Solicitantes de asilo vulnerables son enviados a México para esperar sus audiencias

Cuando Enma Hernández cruzó sin autorización el Río Grande aquí, hace unas dos semanas, y se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza en busca de asilo, les dijo que estaba embarazada de ocho meses.

Hernández, de 26 años, relató que había huido de Guatemala con la esperanza de reunirse con su esposo y su hija de dos años de edad, en Miami. Los funcionarios de inmigración de Estados Unidos la enviaron de regreso a Ciudad Juárez, en el marco de la política “Permanecer en México”, que impuso la administración Trump.

En lugar de ser liberada en Estados Unidos para esperar allí una audiencia en los tribunales de inmigración, Hernández debe aguardar en el país vecino el avance de su caso. La mujer puede ingresar a Estados Unidos bajo vigilancia sólo para sus audiencias judiciales, pero luego debe regresar a México hasta que se resuelva su caso.

El programa, oficialmente denominado “Protocolos de protección al migrante”, debutó en San Ysidro en enero pasado y se expandió a El Paso en marzo pasado, una de varias iniciativas de la Casa Blanca diseñadas para disuadir a los solicitantes de asilo que temen ser perseguidos en su lugar de origen. La administración Trump también instauró listas de espera en los cruces fronterizos, que dejaron a miles de migrantes esperando en los refugios mexicanos la oportunidad de ingresar a Estados Unidos para pedir asilo.

Los defensores de los inmigrantes señalan que a las mujeres embarazadas se les da prioridad en las listas de espera coordinadas por los funcionarios de Aduanas de EE.UU, mientras que los agentes de la Patrulla Fronteriza (parte de la misma agencia) las incluyen en el programa Permanecer en México, poniendo así en riesgo sus vidas al obligarlas a esperar indefinidamente en las ciudades fronterizas de México.

La semana pasada, algunos solicitantes de asilo fueron devueltos a México con fechas distantes de varios meses (algunos hasta enero) en la corte debido a un creciente atraso en los tribunales de inmigración estadounidenses, que tienen más de 800.000 casos pendientes.

Hasta el pasado viernes, EE.UU había enviado a 6.004 solicitantes de asilo de regreso a México en el marco del programa, y durante el último mes, las autoridades derivaron 1.713 a Tijuana, 933 a Mexicali y 2.035 a Juárez, según la agencia de inmigración de México, el Instituto Nacional de Migración.

Este mes, la representante Verónica Escobar (D-Texas) propuso una legislación, copatrocinada por otros 21 demócratas, para dejar de subvencionar el programa. Además, los grupos de libertad civil organizaron un desafío legal, pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, el 7 de mayo pasado, permitió que la financiación prosiga mientras el caso está pendiente.

Las pautas de Seguridad Nacional eximen a los niños no acompañados que buscan asilo de tener que esperar en México. Otras personas con “problemas conocidos de salud física/mental”, e “individuos de poblaciones vulnerables” están exentas, según el caso.

Pero las normas no establecen disposiciones para todas las mujeres embarazadas, las madres recientes, los padres con hijos discapacitados o los migrantes transgénero, todos los cuales debieron regresar a Juárez en las últimas semanas.

Un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, cuyos agentes deciden qué migrantes ingresan al programa, remitió las preguntas a Seguridad Nacional. La vocera de Seguridad Nacional se negó a hacer comentarios para este artículo.

Sólo unos 20 solicitantes de asilo han sido exentos del programa y se les permitió ingresar a El Paso, remarcaron los defensores de migrantes. Entre ellos hay varios padres guatemaltecos que hablan lenguas indígenas, y dos padres centroamericanos que afirmaron haber sido secuestrados, golpeados y robados en Juárez.

Las mujeres embarazadas como Hernández, por otro lado, han sido enviadas de regreso a México sin atención médica, para esperar por sus audiencias.

Debido a las listas de espera, en Juárez hay tensión por la afluencia de migrantes. Sus 10 refugios albergaron a más de 14.000 personas desde que una gran cantidad de familias centroamericanas comenzaron a presentarse, en octubre pasado. Más recientemente, grandes grupos de solicitantes de asilo cubanos agravaron la aglomeración.

La semana pasada, mil migrantes abarrotaron los refugios superpoblados de Juárez, detalló Martha Esquivel de Guerrero, directora del refugio de la iglesia Buen Pastor. Su asilo, de 10 camas, albergaba a 125 inmigrantes, 35 de ellos solicitantes de asilo enviados allí por funcionarios de inmigración de Estados Unidos. La mayoría no tuvo más remedio que dormir en el suelo o entre los bancos de la iglesia. El refugio más grande de la ciudad, la Casa del Migrante, con 250 camas, albergaba a 480 personas, alrededor del 60% de ellas enviadas de regreso a ese país.

Trump afirmó que los solicitantes de asilo se están involucrando en un “engaño” o “gran estafa”, y que hay una emergencia en la frontera. Según las estadísticas gubernamentales, casi 110.000 migrantes se presentaron legalmente en los puertos de entrada o cruzaron el límite sin autorización el mes pasado. Se trata del total mensual más alto desde 2007.

Quienes defienden imponer mayores límites a la inmigración también se quejaron durante mucho tiempo de que las migrantes embarazadas viajan a Estados Unidos para tener “bebés ancla”, que automáticamente son ciudadanos. Pero los defensores de la inmigración destacan que la violencia de las pandillas y los conflictos políticos en América Central son en gran parte responsables de la afluencia de solicitantes y que, por ley, quienes huyen de la persecución en el extranjero tienen derecho a pedir asilo en Estados Unidos.

El pasado jueves, mientras Hernández se preparaba para cruzar el puente fronterizo de Juárez a El Paso para asistir a su audiencia en la corte de inmigración de EE.UU, reconoció que estaba demasiado nerviosa como para quedarse en uno de los albergues llenos de gente. Incapaz de obtener un permiso de trabajo mexicano debido a su caso pendiente de asilo en EE.UU, la mujer comenzó a trabajar como cocinera y rentó un apartamento con varios otros solicitantes de asilo.

También teme por su seguridad. Los homicidios en Juárez aumentaron en los últimos años -y alcanzaron su máximo en una década-, y los inmigrantes son blancos fáciles. Este mes, tres inmigrantes hondureños fueron baleados y murieron cuando hombres armados irrumpieron en una casa de Juárez.

Para Hernández, los funcionarios estadounidenses deberían permitir que las mujeres embarazadas permanezcan en Estados Unidos hasta que se decidan sus casos de asilo. “Deberíamos ser una excepción, porque somos vulnerables”, expresó. “Es peligroso para nosotras estar aquí”.

Otras cuatro embarazadas cruzaron el puente con ella el pasado jueves, junto con una nueva madre que llevaba a su hija de seis días de edad. Todas estaban en el programa Permanecer en México.

Linda Rivas, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso, representa a la madre y acompañó al grupo a través del puente. Ella y otros defensores alertaron a la Patrulla Fronteriza sobre las mujeres, y solicitaron que se les permita permanecer en Estados Unidos.

Rivas representa a otros solicitantes de asilo de América Central, incluido un migrante transgénero y un hombre con un hijo discapacitado, que inicialmente fueron enviados de regreso a México pero luego se les permitió permanecer en Estados Unidos mientras sus casos de inmigración están pendientes. “Parece arbitrario” sobre qué migrantes están exentos, consideró Rivas.

La funcionaria acompañó a las mujeres migrantes a través del puente, pero una vez que llegaron a la Patrulla Fronteriza, quedaron bajo custodia de Estados Unidos; Rivas se marchó, diciéndoles que las vería en el tribunal.

Pero nunca llegaron allí.

De los 31 migrantes que debían presentarse en la corte de inmigración de El Paso, los guardias trajeron a nueve. Todos ellos reconocieron que temían regresar a México. Una mujer dijo entre lágrimas que el pastor con el que había estado viviendo en Juárez había sido secuestrado. El juez de EE.UU ordenó a los funcionarios de inmigración que hablaran con los solicitantes de asilo antes de enviarlos de regreso a México, y programó sus próximas audiencias para agosto.

Inicialmente no estaba claro qué había sucedido con Hernández y las otras mujeres que no se presentaron allí. El juez de inmigración Nathan Herbert le preguntó a Rivas y a un abogado que representaba al gobierno. Ninguno de los dos sabía. El magistrado solicitó al abogado gubernamental que lo averiguara, aunque después de la audiencia reconoció que aún no sabía.

Poco después, Rivas se enteró de que la Patrulla Fronteriza tenía a las mujeres en custodia. Le preocupaba que las hubieran destinado a las áreas frías de espera, conocidas como ‘hieleras’, donde los migrantes a veces esperan días antes de ser liberados. Desde diciembre pasado, tres niños migrantes centroamericanos murieron después de enfermar bajo la custodia de EE.UU en el área de El Paso.

El pasado viernes por la tarde, Rivas se reunió con una de las mujeres, su cliente, la flamante madre Raquela Pedro Juan, de 21 años. Pedro Juan había pasado la noche recluida en una hielera junto con su bebé, luego fue liberada y se le permitió su permanencia en Estados Unidos mientras su caso de asilo está pendiente, relató Rivas.

El pasado viernes por la noche, un funcionario de Seguridad Nacional detalló en un comunicado que siete mujeres habían sido detenidas después de cruzar el puente, y que eran investigadas porque algunas llevaban micrófonos después de hablar con los periodistas.

“Las migrantes involucradas fueron entrevistadas, como es de rutina para todos los participantes [del programa Permanecer en México], para determinar si siguen cumpliendo con los requisitos”, estableció el funcionario. “Seis de ellas podrán regresar a México en el marco del programa, una está siendo procesada a través de otros canales de inmigración apropiados”.

El programa Permanecer en México parece estar disuadiendo a algunos migrantes de continuar con sus solicitudes de asilo. Algunos retornados en el refugio de Casa del Migrante se marcharon en los últimos días con personas que, según sospechan los empleados, podrían tratarse de contrabandistas, que intentan hacerles cruzar la frontera de manera ilegal. Otros decidieron regresar a Centroamérica.

Victoria, de 28 años, quien pidió ser identificada sólo por su nombre de pila por temor a su seguridad, explicó que huyó de Honduras luego de que su esposo, un ranchero, recibiera amenazas de muerte de una pandilla. Ambos fueron separados por agentes de la Patrulla Fronteriza una vez que cruzaron el Río Bravo, y ella pasó dos días bajo la lluvia, en un área de detención al aire libre. “Los contrabandistas nos tratan mejor. Me dijeron que México era peligroso, pero es peor allí con la Patrulla Fronteriza. Son animales”, afirmó.

Su primera cita en la corte es el 15 de enero de 2020. Sin abogado ni un lugar donde quedarse, su temor es: “estaré aquí por años”.

Su padre, en Honduras, resultó herido en un accidente de camión, perdió su pie izquierdo y depende de ella para sobrevivir, narró. Así que no se quedará para pedir asilo en Estados Unidos. “No puedo arriesgarme”, consideró Victoria, mientras se sentaba en una mesa en el patio del refugio, rodeada por una docena de personas, incluidas algunas familias con niños.

Junto a ella, Xiomara, de 21 años, narró que dejó su pueblo natal en un área rural de El Salvador el mes pasado, después de que un hombre enmascarado y armado con un cuchillo intentara violarla. Huyó para reunirse con su familia en Tallahasee, Florida, esperando que la llevaran a un refugio de EE.UU, como había ocurrido con sus parientes después de que cruzaran a Texas, el mes pasado. En lugar de ello, la enviaron de regreso a Juárez, también con una fecha de corte para el 15 de enero del siguiente año. Ahora, la joven también planea regresar a casa. “Venimos en un mal momento”, reconoció.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí