Movimiento activista pide fondos de desempleo para trabajadores migrantes sin documentos
Desde el pasado agosto Angela Gutierrez se ha dedicado a uno de sus pasatiempos más queridos: restaurar joyería rota que compra por algunos dólares en en los mercados de pulgas más cercanos a su hogar, en el este de Los Ángeles.
Bajo la sombra de un árbol del parque Belvedere, la inmigrante de Puebla, México, se concentra en ensartar piedra tras piedra en un hilo de nylon para crear algunas pulseras de un collar roto que adquirió en un dólar.
Aunque ella disfruta su pasatiempos, la madre de dos menores de edad se ha visto forzada a vender sus creaciones en la calle desde hace dos meses, para poder cubrir la renta de 1,500 dólares de su apartamento de una recamara más los gastos de la comida.
Gutierrez, de 48 años, se quedó sin empleo como mesera a principios de agosto, cuando se enfermó de pulmonía y tuvo que descansar casi tres semanas. Al regresar a su trabajo, ella ya tenía un reemplazo. Las únicas palabras que escuchó de su jefe fueron: “Lo siento mucho. Si hay otra vacante te avisaremos.
Si Gutierrez no encuentra empleo en los próximos dos meses, ella y sus dos hijos, Manuel, 11, y Gabriel, 12, podrían quedar en la indigencia. Gutierrez no es elegible para solicitar beneficios de desempleo, porque no tener documentos legales en este país, y para cubrir sus gastos actuales ella ha empezado a gastar sus ahorros.
“A veces me siento muy sola porque en este país no tengo familia y no tengo a quien pedirle ayuda”, dijo la inmigrante que lleva 15 años viviendo en el condado de Los Ángeles. “Saber que puedo quedar en la calle con mis hijos me aterra”.
Pero el caso de esta madre inmigrante al borde de la indigencia solamente por quedarse sin empleo no es el único en este estado, dicen activistas de The Safety Net for All Coalition, que actualmente empuja un movimiento por los beneficios de desempleo para los trabajadores excluidos del seguro de desempleo en California a través de marchas organizadas, protestas y visitas a Washington, D.C. para abogar ante los políticos representantes del estado y federales por más beneficios para los trabajadores sin documentos.
Según la coalición compuesta por más de 120 organizaciones pro inmigrantes dentro del estado, más de un millón de trabajadores migrantes en California -- que equivale al 6% de la fuerza laboral total del estado -- carecen de documentos legales, y por lo tanto no son elegibles para recibir beneficios de seguro de desempleo.
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Berseba Porcayo, líder organizadora del Warehouse Worker Resource Center (WWRC), una organización no lucrativa que aboga por los derechos del sector laboral migrante y que forma parte de The Safety Net for all Coalition, dijo que, por ejemplo, en la organización para la cual es voluntaria, el 70% de sus miembros que trabajan en almacenes no tienen documentos y alguna vez han enfrentado el desempleo temporal.
“Los afectados incluyen madres de familia, personas enfermas y mayores de edad que terminan en problemas financieros, porque son descansados temporalmente o despedidos sin los beneficios que se merecen por el trabajo que han hecho y por el cual han pagado impuestos”, dijo Porcayo.
“Mucha gente no lo sabe pero en el trabajo de almacén siempre hay gente que se queda sin empleo, ya sea porque sufren lastimaduras por cargar mal, por accidentes o porque los contratos son temporales, especialmente en épocas festivas”, dijo Porcayo.
El movimiento de The Safety Net for all Coalition se lanzó en enero del 2023 para abogar por la aprobación del proyecto de ley The Safety Net for All Workers Act (Ley de Red de Seguridad para todos los Trabajadores) o SB-227, de la senadora María Elena Durazo(D-26), y los coautores asambleístas Miguel Santiago (D-54) y Wendy Carrillo (D-52).
El proyecto de ley, también introducido en enero, creará un programa que proporcione beneficios de desempleo a los trabajadores excluidos del seguro de desempleo tradicional únicamente debido a su estatus migratorio al proporcionarle a los inmigrantes $300 por semana durante un máximo de 20 semanas con fondos de las arcas estatales, y le prohibiría al Departamento de Desarrollo del Empleo preguntar sobre el estado migratorio de un solicitante o conservar registros más allá del plazo requerido para la duración de los pagos de beneficios.
De acuerdo con la asambleísta Carrillo, el proyecto de ley abordaría una exclusión racista de larga data que ha tenido un impacto económico devastador en las comunidades de inmigrantes.
“Sabemos que los beneficios de desempleo son una parte clave de la estabilidad económica, por lo que impedir que nuestros trabajadores inmigrantes indocumentados accedan a nuestra red de seguridad por temor a que invite a más inmigrantes indocumentados a nuestro país solo perpetúa una desigualdad sistémica que es incorrecta, especialmente cuando sabemos otros estados lo han abordado con éxito proporcionando beneficios de desempleo a los trabajadores inmigrantes excluidos”, dijo Carrillo, en una entrevista con el Los Ángeles Times en Español.
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En la actualidad, siete categorías industriales representan más de la mitad (55%) de los trabajadores no ciudadanos e indocumentados de California, entre ellas la manufactura, la industria restaurantera, servicios de alimentación, construcción, agricultura y comercio minorista. Así también, más de seis de cada 10 (61%) niños que viven en hogares de trabajadores no ciudadanos viven por debajo de un salario digno, en comparación con el 36% de otros niños en hogares de trabajadores, dice un reporte dado a conocer en marzo del 2022 por UC Merced.
El mismo reporte, de UC Merced, sostuvo que por ejemplo el primer año de la pandemia, los trabajadores ciudadanos desempleados tenían derecho a recibir hasta 20 veces más ayuda económica que los trabajadores indocumentados desempleados con hasta $35,000 en Seguro de Desempleo, compensaciones de desempleo federales por la pandemia, y estímulos estatales. Mientras tanto, los trabajadores indocumentados desempleados de California sólo eran elegibles para recibir hasta $1.700 en fondos, que consistieron en una donación de $500 para casos de desastre por COVID-19 dentro de una tarjeta prepaga y $1.200 del Golden State Stimulus Fund.
Yeni Linares, voluntaria de Pomona Economic Opportunity Center (PEOC), otra organización que ayuda a los jornaleros a encontrar empleo y que se unió a la coalición, dijo que ella mismo vivió la experiencia de quedarse sin empleo de limpieza de hogares durante los inicios de la pandemia, cuando sus jefes le cerraron las puertas por temor a la enfermedad del coronavirus.
“Un mes sin trabajo fue suficiente para endeudarme con mis amistades con más de 3 mil dólares. Aun pidiendo dinero prestado llegue a deber tres meses de renta”, dijo la oriunda de El Salvador, de 46 años.
Linares, quien se unió a PEOC hace cuatro años, dijo que es justo otorgarle algun alivio a las personas sin documentos que se quedan sin empleo, porque California ha estado sufriendo por muchos años de incendios, lluvias aparatosas y ahora la pandemia, en la que los trabajadores sin recursos, de color e inmigrantes han sido los mas afectados.
La activista dio como ejemplo a los jornaleros, con quienes trabaja de cercas.
“Los jornaleros, por ejemplo, son un grupo que se accidenta seguido. Además, no pueden trabajar bajo la lluvia o los incendios durante las construcciones. Muchos también se vieron sin empleo a principios de la pandemia aunque después la situación mejoró para ellos”, dijo.
Oralia Maceda Mendez, directora de programas de la organización sin fines de lucro Binational Center for Indigenous Oaxacan Development (CBDIO) en Fresno, que educa a los trabajadores agricultores sobre sus derechos, está de acuerdo con Linares.
“El gobierno ha reconocido a los inmigrantes como ‘esenciales’, pero ese reconocimiento debe venir con acciones que valoren a este sector en materia de derechos laborales”, dijo Maceda Mendez.
La activista agrego como ella vio de primera mano a muchos agricultores enfermos por el COVID 19, y aun asi no pudieron acceder a nungun beneficio.
“Recordemos que todos los cheques del pago de salario vienen con deducciones tengan o no documentos legales los trabajadores, estas deducciones también les deben otorgan también beneficios de desempleo como cualquier otro trabajador”, ella dijo.
El proyecto de ley SB 227 fue ratificado por el Senado estatal a fines de mayo y el 16 de agosto estaba listo para su primera audiencia en el Comité de la Asamblea, pero fue cancelada hasta principios de enero 2024 como una estrategia de sobrevivencia a la falta de presupuesto estatal.
Para el asambleísta Santiago, el beneficio del desempleo es un alivio significativo para muchos inmigrantes lastimados por la pandemia, los desastres climatológicos, las industrias que los estafan o los remuneran moderadamente, la inflación y encima un sistema de inmigracion fallido.
“Independiente del presupuesto estatal, la gente está hambrienta, hay una necesidad urgente cuando vemos la necesidad de asistencia para el alquiler y las líneas largas para conseguir alimentos gratis”, dijo Santiago.
“Aprobar un proyecto de ley como este no es rápido, pero es importante y urgente. Otros estados ya lo están haciendo”, dijo Santiago asegurando que confía en la futura firma del gobernador Gavin Newsom.
En 2022, Colorado aprobó como ley el primer programa de beneficios de seguro de desempleo permanente del país para trabajadores indocumentados. En 2021, el gobierno de New York estableció un fondo temporal de trabajadores excluidos durante el 2021 para los afectados por la pandemia. Y por ahora, estados como Nuevo México y Washington empujan proyectos de ley que otorgan beneficios de desempleo para indocumentados.
No solo los activistas y políticos que abogan por la SB-227 están confiados en que se convierta en ley en un futuro cercano, los expertos en políticas también ven una buena oportunidad a pesar de que la legislatura estatal aprobó un proyecto de ley similar el año pasado, pero el gobernador Newsom lo vetó, alegando preocupaciones sobre el costo.
En la celebración del Día de los Muertos, los residentes de Boyle Heights y sus alrededores podrán ofrendar flores, veladoras o juguetes para los niños inmigrantes muertos en la frontera en un altar colocado en el Calvary Cemetery.
De acuerdo con el profesor Gaspar Rivera-Salgado, director del Centro de Estudios Mexicanos de UCLA, el respaldo de este proyecto en la Asamblea y el Senado lo hace robusto, a pesar de algunos ataques que pueda tener entre los políticos conservadores republicanos. Pero todo también depende de cuándo y cómo maneje este asunto el gobernador Newsom.
“Es interesante que este debate venga después de que California haya aprobado el seguro médico para indocumentados. Cerrar brechas de inequidad y proteger los derechos de los indocumentados es algo en el que este estado se encuentra a la vanguardia”, dijo Rivera.
Sin embargo, “Newsom parece estar inclinado a no firmar el proyecto al menos por ahora, porque este tipo de iniciativas en que se tiene que invertir presupuesto para los inmigrantes podría convertirse en un ataque para su campaña nacional como candidato a la presidencia”, aseveró Rivera.
Mientras tanto, la señora Gutierrez sigue ensartando collares y pulseras.
“Nunca había dejado de trabajar desde que llegué a este país, ni pedí beneficios de estampillas para mis hijos ciudadanos. Ahora tampoco pido dinero gratis, solo un residuo de lo que se me ha deducido de mis cheques de trabajo durante 15 años”, dijo Gutierrez.
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