La administración Trump restringiría las tarjetas verdes a quienes muestren probabilidades de necesitar asistencia social

A los inmigrantes que dependen de la asistencia social para comida, vivienda y atención médica se les podrían negar las tarjetas verdes (de residencia), según las nuevas normas presentadas por la administración Trump, el 22 de septiembre, que de hecho limitarían la “migración en cadena” de las familias, tal como lo llama el presidente.

El gobierno afirmó que la reglamentación, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), afectaría a unas 382,000 personas al año, pero los opositores remarcaron que podría tener un efecto de congelamiento mucho mayor, que llevaría a los actuales titulares de tarjetas verdes a dejar de usar la asistencia social por temor a ser deportados.

“Aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, indicó la secretaria de Seguridad, Kirstjen Nielsen, en una declaración efectuada este sábado 22, y agregó que la nueva regla “promovería la autosuficiencia de los inmigrantes y protegería los recursos limitados al asegurar que no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”.

La norma es uno de los varios esfuerzos de la administración Trump para restringir aún más la inmigración legal, incluidos los límites para aquellos que desean la tarjeta verde para emigrar a EE.UU., y aquellos que ya están en el país con visas temporales e intentan ajustar su estado para residir aquí de forma permanente.

Aunque no necesita ser aprobada por el Congreso, se enfrentará a una revisión pública de 60 días una vez que sea publicada en el Registro Federal, en las próximas semanas.

“Después de que el DHS considere cuidadosamente los comentarios públicos recibidos sobre la regla propuesta, emitirá una regla final acerca de la carga pública, que incluirá una fecha de vigencia”, precisó la agencia.

Los defensores de los inmigrantes y los demócratas del Congreso ya han prometido luchar contra la norma, y los observadores políticos afirmaron que podría convertirse en un factor en las próximas elecciones de mitad de mandato, que determinarán qué partido controla el Congreso.

“Considero la hostilidad de la administración Trump hacia los inmigrantes como parte de una estrategia de distracción masiva para mantener el enfoque en fomentar la indignación hacia los latinos y alejarlo de la corrupción y los chanchullos que rodean a la Casa Blanca y el partido republicano”, dijo en un comunicado el representante Luis V. Gutiérrez (D-Illinois), presidente del Grupo de Trabajo sobre Inmigración del Caucus Hispano del Congreso.

“La autosuficiencia ha sido un principio básico de la ley de inmigración de Estados Unidos desde los primeros estatutos de inmigración de este país”, afirma la propuesta de casi 500 páginas, que insiste en que “la disponibilidad de la asistencia social no constituye un incentivo para la inmigración”.

En el marco de la ley federal, aquellos que quieren tener una tarjeta verde de residencia deben demostrar que no serán una carga para el estado o una “carga pública”. Pero la nueva norma de carga pública de la administración exigiría que los funcionarios de inmigración otorguen mayor peso a la posible dependencia del solicitante de la asistencia pública.

Los funcionarios también tendrían que considerar ciertas condiciones médicas, como enfermedades mentales, cáncer y cardiopatías, como factores decisivos porque, de acuerdo con la nueva regla, “un extranjero corre un alto riesgo de convertirse en una carga pública si tiene una afección médica y no puede mostrar evidencia de seguro de salud no subsidiado”.

Los inmigrantes de edad avanzada que reciban recetas con descuento a través de la Parte D de Medicare podrían verse obligados a dejar el beneficio o perder su estatus legal.

A los solicitantes que no califiquen para las tarjetas verdes en el marco de la nueva norma se les puede pedir que paguen bonos en efectivo de al menos $10,000 para evitar ser rechazados.

Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración en Washington, que defiende los límites a la migración legal, calificó la nueva regla como algo “largamente esperado”.

“¿Qué tan rico tienes que ser para poder pagar tus propias cuentas?”, se preguntó Krikorian. “El punto aquí es, ¿puedes mantenerte? No hay justificación para admitir a inmigrantes pobres, que necesitan de mi dinero y tu dinero para alimentar a sus hijos... Ya tenemos suficientes personas a quienes apoyar”.

Krikorian remarcó que vivimos en una nueva era de inmigración, en la cual el poema inscrito en la base de la Estatua de la Libertad -”Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas hacinadas que anhelan respirar en libertad”- ya no se pone en práctica. “Nadie que llegara de Sicilia a Ellis Island aceptaba cupones de alimentos”, destacó.

Hasta ahora, alguien era considerado una carga pública si dependía de la asistencia monetaria del gobierno para más de la mitad de sus ingresos. Según la nueva norma, los funcionarios deberían tener en cuenta los beneficios no monetarios, como cupones de alimentos, la asistencia de vivienda de la Sección 8 y los programas de medicamentos con receta de Medicare.

“La idea de que usted pueda recibir estampillas de comida, vivienda [asistencia] y de alguna manera ser considerado autosuficiente de forma mágica, porque no obtiene beneficios en efectivo, es una mentira”, destacó Krikorian. “Esto introduce honestidad en nuestra política inmigratoria”.

El anuncio provocó una fuerte reacción de los demócratas y los defensores de la inmigración.

Gutiérrez señaló que Stephen Miller, el principal asesor del presidente en temas inmigratorios, impulsó la nueva regla y los límites a las admisiones de refugiados, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el estatus de protección temporal, “restringiendo la capacidad de los inmigrantes autorizados de integrarse plenamente y solicitar la ciudadanía”.

Shawn Fremstad, investigador principal del Center for American Progress, con sede en Washington, aseveró que la norma crearía un sistema de castas que favorecería a los inmigrantes adinerados y perjudicaría a la clase trabajadora de México, Sudamérica y Asia.

“Históricamente, el examen público era: ‘¿Puedes trabajar, quieres trabajar y tienes familia aquí? ¿Está unido -por ejemplo casado- a alguien que trabaje?’. Ahora se trata de: ‘¿Trabajarás a un nivel salarial lo suficientemente alto en un buen empleo?’”, indicó, lo cual se reduce a “¿Vas a ser de clase media?”

Aquellos que paguen bonos de $10,000 o más deberán vivir sin una red de contención, sabiendo que un accidente podría llevarlos al hospital y obligarlos a elegir ser atendidos o ser deportados. “Los estás condenado a una especie de ciudadanía de segunda clase”, aseguró Fremstad.

Casi 20 millones de niños en familias inmigrantes podrían verse afectados por la nueva norma, la mayoría de ellos ciudadanos estadounidenses, según un informe de la Kaiser Family Foundation sobre un borrador de la norma.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, calificó la regla propuesta como una “deshonra”. “Nuestro gobierno federal no debería estar involucrado en penalizar a los padres de bajos ingresos, castigar a los niños o atacar a los inmigrantes que trabajan duro, fortalecen nuestra economía, pagan impuestos y cumplen con las reglas”, expresó Garcetti en un comunicado.

“Las comunidades de Los Ángeles serán duramente golpeadas por este cambio. Cientos de miles de nuestros vecinos tal vez no puedan visitar a sus médicos, mantener un techo sobre sus cabezas o pagar un viaje a la tienda de comestibles, si desean permanecer en Estados Unidos. Los líderes en esta ciudad y en todo nuestro país lucharán con uñas y dientes para alejar esta política antifamiliar”.

Los funcionarios de California habían instado a la Casa Blanca a reconsiderar la nueva norma antes de que se anunciara, debido a su impacto desproporcionado sobre los inmigrantes pobres y sus familias.

En junio, representantes de la oficina del procurador general Xavier Becerra, la oficina del gobernador Jerry Brown y los funcionarios de salud estatales describieron los posibles impactos económicos de la propuesta ante los funcionarios de presupuesto en Washington.

En julio, London Breed, alcaldesa de San Francisco, envió una carta a Mick Mulvaney, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, advirtiendo que la regulación le costaría a su ciudad entre $129 millones y $368 millones en beneficios a medida que las familias se retiraran de los programas.

Chandra Johnson, portavoz de la Agencia de Servicios Humanos de San Francisco, declaró que los funcionarios allí estaban analizando la nueva regla y trabajando para disipar los conceptos erróneos. “Nos aseguramos de que las personas entiendan lo que ha cambiado y lo que no, y lo más importante, que quienes califican para los beneficios continúen recibiéndolos”, dijo.

No está claro a cuántas personas podría afectar la norma propuesta en California, un estado que alberga a aproximadamente 2,3 millones de indocumentados en el país. Los dos millones de niños de California inscriptos en el Programa de Seguro de Salud para Niños, o CHIP, parte de Medicaid, constituyen la cuarta parte de los afiliados en todo el país.

Los rumores sobre la propuesta ya han llevado a los inmigrantes a abandonar Medi-Cal; el programa estatal de cupones para alimentos, CalFresh; y el programa de asistencia nutricional para mujeres, bebés y niños, advirtieron los activistas. Algunos titulares de residencias incluso dejaron de utilizar programas no gubernamentales, como despensas comunitarias de alimentos, que no registran el estado inmigratorio de los participantes.

Francesca Costa, del Banco de Alimentos de San Francisco-Marin, trabaja con CalFresh y afirmó que ella y su personal han desanimado a los residentes inmigrantes sin estatus legal de solicitar el beneficio en los últimos meses, debido a las preocupaciones. “Esta política hará que las personas elijan entre alimentar a sus familias ahora o la posibilidad de no poder obtener un estatus legal más adelante”, consideró. Según ella, el anuncio de la administración Trump es “devastador”, especialmente para los mayores y las mujeres embarazadas.

Ciertas categorías de inmigrantes, incluidos los refugiados, los solicitantes de asilo y los afganos e iraquíes con visa de inmigrante especial, estarían exentos de los cambios, según el Departamento de Seguridad Nacional. Los residentes permanentes legales con tarjeta verde que soliciten la naturalización como ciudadanos no estarían sujetos a los cambios propuestos.

De los 41.5 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, el 3.7% recibieron beneficios en efectivo en 2013 y un 22.7% aceptaron beneficios no monetarios, que incluyen Medicaid, subsidios de vivienda o asistencia de calefacción en el hogar, según estadísticas compiladas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Los porcentajes de estadounidenses nativos que reciben las mismas formas de asistencia son casi idénticos. En 2015, el 3.4% de 270 millones de estadounidenses no inmigrantes recibieron pagos de asistencia social en efectivo, según la investigación de USCIS, y el 22.1% obtuvo subsidios no en efectivo.

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