Carecen de supervisión y atención adecuada los centros de detención en California

Miembros del personal de los centros de detención de inmigrantes en California tardaban en solicitar valoraciones médicas para pacientes que se quejaban de falta de aliento, no supervisaron adecuadamente a los jóvenes suicidas y en un caso, no consiguieron que un paciente con la presión arterial baja fuera atendido por un médico. Estos y otros problemas de salud y seguridad, se detallaron en dos informes publicados el martes 26 de febrero.

Los informes, producidos por el fiscal general del estado Xavier Becerra y la auditora del estado de California, Elaine Howle, encontraron que la atención médica inadecuada, junto con otros riesgos para la salud y la seguridad, representaron un grave peligro para los detenidos por inmigración.

Becerra y Howle culparon al gobierno federal y local por no supervisar los centros de detención, lo que permitió que las violaciones a la salud y seguridad persistieran.

“Todos en este país tenemos derechos constitucionales, al igual que todos, siempre, desde niños a adultos, merecemos un trato humano”, dijo Becerra, en una conferencia de prensa en San Francisco, durante la cual informó los detalles del informe.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) está comprometido a “garantizar que todos los detenidos reciban un trato humano y profesional”, respondió Lori Haley, vocera de la entidad, en una declaración escrita. “La seguridad, los derechos y la salud de los detenidos bajo el cuidado de ICE son de suma importancia y todas las instalaciones de detención de ICE están sujetas a inspecciones estrictas y regulares”.

La declaración de Haley no abordó los hallazgos específicos del informes.

Becerra describió su informe, como una primera impresión a las condiciones de los 10 centros de California que albergaron a inmigrantes detenidos en 2017, cuando él comenzó su supervisión. En estos centros supervisados por ICE, las personas esperan audiencias de inmigración o deportación.

A medida que el presidente Donald Trump fue intensificando la aplicación de ley de inmigración, los centros federales han sido objeto de un mayor escrutinio, con informes sobre muertes, abusos y atención médica de baja calidad.

Los informes aparecieron el mismo día de una audiencia en el Congreso sobre la detención de inmigrantes y la separación familiar. Durante la audiencia, demócratas interrogaron a los funcionarios de la Casa Blanca sobre la política de separar a los niños de sus padres en la frontera con México.

En los últimos tres años, casi 75.000 detenidos inmigrantes fueron alojados en las 10 instalaciones de California. Los inmigrantes, quienes permanecieron un promedio de más de 50 días en los centros, fueron recluidos en detención civil, no penal.

La Oficina Federal del Inspector General también examinó los centros de detención y reveló problemas de salud y seguridad, tales como, objetos en las celdas que pudieran ser utilizados como cuerdas, la segregación inadecuada y excesivamente restrictiva. El inspector general también encontró que las inspecciones de la agencia federal de inmigración no son consistentes ni exhaustivas.

“Los estándares para estos centros de detención son muy bajos y no están regulados como deberían”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.

Además de las visitas de un día a todas las instalaciones, el Departamento de Justicia de Becerra realizó investigaciones más exhaustivas en tres lugares: el Centro de Detención Juvenil del condado de Yolo, el Centro Theo Lacey en el condado de Orange, y el centro West County en el condado de Contra Costa. El condado de Contra Costa decidió el año pasado, ya no alojar a inmigrantes detenidos en el centro West County.

El departamento encontró una serie de problemas de salud y seguridad en los centros:

• El personal de las instalaciones de Yolo no abordó adecuadamente las necesidades de salud mental de los detenidos y el abuso de medicamentos psicotrópicos. Un joven se había estado cortando a sí mismo, pero no lo pusieron bajo vigilancia.
• Se realizaron exámenes médicos superficiales y fallaron al descartar lesiones graves o problemas de salud, incluido un caso en el que un detenido se quejó de dolor testicular.
• La escasez de personal médico bilingüe comprometió la confidencialidad de la atención médica y dificultó el acceso a la atención.
• Toma de decisiones médicas por personal no calificado, tales como los oficiales de detención y las enfermeras vocacionales con licencia.
• Los servicios dentales a menudo se demoraron, incluido un caso en el que un detenido necesitaba atención de urgencia para una probable “erupción dental”. A otros detenidos se les negaron los empastes y los tratamientos de conductos.

Noheli Sandoval, de 32 años, ingresó a los Estados Unidos en marzo desde Venezuela en busca de asilo, y pasó cuatro meses en el centro West County, en Richmond.

No fue fácil acceder a los servicios médicos en el centro, dijo Sandoval, quien vive en Berkeley. “Tienes que estar prácticamente a punto de morir para que te atiendan”.

Para obtener atención dental tenía que estar bajo intenso dolor, y la lista de espera para recibir ayuda de salud mental era de meses, agregó.

El gobierno federal está consiente de que no ha alcanzado sus propios estándares. Aunque en algunas de las instalaciones ya se han hecho cambios, Becerra dijo, que continuará monitoreándolos para asegurarse de que cubran adecuadamente sus deficiencias. No descartó el tomar acciones legales.

“Nuestro trabajo no ha terminado”, dijo Becerra. “Estamos preparados para hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que las leyes de este país y este estado... no sólo estén protegidas, sino que se cumplan”.

En un segundo informe, igualmente condenatorio, el auditor estatal concluyó que las ciudades de California que tienen un contrato con ICE para alojar a inmigrantes detenidos, tampoco proporciona una supervisión adecuada, lo que pone en riesgo la salud y la seguridad de los detenidos. El informe marca un foco rojo en cuanto a la atención médica en tres centros de detención: Adelanto, en Adelanto; Mesa Verde, en McFarland, y Regional Imperial, en Holtville.

Estas ciudades subcontratan a empresas privadas para administrar y operar los centros de detención, pero hicieron “poca o ninguna supervisión de los operadores privados y simplemente pasaron los pagos federales de ICE a estos subcontratistas”, escribió Howle en una carta a la legislatura.

Gran parte de las preocupaciones en cuanto a salud, planteadas en su informe, fueron producto de una inspección federal sorpresiva en el centro de detención de Adelanto en mayo, donde los inspectores encontraron que los detenidos tenían sábanas colgadas en las celdas y que podrían usarse en intentos de suicidio. En 2017, el personal encontró a un detenido que falleció tras colgarse con sus propias sábanas. El informe dice que también hubo otros tres intentos de suicidio por ahorcamiento.

Esta inspección también reveló que los proveedores de servicios médicos en las instalaciones de Adelanto no realizaron evaluaciones médicas personalizadas de los detenidos en aislamiento, sino que, en un rápido recorrido los atendieron superficialmente desde los pasillos. Las instalaciones tampoco brindaron servicios de intérpretes adecuados para las personas que necesitaban atención o servicios dentales adecuados. Ningún detenido había recibido empastes en los últimos cuatro años, según el informe.

“La ciudad considera muy importante los resultados en el informe y aprecia las recomendaciones”, dijo Michelle Van Der Linden, vocera de la ciudad de Adelanto, en un comunicado enviado por correo electrónico. La ciudad, agregó, está en proceso de formar un comité para supervisar el funcionamiento de esta instalación.

La ciudad de McFarland anunció recientemente que no renovará su contrato con ICE.

Por un lapso de cinco años, período que fue cubierto por un auditor, las autoridades nunca revisaron las quejas ni los informes de inspección, revela el informe.

“Estas ciudades no han hecho lo suficiente para demostrar que cumplen con la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los detenidos”, dijo Michael Kaufman, abogado principal de la ACLU del Sur de California.

Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorial independiente de la Kaiser Family Foundation.