Separar a los niños de sus padres en la frontera es un acto cruel e innecesario

La administración Trump ha demostrado que está dispuesta -ansiosa, a decir verdad- a hacer todo lo posible para limitar la inmigración no autorizada a los Estados Unidos; desde construir un muro fronterizo con México, de valor multimillonario, hasta el incremento de redadas para atrapar a quienes residen aquí sin permiso, incluso si no tienen antecedentes penales y son veteranos miembros productivos de sus comunidades.

Ahora, el enfoque gélido de la administración para hacer cumplir la ley ha cruzado la línea hacia la abyecta inhumanidad: la separación forzada de los niños de sus padres, mientras estos luchan por una autorización para permanecer en el país.

¿Qué tan extendida está la práctica? Eso no está claro. El Departamento de Seguridad Nacional (HSD, por sus siglas en inglés) rechazó hacer comentarios porque fue demandado por ello. También ignoró una solicitud de estadísticas sobre cuántos niños habían sido separados de sus padres, una sorprendente falta de transparencia por parte de un gobierno que enfrenta una cantidad sin precedentes de denuncias por su incumplimiento de la Ley de Libertad de Información -léase: registros públicos-. Pero los activistas por los derechos de los inmigrantes afirman que han notado un incremento y, en diciembre, una coalición de grupos presentó una queja ante Seguridad Nacional acerca de la práctica.

Cuando padres e hijos cruzan la frontera e informan a los agentes de la patrulla fronteriza que les gustaría pedir asilo, a menudo son detenidos mientras se considera su solicitud. Durante la administración Obama, las familias solían ser entregadas al cuidado de un pariente u organización, o albergadas en un centro de detención familiar. Pero con el presidente Trump, los padres -por lo general, madres que viajan sin sus cónyuges- que se escabullen a través de la frontera y luego se entregan, están siendo cada vez más acusadas del delito menor de ingresar sin autorización al país, remarcan los defensores. Y como se trata de una acusación penal, no una violación civil de los códigos de inmigración, los menores son trasladados a un centro de detención juvenil, sin explicación.

A veces, los padres y los niños son inexplicablemente separados, incluso cuando no se presentan cargos. Los activistas creen que el gobierno está dividiendo a las familias para enviar un mensaje de disuasión: si se atreven a buscar asilo en la frontera, nos llevaremos a sus hijos.

Si los activistas tienen razón sobre los motivos de la administración, se trata de un comportamiento aborrecible por parte del gobierno. La queja de la coalición solicitó al inspector general del departamento una investigación; debería hacerlo, y rápido. La práctica no solo es inhumana, sino que viola las leyes federales e internacionales que rigen la forma de tratar a los solicitantes de asilo. Los gobiernos no deben criminalizar el acto de pedir ayuda.

Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en San Diego que ilustra el accionar de Seguridad Nacional. El documento sostiene que una madre y su hija menor, identificadas solo por sus iniciales, huyeron de la República Democrática del Congo, un país que enfrenta una crisis humanitaria debido a la creciente violencia política con connotaciones religiosas, después de refugiarse en una iglesia católica.

La mujer y su niña llegaron al cruce fronterizo de San Ysidro el 1º de noviembre pasado, y de inmediato solicitaron asilo. Al escuchar la historia de la madre, un oficial determinó que tenía una “posibilidad significativa de recibir asilo en última instancia”, según la demanda, y permitió que el par entrara en el país mientras avanzaba la solicitud.

Al principio, fueron alojadas en un motel. Pero después de cuatro días, el gobierno detuvo a la madre, de 39 años, en el centro de detención de Otay Mesa y, sin dar explicaciones, envió a su hija, de siete años de edad, a un centro para menores, cerca de Chicago. En los cuatro meses transcurridos desde entonces, han estado en contacto solo por teléfono y apenas seis veces, de acuerdo con la presentación judicial.

Particularmente, la madre en este caso no ha sido acusada de ingresar sin autorización al país; tampoco hubo ninguna alegación ofrecida por el gobierno de que la mujer es una madre no apta, ni una explicación de por qué no liberó a ambas y las colocó bajo la custodia de un grupo de defensa de inmigrantes.

Estas no son las acciones de un gobierno humano. Separar a los niños de los padres es desmesurado, a menos que el menor esté en riesgo de sufrir daños. La cuestión empeora cuando la separación se concreta mientras la familia está pidiendo ayuda y protección a esas mismas personas que, de repente, los separan. Esto solo traumatiza al ya traumatizado, y necesita llegar a su fin.

También deberíamos cuestionarnos sobre cuan humanas son las personas que han elaborado esta política.

Traducción: Valeria Agis

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