepte medidas extremas contra la inmigración, incluida una reducción significativa de los permisos condicionales.
Es difícil imaginar un entorno más hostil para Biden en materia de inmigración, con Fox News recalcando a diario el tema de los cruces fronterizos, que están en máximos históricos. Y algunos abogados se muestran escépticos sobre la capacidad del plan para sobrevivir a una demanda, señalando el fracaso de la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA) del presidente Obama, que fue bloqueada por un juez antes de que nadie pudiera solicitarla. Este programa “Here to Work” tendría un alcance mucho más amplio que DAPA. La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para los “Soñadores” sobrevivió por un tiempo, pero desde entonces ha sido bloqueada y está en camino de revisión de la Corte Suprema.
La acción diferida no es lo mismo que un permiso condicional, por supuesto. Un programa más similar son los permisos condicionales existente para inmigrantes que son familiares inmediatos de militares y veteranos. La vicepresidenta Kamala Harris propuso usar los permisos condicionales para proteger a los Dreamers mientras se postulaba para la presidencia en 2019. Al año siguiente, un prominente grupo de expertos en restricción de la inmigración advirtió que sería “casi imposible” derrotar su plan en los tribunales. Pero las interpretaciones de los tribunales del requisito de “caso por caso” del permiso condicional sugieren que cuanto mayor sea el grupo de beneficiarios, más cuesta arriba será la batalla legal a la que se enfrentará un programa.
Al pedir a Biden que agite su varita y conceda permisos de trabajo para todos, los defensores pueden estar repitiendo inadvertidamente un patrón de décadas de pedir cambios asombrosos a expensas de un progreso gradual. El planteamiento de todo o nada nunca ha funcionado.
Pedir permisos de trabajo en lugar de la ciudadanía sigue significando pedir a Biden que proteja unilateralmente a 11 millones de personas. Los defensores podrían tener un caso más viable si se centran en las protecciones para un subconjunto de la población que cuenta con apoyo bipartidista, como los Dreamers, los trabajadores agrícolas o los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
De hecho, la campaña está prestando especial atención a las familias de estatus mixto, inspirada por la ley bipartidista American Families United Act, presentada por la representante Veronica Escobar (demócrata de Texas). Escobar está recogiendo firmas para una carta en la que insta a Biden y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a conceder un permiso condicional a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses para mantener unidas a las familias. “Este es un aspecto fundamental de nuestros valores estadounidenses”, me dijo.
La demanda más amplia de la campaña de “permisos de trabajo para todos” es menos estratégica. Podría proporcionar forraje innecesario a los propagandistas de MAGA, al tiempo que perjudica a Biden entre los progresistas que pensarán que se niega a ayudar. Pero estas amplias demandas reflejan una desesperación comprensible dentro de la comunidad de indocumentados desatendida durante tanto tiempo.
Una mujer que está volando de California a Washington para participar en el mitin de la campaña del 14 de noviembre es una enfermera de 34 años que llegó aquí desde México con sus padres cuando tenía 16 años. Trabajó en un centro de traumatología mientras estudiaba como enfermera en plena pandemia. Pero desde que se formó, no ha podido trabajar en un hospital porque no tiene papeles. Vive con la angustia de verse separada a la fuerza de sus tres hijos nacidos en Estados Unidos. “El miedo a que te deporten y pierdas a tus hijos siempre está ahí”, me dijo, rompiendo a llorar.
Una forma en que Biden podría avanzar es diseñando un programa que permita a los estados optar o no por los permisos condicionales para los residentes indocumentados en sectores con dificultades. Esta idea, que la campaña está planteando, podría negar la capacidad legal a los estados controlados por los republicanos para desafiar el plan y demandar para obtener una medida cautelar.
El mes pasado, el gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley que le autoriza a trabajar con el gobierno federal para proteger a los trabajadores agrícolas de la deportación mediante permisos condicionales basados en un “beneficio público significativo”. Otros estados con escasez de mano de obra podrían seguir el ejemplo de California. Incluso los gobernadores republicanos Greg Cox, de Utah, y Eric Holcomb, de Indiana, han pedido permisos de trabajo para inmigrantes específicos para cada estado. Biden podría comenzar con los trabajadores agrícolas en California y ciertos trabajadores en otros estados, y luego crear un programa de permisos condicionales para los Dreamers y los familiares indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
Mientras tanto, los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes tienen tiempo para afinar sus mensajes. No pueden cargarlo todo sobre Biden. Los miembros empresariales de la coalición tienen influencia en el Congreso. Deben presionar a los legisladores republicanos para que apoyen proyectos de ley bipartidistas independientes para los Dreamers, los trabajadores agrícolas y otros grupos que son vistos con simpatía.
Los líderes demócratas del Senado -incluidos el líder de la mayoría, Charles E. Schumer, de Nueva York, el presidente del Comité Judicial, Richard J. Durbin, de Illinois, y Alex Padilla, de California, que preside el subcomité judicial sobre inmigración- también deberían hablar en nombre de estos grupos en las próximas negociaciones sobre un cierre del Gobierno. ¿Por qué no obligar al Senado a votar sobre estas medidas limitadas de inmigración? Es hora de que todos trabajen juntos y dejen de eludir responsabilidades.
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