WASHINGTON — Ali-Reza Torabi estaba en sexto grado, en San Diego, cuando dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.
Torabi vivía en el país sin documentación, después de haberse mudado a Estados Unidos desde Irán, con su madre y su hermano, seis años antes.
Los ataques dividirían su existencia en dos partes distintas: “Hay una vida anterior al 11 de Septiembre, y otra posterior”, señaló.
Su padre, un panadero y trabajador de la construcción en Shiraz, intentaba reunirse con la familia después de que su solicitud de visa fuera inicialmente rechazada, antes del día de los atentados.
Después de ese 11 de Septiembre, dijo Torabi, eso se volvió “casi imposible”, y su padre eventualmente renunciaría a la esperanza de unirse a los suyos. No se han visto en 26 años.
Después de los ataques, Torabi recuerda que sus compañeros de clase le lanzaban insultos racistas debido a su origen étnico del Medio Oriente.
Se involucró en protestas contra la guerra, luego marchó contra la legislación que intentaba criminalizar la inmigración no autorizada, y eventualmente canalizó su activismo hacia su propia lucha por permanecer en Estados Unidos.
Los ataques del 11 de Septiembre cambiaron la política de inmigración de Estados Unidos, vinculándola por primera vez con la estrategia antiterrorista del país, y allanaron el camino para dos décadas de normas más restrictivas. Pero también dieron lugar a un nuevo tipo de movimiento por los derechos de los inmigrantes, liderado por jóvenes como Torabi.
Él y otros inmigrantes jóvenes se sintieron motivados por todo lo que comenzó a ocurrir después de ese septiembre: las separaciones de familiares y amigos, el enfoque renovado del gobierno en restringir las licencias de conducir y, sobre todo, la sensación de que casi todos los caminos hacia la reforma migratoria se habían bloqueado.
Algunos incluso adoptaron las mismas tácticas legales que los defensores habían usado para ayudar a los inmigrantes inmediatamente después del 11 de Septiembre, que ayudarían a sentar las bases para el histórico programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, de la administración Obama, que le ha permitido a unos 800.000 inmigrantes que carecen de documentación vivir y trabajar en el país.
La destrucción de las reformas después del 9/11
En los días previos al 11 de Septiembre, la amplia reforma migratoria parecía ganar terreno.
El presidente mexicano Vicente Fox acababa de visitar su par estadounidense, George W. Bush, en la Casa Blanca, donde conversaron sobre inmigración.
El líder de EE.UU pidió una revisión de la política de inmigración de Estados Unidos y México, incluida la concesión de un estatus legal permanente en Estados Unidos a los trabajadores invitados de México.
A principios de ese año, había solicitado a los principales asesores que revisaran más opciones, incluida alguna forma de legalización para millones de trabajadores indocumentados.
“Todo parecía muy positivo”, recordó Angélica Salas, directora ejecutiva del grupo de defensa de inmigrantes Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), con sede en Los Ángeles. Ella había viajado a Washington durante la visita de Fox para entregar a la Casa Blanca miles de cartas de estadounidenses que apoyaban la reforma migratoria.
Mientras tanto, defensores de todo el país estaban listos para dar testimonio ante el Congreso en apoyo de un proyecto de ley inmigratoria centrado en los jóvenes: la Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (mejor conocida como la ley DREAM, por sus siglas en inglés).
En ese momento, parecía tener más posibilidades de ser aprobada que una legislación más amplia, señaló la activista Tania Unzueta, directora política de Mijente, una red de comunidades latinas con sede en Chicago, que se dedica a organizarse en torno a cuestiones de justicia social.
Unzueta, entonces una recién graduada de preparatoria, sin estatus legal, debía testificar en el Congreso en apoyo de la ley Dream, el 12 de septiembre.
Recibió una llamada de la oficina de uno de los copatrocinadores del proyecto de ley, el senador demócrata Dick Durbin, de Illinois, diciéndole que “algo ha sucedido y la audiencia del Congreso probablemente se cancelará”.
Con la caída de las Torres Gemelas, las perspectivas de esa ley también “se derrumbaron”, recordó Salas. Junto con ello, surgió la posibilidad de un proyecto de ley integral de vía hacia la ciudadanía para inmigrantes calificados que carecían de documentación.
Un año después, nació el Departamento de Seguridad Nacional (HSD), que reunió por primera vez las tareas de aduanas, servicios de inmigración, detención y aplicación de la ley.
Los controles aumentaron enormemente, “y fue entonces cuando la gente comenzó a entrar en procesos de deportación”, recordó Isaías Guerrero, un organizador de derechos de los inmigrantes y beneficiario de DACA.
Fahd Ahmed, de 41 años, vivía en Estados Unidos sin documentación después de emigrar de Pakistán, pero se convirtió en ciudadano estadounidense poco antes del 11 de Septiembre.
En el momento de los ataques, estaba involucrado con Desis Rising Up and Moving (DRUM), un grupo activista del sur de Asia e Indocaribe de la ciudad de Nueva York, para visitar a los detenidos y movilizarse en torno a la acción diferida.
Los jóvenes del sur de Asia cuyos familiares estaban detenidos le pedían consejos sobre si debían dejar la escuela y buscar trabajo para mantener a sus parientes. “Ningún joven de 14 o 15 años debería tener que considerar abandonar su educación y conseguir empleo para mantener a su familia”, pensó.
Cristina Jiménez, cofundadora y ex directora ejecutiva de United We Dream, una organización de derechos de inmigrantes liderada por jóvenes, también neoyorquina, recuerda que los miembros de la comunidad quedaron “atrapados en el proceso de deportación” después del 11 de Septiembre.
“Muchos de nosotros en el movimiento de jóvenes inmigrantes nos involucramos porque experimentamos cada vez más la persecución y la deportación por parte de agentes [de Inmigración y Control de Aduanas] y por la policía local. Nos organizamos para defender a las personas de la deportación”.
La mano dura en cuestión de seguridad también afectó el acceso a las licencias de conducir, un rito de iniciación estadounidense.
El deseo de la nación de prevenir futuros ataques, junto con un creciente sesgo antiinmigrante, derivó en la ley Real ID Act, de 2005, que aumentó los estándares de seguridad para las licencias.
Los adolescentes demasiado jóvenes para la universidad o para trabajos de tiempo completo tenían una causa más inmediata para unirse. Incluso para los más pequeños las restricciones dejaron una impresión duradera, señaló Jiménez, ya que sus padres se volvieron más temerosos de conducir hacia el trabajo o para llevarlos a la escuela.
Los jóvenes hablan
A medida que sus opciones se reducían, jóvenes activistas llegaron a Washington, muchos por primera vez, y presionaron a los legisladores en el Capitolio de Estados Unidos. También organizaron mítines y marchas en sus lugares de origen; un grupo caminó de Sacramento a Washington en 2012.
Algunos recurrieron a una oscura táctica legal para frenar el nuevo y agresivo enfoque del gobierno hacia la inmigración. El procedimiento, para pedirle al gobierno que postergue la deportación -o “difiera la acción”- de ciertos inmigrantes, sentaría las bases de lo que eventualmente se convertiría en DACA.
La acción diferida no proporcionó un camino hacia la ciudadanía, ni siquiera protección permanente contra la remoción. Ofreció un alivio temporal de la deportación por un período no especificado y brindó al gobierno una forma, después del 11 de Septiembre, de evitar la repatriación de personas con vínculos profundos con la comunidad, que no representaban un riesgo para la seguridad ni una amenaza para el público, señaló Jeremy McKinney, presidente electo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
Walter Barrientos, también cofundador y director nacional de organización de United We Dream, comentó que él y otros jóvenes activistas en Nueva York adoptaron esa técnica de organizaciones como el grupo DRUM, de Ahmed, y otro llamado Families for Freedom.
“Ese fue uno de los últimos recursos que quedaban en el sistema para luchar contra la deportación”, reconoció.
Barrientos, quien también vivía en Estados Unidos sin autorización en ese entonces, recuerda que finalmente pensó: “¿Qué pasaría si creáramos una forma preventiva de solicitar [acción diferida] no tener que hacerlo solo al momento de la deportación, cuando alguien ya está en el sistema judicial?”.
Cuando quedó claro que el Congreso no aprobaría la reforma migratoria, ni siquiera la ley Dream, los jóvenes activistas, junto con defensores y abogados, presionaron por una orden ejecutiva amplia para aplazar al menos temporalmente la medida y proteger a los jóvenes de la deportación.
En junio de 2012, la administración Obama cumplió, promulgando la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El legado de hoy
DACA nunca fue el objetivo final de los organizadores y nunca tuvo la intención de ser permanente.
Fue prácticamente descartado por la administración Trump, rescatado en el último minuto por la Corte Suprema en 2020, pero enfrenta nuevos desafíos legales importantes.
Dos décadas después del 11 de septiembre de 2001, y luego de que se introdujera por primera vez la ley Dream, los jóvenes inmigrantes que viven en el país sin documentación siguen enfrentando un futuro precario, a pesar del amplio apoyo público para facilitarles una vía permanente hacia la ciudadanía.
Muchos otros ni siquiera fueron elegibles para DACA porque no calificaron en sus estrictos requisitos de edad y cronograma.
Los beneficiarios más recientes de DACA, como Abraham Cruz Hernández, de 22 años, y Carlos Alarcón, de 21, han aprendido lecciones de los activistas después del 11 de Septiembre.
Cruz Hernández reconoció que lo ayudaron a comprender “el vínculo entre el 11 de Septiembre y la creación del DHS”, y cómo la práctica de ese departamento de monitorear a los inmigrantes generó controversia. Tanto él como Alarcón han incorporado esa historia para presionar por derechos inmigratorios más amplios.
“Sí, queremos la ciudadanía. Sí, queremos un camino a ella”, reconoció Cruz Hernández. “Pero no a expensas de más vigilancia, o incluso de más controles”.
El mes pasado, ayudaron a organizar una reunión virtual con estudiantes de la Universidad de California para abogar por un camino hacia la ciudadanía a través del proceso de reconciliación del presupuesto federal.
Mientras tanto, Ali-Reza Torabi es ahora estudiante en la Facultad de Medicina Stritch, de la Universidad Loyola, en Chicago. Dice que convertirse en médico hubiera sido “imposible” sin el activismo juvenil posterior al 11 de Septiembre que derivó en DACA.
“DACA nos dio algo de normalidad, en lugar de sentir que estamos construyendo una base sobre palillos de dientes”, afirmó. “Una vez que tuvimos esa estabilidad, creo que comenzamos a utilizar las protecciones que DACA nos dio para defender al resto de nuestra comunidad”.
Pero para Torabi, ahora de 31 años, la lucha está lejos de terminar. Espera que los activistas más jóvenes logren una solución más permanente, aprovechando las lecciones de sus predecesores que se organizaron a raíz del 11 de Septiembre.
“Ese es el legado del activismo de inmigrantes en su conjunto”, resaltó. “Poder apoyarse en los hombros de los demás”.
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