Sospechas de abuso no fueron reportadas a las autoridades antes de la muerte del niño Gabriel Fernández

La muerte de Gabriel Fernández, de 8 años, en 2013, muestra un claro fracaso de la red de seguridad del condado de Los Ángeles para proteger a los niños maltratados.

El caso provocó cargos penales contra cuatro trabajadores de los servicios de protección infantil y un examen profundo de las fallas sistémicas.

Ahora, la reciente muerte de otro niño por presunto abuso, está centrando la atención sobre un contratista al que el condado le paga millones de dólares por servicios de bienestar infantil.

La agencia, Hathaway Sycamores Child and Family Services, y una de sus ex consejeras, Barbara Dixon, atendieron a Anthony Avalos, de 10 años de edad, posteriormente a la tragedia de Gabriel, según los documentos archivados en la corte que fueron revisados por el Investigative Reporting Program de UC-Berkeley y el Times.

En una audiencia en la corte en 2017, Dixon testificó que mientras estaba en Hathaway ella había ocultado información de la línea directa de abuso infantil sobre las lesiones de Gabriel que ella consideraba sospechosas. Las personas que trabajan con niños están obligadas por ley a reportar dichas sospechas a las autoridades.

Las visitas de Dixon a la casa de Anthony comenzaron en febrero de 2015 y finalizaron en enero de 2016, según el registro de los casos.

La madre de Anthony, Heather Barrón, y su novio, Kareem Leiva, fueron acusados de asesinato en junio de 2018. Ambos se han declarado inocentes.

Mientras trabajaban en el caso de Anthony, Dixon a veces ofrecía una explicación positiva de la crianza de Barrón y señalaba a Anthony como un niño difícil, según muestran los registros del DCFS. Los trabajadores sociales citaron la evaluación de Dixon para permitir que Anthony pudiera seguir viviendo en su casa. El Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) cerró el caso de Anthony más de un año antes de su muerte.

Dixon y su abogada, Gina Lacagnina, declinaron hacer comentarios para este artículo.

En una audiencia, el pasado miércoles, en el proceso penal contra Barrón y Leiva, el fiscal Jonathan Hatami reveló la historia de Dixon en el caso de Gabriel a sus abogados defensores. Dixon fue interrogada sobre su trabajo en el caso por parte de los investigadores de asuntos internos del DCFS y por un gran jurado en 2015, dijo Hatami en el tribunal.

Esos registros no son públicos, pero podrían ser obtenidos por la defensa a través de mociones en la corte, anotó.

En 2017, Dixon testificó en una audiencia preliminar de los cuatro trabajadores que han sido acusados de falsificar archivos de abuso infantil por el caso de Gabriel. El testimonio fue resultado de las negociaciones con los fiscales del condado de Los Ángeles, quienes le ofrecieron inmunidad para enjuiciarla en relación con su testimonio. Ese caso sigue en curso.

Dixon testificó que durante sus sesiones de 2013, fue a la casa de Gabriel y lo encontró cojeando, con un ojo morado, rasguños en la cara y moretones en las muñecas y los tobillos. Ella dijo que inicialmente creía en la historia de la familia que él se cayó de una bicicleta. Pero después de salir a caminar y hablar con Gabriel, ella llegó a dudarlo, testificó.

Dixon declaró que su jefe en Hathaway, Michael Bailey, no quería que ella denunciara el abuso. Ella cumplió. Los registros de DCFS muestran que los investigadores de abuso infantil nunca se enteraron de las lesiones que ella vio mientras estaba vivo. Dixon también declaró que sus supervisores en Hathaway le dijeron que no cooperara con la policía que investigaba su muerte. Bailey no respondió a los mensajes para ofrecer comentarios.

Dixon declaró, que ella sí reportó una acusación anterior de posible abuso sexual por parte de una persona ajena al hogar, y que la investigación de esa información aún estaba pendiente cuando Gabriel fue asesinado.

Durante su discusión, Hagop Kuyumjian, un abogado de uno de los trabajadores, Kevin Bom, dijo que la acción de Dixon dejó a su cliente paralizado en sus esfuerzos por proteger a Gabriel porque nunca se enteró de lo que ella sabía.

“Bom no pudo haber predicho que... una consejera como la Sra. Dixon no informara los signos de abuso”, dijo Kuyumjian. Se espera un juicio en el caso de Bom y los otros tres trabajadores este año.

Los funcionarios del Condado de Los Ángeles continuaron reclutando a Hathaway Sycamores y Dixon para servicios de asesoramiento, según los registros del DCFS. Hathaway Sycamores es uno de los contratistas más grandes del condado y recibió $ 467 millones en la última década. La organización sin fines de lucro brinda servicios de salud mental, cuidado de crianza, adopción y otros servicios en todo el condado.

Tras la muerte de Gabriel, la Junta de Supervisores aumentó los pagos a la agencia, según los registros del Auditor-Controlador. En 2013, el contratista obtuvo $ 45.1 millones de los contribuyentes del condado. El año pasado, la cifra fue de $ 50.8 millones.

Los funcionarios del condado se han negado a abordar públicamente el papel de Hathaway en los casos de Gabriel y Anthony. La comisión del listón azul convocada a raíz de la muerte de Gabriel no examinó a Hathaway Sycamores y Dixon en su informe final. La revisión interna del condado, por la muerte de Anthony, tampoco los mencionó.

El director del DCFS, Bobby Cagle, se negó a ser entrevistado sobre el caso de Anthony. Dijo que no podía abordar directamente las preguntas sobre un contratista externo. El director de la Oficina de Protección Infantil, Michael Nash, quien dirigió la revisión del condado sobre la muerte de Anthony, dijo que leyó extractos limitados de los registros de Hathaway, pero no las notas de Dixon. Tampoco examinó si el manejo del caso de Gabriel, afectó la decisión del condado de continuar usando esa compañía.

Dixon tiene licencia como terapeuta matrimonial y familiar por la Junta Estatal de Ciencias del Comportamiento. En el momento en que fue asignada a Gabriel, la junta la aprobó como terapeuta matrimonial y familiar.

La directora ejecutiva de Hathaway, Debbie Manners, se negó a ser entrevistada para este artículo, y en un breve correo electrónico no ofreció una respuesta directa a una transcripción del testimonio de Dixon. También dijo que su agencia cumplía totalmente con los requisitos de los informes obligatorios de California y que los administradores capacitan a los empleados sobre sus responsabilidades para reportar sospechas de abuso.

“El estatuto de presentación de informes enumera específicamente que los individuos (no las entidades) son informantes obligatorios”, escribió Manners.

Dixon testificó que los encargados de dar capacitación en Hathaway Sycamores le dieron instrucciones de que no podía llamar a la línea directa de abuso infantil sin la autorización de un supervisor.

En 2016, Dixon dejó Hathaway Sycamores para unirse a la Children’s Bureau, otro contratista del DCFS.

Ronald Brown, director ejecutivo de la Children’s Bureau, dijo que “Dixon todavía tiene su empleo”, pero no detalló sus responsabilidades o si continuó trabajando directamente con los niños bajo la supervisión del DCFS.

“Es un problema personal”, dijo, “Y no estoy en libertad de discutir eso”.

La madre de Gabriel, Pearl Fernández, y su novio, Isauro Aguirre, fueron condenados por asesinato en primer grado de muerte por tortura. Aguirre fue sentenciado a la pena de muerte y Fernández fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

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