Bebió sangre de serpientes en Vietnam y tuvo guardias armados en Bulgaria, pero llevar inversores de EE.UU. a Myanmar fue ‘demasiado’

En 2013, Eric Rose abrió el primer bufete de abogados de propiedad estadounidense en Myanmar e invitó a 500 diplomáticos, políticos y líderes empresariales a un hotel de lujo para celebrar.

El país había sido durante mucho tiempo una de las economías más aisladas de Asia, pero la transición del gobierno militar a la democracia había traído la promesa de una gran inversión por parte de las empresas estadounidenses y mucho trabajo legal para orientar dichas transacciones.

Sin embargo, esa promesa tardó demasiado en materializarse y, el mes pasado, después de casi cinco años, Rose derivó a sus clientes, cerró su despacho y permitió que los empleados se llevaran a casa los muebles de oficina.

Su partida fue la última señal de cómo Myanmar perdió su encanto para los inversores estadounidenses, que sostienen que el ejército cedió poco poder y el gobierno democráticamente elegido, de Aung San Suu Kyi, no pudo soltar el control que los generales militares y sus compinches mantienen sobre las industrias clave.

Los países de la región con vínculos más profundos con Myanmar han engullido la mayoría de las oportunidades: las empresas de China invirtieron $5,700 millones, y Tailandia casi $1,000 millones en los últimos cuatro años, según estadísticas del gobierno, mientras que las estadounidenses aportaron $133 millones, aunque ello no incluye dinero canalizado a través de sucursales en Singapur.

Las masacres del ejército de los musulmanes rohinyás, que hicieron huir a casi un millón de refugiados a la vecina Bangladesh desde agosto pasado, agregaron un grave riesgo de reputación para las empresas occidentales, estimó Rose.

“La desafortunada realidad es que los estadounidenses no irán allí”, auguró Rose, de 63 años, desde su casa en Washington. “Simplemente no veo la luz en el horizonte”.

El periódico independiente Myanmar Times definió el retiro de su empresa, Herzfeld Rubin Meyer & Rose, como “un voto de desconfianza” en la economía. La tasa de crecimiento de la nación se desaceleró el año pasado, del 7,3% al 6,5%, en gran parte debido a una disminución de la inversión extranjera, según el Banco Mundial.

“Eric era una mentira más grande que cualquier otra en Myanmar”, afirmó Murray Hiebert, asociado principal en el programa del sudeste asiático del Center for Strategic and International Studies en Washington. “Hay una economía de 52 millones de personas que había estado bastante limitada, y ahora hay una oportunidad. Pero se ponía de manifiesto, incluso desde el principio, que sería un lugar difícil para hacer negocios”.

Después de gobernar Myanmar, también conocido como Birmania, durante casi medio siglo, el ejército inició en 2011 reformas democráticas que allanaron el camino para que Suu Kyi, la activista de la oposición encarcelada durante mucho tiempo, llevara a su partido a la victoria en las elecciones nacionales, cuatro años más tarde. Los generales se comprometieron a reducir el control estatal de las industrias clave y a abrir la economía a más inversiones extranjeras.

El presidente Obama respondió levantando sanciones de larga duración de los Estados Unidos “para garantizar que la gente de Birmania vea las recompensas de una nueva forma de hacer negocios y un nuevo gobierno”.

Muchos en Myanmar sostienen que los EE.UU. no cumplieron esa promesa.

El Departamento del Tesoro aún somete a las instituciones financieras de Myanmar a requisitos adicionales de presentación de informes en virtud de la Ley Patriótica, una demanda que se aplica únicamente a otros tres países: Cuba, Irán y Corea del Norte. Las medidas, que apuntan a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, implican tantos costos y riesgos adicionales que la mayoría de los bancos internacionales que manejan en dólares no financiarían el comercio y la inversión en Myanmar ni permitirían que las firmas estadounidenses transfieran ganancias a sus países de origen.

Rose expuso que él y sus socios de los EE.UU. no sacaron ganancias de Myanmar, sino que usaron el dinero para capacitar a los abogados y al personal local.

Se suponía que la cuestión no resultaría tan difícil, especialmente para alguien especializado en acompañar a compañías occidentales en lugares difíciles.

Nacido en la Rumanía comunista, Rose era un autodenominado estudiante radical que se mudó a los Estados Unidos en la década de 1970 y obtuvo su título de abogado. Regresó a Rumanía veinte años más tarde para ayudar a establecer el primer bufete estadounidense después de la caída del Telón de Acero. Se convirtió en un especialista en “economías fronterizas”, países turbulentos que salen de un conflicto, una dictadura y un aislamiento diplomático.

Trabajando para American Standard, un reconocido fabricante de accesorios de plomería, viajó a Bulgaria, donde sus socios locales emplearon guardaespaldas con chaquetas de cuero y ametralladoras. En Vietnam, al negociar la apertura de la primera fábrica estadounidense desde el final de la Guerra de Vietnam, conversó con un alto funcionario del partido comunista entre copas de sake mezclado con sangre de serpiente. “Hice cosas en mi vida un poco locas”, afirmó Rose. “Pero siempre creí en el propósito de lo que estábamos haciendo”.

Rose comenzó a explorar una aventura en Myanmar -donde había ayudado a American Standard a vender fregaderos y grifos en la década de 1990, antes de que se impusieran las sanciones estadounidenses- cuando el ejército liberó a Suu Kyi del arresto domiciliario, en 2010.

Con la firma neoyorquina Herzfeld & Rubin como socios igualitarios, y una inversión personal de $250,000 dólares, Rose estableció una tienda en un edificio de condominios en Rangún, la capital comercial. Reclutó a experimentados abogados de Myanmar, incluido un exrebelde étnico, un letrado que había defendido a Suu Kyi mientras era una presa política, y asesor del partido liderado por el ejército que entonces gobernaba el país.

“Fue un momento emocionante”, recordó Rose. “Se habían suspendido varias sanciones de los Estados Unidos, había una nueva actitud de ‘podemos hacerlo’, tanto en Myanmar como en las comunidades comerciales extranjeras… El país estaba otra vez en movimiento y nosotros fuimos los primeros abogados estadounidenses en intentar ayudar al país a desarrollarse”.

Las necesidades eran inmensas. Myanmar había estado alguna vez entre los países más ricos del sudeste asiático, pero el gobierno militar había vaciado su economía agrícola y su sistema educativo. Las empresas estadounidenses vieron oportunidades en la construcción de carreteras, la elaboración de cerveza, la provisión de prendas fabricadas, la venta de seguros y la perforación de petróleo y gas natural.

Desde el comienzo, el gobierno liderado por militares, que no estaba dispuesto a perder sus monopolios en industrias clave, fue lento para aliviar las restricciones a la inversión extranjera. Luego, el Departamento del Tesoro revisó sus normas sobre las sanciones, lo cual se sumó a la larga lista de empresas de Myanmar con las cuales las firmas estadounidenses no podrían asociarse.

Uno de los clientes de Rose, Holloman Corporation, una compañía de petróleo y gas de Houston, abandonó Myanmar y una inversión inicial de $2 millones en 2015, frustrada con el ritmo del cambio en las leyes de inversión, señaló.

El optimismo resurgió el año después de que el partido de Suu Kyi tomara el poder y se comprometiera a inyectar dinero en la infraestructura y la agricultura. Pero su gobierno, formado en gran parte por antiguos activistas y presos políticos con poca experiencia administrativa, no logró promulgar los cambios que las compañías extranjeras querían, incluidas las protecciones de la propiedad intelectual y la revisión de un sistema judicial atribulado.

Una muy esperada ley de reforma corporativa, que permitiría a los inversionistas extranjeros poseer hasta un 35% de participación en empresas de Myanmar, fue aprobada en diciembre de 2017, pero aún faltan meses para su implementación. “Casi nada de lo que prometieron ha sucedido en los últimos dos años”, expuso Rose. “Incluso han dado algunos pasos atrás”.

Rose recibió a docenas de pequeñas y medianas empresas que estaban interesadas en Myanmar. Pero solo una de cada seis estableció una oficina allí, dijo.

En diciembre, la consultora alemana Roland Berger publicó una encuesta a ejecutivos de Myanmar según la cual solo el 49% esperaba que el clima empresarial mejorara en los próximos 12 meses, frente al 73% del año anterior.

La crisis rohinyá nubló aún más la imagen de la inversión. La administración Trump colocó en la lista negra al general que, se cree, comandó la ofensiva, y algunos en el Congreso presionan para que se apliquen sanciones más amplias contra el ejército de Myanmar.

Un pequeño grupo de accionistas en Chevron, que junto con Coca-Cola es la compañía estadounidense más grande en Myanmar, ha pedido al gigante petrolero que considere poner fin a su participación en un proyecto de ductos y yacimientos de gas en el extranjero debido a la violencia contra los rohinyá. Si la empresa rechaza la solicitud, los accionistas podrían apelar la decisión ante la Comisión de Bolsa y Valores.

En los últimos meses, según funcionarios occidentales informados sobre las decisiones, la Unión Europea suspendió las conversaciones sobre un acuerdo de inversión con Myanmar por sus preocupaciones vinculadas con los derechos humanos, y representantes de la aseguradora estadounidense MetLife, que habían explorado el lugar desde 2013, abandonaron sus planes de vender seguros de vida allí porque el gobierno de Myanmar había retrasado el levantamiento de los límites a la inversión extranjera en el sector.

Algunos de los que trataron con Rose, quien dividía su tiempo entre Rangún y Washington, comentaron que el hombre no entendía totalmente a Myanmar y tendía a alienar a las personas con un estilo que podía ser desagradable. Otros afirmaron que su oficina, relativamente pequeña, con abogados locales que estaban más acostumbrados a los casos políticos, perdió fuerza frente a las empresas multinacionales que llegaron después. “Myanmar es realmente un lugar difícil; en ocasiones la ventaja del primer jugador no es valiosa y terminas siendo el cordero sacrificial”, consideró Erin Murphy, fundadora de Inle Advisory Group, con sede en Washington, que asesora a inversores en Myanmar.

La firma de Rose se redujo de 15 empleados a seis, y su inversión se evaporó. En febrero, la empresa cerró la oficina de Rangún, considerando el hecho como “un cambio de estrategia necesario, en línea con nuestras prioridades”.

El letrado voló de regreso a Washington, donde dijo que tiene nuevas prioridades personales: sus cuatro nietos.

“Creo que si quieres hacer algo, te metes de lleno en ello y te quedas tanto tiempo como puedas”, aseveró. “En este caso, puede haber sido demasiado”.

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