Santa Bárbara, el condado que le abrió la puerta a los cultivos de marihuana más grandes del mundo

En un barranco arenoso de las colinas de Santa Rita, una compañía de cannabis planea erigir invernaderos en más de 147 acres (el tamaño de 130 campos de fútbol americano) para crear el mayor cultivo legal de marihuana en la tierra.

Al otro lado del río Santa Ynez, a dos millas de distancia, un agricultor está plantando el segundo cultivo más extenso del planeta, sobre 83 acres. Varios negocios ya son tan grandes como los otros gigantes del mundo, en Colorado y Columbia Británica, según afirman los conocedores de la industria, mientras que una docena más tienen planes de ser aún más vastos.

La famosa región vinícola del condado de Santa Bárbara con sus gigantescos robles y salas de degustación, y Carpintería, la tranquila ciudad costera, se han convertido en la improbable capital del mercado legal de cannabis en California.

Ahora, hilera tras hilera de invernaderos de plástico blanco se extienden en medio de viñedos y fincas campestres, y a los bungalows y escuelas costeras llega el olor de la zona rural de Humboldt.

Presionados por la industria del cannabis, los funcionarios del condado de Santa Bárbara abrieron la puerta a los grandes intereses en los últimos dos años como ningún otro condado en el país. Ello desencadenó una oleada de cultivo -en gran medida no regulado-, en una región que no era conocida anteriormente por la cosecha. Los supervisores del condado votaron para no limitar el tamaño y la cantidad de marihuana plantada allí, y optaron por no investigar las solicitudes de licencias de los productores o realizar inspecciones en los sitios.

También decidieron gravar las operaciones con base en los ingresos brutos en lugar de los pies cuadrados licenciados, como hacen los condados de Humboldt y Monterey, a pesar de que el condado no tiene un método para verificar los números. Hasta ahora, el condado recibió una fracción de lo que sus consultores habían predicho.

Los funcionarios de Santa Bárbara no son los únicos que tratan de atraer el cultivo de cannabis. Pero otros gobiernos locales que buscan este flujo de ingresos están en su mayoría en regiones remotas y económicamente deprimidas, no en zonas costeras y turísticas de alto valor inmobiliario.

En Santa Bárbara, los productores y sus activistas contratados desarrollaron vínculos estrechos con dos supervisores del condado, Das Williams y Steve Lavagnino, quienes impulsaron y ganaron casi todas las medidas significativas que los cultivadores solicitaron. Un tercer supervisor elegido en noviembre, Gregg Hart, contrató a un cabildero de marihuana como su jefe de personal.

El auge del cannabis ha provocado una reacción violenta de los residentes y los viticultores, afectados por el olor, y de los agricultores, que temen que fumigar sus aguacates pueda hacerlos financieramente responsables por contaminar los millonarios cultivos de marihuana. Temiendo por sus negocios y su calidad de vida, se han organizado con grupos de activistas, contrataron abogados, presentaron demandas y apelaciones de zonificación.

El condado ahora intenta controlar la industria con regulaciones y normas más estrictas.

Los votantes de California aprobaron la Proposición 64, que legaliza la marihuana recreativa, en noviembre de 2016. En los siguientes 16 meses, los supervisores del condado de Santa Bárbara trabajaron en planes para regular e imponer impuestos a la industria, permitiendo a la vez su amplia expansión con licencias temporales.

Esta ventana abierta, combinada con ningún límite en el tamaño de los cultivos, atrajo a las empresas poderosas para invertir millones de dólares.

Las granjas en el condado de Santa Bárbara poseen el 35% de todas las licencias de cultivo emitidas en California este año, a pesar de que el condado posee sólo el 1.8% de las tierras del estado. El condado de Humboldt, el centro histórico del universo de la marihuana, tiene un 22%, mientras que los cultivos ilegales continúan dominando el aún más grande mercado negro.

Los funcionarios del condado de Santa Bárbara sostienen que la industria impulsará la economía agrícola, proporcionará empleos y reforzará las arcas del gobierno.

El supervisor Williams indicó que los ingresos por el impuesto al cannabis les permitieron crear un equipo del sheriff que comenzó a erradicar los cultivos ilegales en agosto. “Treinta y cinco redadas en un pequeño condado son muchas”, consideró.

El funcionario prevé que el condado fomentará una industria conforme la ley, pagará sus impuestos y resolverá los problemas que afectan a sus vecinos. Admitió que las acciones de la junta ayudaron a crear una “situación tipo salvaje oeste, que ahora estamos reordenando. Nuestra comunidad está dolorosamente dividida acerca de cómo controlar esta industria”, agregó.

En el extremo sur del condado, en Carpintería, el olor rancio de la marihuana se cuela por los orificios de ventilación de los invernaderos de acero que la floricultura ha usado por décadas. Según los residentes, el irritante aroma hace llorar los ojos y genera ahogos. Algunos se quejan de padecer dolores de cabeza y náuseas.

Casey Adams, de 61 años, quien ha enseñado en Carpintería High School por 33 años, comentó que el olor va y viene. Es peor en la mañana, insistió, y no parece haber cambiado mucho con los sistemas de control. “Todos los días tenemos la garganta irritada”, afirmó.

El condado ordenó que los cultivadores en el Valle de Carpintería, que se asienta en terrenos no incorporados que rodean la ciudad, instalen sistemas de control de olores como parte de sus permisos de uso de la tierra, y aunque la regla no ha entrado en vigor, al menos 12 de las 23 instalaciones lo han hecho, según los funcionarios. Pero es difícil determinar cuánto del aroma es contenido o neutralizado.

Joan Esposito, de 76 años, vive frente a un invernadero y dice que el olor todavía “lo impregna todo”.

No se requieren sistemas de control de olores fuera de Carpintería, en la región vinícola más rural.

En los valles de Santa Ynez y Santa María, el aroma a marihuana puede abrumar las salas de cata de vinos cuando sopla el viento en esa dirección, mientras que vastas filas de casetas de polietileno perturban el paisaje pastoral y amenazan así la economía -dependiente del turismo- de una de las principales zonas vitivinícolas, conocida para muchos por ser escenario de la película de 2004 “Sideways”.

“El olor similar al de los zorrillos es disuasorio para otros animales y humanos”, expuso Tyler Thomas, enólogo de Dierberg, que se asienta en una porción de tierra rodeada por 230 acres que están en proceso de obtener permisos para cultivar marihuana. “No queremos desalentar a las personas que vienen a nuestra sala de degustación”.

Los agricultores más cercanos al cannabis se dieron cuenta de que ya no pueden rociar pesticidas sin temor a ser responsables de contaminar esa plantación vecina. Por ley, la marihuana debe destruirse si da positivo en las pruebas de pesticidas.

“Los niveles de pesticidas establecidos para el cannabis son extremadamente bajos”, explicó Rick Shade, quien administra 600 acres de árboles de aguacate en el Valle de Carpintería.

Los cultivadores de marihuana acordaron firmar un contrato para no responsabilizar a los agricultores por sus cultivos si los fumigan durante un período de tiempo específico. Sin embargo, el mes pasado, los productores de cultivos comerciales decidieron que no querían correr el riesgo.

Sharyne Merritt, que posee 13 acres de aguacates, afirma que incluso el aerosol orgánico que usa normalmente está prohibido para el cannabis, y el único aceptable “es completamente ineficaz”. “Los productores de marihuana ganarán toneladas de dinero, mientras yo voy a perder la mitad del valor de mi cosecha”, se lamentó. “Nadie parece haber pensado bien en esto”.

Graham Farrar, un productor del Valle de Carpintería y presidente de la coalición de cannabis Carp Growers, destacó que él y los miembros de la agrupación seguirían buscando una solución.

Muchos de los cultivadores de cannabis del área de Carpintería estaban antes en la industria de las flores, afirmó, y tienen vínculos profundos en la ciudad. “Realmente nos conviene hacer felices a nuestros vecinos”, dijo. “Me gusta entrar a la cafetería con la frente bien alta”.

La prisa por sacar provecho del cannabis en Santa Bárbara comenzó durante una suspensión de nuevos cultivos.

El 14 de febrero de 2017, los supervisores del condado despejaron el camino: cualquier persona que haya asegurado que cultivaba marihuana medicinal en o antes del día en que se aprobó la moratoria (19 de enero de 2016) podría continuar cultivando la misma cantidad, en la misma tierra, si se registraba en una lista de derechos adquiridos.

Los cultivadores no tenían que proporcionar ninguna evidencia de que eran propietarios o arrendaban la tierra en ese momento, y mucho menos que estaban cultivando cannabis allí. Este registro se convirtió en la lista de facto de los productores legales en el condado.

Cuando el estado anunció en el otoño de 2017 que iba a emitir las primeras licencias de cultivo temporales, el condado recurrió al registro para determinar la elegibilidad. Aquellos en la lista sólo tenían que firmar una declaración jurada bajo pena de perjurio de que cultivaban marihuana medicinal en sus terrenos antes del 19 de enero de 2016.

Los supervisores rechazaron una medida recomendada por la comisión de planificación para que el personal solicitara documentación e investigara la veracidad de lo expuesto.

La declaración jurada se convirtió en la única documentación que el Departamento de Agricultura y Alimentación de California recibía para emitir las licencias estatales. Santa Bárbara fue el único condado que se basó únicamente en ese documento.

La Proposición 64 estipulaba que los cultivos a gran escala no serían autorizados hasta 2023, para que los operadores locales pequeños pudieran establecerse antes de que los grandes intereses corporativos ingresaran al mercado. Los funcionarios estatales de agricultura emitieron permisos para cultivos pequeños, de 10.000 pies cuadrados o menos de espacio de siembra, y licencias medianas por hasta un acre. Pero dejaron una laguna: los productores podían acumular tantas licencias pequeñas como quisieran, y eran las jurisdicciones locales las que debían establecer los límites.

Cuando los supervisores del condado de Santa Bárbara decidieron permitir las licencias ilimitadas, los intereses pudientes de todo el estado vieron una oportunidad.

La autoridad estatal de licencias se vio repentinamente saturada de solicitudes de sitios en el condado de Santa Bárbara, muchas de ellas presentadas por empresas del norte de California y Los Ángeles. Todos afirmaban que habían cultivado en Santa Bárbara desde enero de 2016.

En la región vinícola del valle de Santa Ynez, comenzaron a aparecer largos túneles de invernaderos el año pasado. Apenas tres semanas después de la votación para no poner límites, Iron Angel II se registró en el estado como una compañía de responsabilidad limitada con sede en Agoura Hills. A finales del año tenía 265 licencias pequeñas -más una licencia mediana- lo cual le permitía cultivar 60 acres en total.

Otro cultivo, un complejo de invernaderos de 30 acres, al norte de Buellton, tenía más de 600.000 plantas (antes de una redada por razones que el Departamento del Sheriff no reveló).

Stefanie Keenan dijo que la prisa por plantar causó un aumento en los valores de la tierra, que deja a los pequeños productores potenciales -como ella y su esposo- fuera del mercado. “Están cobrando $10.000 por acre al mes para cultivar marihuana”, expuso Keenan, quien vive en Buellton. La mujer instó a los supervisores a iniciar un programa piloto de productores locales que tendría menos impacto en las comunidades. “Podrían haber facilitado el ingreso de personas. Pero esto es tan abrupto”.

Según Blair Pence, el campo al lado de su bodega en la Autopista 246, en las colinas de Santa Rita, era un cultivo de pimientos hasta la primavera de 2018. Ahora, el cannabis crece en 30 de esos acres y un olor agudo baja por el cañón hasta su casa y su sala de degustación.

Otro cultivo apareció en la parcela al otro lado del terreno de su vecino, junto con dos más frente a la calle, y muchos más a lo largo de la carretera entre Buellton y Lompoc, todo en 2018, dos años después de que los operadores declararan que ya cultivaban allí. “Todos estos tipos están mintiendo”, aseguró Pence.

Una revisión de los sitios en Google Earth confirma su observación de que muchas granjas no estaban allí cuando las declaraciones juradas decían que sí, incluida una operada por un miembro de la junta asesora agrícola del condado, John De Friel, quien está solicitando permisos para trabajar en 83 acres este año. De Friel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Dennis Bozanich, el oficial ejecutivo adjunto del condado, a cargo del desarrollo de las regulaciones sobre el cannabis, indicó que el sheriff ha erradicado unas 20 granjas con licencia porque los operadores mintieron en las declaraciones juradas sobre los cultivos desde el 19 de enero de 2016, y adelantó que hay más investigaciones en curso.

Las licencias temporales del estado expiran este año. El condado ahora exige que los agricultores se sometan a su proceso de permisos para el uso de la tierra, lo cual les da a los vecinos la oportunidad de apelar (no obstante, mientras ese trámite está en curso, los titulares de licencias temporales -con el consentimiento del condado-pueden obtener una licencia provisional del estado que les permita cultivar por otros 12 meses).

Cada día extra ayuda. Una cosecha de 20 acres podría generar más de $40 millones de dólares.

El condado ahora está aprobando rápidamente los cultivos a largo plazo. Esas operaciones estarán sujetas a más regulaciones que los últimos dos años, afirman los funcionarios. Deberán etiquetar e inventariar cada planta, un requisito del estado para garantizar que paguen impuestos y que vendan sólo a los distribuidores autorizados.

Para el área de Carpintería, los supervisores establecen un límite de 186 acres debido a las quejas de los residentes acerca del olor. Pero en otros lugares, el único límite a la superficie es el que soporte el mercado.

A principios de mayo, el abogado de Pence se enteró de que el condado había aprobado un permiso de uso de la tierra para un cultivo de marihuana de 50 acres -más grande que cualquier otro en Colorado o Canadá- frente a la bodega. “Nunca recibí ninguna notificación del condado”, remarcó Pence. “Y sólo tuve un día para apelar”.

La política de cannabis fue desarrollada en gran parte por Bozanich y los supervisores Williams y Lavagnino. Los dos supervisores formaron un comité ad hoc -no sujeto a las leyes de reuniones abiertas de California- que guió a Bozanich y al personal de planificación a redactar medidas temporales y, en última instancia, a una amplia ordenanza para regular la industria.

En las reuniones de la junta, Bozanich, Williams o Lavagnino exponían conceptos que ya habían discutido con los productores -como el registro- y estos se alineaban para apoyarlos durante los comentarios públicos. Si bien hubo numerosas audiencias públicas, pocos residentes asistieron a la mayoría de ellos y, posteriormente, muchos fueron sorprendidos por el alcance de los cultivos, sin poder anticipar las consecuencias de las medidas añadidas aprobadas.

La supervisora que regularmente se oponía a los planes de la industria, Janet Wolf, se retiró este enero y dijo que las acciones de la junta directiva se parecían menos a un debate sobre políticas que a un “hecho consumado”.

“En conclusión, la gente no entendió nada las implicaciones de lo que iba a suceder”, afirmó. “Nunca habíamos enfrentado un gran problema del uso de la tierra, y lo hicimos por un comité especial en los 12 años que estuve en la junta”.

Los correos electrónicos y calendarios publicados en The Times a través de la ley estatal de registros públicos muestran que los cabilderos y productores de marihuana tenían acceso fácil y regular a Williams y Lavagnino.

Erin Weber, consultora de cannabis de California Strategies, una firma de cabildeo con sede en Sacramento, redactó una carta el año pasado para que Williams la enviara a la Comisión Costera, instándola a certificar las regulaciones de la marihuana del condado en la zona de la costa.

“Esto es un registro fiel a lo que discutimos”, respondió Williams en un correo electrónico. “Lo enviaremos sin cambios”. También le dijo a The Times que, debido a que el lado opositor al cannabis también apoyaba las regulaciones, no vio ningún problema en firmar la misiva.

En el otoño de 2017, Weber y su colega Jared Ficker presionaron para que se permitiera a los productores del registro cultivar sin límites. El calendario de Williams contiene una entrada del 4 de septiembre, que reza “Viaje de navegación/buceo” con su esposa y Ficker.

Cuando el departamento de planificación recomendó el año pasado una medida para que los productores de marihuana asumieran todos los costos de las apelaciones a sus permisos presentadas por los vecinos, estos le enviaron un correo electrónico a Williams diciendo que era injusto y lo instaron a rechazarlo. “No te preocupes, lo arreglaré con un modelo de recuperación 50-50. No obstante, no se lo digas a nadie”, le escribió al productor Mike Palmer.

“Estoy en ello”, le escribió a Farrar, presidente de Carp Growers, “Dividiremos los costos si me salgo con la mía”.

“Gracias Das”, le respondió Farrar.

La iniciativa dividiría la mitad del costo por el tiempo del personal del condado -tanto como $14.000 por una sola apelación- sobre el productor, y la otra mitad en la persona que presentara la apelación.

En cambio, los supervisores decidieron no votar sobre la recomendación del personal, diciendo que era injusta para los productores, y dejaron que el condado cargara con el monto total.

Williams se reunía frecuentemente con Farrar. Escribió una carta de recomendación en nombre de Farrar a Culver City, donde el agricultor intentaba abrir un dispensario.

“Hola”, le escribió Farrar en un correo electrónico a Williams en septiembre de 2018 -un par de meses después de que se rechazara la medida de la apelación-, en el cual le recomendaba conciertos para ver en el Santa Barbara Bowl. “The National; eso será increíble... Tengo un evento antes, no estoy seguro de llegar a tiempo, pero definitivamente estaré ahí si puedo”.

En 2017 y 2018, los miembros de Carp Growers contribuyeron con un total de $16.500 al comité de campaña del supervisor, y donaron $12.000 a Lavagnino en el mes previo a la votación final sobre la ordenanza del cannabis el año pasado.

Williams afirmó que las contribuciones y su amistad no influyeron en sus decisiones. “También tengo amigos en la contraparte. Esta es una pequeña comunidad”.

Los correos electrónicos sugieren que Farrar también tuvo una relación casual con Lavagnino, a pesar de que su distrito se encuentra en el extremo opuesto del condado, como Carpintería. Asistieron a una cena de recaudación de fondos juntos en Santa Bárbara para las Olimpiadas Especiales en octubre. Esa mañana, Farrar le escribió al supervisor: “Oye, feliz domingo... ¿Qué planeas para esta noche? ¿A qué hora quieres llegar? ¿Qué tal unos tragos antes?”.

Lavagnino también dijo que tenía amigos en ambas facciones del asunto. El proceso regulatorio y la ley ordenarán “a las personas en esto por dinero rápido” y dejarán a los operadores responsables. “Estas personas han invertido mucho dinero para llegar a este punto”, prosiguió, “van a querer seguir las reglas”.

Lavagnino remarcó en repetidas ocasiones que el objetivo del condado era sacar a la luz una industria ilícita y hacer que pagara impuestos. Los supervisores redactaron una medida fiscal que los votantes aprobaron, que exige a los productores pagar el 4% de sus ingresos brutos al condado.

Esto tuvo un par de ventajas sobre los impuestos por pie cuadrado: los productores no tendrían que pagar por los cultivos fallidos, y los operadores que administraban su propia distribución y empresas minoristas tendrían que pagar impuestos una sola vez, sobre la venta final. Pero en ese momento, el condado tenía un sistema que desconocía cuántas plantas se cultivaban, y cuánto del producto se vendía.

En febrero de 2018, un consultora del condado, HdL Companies, estimó que el condado recaudaría entre $15 y $21 millones en impuestos anuales, de los 47 acres con licencia para cultivar en ese momento. Si esa superficie se expandía, también lo haría el flujo de impuestos. Ese mes, Lavagnino instó a dos de sus colegas escépticos a aprobar un referéndum de gravámenes y una política del uso de la tierra, para que el condado pudiera cosechar las recompensas. “Estoy tratando de generar entre $20 y $40 millones al año para el condado”, detalló.

Para fines de 2018, la superficie de cultivo con licencia había aumentado a más de 630 acres. Incluso si sólo se cultivara una cuarta parte de eso, el condado debería recibir entre $24 y $36 millones anuales en impuestos, utilizando la fórmula de la consultora y el precio por libra de $500 a $750. Pero por los tres trimestres de impuestos recaudados hasta el momento, que cubren la temporada alta de cosecha, el condado recibió sólo $4.6 millones.

“Hemos estado un poco a ciegas”, consideró Bozanich, para quien la situación cambiará más adelante este año, a medida que los productores cumplan con la ordenanza integral aprobada en 2018 y deban registrar cada planta con el estado.

Los líderes de la industria de marihuana en todo el estado remarcan que no hay suficientes dispensarios con licencia en California para comprar lo que se está cultivando.

“O bien se filtrará en el mercado informal o se pudrirá en los almacenes”, expresó Hezekiah Allen, un cabildero de cannabis que dirigió la Asociación de Productores de California durante cuatro años y ahora forma parte de la junta. “Esto es absolutamente ridículo en términos de volumen. Creemos que se necesitan 1.100 acres para abastecer todo el estado”, precisó.

Hasta fines de mayo, los productores en el condado de Santa Bárbara habían solicitado plantar en 1.415 acres.

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