Un tribunal internacional podría presionar a El Salvador para que cambie la prohibición del aborto
El Salvador es conocido por encarcelar a las mujeres por abortos espontáneos, partos de niños muertos y otras emergencias obstétricas. Una demanda internacional podría provocar un cambio importante.
A los siete meses de su embarazo, Manuela se desmayó en su casa familiar en una zona rural de Morozán, en el noreste de El Salvador.
Sus asustados familiares, que no tenían auto, la llevaron en una hamaca a un hospital situado a muchos kilómetros de distancia. Allí, un médico preguntó a la aturdida mujer, que tenía hemorragias y bultos en el cuello, por su marido. Dijo que había emigrado a Estados Unidos.
El médico llamó a la policía, suponiendo que Manuela había engañado a su marido y se había inducido un aborto para deshacerse de las pruebas. Un agente la encadenó a la cama del hospital.
Las autoridades encontraron más tarde un feto muerto en la casa de la familia, según los documentos legales y las audiencias judiciales. A los pocos meses, Manuela fue condenada a 30 años de prisión por homicidio con agravantes.
El Salvador se encuentra entre las dos docenas de países del mundo que aplican la prohibición total del aborto, lo que significa que no hay excepciones para las víctimas de violación o cuando la vida de la madre está en peligro. El país está en el centro de un caso relacionado con lo sucedido a Manuela, que se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la Organización de Estados Americanos, y que los activistas de los derechos reproductivos esperan que dé lugar a una drástica relajación de las restricciones al aborto.
Las salvadoreñas pueden enfrentarse a entre dos y ocho años de cárcel por abortar durante las primeras 20 semanas de embarazo. Las mujeres acusadas de interrumpir embarazos más avanzados a veces son acusadas de homicidio involuntario, homicidio u homicidio agravado, que implican penas de prisión de al menos 30 años.
Los médicos que realizan el procedimiento pueden perder su licencia para ejercer y enfrentarse a penas de hasta 12 años de prisión. Muchos doctores se ven presionados por la sociedad para denunciar a cualquier persona sospechosa de haber abortado, según testimonios judiciales y entrevistas.
Manuela, que tenía dos hijos, murió de cáncer a los 33 años, apenas dos años después de su detención en 2008. Desde su muerte, se ha convertido en un símbolo para las activistas que presionan por los derechos reproductivos de las mujeres. Algunas pancartas en actos como el Día Internacional de la Mujer dicen “Manuela justicia y esperanza”.
En una rueda de prensa celebrada en marzo, el hijo mayor de Manuela, Santos de Jesús, dijo que no quiere “que esto les pase” a otros, “porque los niños sufrimos. Hemos sufrido desde pequeños. Tenemos a nuestra abuela, pero no es lo mismo”.
Los abogados de la familia dicen que Manuela es un seudónimo, utilizado para proteger a sus familiares del estigma y la violencia.
Los abogados esperan obtener una reparación para la familia, que incluiría tratamiento psicológico y una disculpa del gobierno salvadoreño. También piden que el tribunal revise las condenas de las mujeres que han sido encarceladas tras sufrir emergencias obstétricas, para garantizar que recibieron un trato justo en el sistema judicial salvadoreño.
Guillermo Ortiz, ginecólogo-obstetra que trabajó durante 20 años en un hospital público de El Salvador y que testificó en marzo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, describió un ambiente de trabajo impregnado de miedo.
Si no se denuncian los abortos sospechosos, dijo, los médicos corren el riesgo de ser considerados cómplices. Como resultado, incluso los profesionales de la salud que no estaban de acuerdo con la política se sentían obligados a mantenerla.
“Empezaron a orientarse hacia el intento de establecer si se había cometido un delito”, dijo Ortiz, “incluso cuando se trataba de casos de aborto espontáneo”.
Los agentes de policía, dijo, a menudo entraban en las salas de reconocimiento en busca de mujeres sospechosas de haber abortado y encadenaban a las que aún se estaban recuperando a las camas del hospital. Gran parte de su trabajo consistía en negociar con las autoridades, pidiéndoles que retiraran las esposas al menos durante los exámenes o solicitando agentes de policía femeninos para que las mujeres convalecientes se sintieran más tranquilas, dado que las batas de los hospitales ofrecían poca intimidad.
Las abogadas del Colectivo Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador y del Centro de Derechos Reproductivos, un grupo de defensa legal con sede en Nueva York, dijeron en el tribunal que el médico que supuso que Manuela había sido infiel transmitió esa suposición a las autoridades y, al hacerlo, activó el procedimiento contra ella.
Carmen Martínez, gerente regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, dijo en la audiencia que los agentes de policía que registraron la casa de Manuela se burlaron de sus familiares.
Los documentos que detallan la sentencia de Manuela afirmaron que ella tenía la “capacidad de elegir entre tener [al niño], cuidarlo y vivir para él como cualquier madre biológica lo haría naturalmente”, pero en lugar de ello “optó por una conducta que va en contra de la propia naturaleza”.
Martínez dijo que el lenguaje habla de un estereotipo de género, en el que - “incluso frente a la muerte- la función más alta de una mujer es sacrificarse en nombre de la reproducción”.
Elizabeth Urías, abogada del equipo jurídico de El Salvador, sostuvo que la ruptura de la confidencialidad médico-paciente en la maternidad es necesaria para “proteger a los niños y niñas”, incluidos los no nacidos.
Según la organización salvadoreña sin fines de lucro Grupo Ciudadano por la Despenalización del Aborto, 181 mujeres en el país fueron acusadas de aborto u homicidio agravado en relación con un feto muerto entre 2000 y 2019.
En su informe más reciente, titulado “Del hospital a la cárcel”, el grupo dice que más de la mitad de esas mujeres fueron denunciadas a las autoridades por profesionales de la medicina y que 27 fueron condenadas por homicidio agravado, con penas de prisión que van de 30 a 40 años. El grueso de las mujeres tenía entre 18 y 25 años, a menudo empobrecidas y procedentes de zonas rurales, con escasa formación, como Manuela.
Según el Centro de Derechos Reproductivos, hay 15 mujeres encarceladas en El Salvador en circunstancias similares. Otras cinco, entre ellas dos menores, han sido acusadas de aborto u homicidio agravado.
Hace poco más de dos décadas, El Salvador permitía el aborto si un embarazo era resultado de una violación o suponía un riesgo para la vida de la madre. También se permitía el procedimiento si el feto tenía malformaciones.
Pero a finales de la década de 1990, El Salvador revisó su Constitución y su código penal. Bajo la presión de grupos religiosos, los legisladores definieron que la vida comienza en la concepción y prohibieron los abortos, incluso cuando un embarazo no es viable.
El presidente Nayib Bukele ha expresado en repetidas ocasiones su oposición al aborto. El año pasado, se refirió al aborto como un “gran genocidio” y dijo que las víctimas de violaciones -incluidas las menores- deberían ser obligadas a llevar a término sus embarazos. Aún así, expresó algunos recelos sobre la aplicación de la ley.
“Algo a lo que sí me opongo es que en países como el nuestro se criminalice a las mujeres por tener abortos espontáneos, que por ser pobres se les acuse automáticamente de abortar”, dijo. “Eso es algo que sí creo que podemos combatir”.
El caso Manuela, al igual que el histórico caso Roe vs. Wade de 1973 en Estados Unidos, podría tener un gran impacto en las políticas de aborto de El Salvador.
La decisión del tribunal de derechos humanos podría anunciarse en septiembre.
Muchos de los que se oponen al aborto temen que el caso tenga éxito. En los sectores religiosos conservadores, el caso ha sido objeto de una considerable cobertura mediática. La Agencia Católica de Noticias, por ejemplo -que produce contenidos en cinco idiomas para su distribución en más de 100 países- advirtió que el caso podría “dar luz verde al aborto en El Salvador”.
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