El endurecimiento de las políticas de Trump sobre la inmigración legal podría dañar la economía
La nueva ofensiva de inmigración de la administración Trump -que podría negar las tarjetas de residencia (o tarjetas verdes) a los inmigrantes que usan Medicaid, cupones de alimentos, de vivienda u otras formas de asistencia pública- tendría importantes ramificaciones en la economía de California, afirmaron el lunes expertos y activistas.
Laurel Lucia, directora del programa de atención médica en el Centro Laboral de UC Berkeley, consideró que la política podría tener un efecto perjudicial en California y en la economía general del país. Muchos en este estado que ya poseen una tarjeta de residencia o se han convertido en ciudadanos podrían darse de baja de los beneficios públicos, como Medi-Cal o CalFresh, por temor a lo que la política podría significar para ellos y sus familiares, lo cual causaría un efecto negativo en el economía, señaló.
En este mes, hace cinco años, el rostro demográfico de California cambió por primera vez en su historia moderna.
“Cuando estos californianos se dan de baja [del beneficio], eso significa el ingreso de menos dólares federales al estado que apoyan no sólo nuestro sistema de salud sino toda nuestra economía”, explicó Lucia.
En un estudio de 2018 realizado por Lucia junto con Ninez Ponce, de la Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA y Tia Shimada, de California Food Policy Advocates, las autoras advirtieron que el sector de la salud sufriría el mayor golpe económico de dicho cambio de política.
La ley federal ya exige que aquellos que desean obtener tarjetas verdes y estatus legal demuestren que no se convertirán en una “carga pública” para Estados Unidos. Pero las nuevas reglas, dadas a conocer el lunes, describen una gama más amplia de programas que podrían descalificarlos. Los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU ahora sopesarán la asistencia pública junto con otros factores -como la educación, los ingresos del hogar y la salud- para determinar si se concede el estatus legal.
Anuncian nueva normativa para facilitar el rechazo de inmigrantes legales con bajos ingresos y que acceden a programas de ayuda pública en el país.
Su estudio, que analizó los cambios propuestos en las reglas de “carga pública”, “los cuales mayormente” son los mismos que los anunciados el lunes, consideró Lucia, estimó la pérdida del apoyo federal para Medi-Cal en $1.19 mil millones y para CalFresh en $488 millones, ya que proyectó que las personas se darían de baja ante la preocupación de perder su estatus legal. El estudio expuso que hasta 17.700 empleos en California ya no existirían después de que los cambios entraran en vigencia, y que el 47% de esos trabajos perdidos provendrían del sector de la salud.
Si la gente se da de baja de Medi-Cal, la mayor pérdida se verá en los empleos de la atención médica, pero “los puestos en otras industrias también disminuirán como resultado del efecto económico”, advirtió Lucia. Quienes pierdan los beneficios de CalFresh “probablemente reducirán el gasto en otras necesidades básicas para derivar más de su presupuesto familiar hacia la compra de alimentos”. Esto puede afectar a una variedad de industrias, remarcó Lucia, desde el comercio minorista hasta el inmobiliario.
Una nueva forma de separación familiar deja a los hijos de trabajadores inmigrantes preguntándose cuándo volverán a ver a sus padres.
El estudio también concluyó que en California, “la cancelación de la inscripción a CalFresh y Medi-cal afectaría significativamente a los latinos (88%) y asiáticos (8%)”. A medida que las personas se dan de baja de los programas, prosiguió Lucia, el estudio proyecta efectos negativos en la salud de muchos individuos y familias porque quienes residen en comunidades de bajos ingresos tendrían menos acceso a alimentos asequibles, atención médica y otros recursos necesarios.
La especialista de UC Berkeley consideró que la inmigración probablemente se modificaría. La nueva norma es una “política para reducir la inmigración de personas que no son ricas y para trasladar la inmigración de América Latina y Asia a Europa”, detalló. En general, explicó, “nuestra economía es más fuerte cuando todos tienen lo básico que necesitan”.
Después de escuchar las quejas sobre las condiciones infames y las detenciones prolongadas de menores, la jueza de la Corte de Distrito de EE.UU, Dolly M.
Para Raúl Hinojosa-Ojeda, profesor asociado en el departamento de estudios de chicanas y chicanos de UCLA, las nuevas políticas de carga pública de Trump van directamente en contra del concepto de integración de los inmigrantes que impulsa la economía estadounidense.
“Lo que la economía de California necesita es integrar a los inmigrantes lo más rápido posible”, dijo. “Tan pronto como estos entran en el marco de la legalidad y se convierten en ciudadanos, aumentan drásticamente su productividad y capacidad para sumar a la economía”.
La integración de los inmigrantes es un beneficio público importante para el estado, ya que las tasas de participación laboral entre los inmigrantes son extremadamente altas, explicó Hinojosa-Ojeda. La asistencia pública es una puerta importante para alcanzar esa integración, dijo el profesor, y consideró a la mayoría de los programas de carga pública como soluciones temporales que ayudan a las personas a alcanzar situaciones de vida más estables, alejadas de la pobreza, que les permiten contribuir más a la economía.
Las políticas de Trump, consideró, tienen el potencial de crear una clase entera de individuos que no podrían alcanzar la integración inmigratoria, lo cual los haría menos propensos a ser productivos. La legalización aumenta los ingresos de los inmigrantes en más del 20% en los dos años posteriores a la obtención de su estatus legal, precisó Hinojosa-Ojeda, y crea un aumento del 50% al 60% en sus ingresos en los cinco a 10 años posteriores a su ciudadanía. El docente calificó los cambios de política de la administración Trump como “contraproducentes”.
Los principales usuarios de los servicios sociales son los no inmigrantes, algo que parece perderse en el discurso gubernamental de la asistencia pública, que impulsa la opinión de que la política beneficia principalmente a los trabajadores nativos, explicó Hinojosa-Ojeda. “Por el contrario, todos perdemos, toda la sociedad pierde”, remarcó. “Este es un intento de dividir lo ‘merecedor’ y lo ‘no merecedor’, colocando a los inmigrantes en la categoría última... Pero sólo estaríamos excluyendo a las personas del camino hacia el crecimiento”.
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