Estudiantes acusados de acoso sexual demandan a universidades de California
Era un alumno graduado de la Universidad de California quien relató haber salido con una estudiante dos veces, y quedó sorprendido cuando ella lo inculpó de acoso sexual en una denuncia al Título IX en 2017.
El sistema de la UC confirmó sus acusaciones, dijo, y lo suspendió por dos años en junio de 2017, reduciendo la sanción a tres meses después de una apelación.
Pero el estudiante acusado está luchando, no sólo por sí mismo sino por potencialmente otros cientos, predominantemente hombres, en situaciones similares.
Las autoridades federales y locales dicen que hay una mayor preocupación por el terrorismo doméstico y la supremacía blanca.
Esta semana, presentó una demanda colectiva en el condado de Alameda contra el sistema UC de 10 campus, argumentando que los procedimientos utilizados para encontrarlo a él y a otros estudiantes responsables de conducta sexual inapropiada son injustos y no les proporcionaron el debido proceso. Un alumno de Cal State Fullerton presentó una demanda colectiva similar el mes pasado contra el sistema de 23 campus de la Universidad Estatal de California.
“Esta demanda busca limpiar los registros de aquellos que han sido castigados injustamente por este sistema disciplinario profundamente defectuoso”, dijo Mark Hathaway, un abogado de Los Ángeles que representa a los estudiantes de UC y Cal State Fullerton, identificado como John Does en los documentos judiciales.
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Los funcionarios de UC y Cal State dicen que creen que sus procesos del Título IX son justos, respetuosos con todas las partes y cumplen con las leyes estatales y federales. Ambos sistemas emitieron recientemente nuevas políticas y procedimientos para fortalecer las protecciones del debido proceso para los estudiantes acusados, como lo ordenaron los tribunales y la Secretaria de Educación de EE.UU, Betsy DeVos, ha propuesto en las nuevas reglas del Título IX.
Las demandas marcan una estrategia emergente de estudiantes acusados de conducta sexual inapropiada al usar requerimientos para obligar a las universidades a dejar de lado, en masa, los hallazgos y sanciones que llevaron a su suspensión o expulsión. La primera denuncia colectiva de la nación se presentó el 5 de julio contra la Universidad Estatal de Michigan, seguida por Cal State el 16 de julio y UC esta semana. Las demandas de Cal State y UC cubren a todos los estudiantes que fueron suspendidos o expulsados desde junio de 2015, cuando ambos sistemas emitieron nuevas políticas de Título IX que buscaban ser más sensibles a las víctimas.
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Brett Sokolow, presidente de la Asociación de los Administradores del Título IX, calificó la denuncia colectiva como un “enfoque inteligente” que haría accesible la acción legal a potencialmente miles de estudiantes que no pueden pagar demandas personales. Dijo que más de 300 alumnos en todo el país han presentado requerimientos que desafían sus resultados del Título IX, pero estimó que hasta 20.000 estudiantes en las 4.500 universidades del país pueden haber sido disciplinados por mala conducta sexual.
Los datos de UC y Cal State sobre el número de estudiantes que han sido suspendidos o expulsados por mala conducta sexual no estuvieron disponibles de inmediato. Los abogados estiman que más de 500 alumnos de UC podrían verse afectados, y aún más en el sistema Cal State que es más grande.
“Si un caso tiene éxito”, dijo Sokolow, “abre las compuertas para otros”.
La estrategia de una demanda colectiva se basa en las recientes sentencias de los tribunales de apelación en California y Ohio que ordenaron a las universidades que brinden a los estudiantes la oportunidad de un interrogatorio en las audiencias ante un juez neutral.
El tribunal de California, en el fallo de un caso de la USC en enero, sostuvo que la “justicia fundamental” requería que los colegios y universidades de todo el estado brinden esas garantías de debido proceso a los estudiantes que están sujetos a sanciones disciplinarias severas en casos que se centraron en cuestiones de credibilidad. dijo ella.
En el caso de Cal State Fullerton, la universidad notificó a John Doe que una estudiante había presentado una queja de conducta sexual inapropiada contra él aproximadamente un mes después de su supuesto encuentro. El negó cualquier mala conducta.
La universidad investigó y confirmó la acusación, lo expulsó y negó su apelación en una decisión de junio de 2017 del coordinador del Título IX de todo el sistema, según la demanda. La universidad dijo que cumplió con la política de Cal State y la ley estatal vigente en ese momento.
Sin embargo, para que las demandas continúen, los tribunales primero deben acordar que la clase propuesta de estudiantes puede definirse claramente, haber sufrido las mismas presuntas lesiones y compartir un interés legal común. Los tribunales aún no han certificado eso en ninguna de las denuncias, y una portavoz de Cal State dijo que los funcionarios de la universidad no creen que deberían hacerlo.
“La CSU todavía está analizando la denuncia, pero después de la revisión inicial, no parece que una demanda colectiva sea apropiada o legalmente justificable”, dijo Toni Molle, portavoz de Cal State. “Cada caso del Título IX es distintivo con hechos individualizados y tiene intereses únicos para las partes individuales”.
El sistema de UC aún no ha recibido la demanda y no tiene comentarios, dijo la portavoz Claire Doan el viernes.
Tanto Cal State como UC han emitido recientemente nuevas políticas y procedimientos del Título IX en el cumplimiento del fallo del tribunal de apelaciones para permitir el interrogatorio en las audiencias y poner fin a la práctica de permitir que un sólo investigador entreviste a testigos, recopile evidencia y determine hechos y conclusiones sobre si las acusaciones son ciertas.
En respuesta, todos los estudiantes ahora tienen derecho a una audiencia ante quien toma decisiones de manera neutral sobre las quejas del Título IX.
UC y Cal State manejan el proceso de manera ligeramente diferente.
Según las nuevas políticas de la UC emitidas esta semana, cualquier estudiante que no esté satisfecho con las determinaciones preliminares y las sanciones propuestas puede solicitar una audiencia. Anteriormente, éstas se otorgaban sólo en circunstancias limitadas.
Cal State proporcionará audiencias en todos los casos antes de determinar si ocurrió una mala conducta sexual. Anteriormente, se llevaban a cabo sólo después de que se habían propuesto sanciones.
Ambos sistemas ofrecerán videoconferencias u otros medios de separación física o visual para reducir el potencial de trauma en la audiencia. Además, sólo se permitirán interrogatorios indirectos a través de preguntas enviadas por ambas partes al oficial de audiencias, quien puede optar por no solicitar las que considere irrelevantes o acosadoras.
Además, Cal State ha reducido el papel de los investigadores para que sólo recopilen testimonios y pruebas, pero ya no decidan si las acusaciones son ciertas. Un oficial de audiencias tomará esa decisión.
Los investigadores de la UC ofrecerán determinaciones preliminares de si las acusaciones de conducta sexual inapropiada son verdaderas, y los oficiales de conducta estudiantil propondrán sanciones si se justifica. Pero el acusado y el acusador tienen derecho a impugnar las decisiones propuestas y solicitar una audiencia.
Suzanne Taylor, coordinadora del Título IX de todo el sistema de la UC, dijo que un grupo de trabajo de la universidad consultó ampliamente y tomó varios meses para elaborar cuidadosamente un modelo revisado.
“Teníamos que proporcionar un proceso que fuera justo, que tratara a las partes con respeto y compasión y que resultara justo y confiable”, dijo. “También sabíamos que teníamos que minimizar la carga sobre nuestros estudiantes, así como la vulnerabilidad de que los tribunales revocaran nuestras decisiones.
Hathaway, el abogado que representa a los dos estudiantes, dijo que las políticas revisadas aún se quedan cortas. Aseguró que continúan evitando que los estudiantes acusados presenten una “defensa completa” al prohibir, por ejemplo, el interrogatorio directo de sus representantes, como lo permitirían las reglas propuestas por DeVos.
Taylor, sin embargo, dijo que UC no tenía intención de permitir esa práctica en este momento.
“Realmente crea un proceso de confrontación, y haría nuestro procedimiento mucho más parecido a uno criminal”, dijo, “y eso es algo que no haremos en lo absoluto a menos que nos veamos en la necesidad de realizarlo”.
Ella dijo que los procedimientos disciplinarios universitarios son muy diferentes de los cargos y juicios penales, donde las consecuencias pueden ser mucho más severas. No está claro cuántos estudiantes realizan acusaciones de conducta sexual inapropiada a la policía; Taylor dijo que muchos optan por no hacerlo porque puede ser un “proceso arduo” que puede no dar lugar a una decisión judicial de presentar cargos.
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