Pese a las batallas ganadas por la igualdad de derechos de los homosexuales, las personas trans siguen enfrentando obstáculos

En la era posterior a la igualdad matrimonial en los Estados Unidos, donde las parejas del mismo sexo viven abiertamente y son cada vez más bienvenidas en sus comunidades, partidarios de la derecha conservadora que alguna vez rechazaron los derechos de los homosexuales ahora parecen haber cambiado su enfoque a las personas transgénero.

En lo que va del año, 10 estados han introducido una ráfaga de proyectos de ley que dificultarían la vida de los individuos transgénero, especialmente de los estudiantes que intentan utilizar los baños en coincidencia con su identidad de género. Sumado a ello, a principios de este mes, el Departamento de Educación de los EE.UU. confirmó que ya no investigará las denuncias de derechos civiles de aquellos estudiantes transgénero a quienes se les prohibió usar baños alineados con su identidad de género.

“Estamos viendo propuestas en todo el país que dificultarán que los individuos trans puedan ir a trabajar, a la escuela, participar en la vida pública o incluso hacer cosas tan simples como ir a una tienda o a un restaurante con su familia”, expresó Jay Wu, gerente de comunicaciones del National Center for Transgender Equality (Centro Nacional para la Igualdad Transgénero). “Si se aprueban leyes como esta, ello puede enviar un mensaje a las personas transgénero y sus parientes, de que no son tan valiosos como sus pares y que no merecen tener los mismos derechos que los demás”.

La secretaria de prensa del Departamento de Educación, Liz Hill, consideró que no es noticia que su oficina no investigue las quejas relacionadas con el uso de baños. Ese cambio, precisó, se concretó el año pasado, cuando el presidente Trump rescindió la directiva de la administración Obama de que la discriminación contra los estudiantes transgénero en base a la identidad de género viola el Título IX.

En contra del punto de vista del último expresidente, Hill aseveró que el Título IX prohíbe la discriminación basada en el sexo, no en la identidad de género. “Cuando los estudiantes, incluidos los estudiantes transgénero, son penalizados o acosados por no cumplir con los estereotipos basados en el sexo, allí hay discriminación sexual prohibida por el Título IX”, expresó. “En el caso de los baños, sin embargo, las reglamentaciones de larga data estipulan que separar las instalaciones en función del sexo no es una forma de discriminación prohibida por el Título IX”.

Los defensores de la comunidad LGBTQ, sin embargo, están sorprendidos por la dura postura del Departamento de Educación, y la consideran como una evidencia más de que la gente transgénero enfrenta cada vez más obstáculos: batallas legales, legislación y políticas que dificultan la vida.

Los legisladores parecen no inmutarse por la reacción violenta desatada en Carolina del Norte después de que el estado aprobó su polémica “ley del baño”, a principios de 2016, que en efecto prohibió a las personas transgénero utilizar baños que se alinearan con su identidad de género. Por esa decisión, Carolina del Norte perdió millones en ingresos -nuevos empleadores, convenciones y eventos deportivos-.

De los 10 estados que presentaron legislación vinculada con la comunidad transgénero, siete han elaborado proyectos de normas que son una variación de la ley del baño de Carolina del Norte, según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero. Dos estados, Alaska y Massachusetts, también están considerando iniciativas electorales que podrían restringir las libertades de estas personas.

En Tennessee se presentaron cuatro proyectos de ley relacionados con el uso de los baños, incluidos tres que requieren que el estado proporcione defensa legal para las escuelas que adoptan prohibiciones similares a las de Carolina del Norte, y para los empleados de esas escuelas.

En Dakota del Sur, dos legisladores conservadores propusieron un proyecto de ley para prohibir a los maestros de las escuelas públicas la sola mención de “identidad de género” o “expresión de género” a los estudiantes, desde jardín de infantes a séptimo grado. En New Hampshire, un proyecto de ley hubiera considerado como abuso infantil brindar atención médica relacionada con la transición a un menor, incluidos los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal. El proyecto sucumbió desde entonces en el comité.

“Diría que lo que estamos viendo con la comunidad transgénero es que la historia se repite”, expuso Seth Galanter, director principal del National Center for Youth Law. “Vimos lo mismo hace 60 años con la integración de niños blancos y negros. Lo vimos hace 40 años, al integrar a los niños con discapacidades en las escuelas públicas, y ahora lo vemos con las personas transgénero”, detalló.

Para Galanter, quien trabajó en la administración Obama cuando ésta emitió las pautas de identidad de género, los estudiantes transgénero corren el riesgo de verse privados de las libertades civiles básicas.

Hill consideró que la secretaria de Educación, Betsy DeVos, cree que es tarea del Congreso o los tribunales -y no burocracia- determinar si el término “sexo” en el Título IX abarca o no la “identidad de género”.

Pero Galanter y otros defensores sostienen que las cortes judiciales ya han tomado esa determinación, incluyendo un fallo efectuado en mayo pasado por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos en Whitaker, contra el Distrito Escolar Unificado de Kenosha, Wisconsin. El caso involucró a Ash Whitaker, un estudiante transgénero a quien se le negó el acceso a los baños designados para hombres en su escuela secundaria.

El Séptimo Circuito -que incluye a Illinois, Indiana y Wisconsin- señaló en su dictamen: “Una política que requiere que un individuo utilice un baño que no se ajusta a su identidad de género castiga a ese individuo por su no conformidad de género, lo cual a su vez viola el Título IX”.

Galanter consideró que la decisión de la administración Trump de no proseguir con las demandas de derechos civiles de estudiantes trans sobre la base de la identidad de género supone una carga económica y emocional para esos alumnos y sus padres. “La Oficina de Derechos Civiles ha cerrado sus puertas a estas quejas, mientras que muchas personas no pueden pagar un abogado y no quieren hacer una gran escena en un tribunal”, señaló. “Simplemente quieren que su hijo pueda ir a la escuela”.

Traducción: Valeria Agis

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