Menos inmigrantes solicitan visas especiales reservadas para víctimas de crimen

Por primera vez en una década, ha ido disminuyendo la cantidad de personas que solicitan una visa diseñada para proteger a las víctimas de delitos, una tendencia que los defensores y los abogados de inmigración dicen que se ve impulsada por las políticas que la Administración Trump estableció para reprimir la inmigración ilegal.

La visa, oficialmente conocida como la visa U, fue creada por el Congreso en 2000 para alentar a las personas a cooperar con las fuerzas del orden locales y, al mismo tiempo, ofrecerles algún tipo de alivio en forma de estatus de inmigración legal. La visa estaba destinada a evitar que los abusadores usen el estado de inmigración de una víctima como una forma de evitar que denuncien delitos.

Para obtener una visa U, las víctimas de delitos deben demostrar que cooperaron con una agencia local de aplicación de la ley al solicitarla.

Los datos muestran que después de años de mayor popularidad (las solicitudes de visa U aumentaron en un 137 por ciento entre los años fiscales 2009 y 2017), el número de solicitudes de visa U disminuyó por primera vez en el año fiscal 2018; una tendencia que está en camino de continuar este año.

En el año fiscal 2017, el USCIS recibió un récord de 62.990 solicitudes de visa U. El año pasado, la agencia recibió 58.991, este año, están en camino de recibir 49.508 solicitudes, según datos del USCIS.

“Creo que la visa U es una forma crítica de alivio tanto para ayudar a la policía como para proporcionar protección humanitaria a los sobrevivientes de delitos graves en nuestro país y esta administración está creando barreras para eso”, dijo Alison Kamhi, abogada supervisora del Immigrant Legal Resource Center.

A través de una serie de memorandos de políticas y decisiones del Fiscal General, la Administración Trump ha hecho que solicitar una visa U sea más costoso y con mayor probabilidad de que deporten a los solicitantes a los que se les negó. También han limitado la capacidad de los jueces de inmigración para retrasar los procedimientos de deportación mientras se procesan las visas U, según los registros.

El objetivo de esos memorandos y decisiones ha sido cumplir con el objetivo del presidente de disminuir la inmigración ilegal.

Por ejemplo, un memorando de junio de 2018 ordena a los funcionarios que coloquen a los inmigrantes a quienes se les niega la visa U en los procedimientos de deportación. Ese memorando es un resultado directo de la Orden Ejecutiva 13768 del presidente, que “enfatiza que la aplicación de nuestras leyes de inmigración es de importancia crítica para la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos. La Orden Ejecutiva también establece que el Gobierno Federal ya no eximirá a las clases o categorías de extranjeros removibles de la aplicación potencial”, según el memo.

Los críticos del memorando dicen que las víctimas de delitos pensarán dos veces antes de solicitar la visa U porque recibir un aviso de deportación si la visa es denegada es muy arriesgado.

En agosto de 2018, el Oficial del Fiscal General escribió una orden que restringía la autoridad de los jueces para retrasar los casos de deportación que esperaban el proceso de la solicitud de visa U de un individuo.

Antes de esa orden, los jueces de inmigración pondrían las deportaciones en espera para ver si el solicitante recibía una visa U. La idea era que no tenía sentido deportar a alguien si se les iba a permitir regresar al país después de recibir la visa.

Los abogados de inmigración dijeron que algunas personas ya han sido deportadas mientras su visa U está pendiente. Eso viola el espíritu de lo que representa la visa, que es proteger a las víctimas de delitos.

Sin embargo, el memorándum del Procurador General establece que se suspendieron demasiados casos y eso contribuyó a la creciente acumulación de procesos en los tribunales de inmigración.

En 2012, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia concluyó que “las continuas y largas prolongaciones eran un factor principal que contribuía a los retrasos en los tribunales de inmigración”, indica la orden.

Estos memorandos llegan en un momento en que existe una creciente acumulación de solicitudes de visa U. Debido a que el número de visas otorgadas cada año tiene un límite de 10.000, la cartera de pedidos crece cada año. Actualmente, hay 239.000 visas U pendientes que ya han sido aprobadas.

El retraso es tan grande que USCIS tarda más de cuatro años en procesar nuevas solicitudes.

Durante ese período de espera, los solicitantes indocumentados no tienen protección contra las deportaciones y no pueden obtener un permiso de trabajo.

“El hecho de que una solicitud esté pendiente por cuatro años y no brinde protección formal contra la remoción, ni acceso a autorización de trabajo, es un mal servicio para las víctimas”, dijo Cecelia Friedman Levin, asesora principal de políticas de la organización sin fines de lucro ASISTA Immigration Assistance.

Varios solicitantes de visa U han sido deportados mientras su proceso estaba pendiente y Friedman Levin está preocupada porque el número de deportados aumentará.

Los cambios en las políticas de la Administración Trump, junto con el creciente retraso, están desanimando a las víctimas de delitos de inmigrantes a solicitar esta forma de protección, según abogados y defensores.

“Es muy triste porque eso es contrario al propósito de esta visa”, dijo la abogada de inmigración Ashley Arcidiacono, con sede en San Diego.

Si bien USCIS mantiene datos nacionales sobre la cantidad de solicitudes tipo Visa U que reciben, aprueban y rechazan, la información a nivel local no está disponible.

En 2015, California aprobó una ley estatal que exige que las agencias policiales locales presenten un informe anual sobre la cantidad de solicitudes de certificación de visa U que reciben. Los solicitantes de visas requieren estas certificaciones para demostrar a USCIS que cooperaron con un crimen y los departamentos de policía certificaron que realmente se cometió un crimen.

Sin embargo, no hay penalidad por no presentar el informe anual y varios departamentos de policía y alguaciles no cumplen con la ley, según muestran los registros.

El San Diego Union-Tribune presentó una solicitud de registros ante las legislaturas estatales para todos los informes anuales que la legislatura recibió de las agencias policiales en los condados de San Diego, Los Ángeles, Orange y Riverside en 2017 y 2018.

Esos archivos mostraron que sólo 11 agencias presentaron registros en ambos años. Catorce agencias, incluido el Departamento de Policía de San Diego, presentaron registros para 2017 pero no para 2018.

El Departamento de Policía de San Diego no respondió de inmediato a las preguntas sobre por qué el departamento parece no cumplir con la ley estatal.

“Me resulta preocupante que no todos los certificadores proporcionen datos”, dijo Kamhi. “Debido a que no existe un mecanismo de cumplimiento [en la ley estatal], esta es la única forma en que podemos ver cómo están respondiendo las agencias certificadoras”.

Una de las pocas agencias que presentaron registros a la legislatura estatal para 2017 y 2018 fue el Departamento de Policía de Los Ángeles. Sus datos reflejan las tendencias nacionales en que el departamento vio menos aplicaciones. En 2017, el LAPD recibió 2.587 solicitudes de certificación de visa U. Al año siguiente, sólo recibió 2.243, una disminución del 13 por ciento.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí