Editorial: Forzar a los salvadoreños a regresar a sus hogares después de 20 años, es una política cruel y deficiente

En un lapso de 30 días en 2001, El Salvador sufrió dos terremotos devastadores; el primero de una magnitud de 7,7, seguido de otro, de 6,6. Las laderas se derrumbaron y acabaron con barrios enteros. Las casas se desintegraron; las carreteras colapsaron.

En total, los dos sismos mataron a 1,156 personas e hirieron a otras 8,122, además de destruir 150,000 casas y dañar otras 185,000. Fue un devastador desastre natural con una devastación valuada en $2,8000 millones.

La administración de George W. Bush respondió entonces con compasión, y permitió que más de 200,000 salvadoreños que estaban en ese momento en los EE.UU. (con y sin autorización) permanecieran y trabajaran aquí bajo lo que se conoce como un Estatus de Protección Temporal, hasta que El Salvador se recuperara lo suficiente como para permitirles un regreso seguro.

El presidente Trump considera que ese momento ha llegado. Después de 17 años, la recuperación por los temblores ha sido suficiente para permitir que los salvadoreños vuelvan a sus hogares, según el Departamento de Seguridad Nacional. Si bien es cierto que el daño causado por los terremotos ha sido reparado, el país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo. Es por eso que la decisión de Trump de terminar con el estatus de protección para más de 200,000 salvadoreños, a partir del 9 de septiembre de 2019, es tan despiadada y peligrosa, que va en contra de los intereses estadounidenses en la región.

Existen numerosos argumentos morales y pragmáticos para permitir que los salvadoreños permanezcan en los Estados Unidos.

En primer lugar, está la cuestión de si los EE.UU. deberían en cualquier caso enviar a personas en contra de su voluntad a un país en el que corren un peligro mortal. Además, se trata de individuos que han estado en los Estados Unidos durante más de 20 años en promedio, y han establecido aquí hogares, familias y, en algunos casos, negocios; es cruel hacerlos regresar después de permitirles construir sus vidas aquí por tanto tiempo. Sumado a ello, se han convertido en padres de unos 192,000 ciudadanos estadounidenses; muchos de esos jóvenes también terminarían viviendo en condiciones peligrosas, en un país en el que no saben ni siquiera si podrían hablar el idioma. Aquellos que no regresaran, serían separados de sus padres.

En este punto, la historia es importante. Una guerra civil sacudió a El Salvador de 1980 a 1992 (los Estados Unidos respaldaron al gobierno en su sangrienta supresión de una insurgencia izquierdista) y desencadenó un éxodo de salvadoreños a los Estados Unidos. En Los Ángeles, eso llevó al inicio de las notorias pandillas salvadoreñas, como la MS-13, cuyos líderes y miembros eventualmente fueron deportados a su país, sembrando las semillas para el surgimiento de las poderosas bandas callejeras y de narcotraficantes que han hecho de El Salvador contemporáneo un sitio tremendamente violento.

El reclutamiento de las pandillas, las golpizas y asesinatos de quienes se niegan a unirse, la violación de hermanas y madres como coacción; esas condiciones generaron vecindarios tan peligrosos que los padres pagan miles de dólares por contrabandear a sus hijos a los Estados Unidos. Es cierto que la violencia de las pandillas no es la razón por la cual a los salvadoreños se les otorgó el estatus de protección, pero sería cruelmente formalista ignorar ese riesgo y obligar a unas 200,000 personas a repatriarse sólo porque algunas casas y hospitales ya fueron reconstruidos desde los terremotos.

Desde un punto de vista pragmático, un regreso forzado podría ser desestabilizador para El Salvador, que depende en gran medida de las remesas enviadas desde los Estados Unidos a los familiares allí. Y, como nación pobre con una población de 6.4 millones, podría tener dificultades significativas para absorber un número tan grande de repatriados.

Desafortunadamente, la ley de 1990 que creaba protecciones temporales no anticipó situaciones en las que las condiciones peligrosas temporales pudieran prolongarse casi indefinidamente. Actualmente, alrededor de 400,000 individuos de 10 países se encuentran en los Estados Unidos bajo el estatus de protección; la administración Trump está poniendo fin al apoyo para ciudadanos de Sudán, Nicaragua, Haití y, ahora, El Salvador. A lo largo de los años, gobiernos anteriores otorgaron y luego levantaron los amparos para personas de Bosnia y Herzegovina, Guinea-Bissau, Kosovo, Kuwait, Líbano, Ruanda y Sierra Leona después de que la agitación en esos sitios disminuyera.

Pero El Salvador no es seguro. De hecho, el Departamento de Estado advierte a los turistas estadounidenses que no viajen allí. Los EE.UU. necesitan un enfoque mejor y más inteligente para tratar con los ciudadanos extranjeros que quedan en el limbo por la prolongada inestabilidad en sus sitios de origen. Y necesita encontrar una mejor solución a la difícil situación de los salvadoreños, en lugar de arrancarlos abruptamente de un país que les hemos dejado llamar ‘hogar’ durante una generación.

Traducción: Valeria Agis

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