Las medidas migratorias que Joe Biden puede implementar para favorecer a los indocumentados
Los Ángeles — En la campaña por la presidencia, Joe Biden envió señales de querer revertir las políticas anti-inmigrantes formuladas durante la administración de Donald Trump; ahora que ya se conoce que el demócrata será el nuevo jefe de la Casa Blanca, abogados especialistas en temas migratorios analizan el escenario de lo que puede hacer al momento que asuma el poder.
Desde la era del presidente Barack Obama, en donde Biden fue vice-presidente, hay una deuda con la comunidad indocumentada, cuando se prometió una reforma migratoria. En ese tema el nuevo mandatario, quien asumirá su cargo el 20 de enero, depende de la Casa de Representantes y del Senado, pues los demócratas deberían controlar las dos cámaras legislativas para pasar una propuesta.
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En este momento, el Senado está empatado. Los demócratas y los republicanos tienen 48 puestos asegurados. El partido que lo controle debe ganar por lo menos 3 asientos más. En cambio, en la Casa de Representantes, en este instante los del partido de Biden llevan 215 curules, mientras que los afines a Trump alcanzan 196, en un conteo que todavía no ha terminado.
“El presidente necesita enviar un mensaje claro de que está del lado de los inmigrantes”, sostiene Juan José Gutiérrez, abogado de inmigración, manifestando que hay otra vías en vez de una reforma migratoria. “Ordenando que paren los arrestos y deportaciones de trabajadores indocumentados que no tengan antecedentes penales graves. Es decir una moratoria a las deportaciones”.
El jurista asegura que si hay voluntad política, Biden puede perfectamente emitir una orden ejecutiva parecida a la que propuso Obama, en el 2014, llamada Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (Dapa), pero que fue detenida por la Corte Suprema. En ese caso, Gutiérrez cree que se puede redactar de otra manera, para que no sea objetada en los tribunales judiciales.
“Eso se tendría que hacer porque no está claro si los demócratas van a controlar el Senado federal”, agregó Gutiérrez, detallando que esa medida beneficiaría a unos 6 ó 7 millones de inmigantes. “Eso sería imprescindible y urgente que el presidente Joe Biden no pierda tiempo e inmediatamente que asuma el poder, se mueva de forma contundente como hacen los republicanos con sus causas”.
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En el gobierno de Trump, se ha intentado anular los programas Estatus de Protección Temporal (TPS) y Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), los cuales no han sido cancelados porque se encuentran en apelación en las cortes judiciales, a raíz de demandas presentadas por organizaciones que velan por los derechos humanos.
“Lo único que tiene que hacer es retirar la demanda”, asegura Álex Gálvez, abogado de inmigración, detallando que de esa forma podrían respirar con tranquilad los más de 300 mil beneficiarios del TPS, al igual que los aproximadamente 700 mil “dreamers” protegidos en el programa Daca, quienes se encuentran en vilo desde el 2017, el primer año del gobierno de Trump.
De acuerdo a este experto, si Biden quiere reformar la política migratoria será clave el nombramiento del Fiscal General de Estados Unidos. El funcionario que ocupa ese cargo es el responsable de dirigir el Departamento de Justicia, el cual a su vez influye en el trabajo de los jueces federales y la interpretación de las leyes que se implementan en las cortes de inmigración.
Gálvez explica que William Barr, el fiscal general nombrado por Trump, ha dado directrices para realizar deportaciones aceleradas.
“Si eres una mamá soltera que veniste con tu hijo, ahorita te están poniendo en una corte acelereda, porque quieren terminar los casos a fuerza en menos de un año”, explicó el jurista. “Cuando le dices a un juez que tienes que terminar un caso en un año, en meses, en verdad lo que están haciendo es que les están quitando la discresión a ese juez en hacer lo que tiene que hacer”.
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En ese sentido, la administración del presidente Trump deja una lección para el gobierno de Biden, si su compromiso es revertir los procesos implementados en el actual gobierno. “El Departamento de Justicia en verdad tiene mucho poder para cambair los procesos de migración. Y en cierta manera para cambiar las leyes, porque las leyes de inmigración están bajo el Departamento de Justicia”, apuntó Gálvez.
Junto al nombramiento del fiscal general también será clave el titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Departamento de Estado, Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE) y la Patrulla Fronteriza, entidades que trabajan de forma mancomunada en los temas que afectan a los migrantes indocumentados.
La abogada de inmigración, Elizabeth Uribe, plantea que un ejemplo de ello es el fallo dado por la Corte Suprema en relación al programa Daca. Los magistrados dictaron que el DHS recibiera nuevas solicitudes, pero al final el gobierno “ha rehusado a aceptar nuevas aplicaciones, y solo los que califican para renovar han sido elegibles para hacer eso”.
Al mismo tiempo, en la actualidad las personas que quieren obtener la residencia por medio de un familiar ciudadano estadounidense, ahora se enfrentan al hecho de que tienen que comprobar que son autosuficientes económicamente y demostrar que no han solicitado servicios públicos, entre otros requisitos que endureció la administración Trump.
Uribe asegura que esas medidas están siendo apeladas en los tribunales, pero Biden puede anular esos requisitos sin que tenga que intervenir el sistema de justicia. “Si pone a gente en DHS o USCIS que decidan que esto ya no se va a utilizar, es algo del pasado, ahí se van a retirar estas demandas porque ya no va a haber necesidad”, aseguró la experta.
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Los cambios, en ese caso, van a depender de los lineamientos que emita el presidente al llegar a la Casa Blanca. A juicio de Uribe, con el hecho de que los jueces de inmigración hagan su trabajo sin la interferencia del fiscal general ni del Departamento de Justicia, sería un avance significativo que impactaría en los inmigrantes indocumentados.
Por ejemplo, si el nuevo fiscal deja sin efecto la interpretación de la ley del fiscal William Barr, repercutiría no solo en los casos de ajuste migratorio sino también en las solicitudes de asilo. “Eso va a ayudar a personas que actualmente están frente al tribunal de migración, pero también a personas que ya les negaron el caso utilizando la interpretación de la ley”, abundó Uribe.
Al asumir el puesto en enero se verán los cambios, sostiene la jurista. A pesar de las grandes expectativas de la comunidad inmigrante, las medidas que se implementen quizás no sean las deseadas, pero pueden haber iniciativas que reduzcan el recrudecimiento de las leyes migratorias impuestas en la era Trump. “Sí podemos tener mejores pólizas”, concluyó la abogada Uribe.
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