California no realiza pruebas de COVID a sus trabajadores tal como se requiere
La lucha del estado por aplicar el mandato de Newsom se produce cuando los centros de trabajo de todo el país están imponiendo plazos para que los trabajadores presenten pruebas de vacunación o se arriesguen a perder su empleo.
Tres meses después de que el gobernador Gavin Newsom exigiera que los trabajadores estatales estuvieran completamente vacunados contra el COVID-19 o se sometieran a pruebas semanales, su promesa de que el gobierno de California predicaría con el ejemplo no se ha cumplido: muchas agencias públicas enfrentan bajas tasas de inmunización, y la mayoría de los ámbitos de trabajo administrados por el estado no han podido evaluar a los empleados no vacunados.
En el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, por ejemplo, menos de un tercio de los empleados proporcionaron pruebas de vacunación completa, mientras que 6.700 no están inoculados o se negaron a informarlo. Cal Fire indicó que solo está haciendo pruebas a 75 empleados.
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), donde el 59% de los empleados están completamente vacunados, tiene alrededor de 3.600 trabajadores no inoculados que ejercen tareas en oficinas en todo el estado y deben someterse a pruebas semanalmente. Pero solo 411 de ellos están siendo evaluados, expuso una portavoz del DMV.
Algunos departamentos no reportaron las tasas de vacunación ni la información de las pruebas, pero el Departamento de Recursos Humanos de California remarcó que los datos recibidos muestran que aproximadamente la mitad de los 59.000 empleados estatales no vacunados se sometieron a las pruebas necesarias durante la primera semana de octubre. “Si no tenemos el sistema de advertencia de las pruebas, entonces debemos reconsiderar lo que estamos haciendo”, señaló Dorit Reiss, profesora de derecho que se especializa en políticas de vacunas en la Facultad de Derecho de UC Hastings. “Las pruebas no son un gran sustituto de la inoculación, pero son un gran respaldo y mejor que nada”.
La lucha del estado para implementar el mandato de Newsom se produce cuando los lugares de trabajo en todo el país imponen fechas límite para que los trabajadores presenten pruebas de vacunación, caso contrario corren el riesgo de perder sus empleos.
La semana pasada, la aplicación del mandato de la vacuna contra el COVID-19 del gobernador de Washington, Jay Inslee, resultó en que el 3% de los trabajadores estatales, alrededor de 1.900 empleados, renunciaran o fueran despedidos. La administración Biden también anunció nuevos requisitos estrictos, incluidas las regulaciones laborales pendientes que requerirían que las empresas en todo el país con 100 o más empleados se aseguren de que los trabajadores estén completamente vacunados o se sometan a pruebas semanales.
Sin embargo, la fecha límite del 2 de agosto de Newsom para los trabajadores del gobierno de California fue ignorada, en gran medida sin consecuencias. En general, el 66% de los empleados del estado proporcionaron pruebas de que están vacunados, según datos del Departamento de Recursos Humanos del estado. En toda California, el 74% de los residentes mayores de 18 años lo están.
“Esto es problemático”, remarcó la Dra. Mónica Gandhi, experta en enfermedades infecciosas y profesora de medicina en UC San Francisco. “El punto de que el gobernador Newsom sea el primer gobernador en decir que los empleados estatales deben vacunarse es porque estos trabajadores son una interfaz pública y la vacuna los protege a ellos y al público al que sirven. Entonces, si la parte de realizar pruebas no se aplica de forma universal, echa por tierra la intención”.
Según el mandato del estado, los empleados que trabajan de forma remota a tiempo completo no están obligados a proporcionar prueba de vacunación, aunque muchos lo han hecho, y no tienen que someterse a pruebas semanales. Un poco más de la mitad de los 10.000 empleados de la Patrulla de Caminos de California del estado han proporcionado pruebas de inoculación, afirmó una portavoz del departamento. Se han abierto algunos sitios de prueba, incluso en la sede del CHP, pero no en todos.
“Desde que comenzamos con las pruebas, hemos completado 2.088 con dos resultados positivos confirmados”, señaló la portavoz de CHP, Fran Clader, en un comunicado.
El departamento no respondió a una solicitud de detalles sobre cuántos empleados se están evaluando semanalmente.
Los residentes negros y latinos que no están vacunados tienen la tasa más alta de COVID-19 en el condado de Los Ángeles. Los blancos no inoculados tienen las tasas de mortalidad más altas.
En Cal Fire, las pruebas están disponibles en la sede del departamento, donde se realizan a 75 empleados semanalmente, afirmó el portavoz Nick Schuler. Hay planes en marcha para agregar este servicio en seis sitios adicionales a principios de noviembre. “Las demandas de respuesta a incendios forestales en julio, agosto y septiembre ralentizaron nuestro progreso en la implementación de pruebas, pero ahora esperamos tener varios centros en funcionamiento en unas semanas”, anticipó Schuler.
La tasa de resultados positivos para los departamentos que están realizando pruebas se ha mantenido baja. Una portavoz del DMV señaló que hubo cuatro pruebas positivas entre las 2.070 administradas hasta la fecha. Y entre todos los departamentos que informan los resultados a la agencia de recursos humanos del estado, hubo 155 pruebas positivas de 31.534 completadas durante la semana del 4 de octubre.
Sin embargo, los funcionarios de salud pública advirtieron que los casos pueden aumentar nuevamente si los residentes no están atentos para protegerse contra la transmisión del coronavirus. Las nuevas infecciones y hospitalizaciones por COVID-19 disminuyen constantemente desde hace semanas, pero los recuentos diarios de muertes se han mantenido relativamente altos, según muestran los datos de The Times. Durante la última semana, el estado promedió 5.203 nuevos casos y 105 decesos por día. Hasta la fecha, el COVID-19 le quitó la vida a más de 70.000 californianos.
El Dr. Mark Ghaly, secretario de la Agencia de Servicios Humanos y de Salud de California, instó a los trabajadores estatales indecisos a vacunarse en una carta enviada el mes pasado. En ella escribió que tuvo una llamada de atención al leer sobre “otra pérdida trágica y evitable de un miembro de nuestra familia estatal por el COVID-19. El fallecido dejó atrás a una esposa y dos hijos pequeños”. “Me di cuenta de que no había hecho lo suficiente”, expuso Ghaly. “Debería decir que no hemos hecho lo suficiente”.
Newsom anunció la orden de vacunación para los trabajadores estatales al mismo tiempo que implementó una para los trabajadores de la salud. “Como el empleador más grande del estado, predicamos con el ejemplo y exigimos que todos los trabajadores estatales y de la salud muestren prueba de inoculación o se realicen pruebas con regularidad, y estamos alentando a los gobiernos y empresas locales a hacer lo mismo”, destacó el gobernador en julio.
Hasta ahora, el impulso para vacunar a millones de trabajadores de la salud parece haber tenido más éxito, probablemente como resultado de que el mandato no permite que esos empleados opten por las pruebas semanales en lugar de la inoculación, a menos que tengan una exención. A los trabajadores de la salud se les permitieron presentar exenciones por motivos médicos y religiosos, que se han otorgado subjetivamente en diferentes partes del estado, según un informe de The Times. Muchos hospitales señalaron que la orden estatal aumentó las tasas de vacunación, y un sistema hospitalario en el condado de Kern informó que sus niveles tuvieron un incremento a casi el 90%, en comparación con el 60% anterior.
Después del hospital, algunos pacientes de COVID-19 se enfrentan a una vida atada a máquinas de oxígeno y llevando tanques de repuesto para respirar.
La tasa de vacunación para los trabajadores estatales experimentó un alza mucho menor, de solo dos puntos porcentuales, al 66% en el transcurso de una semana, señaló el departamento de Recursos Humanos del estado. Sin embargo, no todos los departamentos están reportando datos de su personal con regularidad, o en algunos casos, en absoluto.
Casi un tercio de todas las agencias estatales informaron tasas de vacunación del personal inferiores al 74%, la tasa estatal entre adultos para la inoculación. En el departamento de Recursos Humanos del estado, encargado de monitorear el cumplimiento del mandato, el 62% de la fuerza laboral de la agencia está vacunada.
“Eso no me sorprendió”, remarcó Eraina Ortega, directora del departamento. “La gran mayoría de nuestros empleados se encuentran en la región de Sacramento, y ese número parece estar en línea con la región”.
Ortega destacó que muchos empleados estatales todavía trabajan a distancia y no sienten la urgencia de informar su estatus de vacunación si no se les pide que se sometan a pruebas periódicas. “No todos los empleados quieren proporcionar la verificación de la vacuna antes de que se establezcan las pruebas”, indicó Ortega. “En mi propio departamento, escuché desde el principio que la gente debe notificar su estado de inoculación, pero están trabajando a distancia y por ello todavía no lo han hecho”.
Según la directora, hacer pruebas a miles de trabajadores estatales no vacunados es una empresa enorme, y el esfuerzo se vio frenado por la escasez de suministro. No hay una fecha límite estricta para cuando los departamentos deban comenzar a realizar pruebas a los empleados no vacunados. Hasta ahora, dijo, 48 de los 152 departamentos estatales lo hacen en algunas o todas sus ubicaciones. “Se está produciendo a la escala que habíamos anticipado”, señaló. “Siento que hemos realizado un muy buen trabajo haciendo esto enteramente con el personal estatal”.
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, Newsom defendió algunas de las restricciones de coronavirus más fuertes del país, pero también se enfrentó a críticas de que sus pedidos de vacunación fueron inconsistentes. El gobernador luchó contra los intentos de exigir que los empleados de correccionales se vacunen contra COVID-19, a pesar de las recomendaciones de un síndico designado por un tribunal federal que supervisa la atención médica dentro de las prisiones, quien argumentó que era necesario un mandato estricto para prevenir brotes importantes y muertes. Actualmente, todo el personal penitenciario que trabaja en entornos sanitarios debe estar inoculado.
El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California tiene una tasa de vacunación del 63% entre sus 66.000 empleados, según los datos de la agencia. Actualmente, el personal penitenciario no vacunado debe someterse a pruebas dos veces por semana.
Los datos recopilados por la agencia de recursos humanos no incluyen información de la oficina de Newsom, que opera de forma independiente. Una portavoz del gobernador informó que todos menos uno de los 148 empleados en la oficina están vacunados, y que esa persona está sujeta al protocolo de prueba semanal.
La portavoz del gobernador, Erin Mellon, destacó que el estado está aumentando los esfuerzos de prueba entre los muchos departamentos de California. “Ha sido un esfuerzo monumental organizar pruebas periódicas y gratuitas en la fuerza laboral estatal de más de 200.000 personas”, destacó Mellon en un comunicado.
Rob Lapsley, presidente de la Mesa Redonda de Negocios de California, destacó que los problemas que surgen del mandato del estado para sus empleados muestran que es necesario un mayor escrutinio y transparencia para que las empresas puedan comprender mejor los obstáculos logísticos que ellos también pueden enfrentar.
“La comunidad empresarial está observando con mucha atención toda la implementación del estado, porque el mandato y los protocolos de prueba tienen implicaciones en la vida real si les llega una orden proveniente del gobierno estatal o federal al sector privado”, expuso Lapsley. “El gobernador tiene el mérito de que el estado lidere esta iniciativa, de modo que puedan aprender algunas lecciones de ellos al ser los primeros”.
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