ICE rastrea inmigrantes con la ayuda de las ciudades santuario, según archivos de la corte

Los grupos de derechos civiles en California quieren que la policía y los departamentos del alguacil dejen de enviar información de lectores de placas a una base de datos privada a nivel nacional, y dicen que estos nuevos documentos públicos muestran que los agentes federales de inmigración están usando el sistema para violar las leyes estatales y municipales de las ciudades santuario.

La American Civil Liberties Union del Norte de California (ACLU), que obtuvo los documentos como parte de una demanda de registros públicos contra la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), está pidiendo a los legisladores que soliciten una auditoría estatal para revisar el proceso de intercambio de datos.

Los documentos que suman más de 1.000 páginas de contratos, correos electrónicos, manuales y otros materiales muestra que algunos departamentos que aplican la ley de California han otorgado a ICE acceso ilimitado a los datos personales de los conductores y que los funcionarios federales los están utilizando para rastrear y localizar ilegalmente en el país a los inmigrantes que no tienen antecedentes penales y están protegidos por las ciudades santuario y las políticas de privacidad del estado.

“Creemos que ha habido una clara violación de la ley y estamos pidiendo una investigación adecuada”, dijo Vasudha Talla, una abogada de ACLU. “Los documentos muestran a una agencia fraudulenta [de inmigración federal], que ha agregado vigilancia masiva por medio de su lector de placas automatizado”.

Este es el último caso que plantea inquietudes entre los legisladores demócratas y los grupos defensores de la privacidad, quienes dicen que las leyes de California no están limitando la cantidad de datos personales que los agentes federales de inmigración pueden usar, ya que la Administración Trump ha tratado de aumentar las deportaciones. La policía, los alguaciles y los agentes de ICE argumentan que compartir información y colaboración es vital para las investigaciones criminales.

Los documentos obtenidos por ACLU ofrecen una mirada más profunda en la base de datos de Vigilant Solutions, uno de los proveedores más grandes de software y equipos de análisis de datos para los departamentos de policía y alguaciles de todo el país. Muestran que más de 9.000 agentes de ICE en todo el país tienen acceso al sistema Vigilant a través de un contrato de $ 6.1 millones con los Servicios Especiales de Thomson Reuters que se firmó en diciembre de 2017 y se extiende hasta septiembre de 2020.

Los funcionarios de ICE en la rama de investigaciones criminales de la agencia y su división de aplicación de la ley civil, incluidos los agentes en ciudades santuario como San Francisco y San José, tienen acceso a la base de datos, que los agentes comenzaron a usar en febrero.

Llamada Red de Informes de Archivos de Cumplimiento de la Ley, albergan datos recopilados de lectores de placas por las agencias locales y fuentes comerciales, incluidas compañías de seguros, remolques y estacionamientos. Las cámaras pueden instalarse encima de carros de policía, señales de tráfico o puentes, funcionar a altas velocidades y capturar fotografías de las placas que pasan, creando una hoja de ruta detallada de la hora, fecha y lugares que una persona ha recorrido.

La información se puede almacenar durante años, según Vigilant.

Los documentos divulgados el pasado miércoles incluyen a más de 80 agencias locales que han otorgado acceso continuo a ICE, incluida la policía en Union City cerca de San Francisco, el Departamento del Sheriff del Condado de San Luis Obispo y el Departamento de Policía de Merced.

Los correos electrónicos también muestran a un agente de ICE que le pide a un oficial de la policía de La Habra que realice búsquedas en un centro mixto del Condado de Orange, donde varias agencias policiales trabajan en investigaciones.

“¿Podrías buscar la placa AZ ...?”, preguntó el detective en un correo electrónico. “Por ahora sólo puedo sacar información de las bases de datos comerciales”.

No está claro cuántas personas buscadas por ICE en el sistema tienen antecedentes penales. Sin embargo, los abogados de ACLU dijeron que las consultas y las pautas de privacidad de ICE, que permiten a los agentes de la ley de inmigración civil buscar información en la base de datos con cinco años de antiguedad, muestran que la agencia eludió las reglas de privacidad internas bajo el contrato con Vigilant Solutions y las leyes estatales.

La ley de “estado santuario” de California, que entró en vigencia el año pasado, impide que la policía local y los departamentos del alguacil compartan información sobre las personas que arrestan, interrogan y detienen con las agencias federales de policía y de inmigración, a menos que un sospechoso tenga una condena penal previa en una lista de más de 800 delitos graves y delitos menores.

Otra ley estatal firmada en 2015 requiere que las agencias de aplicación de la ley en todo el estado mantengan las políticas de privacidad pública y las pautas de los lectores de placas y mantengan informes sobre su uso.

Talla dijo que los registros revelaron cómo las agencias en ciudades y condados bajo las leyes santuario, que también limitan la colaboración entre el gobierno local y las agencias federales de inmigración, tienen poco control sobre la información que comparten en la base de datos privada.

“Si no quiere compartirla con ICE, podría compartir con otros terceros que podrían proporcionárselo a ICE”, dijo Talla.

El caso se produce en medio de batallas mayores en la Legislatura de California este año sobre una ley de privacidad del consumidor -el derecho de las personas a controlar su información y el papel de las empresas de tecnología para facilitar las políticas de inmigración de Trump.

Los legisladores estatales, los líderes de la ciudad y los defensores de la privacidad han buscado expandir las leyes que limitan la cantidad de información personal que fluye al gobierno federal, diciendo que las políticas de Trump al buscar más deportaciones e iniciativas de investigación se centran en los datos públicos de estadounidenses musulmanes, minorías étnicas e inmigrantes que están en el país ilegalmente que no representan una amenaza para la comunidad.

La legislación introducida el mes pasado por el asambleísta Rob Bonta (D-Alameda) prohibiría que las ciudades y condados de todo el estado celebren nuevos contratos con cualquier compañía que venda, extraiga o analice información personal para ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

En el sur de California, la asambleísta Lorena González (demócrata por San Diego) dijo que está trabajando con el fiscal general Xavier Becerra, y el gobernador Gavin Newsom, para investigar las denuncias de que los agentes federales de inmigración podrían haber localizado ilegalmente inmigrantes en el país al buscar en la base de datos de licencias de conducir del gobierno estatal, a pesar de que no tenían antecedentes penales.

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