Por qué la investigación por acoso sexual de Plácido Domingo genera preguntas, pero no respuestas
Si el público podrá ver un informe escrito de la investigación acerca de Plácido Domingo es una de las muchas dudas que L.A. Opera no ha respondido.
Una semana después de que nueve mujeres en un artículo de Associated Press acusaran a Plácido Domingo por acoso sexual, Los Angeles Opera prometió realizar una “investigación exhaustiva e independiente” sobre las denuncias contra su gerente general.
Pero la claridad de esa frase -”investigación exhaustiva e independiente”- oculta una verdad turbia: este tipo de investigaciones históricamente han planteado más preguntas de las que han respondido, dejando a las víctimas y al público en la oscuridad sobre qué comportamiento se documentó en la indagación, quién podría compartir alguna responsabilidad por irregularidades y si los problemas institucionales que permitieron que la mala conducta se agravara fueron corregidos, o lo serán en el futuro.
Domingo emitió una declaración en la cual llamó a las acusaciones del artículo de AP “profundamente preocupantes y, tal como se presentan, inexactas”. Por su parte, L.A. Opera declinó hacer comentarios mientras su investigación está en marcha. Pero defensores de víctimas de conductas sexuales inapropiadas afirmaron que el caso de Plácido Domingo sigue un guión predecible y problemático, en gran parte debido al conflicto de intereses inherente que surge cuando las compañías de arte comandan investigaciones sobre sí mismas, y cada investigador por lo general responde a una junta directiva.
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La queja central es que las organizaciones contratan a un abogado externo para llevar a cabo una indagación, pero a menudo mantienen los hallazgos completamente en secreto, consideró Ariela Gross, profesora de derecho e historia en la Gould School of Law, de USC, y presidenta del grupo Concerned Faculty of USC, formado en respuesta a los escándalos de la entidad, que incluyen fraudes en las admisiones universitarias, presuntas agresiones sexuales por parte de un ginecólogo del campus y el uso de drogas del exdecano de la facultad de medicina. “Puede ser que la junta use lo que descubra para despedir personas o hacer cambios estructurales, pero no explican el por qué”, expuso Gross. “Es muy difícil de evaluar porque nadie más que los destinatarios realmente saben lo que dice el informe”.
Las acusaciones contra Harvey Weinstein pueden haber hecho del #MeToo un movimiento en Hollywood y más allá, pero en los casi dos años transcurridos desde que estalló el caso, las investigaciones internas sobre conducta sexual inapropiada a menudo han protegido al acusado. Está demostrando que eso es tan cierto en el ámbito de las artes sin fines de lucro como lo ha sido en el mundo corporativo del cine y la televisión.
En un escenario común, una organización de artes contrata a un investigador que declara que no hay evidencia para respaldar las acusaciones, y las presuntas víctimas y el público deben aceptar ese hallazgo como verdad. Los detalles de la indagación nunca son revelados, como fue el caso de Peter Martins, ex jefe del New York City Ballet.
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En otro escenario, una investigación lleva a un despido o alguna otra acción disciplinaria contra el acusado, pero nuevamente, la compañía no revela hallazgos detallados. Tal fue el caso del popular director invitado Charles Dutoit, quien negó las acusaciones de mala conducta sexual de las mujeres. Aunque la Orquesta Sinfónica de Boston, entre otros, encontró que las acusaciones eran creíbles, al menos una presunta víctima disputó la afirmación del investigador de que la gerencia no había sido consciente de un comportamiento inapropiado.
En otros casos, una entidad no puede ni siquiera decir si una acusación fue considerada creíble. En el American Ballet Theatre (ABT), el popular bailarín principal, Marcelo Gomes, renunció rápidamente en 2017 en medio de una investigación por mal comportamiento. ABT finalizó la requisa sin declarar ningún hallazgo oficial, y el martes le remitió a The Times su declaración original donde anunció la partida de Gomes. El bailarín, en tanto, siguió actuando con otras compañías; en agosto fue artista invitado en la gala del Festival Ballet Theatre en Costa Mesa.
En comparación con las investigaciones penales, las internas pueden tener estándares de prueba drásticamente diferentes o un alcance muy limitado. El secreto crónico puede hacer que las víctimas se sientan desprotegidas y sin cierre para el tema, y que especulen si el resultado de una indagación se habría decidido antes siquiera de que esta comenzara.
L.A. Opera generó dudas con la elección de sus investigadores. Debra Wong Yang, de la firma Gibson, Dunn y Crutcher, es la misma abogada que contrató USC para investigar al Dr. Carmen A. Puliafito, ex decano de la facultad de medicina, que asistía a fiestas con drogadictos y delincuentes, y fue captado en video usando drogas. Los escépticos cuestionaron cómo una legista que había representado a la universidad en al menos cuatro demandas podría realmente ofrecer una investigación imparcial que abarque a los principales administradores de USC.
Si el público podrá ver un informe escrito de la investigación acerca de Plácido Domingo es una de las muchas dudas que L.A. Opera no ha respondido. La compañía remitió las preguntas de The Times a Gibson, Dunn y Crutcher. La empresa, a su vez, no contestó a un pedido de comentarios.
¿A quién le reportará Yang en la L.A. Opera? ¿A la junta directiva o, como han sugerido algunos defensores de víctimas, a un grupo designado de directores objetivos, con pocos vínculos con la empresa? ¿Se atendrá la investigadora a una prescripción, o investigará las acusaciones contra Domingo que datan de la década de 1980? ¿El alcance se limitará a las nueve mujeres en el artículo de AP, o Yang entrevistará a otras? ¿La investigación es específicamente sobre Domingo? O, dada la insinuación del artículo de AP de que otros ayudaron a proteger a la estrella de la ópera, ¿serán las acciones o la inacción de los líderes de la compañía también parte de la investigación?
¿Qué tan grande es el equipo de investigadores de Yang? Dado que ella también está representando a USC en el escándalo de admisión a la universidad en curso, ¿qué tan involucrada podrá estar en la indagación de L.A. Opera?
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Finalmente, y quizás lo más irritante según los defensores de víctimas, ¿cómo se investigará a un ícono que se remonta a décadas atrás, con muchas personas en la empresa y en el directorio de la entidad?
A veces se necesita un litigio para que la profundidad y amplitud de las acusaciones se hagan públicas. Las denuncias de abuso sexual contra el famoso director de orquesta de la Metropolitan Opera, James Levine, dieron por resultado su despido, en 2018, pero el Met no dio a conocer públicamente su investigación. Los detalles se revelaron después de que Levine, quien afirmó su inocencia, demandó al Met por incumplimiento de contrato y difamación, y el Met respondió con una contrademanda que listó las acusaciones.
“Un empleador no tiene ninguna obligación legal de hacer públicos los resultados de una investigación, y de hecho tiene que ser un poco cuidadoso con esa información porque a veces hay restricciones legales sobre lo que se puede compartir”, afirmó Jessica Stender, abogada sénior de justicia laboral y políticas públicas en Equal Rights Advocates, una organización de derechos civiles que aboga contra la discriminación de género. “Tener miedo a posibles demandas por difamación por parte de personas que supuestamente participaron en un acoso sexual puede ser la base de las dudas del empleador para discutir los detalles de una investigación o disciplina”.
Dichas repercusiones legales pueden inspirar un secretismo, al igual que un profundo deseo de proteger la reputación generalizada de la entidad involucrada, incluidas las personas en el directorio, que a menudo son miembros ricos, bien conectados y poderosos de la comunidad.
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Una ex bailarina del New York City Ballet, Wilhelmina Frankfurt, llamó a su antigua compañía una “camarilla” debido a cómo investigó las acusaciones de abuso sexual, físico y verbal por parte de su ex jefe, Martins, quien se retiró en enero de 2018 pero proclamó firmemente su inocencia.
La investigación de Martins fue realizada por la abogada externa Barbara Hoey. En febrero de 2018, en un informe que nunca se hizo público, declaró que las acusaciones no podían corroborarse.
Despejar las dudas sobre Martins fue una conclusión inevitable, consideró Kelly Cass Boal, otra de las ex bailarinas de la compañía. “Nunca tuve una pizca de esperanza de que [la investigación] fuera real”, afirmó. Hoey la trataba como “la malvada” mientras investigaba sus afirmaciones, que incluyeron un incidente en el cual Martins la estranguló y le gritó después de un ensayo tenso, relató Boal.
Frankfurt sintió que la investigación estaba destinada a proteger a Martins y la integridad del New York City Ballet. Según ella, Hoey no le permitió llevar un testigo a su entrevista a menos que ambos firmaran un acuerdo de confidencialidad. Ella lo rechazó.
“Creo que su historia de abuso estuvo encubierta por años y años”, destacó Frankfurt. Cuando Hoey despejó a Martin de irregularidades, Frankfurt se sintió disgustada. El secreto de la investigación equivalía a tolerar la agresión sexual. “Es moralmente incorrecto e inhumano. No protege a los seres vulnerables, y se supone que estas organizaciones valoran a sus hermosos artistas”.
Hoey no respondió a la solicitud de comentarios del Times.
Las dificultades para manejar de manera justa y transparente las investigaciones de mala conducta no se solucionarán pronto, señalan los defensores de las víctimas. El problema se reduce a la escasez de opciones. Llevar a cabo una investigación internamente, utilizando un departamento de recursos humanos u otros dentro de una organización, puede presentar un dilema aún mayor.
“Los empleados no tienen fe en que una persona interna de RR.HH. sea objetiva y neutral, y [temen] que esa persona se ponga del lado del empleador y sea inherentemente parcial”, precisó Stender, defensora de la justicia en el lugar de trabajo.
Buscar la protección de los sindicatos de artistas intérpretes o ejecutantes también se complica. El despido de dos bailarines del New York City Ballet, Zachary Catazaro y Amar Ramasar, por compartir fotos sexualmente explícitas de bailarinas desnudas generó protestas de su sindicato, el American Guild of Musical Artists, y finalmente un mediador ordenó la reincorporación de ambos artistas.
Eso hace que las víctimas deban confiar en la autovigilancia de las organizaciones, en que sean moralmente justas y hagan lo correcto. Precisamente así fue cómo, dirían muchos, el #MeToo se convirtió en un problema en primera instancia.
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