Proteger la privacidad de los inmigrantes indocumentados es una pelea que se cuece a fuego lento en el Área de la Bahía

Las llamadas aterradas a la línea directa de Alba Hernández informaban una posible redada de inmigración. La mujer corrió a la casa de West Oakland y descubrió que los oficiales habían bloqueado el tránsito, en lo que describieron como una investigación por tráfico humano.

La policía no reveló cargos penales por el incidente, ocurrido en agosto. En lugar de ello, dos hermanos guatemaltecos fueron interrogados sobre violaciones civiles a la ley de inmigración y uno quedó detenido durante semanas, según registros judiciales y entrevistas con residentes.

Se suponía que algo así no debía ocurrir en Oakland, una ciudad que ha sido noticia a nivel nacional por la defensa que su alcaldesa hizo de las llamadas políticas de “santuario”, consideraron Hernández y otros activistas por los derechos de los inmigrantes. Oakland ha limitado en gran medida la cooperación policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. (ICE), lo cual generó la ira del procurador general Jeff Sessions.

“Pero, ¿cómo podíamos considerarnos una ‘ciudad santuario’ cuando la policía despejaba el camino para que ICE sacara a la gente de sus hogares?”, se preguntó Hernández.

Pocas ciudades han hecho tanto como Oakland para examinar y hacer retroceder las formas en que las fuerzas del orden, a través de nueva tecnología y bases de datos compartidas, recopilan información personal, imágenes y comunicaciones de sospechosos criminales y transeúntes inocentes por igual. Durante el año pasado, cuando los líderes de la ciudad se mostraron en desacuerdo con los planes inmigratorios del presidente Trump, la Comisión Asesora de Privacidad de Oakland trabajó para garantizar que esas herramientas de vigilancia no se empleen contra los inmigrantes o las comunidades musulmanas.

Cuando la redada en West Oakland provocó la indignación local, las preguntas se alzaron tanto de parte de grupos de derechos de inmigrantes como de la comisión.

Algunos temen que los datos recopilados por la nueva tecnología policial, como los simuladores de torres de telefonía móvil y los lectores automáticos de matrículas, puedan utilizarse para localizar inmigrantes indocumentados, únicamente con el objetivo de deportarlos. Este año, ICE pagó a un contratista por el acceso a los datos de matrículas. También hay preocupaciones acerca de un “registro musulmán” propuesto por Trump.

“Todos los gobiernos han utilizado vigilancia, pero la administración Trump ha sido inflexible sobre lo que está sucediendo en las mezquitas”, expresó Sameena Usman, de la oficina del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses de San Francisco. “No sabemos qué información se puede filtrar a través del gobierno federal y cómo se puede utilizar contra las comunidades vulnerables”.

La Comisión Asesora de Privacidad se formó en enero de 2016, después de que defensores del área lucharon por reducir el alcance de un centro de vigilancia de la ciudad, destinado a salvaguardar el Puerto de Oakland contra un ataque terrorista. Desde entonces, la comisión ayudó a dar forma a las ordenanzas para limitar la asistencia entre la policía y los funcionarios federales de inmigración, y los datos de la policía local que la ciudad comparte con las agencias federales de aplicación de la ley.

Los legisladores de California pusieron atención al tema y la comisión captó la atención de otras ciudades, tanto del estado como de todo el país, donde los funcionarios esperan aprobar políticas de privacidad similares. Mientras tanto, los funcionarios de Trump tienen en la mira a las “ciudades santuario” para las redadas de ICE, amenazan con recortar sus fondos y sugieren que sus líderes deberían ser arrestados.

Aún queda por ver si tales medidas promulgadas en esa ciudad del Área de la Bahía pueden replicarse en otros lugares o si están limitadas a un sitio con un ardiente legado de activismo, consideró el presidente de la comisión de privacidad, Brian Hofer. “Estamos tratando de cortar la información a ICE”, expresó Hofer. “Queremos que las personas conozcan y apliquen lo que Oakland ya ha probado, y esa es la simple frase de ‘control comunitario’. Podemos tener control sobre nuestros datos personales”.

Hofer, activista de Oakland, estaba cambiando de trabajo en 2013 cuando East Bay Express informó sobre los planes para establecer una red de vigilancia en toda la ciudad, llamada el Domain Awareness Center. La red contaría con más de 700 cámaras en escuelas y viviendas públicas, software que permitiría a los oficiales identificar rostros y leer los números de las matrículas, y almacenar los datos compilados de los residentes.

El alcance del proyecto fue tan alarmante para el activista que, una semana después, se unió a Oakland Privacy Working Group. La organización reunió a docentes, activistas sindicales y abogados de derechos civiles para presentar solicitudes de registros públicos e inundar a los funcionarios de la ciudad con sus preocupaciones. Entre otras cuestiones, se quejaron de que la tecnología permitía a la policía recopilar información de localización sensible que revelaba detalles sobre la vida cotidiana de las personas, desde ir al médico hasta marchar en un evento político, además de sus sitios de trabajo y vivienda. Esa información, temían, llegaría al gobierno federal sin supervisión.

Al año siguiente, el Concejo Municipal de Oakland había limitado las capacidades de vigilancia del centro y creado el grupo de trabajo que se convertiría en la Comisión Asesora de Privacidad, con nueve miembros designados. La organización aprobó varias resoluciones sobre el uso de la tecnología de vigilancia, que se promulgaron en ordenanzas municipales.

Entre ellas se encuentran las políticas públicas que ayudaron a la ciudad a cumplir con una ley estatal de 2015 que exigió que la policía revelara el uso de lectores automáticos de matrículas y “mantarrayas” (stingrays). Los dispositivos, que simulan torres celulares, pueden captar las comunicaciones de todas las personas en un área determinada y durante años fueron adquiridos por las agencias del orden bajo acuerdos de confidencialidad que mantenían su existencia en secreto.

Para las autoridades municipales y policiales, las discusiones ayudaron a asegurar a la comunidad que la vigilancia no se usaría sin una orden judicial, y que esta puede generar información crucial para investigaciones criminales y situaciones médicas o desastres naturales. “Es esta idea sobre las implicaciones y consecuencias de la nueva tecnología de vigilancia la que quiero convertir en el estándar de oro en todo el país”, aseveró el comisionado asesor de privacidad Reem Suleiman.

Las reuniones generaron interés nacional. Hofer expresó que profesores de derecho de UCLA y la Universidad de Georgetown le consultaron cómo habían logrado que la policía “hablara tan libremente” sobre una tecnología que los departamentos lucharon durante tanto tiempo en los tribunales para mantener en secreto. La respuesta fue: “Esto es Oakland”.

Las reglas de privacidad de Oakland impulsaron a otras ciudades del Área de la Bahía a emprender políticas propias, o de mayor alcance. En el condado de Alameda, las políticas de mantarrayas ahora requieren que los agentes del sheriff rastreen y divulguen públicamente cómo y con qué frecuencia se utilizan. En Santa Clara, la policía debe tener reglas públicas para el uso de toda la nueva tecnología de vigilancia, no solo stingrays y lectores de matrículas.

Los legisladores estatales preocupados por la privacidad de los inmigrantes prohibieron el año pasado que las agencias estatales y locales compartan información de afiliación religiosa con el gobierno federal, y aprobaron una ley llamada “estado santuario” para limitar en gran medida que las agencias estatales y locales compartan información a pedido de las autoridades federales de inmigración.

Este año, la Legislatura está considerando si se requiere que los agentes de inmigración federales obtengan órdenes judiciales para acceder a la información de licencias de conducir o profesionales de personas que están en el país sin autorización. Un legislador estatal también reimpulsó una legislación que exigiría a las agencias del orden divulgar todos sus equipos de vigilancia.

La legislación de privacidad se redujo anteriormente a nivel estatal en medio de un debate sobre si el estado debía comunicarse con ICE acerca de inmigrantes con antecedentes penales. Algunos defensores de la privacidad de Oakland cuestionan si las propuestas estatales tendrían fuerza real sin la participación de una sólida red de activistas comunitarios.

Hofer destacó que las ciudades a menudo tienen más poder de lo que creen: la ciudad de Alameda rechazó unánimemente un contrato de $500,000 para un lector de matrículas de una compañía que vendió a ICE acceso a su base de datos nacional.

En Oakland, hogar de los Black Panthers, las preocupaciones sobre la vigilancia de los manifestantes políticos y las comunidades minoritarias tiene un largo historial. La policía de Oakland desató la ira generalizada en 2016 por la poco notoria compra de software de monitoreo de redes sociales que, según los activistas de Black Lives Matter, se utilizó para analizar sus tuits.

Mientras la ciudad es atacada con incursiones de ICE, la comisión de privacidad revisa las políticas de datos para toda la tecnología policial y trata de evitar que la información de los lectores de matrículas llegue a las agencias federales. También instó a Anne Kirkpatrick, jefa de policía, a presentar un informe ante el Concejo Municipal sobre la incursión realizada en West Oakland, en agosto pasado.

Kirkpatrick señaló que los policías solo proporcionaron control de tráfico porque ICE ejecutó una orden de registro, y que no violaron las leyes de la ciudad o estatales que limitan la colaboración.

Funcionarios del Departamento de Justicia se comprometieron a revisar las acciones de la alcaldesa Libby Schaaf, quien advirtió a las comunidades de inmigrantes sobre próximas redadas. Desde entonces, el Departamento de Justicia eliminó todas las formas de asistencia entre las fuerzas del orden y los agentes federales de inmigración. Schaaf aseguró que está dispuesta a ir a la cárcel para defender las políticas de su ciudad.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí