Un llamado a California para que elimine el ensayo de las pruebas SAT y ACT

Cada año, más de un millón de alumnos pagan una tarifa adicional para realizar la sección opcional de ensayos del SAT y el ACT, aunque de acuerdo con un análisis del Princeton Review, solo 27 colegios y universidades en el país requieren la calificación de un ensayo. La mitad de esas 27 entidades se encuentran en California, lo cual significa que el Estado Dorado está bien posicionado para poner fin a una gran pérdida de tiempo y dinero para millones de alumnos de preparatoria y sus padres, cada año. En marzo último, Harvard anunció que ya no requerirá el ensayo SAT; Dartmouth hizo lo mismo esta semana. Ahora, la Universidad de California y Stanford deberían poner fin a estas pruebas de una vez por todas.

Hacer que los estudiantes redacten un ensayo como parte del SAT y ACT parece una buena idea. La capacidad de escribir es muy importante a nivel escolar y para la vida, y muchos alumnos no están preparados para hacerlo con la frecuencia y la sofisticación que requieren los estudios universitarios. La prueba de ensayo ACT les pide a los estudiantes que adopten una posición sobre un tema. El SAT les solicita que escriban un análisis retórico de un argumento publicado.

El problema es que los puntajes de los alumnos en estos ejercicios no son grandes indicadores sobre cómo se desempeñarán en el aula, que es lo que se supone que revelan estas pruebas. Cuando el Consejo Universitario rediseñó el SAT y convirtió en opcional al ensayo, en 2016, admitió lo siguiente: “Si bien el Consejo Universitario se mantiene firme en su compromiso con la importancia de la escritura analítica para todos los estudiantes... un solo ensayo históricamente no ha contribuido significativamente al poder predictivo general del examen”.

No es de extrañar, entonces, que tan pocas universidades requieran los ensayos SAT y ACT o que, incluso entre aquellas que lo hacen, haya pocos indicios de que los empleen para determinar si acepta a un solicitante.

Sin embargo, 1.2 millones de estudiantes de la clase 2017, obedientemente, escribieron al menos un ensayo SAT, y alrededor de 1.1 millones el de la prueba ACT. Los redactores de ensayos constituyeron el 70% de todos los que tomaron el SAT y el 53% de quienes tomaron el examen ACT. Suponemos que los números son tan altos porque demasiados alumnos no están seguros de si las universidades a las que se postularán querrán ese requisito; lo toman por si acaso.

Es un costoso “por si acaso”, especialmente en conjunto. La cantidad total de dinero gastado en tomar las pruebas de ensayo no es fácil de calcular: muchos estudiantes se presentan a estas pruebas varias veces, y ni el Consejo Universitario ni el ACT hablan públicamente sobre cuánto reciben cada año solo por los ensayos. Pero podemos hacer algunos cálculos aproximados.

Cuesta hasta $14 agregar la porción de ensayo al SAT, y hasta $16.50 agregarla al ACT, además de los $46 por cada examen. Los evaluadores absorben parte o la totalidad de los costos de los estudiantes de bajos ingresos, alrededor del 20% de los examinados. Si el 20% de quienes tomaron el examen de ensayos de la clase 2017 no pagaron absolutamente nada al Consejo Universitario y al ACT, las compañías aún habrían recaudado más de $25 millones para una medición educativa que casi ninguna universidad desea y aún menos entidades utilizan.

Esos millones no provienen solo de las familias de los alumnos. En más de la mitad de los estados, el SAT o ACT se ofrece durante el horario escolar y los contribuyentes estatales pagan la factura, a tarifa completa para algunos niños y con descuentos para los de bajos ingresos. Tomar pruebas durante el “día escolar” es una política pública inteligente: las investigaciones muestran que ofrecer exámenes gratuitos para el alumno en la escuela aumenta el número de estudiantes que asisten a la universidad.

Pero no es inteligente para los estados pagar por la sección de ensayo adicional. Trece estados agregan ese costo a sus pruebas, y en 10 de ellos -Alabama, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Nevada, Dakota del Norte, Utah, Wisconsin y Wyoming- no hay escuelas que requieran el ensayo del SAT o el ACT.

Es posible que algunos estados paguen por incluir la porción del ensayo porque deben evaluar las destrezas de redacción en sus evaluaciones de onceavo grado. Pero, así como no hay evidencia de que los ensayos de SAT y ACT son buenos predictores del desempeño universitario, no hay estudios publicados que muestren que las pruebas son válidas para evaluar los estándares de redacción de un estado. De hecho, un informe reciente argumenta que la “falta de alineación de los exámenes con los estándares estatales de preparación para la universidad y la carrera significa que no son valoraciones a usar con fines de rendición de cuentas”.

La Legislatura de California está considerando el proyecto AB 1951, que requeriría que el superintendente estatal seleccione el SAT o el ACT como reemplazo de las pruebas PARCC, que en la actualidad toman todos los estudiantes de tercer año de preparatoria (PARCC es el acrónimo en inglés de ‘Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y las Carreras Profesionales’). Debido a que muchos alumnos de onceavo grado necesitan y desean tomar el SAT o el ACT (o ambos) para sus solicitudes universitarias, la eliminación de la evaluación PARCC simplificaría el régimen de exámenes para las escuelas y también reduciría los niveles de ansiedad de los educandos. Pero la elección debería ser entre el SAT o el ACT sin la prueba de ensayo.

Desafortunadamente, esa pequeña modernización nunca ocurrirá mientras las universidades de California exijan el puntaje del ensayo para la admisión, especialmente el gigantesco sistema de la UC y Stanford.

Por el bien del presupuesto estatal y los bolsillos privados de las familias, y para los estudiantes de preparatoria en California y en todo el país que ya tienen suficientes preocupaciones con los exámenes sin el inútil ensayo, la prueba de escritura SAT y ACT debería dejarse de lado. California tiene el poder: que el estado ponga fin a los ensayos.

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