COVID-19: Pese a las reglas de seguridad por la emergencia sanitaria, los trabajadores de California aseguran que poco ha cambiado

Cuando California se convirtió en el epicentro nacional de la pandemia de COVID-19, en las últimas semanas de 2020, los funcionarios estatales adoptaron amplias medidas de emergencia destinadas a proteger a los trabajadores.

Pero la implementación de la nueva regla fue una decepción y arrojó aún más dudas sobre la capacidad del gobernador Gavin Newsom para combatir un virus que ha matado a decenas de miles de californianos.

Las personas con salarios bajos, que enfrentan brotes recurrentes en sus trabajos, afirman que poco cambió en los dos meses desde que entraron en vigor las medidas. Los líderes sindicales culpan por el dolorosamente lento despliegue a fallas de larga data en la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, o Cal/OSHA, que supervisa la seguridad de los trabajadores.

Los grupos empresariales —que rechazan la idea de que los lugares de trabajo impulsan la propagación del COVID-19— buscan revertir las medidas, que requieren de protocolos detallados, con mascarillas, distanciamiento social, pruebas de virus y ventilación adecuada.

Una demanda, cuya audiencia preliminar será este jueves en San Francisco, calificó el mandato de tan “desastroso” que amenaza la “existencia continua” de las pequeñas empresas. Otro tema de la audiencia será una querella presentada en Los Ángeles por grupos agrícolas, por motivos similares. “Siento que California hizo algunas resoluciones de Año Nuevo realmente alentadoras, pero ahora tiene que implementarlas”, comentó Elizabeth Strater de United Farm Workers, que representa a los empacadores de carne en la planta de Foster Farms, en la ciudad de Livingston, en el Valle Central, donde al menos ocho trabajadores murieron por COVID-19. “Una regla fuerte es útil solo si hay voluntad política para hacerla cumplir y capacidad operativa para inspeccionar y obligar a su observancia”.

Varios inspectores de Cal/OSHA, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, indicaron que sus filas siguen siendo escasas a pesar de las repetidas promesas de aumentar el personal, lo cual compromete la capacidad de la agencia para hacer cumplir las pautas de seguridad. Según los empleados, solo cuatro personas son responsables de las investigaciones penales de 650 muertes de trabajadores que ocurrieron en 2020. Los puestos gerenciales clave siguen vacantes, y existe una confusión generalizada sobre cómo hacer cumplir la nueva regla.

Mientras tanto, los líderes laborales y de gobiernos locales, exasperados por la inacción de Cal/OSHA, comenzaron a tomar la seguridad de los empleados en sus propias manos. En diciembre, cuando estalló un segundo brote de COVID-19 en la empacadora de carne en Livingston, los dirigentes sindicales demandaron a Foster Farms, pidiendo a la corte que ordenara las mismas condiciones laborales que la regla de emergencia estatal ya exigía.

El martes, el condado de Santa Clara avanzó con planes para crear un grupo que investigue las denuncias en el lugar de trabajo en el sector de la comida rápida, y está examinando formas de aumentar los controles. Según un informe del condado, los funcionarios están abordando el tema en parte porque “las acciones de investigación y ejecución de Cal/OSHA son limitadas” debido a la “escasez de personal”.

“No importa dónde trabaje, debe estar y sentirse seguro, y la manera de que ello ocurra es asegurarse de que la observancia sea real y significativa”, enfatizó la supervisora del condado, Cindy Chávez.

“Seguimos viendo que los trabajadores presentan más quejas de salud con problemas similares a los del comienzo de la pandemia”, agregó Isabel Urbano, quien maneja las comunicaciones regionales de Fight for $15, que aboga por los trabajadores del sector de comida rápida y presionó para imponer más protecciones en los condados. De marzo a noviembre, el condado de Santa Clara recibió más de 430 denuncias relacionadas con el coronavirus sobre restaurantes de servicio limitado, que incluyen lugares de comida rápida.

El jefe de Cal/OSHA, Doug Parker, rechazó varias solicitudes de entrevistas durante un período de dos meses. La agencia también se negó a responder preguntas o a hacer comentarios.

Parker se desempeña como asesor laboral en el equipo de transición del presidente Biden, quien emitió una orden ejecutiva, la semana pasada, con el objetivo de aumentar la seguridad de los trabajadores en medio de la pandemia. Ese decreto permite la creación de un estándar de emergencia nacional que, según se murmura, está basado en las pautas de California.

Pero, añadió Urbano, es difícil ver cómo una norma federal basada en las reglas de emergencia de California podría funcionar, considerando la implementación y los desafíos legales que enfrenta Cal/OSHA.

‘Como de costumbre’

Paz Aguilar tenía tres trabajos cuando dio positivo por el coronavirus, a fines de junio. Un derrame cerebral que sufrió poco después de su diagnóstico de COVID-19 la dejó parcialmente paralizada e incapaz de trabajar.

Aguilar acudió a Fight por $15 para presentar denuncias de Cal/OSHA sobre el restaurante KFC/Taco Bell donde cree que ella y seis colegas contrajeron el virus. Pero en lugar de enviar a un inspector para que revisara el lugar en persona, la agencia mandó una carta a los gerentes de la empresa, quienes respondieron que no había problemas.

Había problemas. “Si hubiera enviado a su inspector hasta nuestra tienda para hacer una inspección real, él habría visto que a pesar de todas las cosas que dice la compañía en su nota, los gerentes son plenamente conscientes de que los trabajadores están siempre cerca unos de otros”, destacó Aguilar en una carta de seguimiento enviada a la agencia en octubre.

Aguilar también presentó una queja de Cal/OSHA contra Jack in the Box, en Oakland, donde también trabajaba. Según la mujer, la empresa se negó a pagar su licencia por enfermedad. Sus compañeros de trabajo, agregó la mujer, aseguran que esos mismos problemas que ella señaló a los reguladores hace meses permanecen casi sin cambios. “Me molesta pensar que no están haciendo nada”, expresó a través de un intérprete, en noviembre pasado. “Realmente no hay reglas”.

Yum Brands Inc., propietaria de Taco Bell y KFC, dijo que no podía hacer comentarios hasta el miércoles por la tarde. Jack in the Box Inc. no respondió a los correos electrónicos en busca de comentarios para este artículo.

Docenas de declaraciones juradas de trabajadores de comida rápida, conserjes y empacadores de carne, transmiten un coro de quejas similares: protocolos de distanciamiento social ignorados, rumores sobre casos de coronavirus no reportados por la gerencia, expectativas de que los empleados compren sus propias mascarillas, falta de licencias por enfermedad remunerada, más presión para mantener la producción en funcionamiento y la amenaza de represalias por hablar de las condiciones inseguras.

Una queja de diciembre a Cal/OSHA, firmada por un grupo de trabajadores en un McDonald’s en Los Ángeles, indica que pese a haber presentado una denuncia en la primavera pasada sobre la falta de distanciamiento físico y la ausencia de información de los gerentes sobre los casos de coronavirus entre el personal, los problemas persistieron. “Al igual que durante el brote de COVID-19 en este McDonald’s, en abril pasado, todo sigue funcionando como de costumbre”, se lee en la denuncia. “Puede que se enfermen más personas”.

Cuando se le pidió un comentario, McDonald’s Corp. envió un comunicado de la franquiciada Nicole Enearu, negando que su local tenga condiciones de trabajo inseguras. “Estamos profundamente decepcionados con estas acusaciones, que no reflejan lo que realmente ocurre en nuestro restaurante”, señala. “Tenemos políticas rigurosas para garantizar la seguridad del equipo y del cliente”.

Cal/OSHA no emitió su primera citación relacionada con COVID-19 hasta finales de agosto, y aún no ha emitido ninguna bajo la pauta de emergencia.

“Todavía estamos en un momento muy precario y crítico… Debe haber urgencia”, enfatizó Ana Padilla, directora ejecutiva del Centro Comunitario y Laboral de UC Merced, que estudia los efectos de la pandemia en los trabajadores de California, especialmente en la zona del Valle Central.

La investigación del centro descubrió que los inmigrantes latinos de California se han visto más afectados por las muertes por COVID-19 que cualquier otro grupo y, también que los puestos con salarios bajos, como el envasado de carne, los servicios alimentarios, la gestión de residuos y la venta minorista, están relacionados con la propagación del coronavirus.

“Habría que haber hecho más, y mucho antes”, enfatizó Stephen Knight, director ejecutivo de Worksafe, un grupo de defensa que, en mayo de 2020, solicitó a Cal/OSHA que adoptara los estándares laborales para una pandemia. “Me encantaría ver al gobernador frente a un empleador que viola flagrantemente las pautas, y dejarle en claro que hay sanciones que pagar por no mantener a salvo un lugar de trabajo”.

Los defensores de los trabajadores y el personal de Cal/OSHA expresaron su decepción con Newsom, quien, según dicen, no aprovechó la oportunidad de reconstruir la agencia después de años de mala conducta administrativa, autocontratos y nepotismo.

La oficina de Newsom declinó hacer comentarios. Su administración fue criticada por el manejo de la pandemia, incluida la decisión, esta semana, de levantar la orden estatal de aislamiento en el hogar. El gobernador fue criticado en noviembre por desobedecer sus propias pautas de seguridad al asistir a la cena de cumpleaños de un cabildero, un episodio que también generó preocupaciones sobre sus estrechos vínculos con intereses comerciales.

Inspecciones por correo

Cal/OSHA tiene los fondos para cubrir vacantes, por lo cual no está claro por qué quedan abiertos tantos puestos de trabajo. Los empleados dicen que la agencia no alcanzó la meta de cubrir más de 35 puestos para fines de 2020. Cal/OSHA se negó a proporcionar cifras sobre las tareas de contratación, pero los cuadros de personal recientes muestran más de 50 vacantes de inspectores, lo cual deja menos de 190 inspectores capacitados en todo el estado.

Desde marzo, Cal/OSHA se vio inundada con más quejas de las que los inspectores pueden manejar, lo cual llevó al personal a depender cada vez más de las investigaciones ‘por carta’, como la del caso de Aguilar, en lugar de in situ. En esos casos, un inspector se comunica con el empleador, le pregunta sobre las condiciones del lugar de trabajo y se siente satisfecho con las respuestas o sugiere cambios. Estas investigaciones a menudo no involucran entrevistas con los trabajadores.

Desde febrero hasta octubre de 2020, Cal/OSHA investigó más de 6.500 quejas relacionadas con COVID por carta. Durante el mismo período, los inspectores llevaron a cabo 1.451 inspecciones in situ. La agencia se negó a proporcionar cifras más recientes.

Como una cuestión de política, Cal/OSHA no comparte públicamente datos sobre brotes en el lugar de trabajo. Una nueva ley que entró en vigencia el 1º de enero exige que el Departamento de Salud Pública de California dé a conocer esa información, pero hasta este miércoles, el sitio web de la agencia no la contenía. Ali Bay, portavoz del departamento, se negó a precisar cómo o cuándo se publicarán los datos.

Los grupos empresariales que buscan revocar la regla de emergencia del estado citan esa falta de datos, argumentando en la demanda de San Francisco que es posible que los lugares de trabajo ni siquiera sean espacios de propagación del virus. “No argumentamos que debería haber una ausencia total de controles en el lugar de empleo”, comentó Stephanie Martz, directora administrativa y asesora general de la Federación Nacional de Minoristas, un grupo comercial que es uno de los cinco demandantes. La federación también presiona al Congreso para que promulgue un controvertido escudo de responsabilidad, que daría a las empresas inmunidad ante ciertas demandas relacionadas con la pandemia.

La demanda de San Francisco está en desacuerdo con el requisito de la regla de emergencia estatal de que, en caso de un brote en un lugar de trabajo, el empleador debe brindarles pruebas a los empleados y absorber los costos. A $70 por examen, señala la demanda, eso podría costarle a un minorista que opere cientos de ubicaciones en California unos $3.2 millones.

Los funcionarios de Cal/OSHA admitieron durante una reunión pública, en diciembre pasado, que los requisitos de prueba necesitan más discusión, ya que la capacidad de exámenes en todo el estado es limitada.

Martz añadió que la pauta no tiene en cuenta los diferentes niveles de riesgo en las industrias y trata a las grandes empresas de la misma manera que a las pequeñas.

Knight, de Worksafe, admite que la implementación de la regla de emergencia no ha sido perfecta, pero piensa que cualquier pauta que proteja a los trabajadores es mejor que ninguna. “No hay duda de que las empresas han pagado un precio muy alto y doloroso durante esta pandemia”, destacó. Pero “también lo han hecho muchas, muchas personas, y la idea expresada con claridad en el informe [de los grupos empresariales], de que evitar la interrupción y la pérdida de ganancias es más importante que salvar vidas, es difícil de asumir”.

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