Las duras políticas inmigratorias de Trump tienen víctimas concretas: los niños

Después de escuchar las quejas sobre las condiciones infames y las detenciones prolongadas de menores, la jueza de la Corte de Distrito de EE.UU, Dolly M. Gee, le dio al gobierno la fecha límite del 12 de julio para trabajar con un mediador designado por el tribunal y los querellantes que demandan en nombre de los menores, “para completar un reporte conjunto respecto a sus esfuerzos de mediación y lo que se ha hecho para abordar la situación cuanto antes”.

El gobierno había pedido más tiempo, pero Gee señaló que no cumplió con las órdenes judiciales anteriores acerca de las condiciones de detención de los menores. El Acuerdo de Flores, de 1997, limita la retención de pequeños en las estaciones fronterizas a 72 horas, y en los centros de contención a 20 días, en las condiciones menos restrictivas posibles, una norma que el gobierno suele romper.

“El tribunal ya ha emitido varias órdenes que establecen en detalle lo que considera violaciones del Acuerdo de Flores”, escribió Gee. “Las partes no necesitan herramientas de adivinación para extrapolar de esas órdenes lo que constituye o no un incumplimiento”.

Sin embargo, los abogados que visitaron un centro en Texas recientemente informaron que encontraron niños con ropas y pañales sucios, que no tienen fácil acceso a duchas, jabón, cepillos y pasta de dientes, además de otros artículos de uso personal.

El gobierno culpa por la situación a la gran afluencia de migrantes de América Central, argumentando que los números han abrumado al sistema. El presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence señalan al Congreso por la falta de fondos, y en ello hay algo de cierto. El poder legislativo no ha logrado crear ni financiar un sistema para procesar rápidamente a los niños que tiene bajo custodia y encontrar suficientes cuidadores para ellos.

Pero aquí hay más en juego que sólo las instalaciones con fondos insuficientes. La noticia de un grupo privado de Facebook integrado por 9.500 agentes fronterizos, con publicaciones racistas y misóginas -incluidas algunas que apuntan a miembros del Congreso-ilustran una subcultura entre los oficiales de la frontera, de desprecio abyecto no sólo para con los migrantes, sino también para las figuras políticas que intentan ayudarlos.

Alojarlos en condiciones miserables es sólo una parte del maltrato hacia los menores. Un informe de la American Civil Liberties Union (ACLU) dado a conocer el año pasado detalló incidentes de abuso físico de menores a manos de agentes fronterizos durante la administración Obama. Y el gobierno sigue separando a los niños de sus padres inmigrantes, a pesar de las órdenes judiciales que prohíben tal práctica atroz.

Los chicos que llegan a la frontera, solos o con familiares, en la mayoría de los casos huyen de la pobreza y la violencia. Eso no significa que reúnan los requisitos para la protección y asilo aquí, pero tienen el derecho legítimo de solicitarlo.

Además, los niños inmigrantes enfrentan otro obstáculo (al igual que los adultos). Como la inmigración es un asunto civil, los menores que enfrentan la deportación no tienen derecho a un abogado. Si consiguen uno, pueden usarlo, pero a diferencia de los tribunales penales, el gobierno no tiene la obligación de proporcionar un profesional para defenderlos.

Así es como surge el espectáculo absurdo de niños enfrentándose a abogados del gobierno ante los jueces de inmigración, y tratando de explicar bajo qué parte de la ley de inmigración y asilo solicitan permiso para permanecer en EE.UU.

La presencia de un legista hace una diferencia crucial. Tres de cada cuatro menores que son asistidos en la corte por un abogado obtienen el derecho a permanecer en el país, mientras que más del 80% sin representación son deportados, según análisis anteriores realizados por Transactional Records Access Clearinghouse, en la Universidad de Siracusa.

Mientras tanto, a medida que el gobierno aumenta sus controles internos, unos cuatro millones de niños nacidos en Estados Unidos (por ende, ciudadanos) enfrentan la posibilidad de que sus padres sean arrestados y deportados, lo cual obliga a las familias a decidir si enviar a estos pequeños estadounidenses al extranjero, o dejarlos para que sean criados por su familia extendida o amigos.

Todo ello se hace, por supuesto, en aras de la seguridad nacional y las fronteras seguras. ¿Quién se siente más seguro sabiendo que nuestro gobierno trata a los niños de esta manera?.

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