El abogado de Los Ángeles Peter Schey ha sido durante mucho tiempo un defensor de la juventud inmigrante.

Ayudó a argumentar el caso en la Corte Suprema que garantizaba el derecho de los niños sin estatus legal a asistir a las escuelas públicas. También ayudó a negociar el caso Flores, un acuerdo histórico de 1997 para salvaguardar a los niños migrantes en manos del gobierno, que le dio a su fundación legal el derecho a inspeccionar esos refugios.

Ese caso también lo inspiró a dirigir su propio refugio para jóvenes migrantes sin hogar.

Schey abrió Casa Libre, o Freedom House, a finales de 2002 en una mansión histórica cerca del parque MacArthur, diciendo que sería un modelo para el cuidado de los niños “más vulnerables”.

Pero Casa Libre ha sido citada por autoridades estatales en 143 ocasiones por no cumplir con los estándares estatales para casas grupales con licencia proporcionada por el estado. 90 de esas citaciones fueron expedidas porque planteaban “un riesgo inmediato para la salud, la seguridad o los derechos personales de los residentes”, según encontró una investigación del Times.

Entrevistas con más de dos docenas de ex-empleados y residentes y una revisión de cientos de documentos - incluyendo 15 años de informes de inspecciones estatales - muestran un patrón de negligencia que ha persistido a pesar de los esfuerzos de trabajadores y residentes que informaron a Schey y a la junta directiva acerca de los problemas en la casa.

Los niños fueron dejados fuera de la casa durante horas, debido a que no había personal en el sitio, obligando a algunos a refugiarse en una camioneta averiada. Y en algunas ocasiones no había suficiente comida, dijeron algunos ex residentes.

Hubo violencia entre los residentes y allanamientos, de acuerdo a ex residentes y trabajadores. El sótano se inunda con frecuencia. Y el techo tiene goteras, de acuerdo a ex empleados e inspectores estatales. Las chinches infestaron los colchones de los residentes y las cucarachas invadieron la cocina y algunos jóvenes usaron drogas dentro de la casa, dijeron ex residentes y empleados.

Cuestionado por el Times acerca de las condiciones en la casa, Schey ordenó al personal de su fundación legal que llevara a cabo una investigación.

El informe basado en esa investigación culpa a un ex director por algunos de los problemas de Casa Libre pero también lo acusó de hacer afirmaciones falsas sobre el programa.

El Times habló con 14 empleados y ex empleados de Casa Libre –incluyendo siete ex gerentes- quienes describieron varios problemas a través de los años, incluyendo la falta severa de personal, escasa supervisión y la falta de respuesta de Schey cuando se le presentaban las preocupaciones.

El reporte preparado por la fundación legal de Schey, dijo que Casa Libre, que tiene licencia del Departamento de Servicios Sociales del estado para alojar a niños de 12 a 17 años de edad, está bajo un nuevo liderazgo que ha “retomado su enfoque a sus objetivos originales, fortalecido las políticas internas y recaudado fondos y recursos”, para alojar a más residentes.

“La mayoría de los niños con los que hablo me dicen que fue el mejor hogar en el que han vivido”, dijo Schey, quien es presidente de la junta directiva de Casa Libre y director ejecutivo de la organización sin fines de lucro que la administra.

“¿Es perfecta? No, no es perfecta”, agregó en una entrevista con el Times. ¿Es mejor que estar sin hogar y en la calle? Sin duda alguna. Es mejor que estar bajo custodia, sin duda. ¿Podríamos mejorar? Absolutamente. ¿Estamos tratando de mejorar? Sí, absolutamente”.

Schey - que fue nombrado “Defensor del Inmigrante” en Los Ángeles en 2017 por el Consejo de la ciudad - argumentó en la entrevista que otros hogares probablemente tienen un número similar de violaciones de las reglas estatales.

“Elige cinco refugios en Los Ángeles y no me sorprendería en absoluto si cada año el departamento de licencias encuentra cinco, diez o quince cosas que necesitan remediar”, dijo.

Pero los registros en línea del Departamento de Servicios Sociales muestran que Casa Libre ha tenido 33 citaciones desde 2017, más que cualquiera de los otros 143 hogares con licencia en el Condado de Los Ángeles.

El promedio para las casas del condado fue de alrededor cinco citaciones en un período de cuatro años, de acuerdo a los archivos disponibles en línea.

Cuando Miguel Elías Guarchaj llegó a Casa Libre en 2015, pensó que podría ir a la escuela, dormir en una cama caliente y no tener que buscar comida después de llegar a Los Ángeles sólo cuando tenía apenas 15 años.

Pero después de varios meses en la casa, Guarchaj dijo que él y sus compañeros de casa a menudo regresaban a la mansión estilo renacimiento gótico de 1902 y la encontraban cerrada. Muchos días la nevera estaba casi vacía. La leche se había echado a perder. Las latas de frijoles habían caducado.

En un momento dado, Guarchaj dijo, puso sus zapatillas Supra, sus pantalones negros y su mochila favorita de Target a la venta en línea. Alguien ofreció $20 por su mochila. Se apresuró a ir a un puesto de comida y pagó $5 por un pollo asado y lo compartió con los otros niños.

Por desesperación, dijo, pidió ayuda a Schey. “Necesitamos comida, por favor”, fue el mensaje que dijo que mandó con un asistente. Schey nunca respondió, dijo.

Schey dijo al Times que no recordaba haber recibido el mensaje. Recordó una reunión en 2015, en la que Guarchaj le dijo que “que en varias ocasiones no había podido entrar a la casa hasta las 7 PM y que a los residentes no les habían dado de comer”.

Schey dijo que le dijo al que era gerente en ese entonces que se asegurara de tener suficiente comida y mantener la casa abierta “cuando los residentes no estén en la escuela”.

Tomás Ixmata tenía 16 años cuando llegó a Casa Libre alrededor del 2011, habiendo llegado a Los Ángeles desde Guatemala. Su hermano en L.A. le dijo que no podía alojarlo.

En Casa Libre, los miembros del personal lo trataron como si fuera de la familia. Pero la casa cerraba la mayor parte del día durante los festivos escolares, dijo Ixmata. En algunas ocasiones, cuando los jóvenes regresaban de la escuela la casa se encontraba cerrada hasta que obscurecía, agregó.

“Nos quedábamos en la calle,” dijo Ixmata, ” no teníamos adónde ir”.

Había veces que tenía tanta hambre que les pedía a su hermano y a sus amigos 5 ó 10 dólares para poder comprar algo de comer. Pero a él no le parecía justo quejarse.

“Teníamos un techo y nos aguantábamos porque no pagábamos nada”, dijo.

Al igual que Ixmata, cada uno de los ex residentes entrevistados por el Times, expresaron su gratitud porque Casa Libre les proveyó de vivienda cuando más lo necesitaron. Muchos dijeron incluso que sentían que habían encontrado a una familia con el personal y los otros residentes.

Pero esa gratitud a veces les dificultaba hablar cuando surgían problemas.

Sebastian Erdman-Waterhouse, un hondureño que llegó a Casa Libre a la edad de 17 años en 2013, dijo que el cierre de la casa y la falta de comida eran tan graves que él y otros residentes decidieron buscar a Schey. Después de varios intentos, Erdman-Waterhouse dijo que pudo comunicarse con Schey por teléfono.

“No tenemos adónde ir”, recordó haberle dicho a Schey. “No hay comida. Nada. Entiendo que usted nos está ayudando y estamos agradecidos, pero necesitamos un lugar donde quedarnos. Necesitamos comida”.

Erdman-Waterhouse dijo que Schey le dijo que estaba buscando obtener fondos y donaciones adicionales. También les prometió hablar con el gerente del hogar.

Schey dijo que no recordaba la llamada telefónica. “Estoy seguro de que nunca le habría dicho a un niño que no hay comida porque no hay fondos”, dijo. “Eso habría sido una mentira de mi parte porque siempre ha habido fondos para la comida”.

También dijo que cada año la casa recibe miles de libras de alimentos donados por Los Angeles Regional Food Bank.

En cuanto al cierre de la casa, Schey dijo que eso sucedió sólo ocasionalmente, y principalmente debido a que algún miembro del personal se había enfermado o tuvo una emergencia.

Dijo que trata de asegurarse de que todos los residentes tengan su número de celular para que puedan llamarlo si hay algún problema.

La investigación preparada por el personal de la fundación legal de Schey dijo que su revisión de los informes de turnos, correos electrónicos y entrevistas “no indican que los residentes fueran dejados, rutinariamente, fuera de Casa Libre por largos períodos”.

Reconoció que “ha habido ocasiones, tan recientes como diciembre de 2018, en las que un residente no ha podido acceder a la casa”, aunque culpó de ello a la escasez de personal.

El personal de Casa Libre reportó 16 veces, durante un período de cinco años, que “hubo poca comida”, de acuerdo al informe.

Pero no hay registros que indiquen “que la Casa había estado sin comida y que los residentes no hubieran recibido alimentos”, dijo el reporte.

El reporte también hace notar que Casa Libre sólo ha recibido tres citaciones relacionadas con comida insuficiente o alimentos caducos en los últimos 10 años. Esas citaciones típicamente reflejan sólo lo que los inspectores ven durante sus visitas a la casa, las cuales ocurren una o dos veces al año.

En 2015 y 2016, cuando algunos residentes que hablaron con el Times dijeron que se habían quedado fuera de la casa y que habían pasado hambre. Los inspectores no visitaron la casa en esa ocasión, dijo un vocero del departamento de la agencia estatal de licencias.

“Sin embargo, si algún residente no pudo comer por alguna razón, esto muestra claramente un fracaso del programa”, dice la investigación.

Schey también dijo que era imposible mantener ciertos estándares.

“Ojalá fuera un mundo perfecto. Ojalá pudiera asegurarme de que todas las comidas en Casa Libre estuvieran calientes y fueran nutritivas. Ojalá pudiera garantizar que todos los días del año, cuando los niños llegan aquí, la casa estuviera abierta”, dijo durante una entrevista en la casa. “Tendría que vivir aquí para lograrlo”.

La imponente mansión, con sus paredes desgastadas y su techo de cúpula roja, se destaca en una esquina a poca distancia de las botánicas, pupuserías y vendedores ambulantes que rodean el parque MacArthur.

Cuando la casa abrió como refugio, Schey la describió como algo más que un lugar para dormir. Sería un hogar en el que los jóvenes inmigrantes tendrían acceso a servicios que cambiarían sus vidas, como la ayuda para asistir a la escuela y la obtención de un estatus legal.

Hidner Coronado Ajtun, de 18 años, uno de los cuatro residentes actuales que fueron presentados por Schey, dijo que se sintió feliz desde el día en que llegó a Casa Libre. Él estuvo detenido durante meses en un refugio en San Diego, donde no tenía libertad para entrar y salir.

Atjun, como los otros tres residentes, dijo que estaba bien alimentado, que se sentía bien atendido en la casa y que nunca se había quedado afuera. Algunas residentes han sido irrespetuosos y le dicen malas palabras al personal”, dijo Atjun. Dijo que trata de calmar a los residentes más agresivos hablándoles. Considera que muchos actúan así por las cosas difíciles que han pasado.

“En mi opinión, todos aquí, incluyéndome a mí, necesitamos consejería”, dijo Atjun.

Desde el principio, los reguladores han citado repetidamente a Casa Libre por violaciones de las reglas estatales.

En mayo de 2003, con ocho niños en la residencia, el Departamento de Servicios Sociales del estado revisó la casa y determinó que estaba funcionando sin licencia. Los reguladores amenazaron con imponer multas.

La casa finalmente obtuvo una licencia, pero desde entonces ha tenido dificultades para cumplir con la larga lista de reglas estatales.

Se supone que los hogares grupales tienen administradores certificados que están bien entrenados en la implementación las reglas.

La investigación preparada por el personal de la fundación legal de Schey atribuyó gran parte de la culpa de sus citaciones a ex administradores del programa, quienes renunciaron o fueron despedidos.

También señaló que los funcionarios estatales nunca han “concluido que las citaciones que emitieron fueron causa para suspender temporalmente o tratar de revocar la licencia de Casa Libre”.

Algunas de las violaciones de Casa Libre fueron relativamente menores. Por ejemplo, fue citada varias veces porque un bote de basura no tenía una tapa.

Pero también se le ha citado repetidamente en relación con cuestiones más graves, como la falta de supervisión adecuada de los niños. En septiembre de 2005, los inspectores citaron la casa porque estaba cerrada, lo que obligó a los niños a “encontrar otro lugar a donde ir durante el día”.

El año pasado, los inspectores encontraron una vez más que los niños no habían podido entrar a la casa, por lo que estaban en la calle.

Casa Libre también ha sido citada 14 veces por problemas relacionados con no tener un administrador certificado calificado o un asistente de administración calificado.

También ha recibido 52 citaciones por problemas relacionados con las condiciones de la casa - incluyendo problemas como goteras, clavos oxidados, ventanas rotas, baños sucios, colchones rasgados, cortinas sucias, dormitorios y pasillos oscuros, pintura descascarada y agujeros en las paredes.

En 2008, la casa fue citada por no tener aire acondicionado, lo que de acuerdo a lo que dijeron los oficiales del estado, causó que algunos jóvenes tuvieran dolores de cabeza durante una ola de calor.

El año pasado, los inspectores encontraron de nuevo que la casa no tenía aire acondicionado central ni calefacción.

A finales de febrero, cuando los reporteros del Times recorrieron la casa, el sótano estaba parcialmente inundado, había muebles rotos, una ventana rota y pintura y yeso pelado. Había un calentador en cada una de las habitaciones de los chicos.

Unas semanas después de esa visita, se pintaron partes de la casa y se repararon algunos daños causados por la lluvia en el techo. También se reparó la calefacción central. Pero a finales de mayo, todavía no había aire acondicionado central.

A principios de mayo, un miembro actual del personal de Casa Libre le dijo al Times que el hogar todavía tenía una gran escasez de personal, con sólo un adulto supervisando hasta 10 residentes por turno. Algunos residentes rehusaban seguir las reglas, dijo.

“Es un circo”, dijo el encargado, quien habló en condición del anonimato por temor a represalias.

Se supone que los residentes deben estar en la escuela, pero dijo que es bien sabido que sólo tres asisten a clases.

“A veces llegan a casa a las 3 o 4 [de la mañana] o en la mañana y están bajo la influencia”, y algunos abusan verbalmente del personal, dijo.

Schey dijo que esperaba asegurar recursos para financiar el incremento de personal y que los residentes que no asistan a la escuela tendrán que salir del programa. El uso de drogas también podría ser un motivo para mandarlos a otro lado.

“Nadie me había dicho que esto era un circo”, agregó.

Schey dijo también que no recordaba que le hubieran dicho que las cucarachas o las chinches fueran un problema persistente.

A través de los años, Schey ha nombrado a prominentes personajes de la comunidad de derechos de los inmigrantes de Los Ángeles para que formen parte de la Junta directiva de Casa Libre, incluyendo a la líder sindical María Elena Durazo, quien ahora es senadora estatal; al profesor de UCLA, Chon Noriega, y al sacerdote activista, Richard Estrada.

Durazo y Noriega ya no son miembros de la Junta. Hasta mediados de mayo, la página de internet de la organización decía que Estrada era miembro de la junta directiva.

Ex trabajadores dijeron que cuando plantearon sus preocupaciones a los miembros de la junta directiva de Casa Libre y a otros funcionarios, fueron ignorados.

Federico Bustamante, quien fue administrador de la casa desde finales del 2012 hasta el 2017, le envió un correo electrónico a Durazo en octubre del 2017, colocando en la línea de asunto: SITUACION URGENTE- Casa Libre.

Tal vez no sepan cuán “mal administrada ha estado esta organización bajo la instrucción directa y la vigilancia de [Schey]”, escribió.

Bustamante dijo que nunca tuvo noticias de Durazo. Le dijo al Times que nunca vio el correo electrónico.

Renunció un par de meses después.

Schey dijo que había estado planeando reemplazar a Bustamante, a quien describió como un trabajador enojado y descontento.

Cuando empezó a columpiarse de un lado a otro fue cuando se le dijo. “No vas a estar a cargo aquí, estás a prueba”, dijo Schey. “Las cosas que dijo eran completamente falsas”.

En respuesta, Bustamante dijo: “Mi trabajo habla por mí, y cualquiera que tenga curiosidad puede preguntarle a la comunidad y a los niños”.

Bustamante eventualmente fue reemplazado como administrador por Javier Juárez, que había vivido en Casa Libre y había sido miembro de la junta directiva.

Juárez dijo que fue despedido después de quejarse de que Schey le había pedido que hiciera dos trabajos - administrador del refugio y coordinador de educación - sin compensarle justamente. Schey dijo que la casa no podía permitirse el aumento que Juárez estaba solicitando.

Antes de ser despedido, Juárez escribió una carta a la junta de directores en la que describió que el proyecto “se estaba viniendo abajo” cuando él llegó –con hoyos en las paredes, con una nevera que le dijeron que había estado vacía durante semanas y falta de personal “para supervisar a los jóvenes durante los fines de semana”. También dio a conocer su preocupación por la paga.

La carta condujo a una discusión con Shey, Pero Juárez nunca recibió respuesta de los miembros de la junta directiva.

El estado considera que en última instancia los miembros de la junta directiva son los responsables de que la organización funcione apropiadamente.

Las leyes estatales requieren que la junta “revise y discuta los reportes de la licencia”, los cuales pueden incluir las citaciones que Casa Libre recibió. No está claro si eso hizo la junta directiva de Casa Libre.

Schey no entregó las minutas de las juntas de la junta directiva, a pesar de las múltiples peticiones del Times. Dijo que no recordaba cuando se discutieron los reportes de la licencia, pero agregó que “ciertamente las preocupaciones que fueron dadas a conocer en el reporte de la inspección, fueron discutidas”.

Durazo dijo que fue miembro de la junta directiva entre 2010 y 2017. Ella fue incluida como miembro de la junta directiva en la solicitud de licencia de la casa del 2003, pero dijo que no recordaba haber sido miembro en ese entonces.

Durante el tiempo que estuvo en la junta, Durazo dijo que no estuvo al tanto de que la casa hubiera estado cerrada, o de la falta de comida, que no recordaba haber visto ninguno de los informes de inspección y que no sabía qué agencia estatal llevaba a cabo la supervisión.

Recordó haber visitado la casa dos veces. No recordaba con qué frecuencia asistía a las reuniones de la junta. Subrayó que ella “no era un miembro activo de la junta directiva”.

Durazo dijo que una vez habló con Bustamante sobre la recaudación de fondos, pero no sobre las deficiencias de la casa.

“Esto no es algo que yo hubiera ignorado”, dijo. Después de una entrevista con el Times, Durazo dijo que envió a los miembros del personal a que visitaran Casa Libre y pidió a los funcionarios del estado sus informes.

Harry Salzberg, un abogado de inmigración que actualmente está en la junta, dijo en una breve entrevista telefónica que él “no estaba realmente en posición de comentar demasiado sobre ello, excepto de decir que Peter Schey es un abogado sobresaliente, ha sido un querido amigo mío durante muchos años, y su integridad es en mi opinión, incuestionable”.

Estrada, el sacerdote activista que ha servido en la junta directiva de Casa Libre durante varios años, dijo que quedó en “shock” cuando se le dijo de las muchas citaciones y acusaciones de que los residentes pasaban hambre y no tenían supervisión.

Dijo que las citaciones nunca fueron discutidas en las reuniones de la junta. Estrada dijo que había oído hablar de algunos problemas de financiación, pero no de que los residentes pasaran hambre.

El sacerdote también expresó cierto escepticismo sobre las afirmaciones de los antiguos residentes.

“¿Cómo verificas que no se lo están inventando?”, dijo.

Estrada también preguntó por qué, si había problemas, los funcionarios estatales no hicieron más.

“Si tenían todas estas violaciones, ¿por qué no les quitaron la licencia?” dijo Estrada. “Si el estado estaba consciente… ¿por qué no dieron los pasos para hacer algo, llamando a la junta y haciendo un gran alboroto? Deberían haberlo hecho si todo era verdad”.

Los oficiales del estado dijeron que en Casa Libre hicieron lo que era apropiado.

El estado impuso multas por alrededor de $3.000 y llevó a cabo dos conferencias sobre el incumplimiento, una en 2004 y otra en 2005. La primera fue luego degradada a una reunión “informal”.

En la segunda, los funcionarios discutieron preocupaciones sobre “cuestiones financieras, operativas, de la planta física, requisitos de presentación de informes, supervisión de la atención [y] supervisión, cualificaciones de los administradores [y] disponibilidad, y cuestiones de personal”, según indican los expedientes de licencias estatales.

En 2009, los funcionarios del estado de nuevo tuvieron una “conferencia informal” para plantear sus preocupaciones sobre la casa, incluyendo “limpieza, personal inadecuado y uso inadecuado de las restricciones manuales”.

Y en 2018 los funcionarios celebraron una reunión informal con Schey y otros miembros del personal que planteó, entre otras cuestiones, la necesidad de un administrador certificado.

No es poco frecuente que las casas de este tipo reciban citación tras citación sin enfrentar consecuencias mayores, dijo María F. Ramiu, abogada del Youth Law Center, una organización legal con base en San Francisco.

Las decisiones son en gran medida descentralizadas y frecuentemente se dejan en manos de los oficiales regionales y en los inspectores de manera individual, agregó.

Cuestionado si el estado debería haber hecho más para intensificar la aplicación de la ley, dadas las numerosas y repetidas violaciones de Casa Libre, Michael Weston, un vocero del Departamento de Servicios Sociales, dijo en el momento de la entrevista que la supervisión del estado había sido suficiente.

“Una parte de la aplicación es la emisión de citaciones, la prestación de asistencia técnica y el trabajo en las instalaciones”, dijo.

Cuando se le dijo que los antiguos residentes describieron haber pasado hambre y haber sido dejados fuera de la casa, Weston preguntó: “¿Se pusieron en contacto con nosotros y presentaron una queja?”

El mismo Schey, es inmigrante. Llegó a Estados Unidos desde Sudáfrica cuando era adolescente. Después de graduarse de la escuela de leyes en 1973, se hizo un nombre por sí mismo al tomar casos de alto perfil en una variedad de temas progresivos.

“Sin duda, es uno de los abogados líderes en derechos de los inmigrantes de su generación”, dijo Hiroshi Motomura, experto en leyes de inmigración y profesor de UCLA.

Schey fue una voz clave el año pasado en la lucha contra la política de separación familiar de la administración Trump. El acuerdo en el caso de Flores, de hace más de dos décadas, todavía hoy se considera vital para la protección de los niños en los refugios del gobierno. El presidente Trump ha criticado el caso Flores y la administración ha tratado de retirarse del acuerdo.

Uno de los aspectos clave del caso Flores es que los refugios del gobierno deben tener licencia estatal.

La supervisión del estado es “crítica” para asegurar que los refugios cumplan con “estándares bien establecidos de bienestar infantil para la seguridad y el bienestar de los niños”, dijo Schey el año pasado en MSNBC.

Desde sus inicios hace 17 años, Casa Libre a atraído trabajadores que han creído profundamente en la misión de ofrecer atención y cuidado a los menores inmigrantes.

Como todos los ex empleados que hablaron con el Times, Juárez, el ex administrador y residente de Casa Libre, dijo que quiere que Casa Libre mantenga su promesa de ayudar a que los jóvenes salgan adelante.

Pero Juárez dijo que cree que para eso se necesita un nuevo liderazgo.

“Si [Schey] no tiene tiempo para dirigir Casa Libre o para estar 100% concentrado en ella, entonces pásela”, dijo. “Porque estás tratando con la juventud. Se trata de jóvenes que llegan a Los Ángeles con traumas en la cabeza. Han tenido una infancia difícil. Así que necesitan atención”.