Un populista de izquierda podría ser el próximo presidente de México, gracias a las acusaciones de corrupción contra su rival

De pie frente a una multitud rugiente en la Ciudad de México, durante el lanzamiento oficial de su campaña presidencial, el candidato Ricardo Anaya bullía de ira: “En las últimas semanas... hubo todo tipo de mentiras”, dijo. “A partir de ahora, le decimos al gobierno y a los autores de esta guerra sucia que, cuanto más resistencia enfrentemos, más fuerza ganaremos”.

La campaña electoral de México comienza oficialmente este fin de semana, liberando a los cuatro candidatos que se han clasificado para la contienda del 1º de julio para registrarse en el gobierno y comenzar a gastar fuertemente en publicidad. Pero la carrera, y el drama, llevan meses calentándose.

En noviembre pasado, las encuestas mostraban un empate de Anaya, en el primer lugar, con el izquierdista populista Andrés Manuel López Obrador, tres veces candidato presidencial y exalcalde de la Ciudad de México, quien es una de las figuras políticas más conocidas del país. Detrás de ellos seguía Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, y José Antonio Meade Kuribreña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual también pertenece el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Anaya, un exsenador con gafas del Partido Acción Nacional (PAN), de centroderecha, ascendió rápidamente, en parte gracias a sus mordaces críticas a Peña Nieto y su riesgoso compromiso de investigar las denuncias de corrupción del presidente y su partido.

Hasta que comenzó la campaña de desprestigio.

En febrero, el procurador general de México, designado por Peña Nieto, anunció que estaba investigando un acuerdo de propiedad que involucraba a Anaya y dijo que el candidato es sospechoso de lavado de dinero.

Indagaciones independientes sobre la cuestión concluyeron que Anaya probablemente no infringió ninguna ley cuando compró y vendió un terreno en un parque industrial, en su estado natal de Querétaro. Un grupo de intelectuales públicos -no todos partidarios de ese candidato- firmaron una carta implorando al gobierno que deje de politizar la aplicación de la ley.

Pero la investigación siguió en pie, manchó la imagen anticorrupción de Anaya y remodeló significativamente la carrera electoral. Mientras que su apoyo popular cayó del 30% al 24%, el de López Obrador ha aumentado; ahora tiene una ventaja de dos dígitos sobre Anaya, con el 42% de los votos.

El impacto de la investigación en la campaña de Anaya muestra cuán importante es la corrupción para muchos votantes mexicanos, indignados después de una secuencia interminable de escándalos que involucran a gobernadores, ministros del gabinete y otros aliados de Peña Nieto. Un sondeo reciente realizado por el periódico Reforma determinó que el 47% de los electores “nunca votaría” por el oficialista PRI o por su candidato, Meade.

Los analistas creen que López Obrador aumentó en las encuestas en parte porque los votantes lo ven como un candidato limpio, que no ha sido blanco de acusaciones de corrupción. Así, se han volcado a él en grandes cantidades a pesar de las advertencias de la derecha de que sus propuestas económicas podrían llevar a México hacia un destino similar al de Venezuela.

Mientras que sus opositores han tratado de pintar a López Obrador como una reencarnación de Hugo Chávez -el socialista que gobernó Venezuela de manera autocrática hasta su muerte, en 2013-, su política se parece más a la de Bernie Sanders, excandidato presidencial de los Estados Unidos.

López Obrador ha propuesto dar marcha atrás o modificar las iniciativas de Peña Nieto para abrir el sector energético a la inversión extranjera, y criticó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), actualmente en renegociación con los Estados Unidos y Canadá.

Si bien los mercados mexicanos recibieron su crecimiento en las encuestas con cautela, muchos votantes parecen dispuestos a arriesgar la incertidumbre, consideró Carlos Bravo Regidor, un analista político y profesor en el CIDE, un centro público de investigación ubicado en la capital del país. “Los mexicanos quieren un cambio, y la ira está superando el miedo”, afirmó. “Esta elección no se trata de plataformas, o problemas, ni siquiera de experiencia. Se trata de quién tiene la credibilidad para lograr los cambios”.

Para Bravo, López Obrador ha suavizado algunas de sus posiciones más controvertidas, lo cual también ayuda. “Supongo que ha aprendido”, estimó. “Claramente, se está reconciliando con el hecho de que los votantes mexicanos son más conservadores de lo que a él le gustaría”.

Un tema sobre el cual López Obrador se ha mostrado más dócil esta vez fue con la corrupción. En una entrevista reciente, el candidato dijo que encararía la cuestión, pero que no gastaría energía procesando a Peña Nieto o sus aliados. “No voy a poner al presidente en la cárcel”, afirmó.

Ese tipo de promesas llevó a algunos a preguntarse si el partido de Peña Nieto atacó a Anaya, en parte, porque le teme más que a López Obrador. Algunos incluso han sugerido que podría haber una alianza entre López Obrador y el PRI.

Bravo cree que López Obrador solo está apostando a lo seguro. “Como candidato, tiene más que perder que por ganar”, afirmó. “Quizás Peña Nieto y López Obrador se dieron cuenta de que no tienen mucho que ganar luchando entre sí”.

López Obrador no se ha pronunciado en contra de la investigación de Anaya, incluso cuando el fiscal general de la indagación, Alberto Elías Beltrán, fue criticado.

El caso de Anaya no es la primera vez que Beltrán es acusado de actuar más como un operador político que como un fiscal. En marzo pasado, el procurador optó por no presentar cargos de lavado de dinero y fraude fiscal contra César Duarte, un exgobernador del PRI del estado de Chihuahua, a pesar de la amplia evidencia de que éste había desviado fondos estatales.

El año pasado, Beltrán despidió al líder en la investigación sobre los presuntos sobornos pagados a la constructora brasileña Odebrecht por parte de Emilio Lozoya, un aliado de Peña Nieto, que trabajó en su campaña presidencial de 2012. Más recientemente, un juez federal suspendió la averiguación.

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