Una mujer salvadoreña asegura que su bebé nació muerto; las autoridades la condenaron a 30 años de prisión por homicidio

Teodora del Carmen Vásquez estaba embarazada de nueve meses y en su trabajo, en una cafetería escolar, cuando sintió dolores punzantes en el abdomen.

Marcó el número de emergencias para pedir ayuda, pero no llegó ninguna. Unas horas más tarde, sangrando profusamente y sola en un baño, dio a luz a un bebé. Vásquez dijo que no estuvo consciente al momento del nacimiento, pero que cuando volvió en sí, el bebé estaba muerto.

Cuando las autoridades finalmente llegaron a la escuela, la llevaron al hospital, esposada. La mujer fue condenada por asesinato y sentenciada a 30 años de prisión.

Eso ocurrió en 2008. Vásquez ahora tiene 34 años y pasó casi una década tras las rejas. Su hijo, de 13 años, está siendo criado por su abuela materna.

En una apelación, este mes, ante los mismos jueces que la condenaron, su abogado presentó dos estudios médicos que, según él, probaban que el bebé había nacido muerto, contrarrestando así la autopsia del gobierno que encontró que la criatura pereció por asfixia perinatal después del nacimiento. Este miércoles, la apelación fue denegada.

Vásquez es una de las docenas de mujeres que han estado en prisión en relación con sus embarazos en El Salvador, donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias desde 1998. Incluso si una mujer fue violada, o si su vida está en riesgo, puede enfrentar una pena de prisión de hasta ocho años por realizarse tal procedimiento.

También ha habido penas más duras por lo que los defensores de los derechos de las mujeres consideran abortos espontáneos o nacimientos de bebés muertos. En tales casos, más de una docena de mujeres fueron condenadas por homicidio agravado, un cargo que puede conllevar una sentencia de hasta 50 años de prisión.

Sara García, del Grupo de Ciudadanos por la Despenalización del Aborto, indicó que esos procesamientos y el fallo del miércoles son prueba de que las mujeres carecen de derechos básicos en El Salvador. “Denunciamos al estado salvadoreño porque una vez más hay evidencia de que las vidas de las mujeres no importan”, aseguró.

Según Amnistía Internacional, el suicidio representa el 57% de las muertes de gestantes de entre 10 y 19 años.

García y otros defensores han luchado durante años para cambiar las leyes del aborto en El Salvador, que están entre las más estrictas del planeta. Una legisladora del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FMLN, busca apoyo para un proyecto que presentó a la Asamblea Nacional, que despenalizaría esos procedimientos si un embarazo resultara producto de una violación, o si la salud de la madre estuviera en riesgo.

Pero, al igual que en el resto de América Latina, donde la Iglesias Católica y Evangélica tienen un dominio considerable, la oposición pública al aborto es generalizada en El Salvador.

Una encuesta del Pew Research Center descubrió que el 89% de los ciudadanos de ese país piensa que el procedimiento debe ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos. El sondeo también encontró que para el 45% de las personas usar anticonceptivos es moralmente incorrecto.

Los defensores de la salud femenina afirman que las leyes castigan injustamente a los pobres, porque las mujeres con recursos pueden permitirse abortos más seguros en el mercado negro. Al mismo tiempo, argumenta, la norma perpetúa la pobreza. Más de una quinta parte de las adolescentes de entre 15 y 19 años han estado embarazadas al menos una vez, según la Encuesta Nacional de Salud Familiar. Casi la mitad de ellas eran menores de 18 años y no tenían intención de tener un hijo.

Más aún, Carlos Dada, el fundador del sitio web de noticias El Faro, indicó que las leyes del país favorecen al violador sobre la víctima. “Es mucho más probable que una víctima de violación que ponga fin a ese embarazo termine en prisión, que su atacante”, escribió en un artículo el año pasado.

El fallo del miércoles en el caso de Vásquez generó intensos análisis en El Salvador y a nivel internacional.

Norma Torres, representante de los Estados Unidos, escribió en un tuit que Vásquez estaba siendo castigada por una tragedia: “Nadie debería estar en la cárcel porque ha sufrido un aborto espontáneo o una emergencia médica”, expresó.

Víctor Hugo Mata Tobar, abogado de Vásquez contratado por Amnistía Internacional, planea apelar la decisión ante el Tribunal Supremo.

Traducción: Valeria Agis

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