Las redadas de ICE en el Valle Central desatan el miedo entre los inmigrantes y temores por la situación económica

Jesús Aceves llevaba a tres de sus compañeros de trabajo a los campos de tomate, en la oscuridad de la madrugada, cuando vio unas luces detrás de su auto.

Los agentes de ICE lo detuvieron y le pidieron la licencia, registro y seguro, y -lo más inquietante-, le preguntaron si los hombres estaban autorizados a estar en los Estados Unidos.

Aceves y sus pasajeros fueron trasladados a un centro de detención de inmigrantes. Sin embargo, ninguno había sido un blanco de Inmigración y Aduanas.

Tres de ellos no tenían antecedentes penales. Las manchas más serias en el historial de Aceves, de 44 años de edad, eran varias condenas -la última de ellas en 2012- por conducir sin licencia.

Esa mañana, afirmó un vocero de ICE, los agentes habían ido a una residencia del condado de Kern, donde pensaban que vivía alguien que sí era blanco de las autoridades de inmigración. Uno de los hombres en el coche de Aceves coincidía con la descripción de esa persona, explicó el portavoz. Así, los agentes de ICE los siguieron.

Los arrestos fueron parte de una redada más amplia realizada en el corazón agrícola de California, que contagió miedo en todo el Valle Central, donde por generaciones, los inmigrantes -autorizados y no- han recolectado las cosechas. En algunos campos, casi todos los trabajadores extranjeros están en el país indocumentados.

Si bien muchos inmigrantes están nerviosos desde que el presidente Trump prometió endurecer las medidas contra la inmigración no autorizada, los recientes allanamientos han sido particularmente preocupantes porque incluyeron el arresto de personas que no eran, específicamente, blancos de ICE.

La consternación se extiende a los agricultores, que temen que más incursiones como estas expulsen la mano de obra, en un momento en que ya cuesta conseguir suficientes trabajadores para recoger los cultivos.

Manuel Cunha Jr., presidente de Nisei Farmers League, que representa a los empleadores agrícolas y sus trabajadores en todo el estado, aseveró que a los agricultores les preocupa perder empleados de confianza. La relación cada vez más tensa entre la administración Trump y California, que se declaró “estado santuario”, aumentó la ansiedad, consideró.

“Ellos no van a ser reemplazados por trabajadores estadounidenses”, agregó Cunha. “No castiguen a las empresas. No fuimos nosotros quienes ideamos lo del estado santuario”.

En la redada de febrero pasado, en todo el Valle Central, 232 personas resultaron arrestadas. De ellas, 180 eran criminales condenados, se les había emitido una orden final de expulsión o habían sido deportados previamente de los EE.UU. y habían regresado sin autorización.

United Farm Workers of America identificó al menos a 26 jornaleros agrícolas arrestados en los condados de Kern, Tulare y Madera, la mayoría de ellos detenidos antes del amanecer, mientras concurrían a su trabajo.

El director de ICE, Thomas Homan, afirmó que los inmigrantes que ingresaron al país sin permiso “deben tener miedo”. El funcionario advirtió que las políticas santuario de California, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y federales, no le dan más opción a la agencia que hacer arrestos en los vecindarios y lugares de trabajo. Eso propicia la detención de otros inmigrantes indocumentados, que no son los blancos previstos, explicó.

“Este es un excelente ejemplo de cómo las políticas de santuario, que han expulsado a ICE de las cárceles, obligan a nuestros agentes a realizar más operativos en las comunidades, lo cual plantea mayores riesgos tanto para las fuerzas del orden como para el público”, expresó Homan en un comunicado enviado al Times. “También aumenta la probabilidad de que ICE encuentre a otros extranjeros indocumentados, que anteriormente no estaban en nuestro radar. No tiene sentido exigir que ICE se concentre exclusivamente en los delincuentes, mientras se evita que la agencia arreste a los criminales extranjeros dentro de los confines seguros de las cárceles locales”.

Win Eaton, un abogado de Bakersfield, representa en la corte de inmigración a algunos de los trabajadores agrícolas detenidos. “Es terrible que estas personas sean utilizadas como peones, manipuladas”, afirmó.

En un día nublado, una semana después del allanamiento migratorio, 33 trabajadores sacaban cajas de brotes de jalapeños de un camión, y los trasplantaban en el suelo labrado en una granja de Lamont, California.

Algunos de ellos afirmaron que habían alterado sus rutas de manejo, priorizando los caminos en lugar de las autopistas principales. Muchos seguían grupos de Facebook dedicados a confirmar el avistamiento de agentes de inmigración, y a recordarles sus derechos.

A primera hora de la tarde, Melitón Ferred tomó un descanso; le dolía la cintura después de horas de trabajo. Ferred, quien emigró desde Veracruz hace 13 años, contó que el solo hecho de ser latino -y particularmente de trabajar la tierra- lo hizo sentir como un blanco inmigratorio.

“¿Quién va a trabajar en los campos? Nadie”, expuso. “Es una tarea difícil, y todos nosotros somos de México”.

Alejandra Galacia, de 35 años, relató que la semana de los arrestos, en febrero, apenas salió de su casa, ni siquiera para comprar comestibles. A esta residente de Lamont le preocupa ser separada de sus tres hijas pequeñas.

La mujer las reunió y les dijo que todas regresarían juntas a México si la deportaban. Pero la mayor de ellas, que nació en México y está en la escuela secundaria, sueña con convertirse en oncóloga y le dijo a su madre que no quiere regresar a su país natal. “Dejo todo en las manos de Dios”, afirmó Galacia.

Docenas de trabajadores huyeron desde que los agentes de inmigración comenzaron a verificar los registros de los empleados en las granjas del Valle de San Joaquín. ICE detalló que 77 empresas -en la jurisdicción que comprende el norte de California, Hawái, Guam y Saipán- recibieron avisos de auditorías laborales en enero pasado.

Los agricultores han tenido problemas en los últimos años con la escasez de mano de obra. Una encuesta realizada en el verano de 2017 por California Farm Bureau Federation mostró que el 55% de los granjeros que respondieron experimentaban escasez de empleados, y los problemas más agudos se daban en aquellos cuyos cultivos requieren de mano de obra intensiva, como árboles frutales y uvas.

Phil Martin, profesor emérito de economía agrícola y de recursos en UC Davis, expuso que si bien la escasez es cierta, se necesitaría de un enorme operativo inmigratorio especialmente concentrado en la actividad para realmente hacer mella en la industria agrícola.

Esto se debe a que la producción requiere de tantos trabajadores, y la industria emplea cada vez más personas de un programa temporal de empleados huéspedes.

También serían necesarios más oficiales de deportación. Si bien el año pasado Trump se comprometió a contratar a 10,000 nuevos agentes para ICE, el Congreso todavía debe asignar los fondos para el proceso de contratación.

Aceves, quien fue arrestado mientras recogía a sus compañeros de trabajo en Wasco, California, pasó casi una semana detenido. Fue liberado después de que su familia pagara una fianza de $8,000. Podrían pasar años antes de su presentación frente a un juez, debido al enorme retraso en las cortes de inmigración.

Otros dos hombres que iban en su vehículo también fueron liberados mediante el pago de una fianza. El cuarto de ellos, Alfredo Díaz, regresó voluntariamente a México después de haber vivido indocumentado en los EE.UU. durante más de dos décadas.

La noche después de su liberación, Aceves asistió a la iglesia local en El Aposento Alto, donde su hermano, Guillermo Aceves, es pastor hace ocho años.

Guillermo, de 46 años de edad, le dijo a la congregación que lo que le había sucedido a su hermano podría ocurrirle a cualquiera. Si ICE llama a la puerta, no respondan, advirtió. Tienen derecho a permanecer en silencio. No firmen nada.

También los instó a decidir quién cuidaría de sus hijos en caso de ser detenidos, y a ahorrar dinero por si necesitan pagar una fianza. “Estas son cosas de las que no nos gusta hablar, porque hay mucho miedo”, consideró. “Pero hay que hacerlo. Hay que tener un plan “.

Jesús Aceves ha estado en California dos tercios de su vida; llegó a los Estados Unidos cuando tenía 17 años, y tiene tres hijos nacidos en este país. Desde el púlpito, entre lágrimas, habló de sus días en el Centro de Detención de Adelanto, cuando pensaba en sus hijos y su esposa. “No esperaba esto. Nunca pensé que me pasaría a mí”, reconoció.

Guillermo Aceves obtuvo la ciudadanía mediante la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, de 1986. Pero su hermano menor, Jesús, llegó a los Estados Unidos años después y se perdió la amnistía del presidente Reagan. Ahora, su futuro es más incierto que nunca.

Hacia el final del servicio, Jesús se puso de pie y formó un círculo con otro de los trabajadores agrícolas que fue arrestado con él esa mañana de febrero. Levantó su brazo derecho en alabanza y cerró los ojos con fuerza, mientras su hermano lideraba en oración a toda la congregación.

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