El plan de la administración Trump para el próximo censo dañaría a California. ¿Podrán detenerlo?

El plan de la administración Trump de preguntar a todos en el país si son ciudadanos estadounidenses como parte del censo de 2020 podría costar a California miles de millones de dólares y una banca en el Congreso, advirtieron funcionarios del estado.

Si California y otros grandes estados urbanos que enfrentan efectos similares podrán hacer algo al respecto aún está por verse.

Interrogar sobre la ciudadanía en el censo, una decisión que el gobierno anunció en la noche del lunes, puede parecer un asunto oscuro, pero podría darle a la administración Trump otra palanca para quitar poder y recursos federales de los estados azules en favor de los rojos, tal como sucedió con los recientes cambios en la ley tributaria, que favorecieron desproporcionadamente a los votantes en las regiones republicanas.

El censo, que tiene lugar cada 10 años, no cuestiona acerca de la ciudadanía desde 1950. Eso se debe, en gran parte, a la preocupación de que dicha consulta pueda desanimar de responder no solo a quienes no son ciudadanos, sino también a sus familias.

El resultado podría ser una subestimación significativa de la población en los estados con un gran número de inmigrantes, como California. La mayor parte de esos estados tienen mayorías demócratas, mientras que los estados más republicanos a nivel nacional cuentan con poblaciones de inmigrantes relativamente más pequeñas.

El objetivo principal del censo, valuado en $12,500 millones de dólares, es obtener un recuento exacto de la población para dividir los escaños de la Cámara entre los estados. El conteo también determina cómo el gobierno distribuye los fondos de algunos de sus programas más importantes, como Medicaid.

La Constitución establece una “enumeración real” de la población cada década y señala que “los representantes se repartirán entre los diversos estados de acuerdo con sus respectivos números, considerando la cantidad total de personas en cada uno”.

Esa cláusula, que se ha interpretado a lo largo de la historia de los EE.UU., se refiere a toda la población de un estado, incluidos los ciudadanos y quienes no lo son, aunque algunos conservadores en los últimos años cuestionaron el postulado.

California no perdió tiempo y lanzó una ofensiva en los tribunales contra el anuncio del gobierno nacional, el lunes por la noche. “El estado de California, en particular, puede salir perdiendo si se incluye la consulta sobre la ciudadanía”, afirmó la demanda presentada por el procurador general del estado, Xavier Becerra, en la corte del distrito federal en San Francisco. “Subestimar el número considerable de no ciudadanos californianos y sus parientes que sí lo son pondrá en peligro la participación del estado en los escaños del Congreso y los electores del Colegio Electoral, y le costará a California miles de millones de dólares en fondos federales durante la próxima década”.

“Desde hace mucho tiempo está establecido que debe contarse a todas las personas que residen en los Estados Unidos -ciudadanos y no ciudadanos por igual- para cumplir con el mandato de ‘Enumeración real’ de la Constitución”, afirma la denuncia.

El Departamento de Justicia de Trump solicitó incluir la consulta sobre la ciudadanía alegando que es información crítica para la aplicación de la Ley de Derechos Electorales.

La agencia aseguró que los datos son necesarios para obtener un recuento exacto de las poblaciones con derecho a voto en las regiones donde se alegaron violaciones de la normativa.

Esa solicitud fue inmediatamente confrontada con protestas de legisladores y activistas, quienes cuestionaron el momento y la motivación real. “Interrogar sobre la ciudadanía en el censo no es crítico para hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales”, destacó en un comunicado Eric H. Holder Jr., exprocurador general de los EE.UU. “No se equivoquen, esta decisión está motivada exclusivamente por la política. Al decidir agregar esta pregunta sin siquiera probar sus efectos, la administración se aleja de décadas de políticas de censo e ignora las advertencias de los expertos en la cuestión”.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien supervisa la Oficina del Censo, escribió el lunes en una carta a su agencia que añadir ese interrogante permitiría al gobierno federal obtener datos más precisos, “algo que es de mayor importancia que cualquier efecto adverso que pueda surgir si las personas violan su deber legal de responder”.

Ross escribió que no está persuadido de que la consulta desaliente la participación, pese a las advertencias al respecto. “No hay apoyo empírico concluyente para esa creencia”, afirmó. “Nadie proporcionó pruebas de que haya residentes que responderían con exactitud a un censo decenal que no contenga una pregunta sobre la ciudadanía, pero que no responderían si la tuviera”, escribió Ross.

Si la interpelación conduce a un recuento insuficiente, los efectos podrían ser profundos. El censo se emplea para asignar casi $700 mil millones en dinero federal. Dieciséis estados podrían perder u obtener un escaño en el Congreso, según los resultados del censo.

Antes de que Ross anunciara su decisión, 19 fiscales generales lo habían instado a rechazar la consulta sobre la ciudadanía. Todos los demócratas en el Comité Judicial del Senado escribieron al Departamento de Justicia para cuestionar esta motivación y expresar que están “profundamente preocupados” por la interpelación y el impacto que tendría.

California se encuentra entre los que podrían resultar más perjudicados. El estado tiene 53 bancas en la Cámara, la delegación más grande del país. Pero corre el riesgo de perder una de ellas a manos de otros estados cuyas poblaciones crecieron más rápido en la última década.

Los resultados del censo también tienen en cuenta cómo están delineados los distritos políticos dentro de California. La población ya es una de las más difíciles de contar, según el Public Policy Institute of California. Aproximadamente el 75% de los californianos pertenecen a grupos que históricamente no son contemplados por el censo, entre ellos latinos, afroamericanos e inquilinos.

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