Una aplicación de video, la última herramienta de resistencia migratoria en la frontera

Filmar a la policía con teléfonos celulares o cámaras corporales se hizo tan común después de los sonados tiroteos a hombres negros en Ferguson, Missouri; Baltimore y Chicago, que ya se creó una definición para ello: “vigilancia policial” (copwatching). Pero la práctica no se había extendido a la frontera entre Estados Unidos y México, hasta ahora.

Una noche de mayo, una docena de inmigrantes colocaron sillas plegables en un círculo detrás de uno de sus remolques, para entrenarse sobre las más nuevas herramientas de resistencia en las comunidades fronterizas, conocidas como colonias.

Cristela Rocha, una organizadora del grupo comunitario La Unión del Pueblo Entero (LUPE), les contó acerca de MigraCam, una de varias aplicaciones para teléfonos celulares diseñadas específicamente para filmar encuentros con los agentes fronterizos. El nombre proviene del argot en español con el que se designa a las autoridades inmigratorias de EE.UU.

Rocha contó cómo una niña grabó recientemente la detención de su madre y, en su opinión, el maltrato que le propinaron los agentes de la Patrulla Fronteriza, que además le habían quitado el pasaporte. “Tenemos derechos. Si se violan, necesitamos saber cómo capturarlo [en video]”, dijo en español, mientras hacía una demostración de MigraCam.

Rocha ofreció algunos consejos prácticos: tengan en cuenta dónde están filmando, la dirección, fecha, hora y cualquier información de identificación para el agente de la ley y los vehículos. No dejen que los oficiales los obliguen a dejar de grabar, remarcó. Pero si le piden que retrocedan, cumplan.

“El primer instinto es intervenir, pero lo mejor es filmar”, indicó.

MigraCam fue lanzada hace seis semanas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), de Texas, y Quadrant 2 Inc., para ayudar a las personas a enviar por correo electrónico videos y textos que sean evidencia de las acciones policiales con sus familiares. La aplicación gratuita, disponible en inglés y español, fue descargada 5,800 veces e incluye compartir la ubicación, mensajes preescritos personalizables, notificaciones y presentaciones de videos con instructivos como “sepa sus derechos”. Hasta el momento, 190 personas han sido capacitadas para usar la aplicación en el Valle del Río Grande, en Texas.

Otras aplicaciones ofrecen servicios similares, como Cell 411 y Notifica. “Aconsejamos a las personas que registren” las interacciones con la Patrulla Fronteriza estadounidense y los agentes de Inmigración y Aduanas, pidió Cristina Jiménez, fundadora del grupo de jóvenes inmigrantes United We Dream, que creó Notifica.

“Una de las únicas maneras de salvar a las personas de la deportación ahora es organizar y hacer trabajo de defensa de la comunidad”, destacó Jiménez, precisando que la aplicación tiene ahora 12,346 usuarios.

Los críticos remarcan que las aplicaciones alientan a los inmigrantes que están en el país sin autorización a incumplir la ley.

Pero Bruna Bouhid, una vocera de United We Dream, sostiene que Notifica alienta a los inmigrantes a prepararse para encuentros con las fuerzas del orden público, no a desafiarlos. La Patrulla Fronteriza no se opone a la práctica, aunque generalmente prohíbe filmar en los cruces fronterizos y puestos de control.

“Es legal grabar a agentes como a cualquier oficial del orden [o] funcionario público a la vista pública”, precisó Carlos Díaz, portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza no equipa a los agentes con cámaras corporales y de tablero, pero está estudiando la posibilidad de hacerlo. En mayo, la agencia comenzó un programa piloto de seis meses para probar ambos tipos de dispositivos en nueve áreas fronterizas, incluidas dos en California y otras dos en Texas.

“Como la primera agencia federal del orden que completa un estudio de factibilidad de cámaras corporales, ahora estamos listos para desplegar dispositivos de video en entornos fronterizos y evaluar su capacidad de documentar efectivamente los enfrentamientos policiales”, indicó el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan.

La ACLU y otros grupos han presionado a la Patrulla Fronteriza para que exija el uso de cámaras corporales.

“Debemos asegurarnos de que las agencias del orden rindan cuentas, en particular la Patrulla Fronteriza, y que cuando haya una injusticia, quede registrada. De lo contrario, es solo la palabra del agente contra alguien que puede haber fallecido”, advirtió Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos Fronterizos del grupo.

La ACLU se asoció con LUPE para capacitar a los residentes sobre MigraCam, en respuesta a las detenciones e incursiones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas en 2018, indicó Domínguez. La represión es particularmente preocupante en Texas, dijo, donde los legisladores estatales aprobaron una ley (SB 4) que exige a los jefes de policía y sheriffs la cooperación con los funcionarios federales de inmigración, permitiendo que la policía cuestione el estatus migratorio de los arrestados.

Además de grabar, la aplicación envía alertas a los contactos designados si la persona que está filmando queda detenida, y detalla por qué agencia, destacó.

Para los mexicanos en la frontera, “la probabilidad de ser deportados rápidamente es alta. Para cuando sus familiares lo saben, a veces ya han sido repatriados”, prosiguió.

En mayo, un video tomado después de que un agente de la Patrulla Fronteriza le disparara a una joven guatemalteca de 20 años de edad, se hizo viral a nivel internacional y desencadenó protestas tanto en Estados Unidos como en Centroamérica.

Marta Martínez relató que grabó el incidente de la Patrulla Fronteriza después de escuchar un disparo frente a su casa, en Río Bravo, Texas.

El agente abrió fuego contra un grupo de migrantes y alcanzó a Claudia Patricia Gómez González en la cabeza. La mujer murió, y tres hombres que viajaban con ella quedaron detenidos.

El agente fue puesto de licencia, indicaron las autoridades. El FBI y los Texas Rangers están investigando el episodio y se negaron a identificar al agente o a los migrantes.

Martínez, que salió corriendo de su casa cuando escuchó el disparo, afirmó que las fuerzas de seguridad intentaron evitar que filmara. En cambio, dijo, “comenzó a grabar hacia todas partes” después de ver el cuerpo de la mujer.

Martínez, de 39 años, no había sido entrenada para usar MigraCam, pero reconoció que se sintió obligada a registrar imágenes. “Lo hice porque me pareció injusto. Y muchas veces, cuando suceden cosas injustas, la gente no se da cuenta “, expuso Martínez en su casa. Los agentes del FBI la entrevistaron sobre el video, y la mujer recibió cientos de mensajes de televidentes de todo el mundo.

“Muchos mensajes me decían que, si no hubiera filmado, nadie hubiera sabido lo que sucedió”, manifestó Martínez.

Karina Álvarez, fundadora de Laredo Immigrant Alliance, planea incorporar MigraCam a las presentaciones barriales de “Sepa sus derechos” que se realizarán en el vecindario este verano.

Según ella, los residentes ya filmaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza deteniendo personas; luego publicaron las imágenes en grupos privados de Facebook vinculados con mercados que son frecuentados por inmigrantes y sus parientes. Algunas personas “no se dan cuenta de que grabar estos incidentes puede ayudar a muchos, e incluso cambiar la política”, expuso.

En el entrenamiento de Owassa Estates en junio, Rocha aconsejó a los inmigrantes que designen a alguien en su comunidad con ciudadanía u otro estatus legal para grabar a las autoridades.

“Entonces, ¿no puedo hacerlo?”, preguntó Milca González, de 30 años, quien se casó con un ciudadano estadounidense e intenta obtener una tarjeta de residencia (green card) después de vivir en EE.UU. sin autorización durante casi dos décadas. “No”, respondió Rocha. “Pero tus hijos sí pueden”.

Rocha repasó los conceptos básicos: filmar de forma horizontal, a nivel del pecho, demostrando con su teléfono. Se puede filmar desde un automóvil o detrás de una cerca si es necesario, dijo, pero “nunca intervengan en lo que está sucediendo. No se pongan en riesgo “.

Los reunidos, en círculo, asintieron. Eran padres, algunos ancianos, algunos con bebés en sus brazos. Tenían miedo de que las autoridades de inmigración trataran de separarlos de sus hijos. “Nos sentimos impotentes; que no podemos hacer nada. Tenemos que prepararnos”, indicó Alberta Ramírez, de 54 años, una organizadora de LUPE que vive en el remolque adyacente con sus hijos.

Al final de la breve presentación, Rocha solicitó voluntarios dispuestos a grabar imágenes de las autoridades. El esposo de Milca González levantó la mano. Juan “Pancho” González, de 28 años, se ofreció como voluntario porque temía que los oficiales pudieran tratar de separar a su esposa de sus hijos, de 11, nueve y cuatro años de edad. Dos meses antes, la policía persiguió a un sospechoso de drogas hasta su remolque. No interrogaron a su mujer, pero Pancho, un proveedor de servicios médicos a domicilio, está preocupado por lo que podría pasar si la familia vuelve a encontrarse con la policía. “Quiero que mis hijos estén con su madre”, remarcó.

Una joven madre que llevaba un bebé también levantó la mano y ofreció como voluntario a su esposo, un ciudadano estadounidense. Rocha sonrió: “Tenemos dos guardianes”, dijo.

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