El secuestro de un pastor subraya la amenaza que enfrentan los migrantes reenviados a ciudades fronterizas mexicanas
En Nuevo Laredo, México, una puerta de entrada a EEUU dominada por el cártel, exigir rescates por migrantes es un negocio...
NUEVO LAREDO, Mexico — Los secuestradores llegaron al refugio cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en busca de migrantes cubanos, sus objetivos preferidos porque es sabido que sus familiares en Estados Unidos pagan rescates exorbitantes para liberarlos si son capturados.
En Nuevo Laredo, México, un territorio dominado por los cárteles y una puerta de entrada a Estados Unidos, es una trampa lucrativa: tomar de rehén a un migrante de Cuba, Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela u otro lugar; incautar sus teléfonos celulares y luego llamar a sus familiares estadounidenses para exigirles a cambio miles de dólares.
La política de la administración Trump de hacer esperar a los solicitantes de asilo en México es probable que viole las leyes, los pactos internacionales y socava el debido proceso.
No es necesario explicar las consecuencias de la falta de pago en el estado fronterizo mexicano de Tamaulipas, conocido por las fosas comunes y las masacres de migrantes, incluidos cientos de personas que fueron asesinadas por hombres armados del cártel de los Zetas en las afueras de la ciudad de San Fernando, entre 2010 y 2011.
El 3 de agosto, cuando el reverendo Aarón Méndez, un pastor evangélico y jefe del refugio Amar, rechazó las exigencias de los secuestradores, los matones se lo llevaron.
El pastor ingresó así a la dimensión desconocida de los “desaparecidos” en México -oficialmente 37.000 personas, y la cifra va en alza-, donde el estado de Tamaulipas lleva la delantera de la espeluznante estadística. La policía federal y estatal investiga actualmente lo que ocurrió con Méndez, afirmó Iván Moyle, portavoz de la oficina del fiscal de Tamaulipas, quien declinó hacer más comentarios.
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El caso ha escenificado la moda sistemática de los secuestros y chantajes que enfrentan los migrantes y otros en un momento especialmente delicado, en el que las autoridades estadounidenses expulsan a decenas de miles de centroamericanos, cubanos y más a las ciudades fronterizas de México, en el marco de los Protocolos de Protección de Migrantes de la administración Trump, conocidos informalmente como “Permanecer en México”.
Según el programa, implementado en enero último en las ciudades fronterizas de Tijuana y San Diego, y luego ampliado a otros cruces entre Estados Unidos y México, más de 37.500 migrantes con miras a residir en Estados Unidos han tenido que regresar a México para esperar allí sus audiencias en los tribunales estadounidenses. Muchos de ellos son solicitantes de asilo político.
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Más de 3.000 fueron enviados a través de Río Grande a Tamaulipas -tanto a Nuevo Laredo, frente a Laredo, Texas; como a Matamoros, ciudad hermana de Brownsville, Texas- desde que el programa se extendió, en julio. Las autoridades mexicanas proporcionan poca vivienda y ayuda a los repatriados, que a menudo quedan en las calles y deben valerse por sí mismos.
Las facciones delictivas ven a los migrantes vulnerables como cajeros automáticos ambulantes. Son presas fáciles, carecen de lazos familiares en México y se sabe que tienen parientes estadounidenses con acceso a dólares. Halcones de la mafia vigilan las estaciones de autobuses y otros lugares estratégicos, observando las posibles presas.
Aunque el narcotráfico proporciona la mayor parte de los ingresos de los cárteles, los grupos del crimen organizado de México son conglomerados multimillonarios que también controlan el tráfico de migrantes, el secuestro y otras empresas ilícitas, que trabajan confabulados con policías y políticos corruptos. “No hay protección”, aseguró el padre Julio López, un sacerdote católico que dirige el refugio Casa de Migrante Nazaret, en Nuevo Laredo.
Tres familias de migrantes hondureños que regresaron a México bajo los Protocolos de Protección de Migrantes recientemente relataron, en entrevistas con Los Angeles Times, cómo los secuestraron los gángsters, que obligaron a sus familiares en Estados Unidos a pagar rescates. Las tres aseguraron haber alertado a los funcionarios de inmigración estadounidenses de que habían sido secuestrados en México, pero pese a ello fueron enviadas de regreso allí.
Las autoridades estadounidenses alegan que se consideran múltiples factores al determinar si los migrantes detenidos deben regresar a México, incluido si enfrentan persecución o tortura. Las denuncias de los migrantes están documentadas, señalaron las autoridades, pero el temor a ser secuestrado no necesariamente es motivo para que los detenidos no sean enviados de vuelta a México.
“Una de nuestras principales prioridades en la Patrulla Fronteriza de EE.UU es la seguridad y el bienestar de las personas que aprehendemos”, remarcó José A. Martínez, jefe asistente interino de la Patrulla Fronteriza en Laredo, Texas.
El Departamento de Estado ha aplicado su alerta de seguridad más alta en Tamaulipas, señalando que “los grupos criminales armados atacan autobuses públicos y privados de pasajeros, así como automóviles particulares que viajan por Tamaulipas, a menudo para tomar como rehenes a los viajeros y exigir pagos de rescate”.
Beti Suyapa Ortega, de 36 años, no estaba al tanto de la magnitud del peligro cuando abordó un autobús público mexicano, el mes pasado, hacia la frontera de Estados Unidos, junto con su hijo, Robinson Javier Melara, de 17 años. Esta madre soltera de cinco hijos, oriunda del norte del estado hondureño de Yoro, afirmó que huyó de las maras, o pandillas, que le exigían pagos semanales como extorsión en el supermercado de su familia. “Las maras en Honduras son malas, pero aquí creo que son aún peores”, afirmó.
Ortega habló desde una sofocante sala de espera ubicada en la planta baja de la agencia de inmigración de México en Nuevo Laredo, donde ella y otras personas, temerosas de aguardar afuera, permanecieron por horas en sillas de plástico y tapetes esparcidos en el piso.
El 4 de agosto pasado, comentó Ortega, ella y su hijo estaban en un autobús cuando un grupo de unos 10 hombres señalaron al vehículo en las afueras de Nuevo Laredo. Los pandilleros exigieron que los pasajeros presentaran una identificación y obligaron a todos los extranjeros a salir del ómnibus, relató.
“¡Nosotros controlamos esta zona!”, declaró uno de los malhechores, quien se reconoció como miembro del Cártel del Noreste, la pandilla dominante en Nuevo Laredo y una facción fragmentada de la mafia hiperviolenta de los Zetas.
Ortega y su hijo fueron llevados a una casa donde estaban detenidos una docena de otros migrantes, dijo, y los secuestradores tomaron su teléfono. Encontraron el número de su hermano menor, Kevin Joel Ortega, de 25 años, quien había llegado a Atlanta unos meses antes. Los captores tomaron fotos de ella y su hijo y las enviaron al joven, exigiendo $8.000 para su liberación, detalló. “Si no pagaba, le dijeron, nos entregarían a ‘otras personas’”, añadió Ortega, temblando al recordar la frase ominosa. “Mi hermano respondió que le tomaría un tiempo recaudar el dinero, que acababa de llegar a EE.UU, pero que por favor no nos hicieran nada”.
Ortega y su hijo fueron retenidos durante dos semanas en una habitación junto con otros, donde dormían en el piso, recibían dos comidas diarias -principalmente frijoles y arroz- y pasaban la mayor parte del tiempo aburridos y viendo una gran televisión de pantalla plana, contó. Sus carceleros no dañaron físicamente a nadie, pero llamaban con enojo a los familiares de los cautivos en Estados Unidos a diario, para insistir en los pagos.
“Finalmente llega un momento en que uno ya no tiene miedo”, reflexionó Ortega, quien estaba descalza mientras vigilaba de cerca a su hijo adolescente, el mayor de sus cinco chicos, que descansaba sobre una colchoneta en el sucio puesto de inmigración mexicano. Sus otros cuatro hijos siguen en Honduras.
Su hermano en Atlanta recibió instrucciones de depositar los fondos electrónicamente en cinco cuentas bancarias diferentes de EE.UU, afirmó Ortega.
El 18 de agosto, cuando se pagó la totalidad, ella y su hijo fueron conducidos a un lugar cerca de Río Grande, donde el cártel controla estrictamente los cruces ilícitos, y los trasladaron por el río en una llanta inflada.
Ortega y su hijo fueron detenidos en Texas durante dos noches, antes de ser liberados con una fecha de corte prevista para el 10 de diciembre, en San Antonio. “Les dijimos [a las autoridades de inmigración de EE.UU] que nos habían secuestrado, pero no nos creyeron”, comentó.
El 20 de agosto, los oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos hicieron regresar a Ortega, su hijo y otros 18 migrantes angustiados, a pie hasta Nuevo Laredo a través del Puente Internacional Juárez-Lincoln que cruza Río Grande, en una procesión lúgubre que se repite aquí diariamente bajo el sol abrasador. Muchos llevan en sus manos bolsas de plástico transparente con el sello del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU, que contienen avisos para presentarse en la corte de inmigración.
Pero Ortega, como los otros acurrucados en el depósito de inmigración mexicano, aseguró que no tiene intención de quedarse en Nuevo Laredo; está demasiado asustada. Ella y sus compañeros migrantes esperaban ser transportados en autobús a Tapachula, una ciudad mexicana cerca de la frontera con Guatemala. Esos viajes son una iniciativa del gobierno mexicano, que tienen un doble propósito: retirar a los inmigrantes desanimados de la peligrosa zona fronteriza, y disminuir las posibilidades de que emprendan el largo y arriesgado regreso para presentarse en los tribunales estadounidenses. “Ya hemos tenido suficiente”, consideró Ortega.
También esperaban el autobús María Suyapa Rodríguez, de 35 años, y su hijo de 12. Igualmente ellos habían sido secuestrados, el 15 de agosto, en la terminal de autobuses de Nuevo Laredo, uno de los lugares más traicioneros de la ciudad. Ambos fueron liberados dos días después, cuando su hermana en Nueva York acordó pagar un rescate, comentó Rodríguez, quien no sabía la cantidad exacta. Posteriormente, la dupla cruzó Río Grande, dijo, y se rindió a la Patrulla Fronteriza, que los hizo regresar a México.
Como Ortega, Rodríguez se había rendido. Renunciará a su cita en la corte de Estados Unidos, prevista para el 10 de enero, y volverá a su hogar en Honduras, siguiendo las huellas de tantos inmigrantes, quebrados y petrificados por el crimen organizado mexicano.
En un caso, señaló el padre López, un hombre guatemalteco se tragó la tarjeta SIM de su teléfono para evitar que los secuestradores rastrearan a sus familiares. Una víctima de secuestro hondureña recordó haber arrojado los papeles con los números telefónicos de sus parientes estadounidenses al inodoro.
Entre los albergados recientes en Casa de Migrante Nazaret se encontraban Rosa Emilia Torrez, de 45 años, su esposo y sus dos hijos, un varón de 12 años y una niña pequeña. Los secuestradores raptaron a la familia en la estación de autobuses de Nuevo Laredo el 21 de julio, dijo Torrez, dos días después de que las autoridades de inmigración estadounidenses los expulsaran a Nuevo Laredo. La familia planea ahora tomar un autobús a Durango, México, y esperar en la casa de un pariente hasta su fecha de corte en Estados Unidos, el 25 de septiembre, relató Torrez.
Los captores los liberaron el 28 de julio, según Torrez, después de que su cuñado en Nueva Orleans pagó $16.000, negociando el pedido inicial de $32.000.
Los secuestradores, remarcó Torrez, insistieron en llevar a la familia a través de Río Grande hasta Texas, donde la Patrulla Fronteriza los arrestó nuevamente.
Torrez trató de explicar a los agentes que los secuestradores los habían obligado a regresar al lado estadounidense, y que temían ser enviados otra vez a México, pero nadie les prestó atención. “Simplemente tomaremos sus huellas digitales y lo enviaremos a México”, le dijo el agente de la Patrulla Fronteriza, recordó Torrez.
Las autoridades de inmigración trasladaron a la familia a Nuevo Laredo el 1º de agosto, precisó Torrez, quien agregó que planea encontrar una vivienda segura en algún lugar de México y presentarse a la audiencia de inmigración en Texas a finales de este mes. “Llegamos tan lejos”, suspiró la mujer. “No vamos a retroceder ahora”.
La redactora del L.A. Times Molly Hennessy-Fiske, de Houston, y Cecilia Sánchez, de la oficina de The Times en la Ciudad de México, contribuyeron con este informe.
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