Washington se pregunta cómo regular a las grandes empresas de tecnología

Las llamadas para que el gobierno federal controle la industria de la tecnología se acercaron a un punto álgido en Washington, ya que Facebook Inc. y Google tienen que lidiar con desinformación generalizada y acusaciones de parcialidad política en sus plataformas. Junto con eso, las empresas también están siendo perseguidas por acusaciones sobre su tamaño y dominio en el ecosistema del Internet.

Ahora, los reguladores mejor equipados para hacer algo al respecto están respaldando lo que Washington hace mejor: las reuniones. Montones y montones de reuniones. Hace unos días la Comisión Federal de Comercio celebró la primera de una serie de conferencias para determinar si debería cambiar su enfoque hacia las empresas a la luz de la creciente consolidación en el mundo empresarial estadounidense y la aparición de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.

Detrás de los discursos y la jerga económica, los altos funcionarios están señalando que se podrían producir grandes cambios en la política de cumplimiento.

“Abordo todos estos asuntos con mente muy abierta, y estoy dispuesto a ser influenciado por lo que escuchemos a lo largo de este proceso”, dijo el presidente de la FTC, Joseph Simons, al iniciar el evento. “Tengo la edad suficiente para haber sido testigo de cambios dramáticos en la política antimonopolio y su aplicación durante mi propia carrera”.

En septiembre, se espera que el Departamento de Justicia lleve a cabo una convención de procuradores generales para evaluar si las plataformas tecnológicas pueden haber perjudicado a la competencia y reprimido “el libre intercambio de ideas” en línea.

La agencia ha invitado a los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 24 estados, incluidos California y Texas. El anuncio de septiembre fue visto como una importante escalada de los riesgos que enfrenta Silicon Valley con los reguladores.

Pero, a pesar de las demandas de los críticos por algún tipo de intervención sobre estos temas, los expertos están divididos sobre cómo el gobierno podría comenzar a traducir esas quejas en una política federal significativa y legalmente sostenible.

En la audiencia de la FTC, economistas y abogados debatieron sobre los puntos más delicados de la misión de la agencia. Desplegaron datos que muestran cómo el poder corporativo en diversas industrias, desde aerolíneas hasta hospitales, se ha vuelto cada vez más concentrado. Y debatieron el surgimiento de un nuevo tipo de pensamiento “populista” que promueve la aplicación más estricta de las leyes antimonopolio.

Sin embargo, rápidamente quedó claro que los expertos en competencia estaban luchando para superar incluso las preguntas más básicas: ¿realmente hay un problema que necesita solución? ¿Qué datos económicos podrían probarlo? Y, ¿los reguladores antimonopolio incluso pertenecen en la ecuación, o debería alguien más en el gobierno asumir la responsabilidad?

“Mi interpretación de la evidencia es que, en conjunto, no sabemos mucho que sea relevante para la formación de la política antimonopolio”, dijo Joshua Wright, un ex comisionado republicano de la FTC.

Esto es particularmente problemático, dicen los expertos, cuando se trata de conectar alegaciones de parcialidad política en las plataformas tecnológicas con leyes antimonopolio. Incluso si hubiera evidencia, por ejemplo, de que Google discrimina a los conservadores, lo que la compañía niega, sería virtualmente imposible crear un caso antimonopolio en base a esos argumentos, porque Google no compite en el mismo mercado con los medios de comunicación conservadores.

“Mientras Google no se integre verticalmente en las noticias, la conducta no es discriminatoria” desde una perspectiva económica, dijo Hal Singer, un economista del Instituto de Política Pública de la Universidad George Washington, en una entrevista reciente.

Otros en la audiencia dijeron que los investigadores en economía no entendieron el punto.

“Que tengamos un problema de competencia en Estados Unidos no proviene de artículos publicados en revistas académicas... sino de dos fuentes”, dijo Fiona Scott Morton, profesora de economía en la Universidad de Yale. Primero, dijo, están los resultados de los litigios: los tribunales habitualmente malinterpretan la ley cuando se trata de proteger la competencia. En segundo lugar, “la gente en la economía deambula por la compra de cosas, y la experiencia es una de menos competencia”.

Esto podría ser el resultado de la confusión del consumidor, dijo. O podría ser un error de la profesión económica de estudiar o incluso definir el tema. Quizás son las dos cosas.

Pero en última instancia, lo que nos queda es un enorme desafío para los responsables de la toma de decisiones que se encargan de conectar el clamor público por una “acción” ambigua con las herramientas concretas de la política. Y los más cercanos a las palancas del poder parecen incapaces de ponerse de acuerdo sobre si hay algún problema, y mucho menos sobre cómo manejarlo.

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