Escuelas charter se oponen a que los estudiantes pasen por el detector metálico

La caja de detectores portátiles de metales llegó de la nada y sin una explicación, en diciembre pasado. La directora Kristin Botello los metió en un armario y siguió con su trabajo habitual en una escuela charter del sur de Los Ángeles.

Poco después, Botello descubrió que la caja venía con una orden que requería que su escuela preparatoria, Animo Jackie Robinson High School, realizara inspecciones aleatorias diarias de sus estudiantes con estos detectores portátiles. Las autoridades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) aseguraron que la política protege a los estudiantes de potenciales compañeros que puedan llevar armas al campus.

La escuela charter y su organización matriz, Green Dot Public Schools, se han negado a cumplir con este requisito bajo el argumento de que los requisitos aleatorios pondrán en peligro la seguridad de las buenas relaciones entre alumnos y educadores.

El enfrentamiento de la charter con los funcionarios distritales captó un improbable aliado, el gremio United Teachers Los Angeles, y ambos grupos se unieron a otras organizaciones de derechos civiles para firmar una carta que fue enviada al distrito el 25 de mayo pasado, solicitando se revise o revoque la política.

“Vivimos y trabajamos en una comunidad donde los niños son señalados a diario por diferentes formas de autoridad, ya sea la policía en la calle, o los propietarios de tiendas”, señaló Botello. Los administradores escolares apoyan la seguridad, afirmó la directora, pero se preguntan si pasar un detector sobre los estudiantes logrará ese objetivo.

La violencia armada en las escuelas -desde la matanza de 20 chicos y seis maestros, en 2012, en Sandy Hook Elementary, en Connecticut, hasta el tiroteo letal del miércoles último en UCLA, donde un profesor fue asesinado por un exestudiante, quien luego se suicidó- ha ampliado el debate acerca de las medidas de seguridad en los campus.

Los partidarios de estos requisitos señalan que se podría así prevenir tiroteos en las escuelas, pero los críticos aseguran que los niños inocentes comienzan a resentir la amenaza constante del cacheo de las autoridades, en quienes deben confiar si lo que se pretende es que aprendan a diario de ellos. También remarcaron lo que llamaron una ‘exagerada reacción’ a la violencia, que marcó el comienzo de políticas de tolerancia cero y que llevó, por ejemplo, a la suspensión de un estudiante de 7 años en Tarzana Elementary School, que fue sorprendido con una pistola de juguete de una pulgada de largo, colocada en un llavero.

“Es un decisión delicada para los administradores escolares y los líderes de la policía escolar”, señaló Kenneth Trump, presidente de la empresa de consultoría National School Safety and Security Services. La mejor manera de proteger a los estudiantes es que los profesores y administradores capacitados vean las señales que indican cuando un estudiante puede ser peligroso, aseguró. “Hay demasiadas personas que tienden a ver los detectores de metales o cualquier otro soporte físico como una solución rápida”, dijo.

Los funcionarios del LAUSD dicen que la política de los detectores portátiles ha existido desde comienzos de 1990, cuando un tiroteo fatal en Fairfax High School instó al por entonces superintendente Sid Thompson a iniciar requisas azarosas como un programa piloto en todas las escuelas secundarias y preparatorias.

En octubre pasado, los administradores del LAUSD revisaron la política del distrito para indicar claramente que las escuelas charter ubicadas en propiedades del distrito también deben realizar estos controles diarios con detectores, pero argumentaron que la revisión sólo reforzó un requisito que había existido siempre.

Las autoridades citaron un incidente del año pasado, en el cual los administradores hallaron a estudiantes con dos armas cargadas en Alliance Tennenbaum Family Technology Charter High School, como ejemplo de que la política funciona correctamente y como un motivo por el cual las escuelas autónomas deberían cumplir con ella.

Según un informe del LAUSD, cerca de 840 armas se recogieron en todo el distrito durante el año escolar 2014-2015. El reporte no especifica cómo éstas fueron descubiertas.

David Holmquist, abogado general del LAUSD, defendió la política de los detectores de mano y afirmó que los críticos no han brindado pruebas de que ésta sea perjudicial, ni tampoco han ofrecido mejores alternativas que no sean simplemente basarse en la confianza de que los estudiantes no llevarán armas a la escuela, o que le dirán a un administrador si ven a alguien armado.

“Hasta que logremos una política mejor que ésta, simplemente abandonar una medida de seguridad en pos de la nada, o intentar construir una cultura de confianza para que la gente deje de llevar armas al campus no es el tipo de situación de la cual quiero defender al distrito”, señaló Holmquist.

Sin embargo, las escuelas de todo el distrito implementan esta política de forma diferente; algunas de ellas realizan inspecciones a diario y otros eligen obedecerla con menos frecuencia. Algunas también la ignoran por completo. En Animo Jackie Robinson High School, los administradores señalaron que no sabían que esta política rigiera también para sus campus administrados de forma independiente.

Nico Conanan, quien asiste a Central High School -una pequeña escuela que se centra en el fortalecimiento de los registros académicos de los alumnos que están en riesgo de abandonar los estudios- afirmó que esta política jamás lo había hecho sentir más seguro. Conanan fue uno de los tres estudiantes seleccionados al azar el año pasado, retirado de clase y escaneado con un detector de metales.

“Fue tan invasivo”, dijo Conanan. “Básicamente violó todo lo que siempre habíamos trabajado para hacer en el aula. Todos los estudiantes habíamos establecido una relación con el maestro… y ellos vinieron y empañaron todo eso”.

En una carta al distrito, la coalición que incluye a escuelas charter, asociaciones de derechos civiles, organizaciones educativas y United Teachers Los Angeles, le solicitaron al distrito escolar una suspensión de la política hasta que ésta se pueda modificar. La coalición espera que la Junta Escolar considere la carta en su próxima reunión.

En tanto, los funcionarios del distrito señalan que las charter deben cumplir con ella; de lo contrario, podrían sufrir sanciones, como la revocación de su licencia operativa.

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