Gobierno de Biden ofrecerá ayuda a comunidades afectadas por la violencia armada
WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos se dispone a ofrecer 85 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes en las comunidades afectadas por la violencia armada y la delincuencia.
Esto forma parte de un esfuerzo del gobierno del presidente Joe Biden para abordar no sólo las necesidades inmediatas de las comunidades tras los actos de violencia, sino también para promover la recuperación y la resiliencia a largo plazo.
Se espera Doug Emhoff, el esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, hable sobre las subvenciones el miércoles.
“Está claro que, ahora que la violencia armada es la primera causa de muerte prematura entre los jóvenes estadounidenses, debemos adoptar un enfoque de salud pública que abarque a todo el gobierno para hacer frente a esta crisis”, declaró Greg Jackson, subdirector de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca.
Dentro de gigantescas carpas blancas que albergan a unos 1.000 inmigrantes cerca del Aeropuerto Internacional de Tucson, los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos demuestran una eficiencia precisa para liberar a los detenidos dentro de los dos días posteriores a su arresto con órdenes de comparecer ante tribunales de inmigración en sus destinos finales.
Biden ha señalado que la violencia armada es una “supertormenta”, que afecta no sólo a las víctimas, sino también a la vida cotidiana de la comunidad. Su gobierno dijo que la respuesta debería parecerse más a la forma en la que actúa tras las catástrofes naturales.
Jackson dijo que las subvenciones proporcionarán recursos clave a las organizaciones comunitarias y a los líderes gubernamentales e invertirán en las personas con mayor riesgo de violencia. Agregó que era una forma de abordar tanto “la falta de oportunidades económicas como la crisis de la violencia armada”.
Las subvenciones estarán abiertas a organizaciones sin ánimo de lucro, gobiernos y líderes cívicos para financiar la educación, la formación profesional y la experiencia laboral remunerada. El dinero se pondrá a disposición a través de la administración de empleo y formación del Departamento del Trabajo.
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