LAREDO, Texas — Jeanette Silva aún no ha decidido qué hará cuando llegue el paquete del censo a su casa, a pocas millas de las orillas de Río Grande.
La pastora de 40 años se siente en conflicto, dividida entre los beneficios que esto podría ofrecerle a su comunidad, incluida su hija, y los riesgos potenciales para su esposo indocumentado. “Mi pequeña tendría más apoyo”, consideró Silva acerca de Deborah, de cuatro años e hija de la pareja. “Pero siempre hay inquietud, miedo, especialmente ahora, acerca de los funcionarios federales”.
El mes pasado, como resultado de un fallo de la Corte Suprema de EE.UU, el presidente Trump abandonó sus intentos de agregar una pregunta de ciudadanía a la consulta del próximo año. Ahora, los activistas en todo el país están haciendo campaña para garantizar a los inmigrantes que es seguro participar en el recuento de una década, que determina cómo se distribuye el dinero y el poder federal.
Pero muchos aquí temen que el daño irreparable ya esté hecho, y se preparan para un recuento bajo.
Entre los grupos con mayor riesgo de no ser contados por completo se encuentran los menores de cinco años. Durante décadas, la Oficina del Censo de EE.UU tuvo problemas para contar ese sector demográfico. En 2010, se omitieron aproximadamente dos millones de pequeños, más que en cualquier otro grupo etario.
El problema es más grave para los niños latinos, que representaron el 40% de los menores de cinco años perdidos en el último recuento.
El condado de Webb, Texas, hogar de Laredo, se ubicó en el peor lugar a nivel nacional, de acuerdo con los datos proporcionados por William O’Hare, un demógrafo que estudió el conteo insuficiente de 2010 para la Oficina del Censo.
Los bajos recuentos más pronunciados ocurrieron en áreas que, como Laredo, tienen grandes poblaciones de inmigrantes indocumentados, según O’Hare.
Algunos demógrafos esperan que el patrón empeore.
Se predice que Laredo tendrá una de las tasas de respuesta más bajas al conteo de 2020, según la Oficina del Censo. Las ciudades del sur de California, como Los Ángeles, y las comunidades fronterizas, también se encuentran entre las más difíciles de contar.
Los impactos de otro bajo recuento serán de gran alcance, afirmó Cassie Davis, analista de investigación en el Center for Public Policy Priorities, un grupo de expertos con sede en Austin. “Cuando los niños pequeños no son contados adecuadamente”, explicó, “eso los afecta durante toda su infancia”.
Los datos del censo se utilizan para distribuir casi $900 mil millones en fondos federales anuales, que apoyan a escuelas, atención médica, cupones de alimentos, cuidado de crianza y educación especial. Los niños latinos, que viven desproporcionadamente en la pobreza, se encuentran entre los más necesitados de ayuda del gobierno.
En Texas, algunos funcionarios locales han estimado que recibirán hasta $1.578 menos por año en fondos federales por cada persona que no sea contada el próximo año.
Para la Oficina del Censo, un complejo conjunto de desafíos sociales y económicos contribuyen al por qué se pasa por alto a los niños latinos, por ejemplo, en las barreras del idioma y las mudanzas frecuentes entre viviendas de alquiler para algunas familias. La agencia cuenta con actividades de divulgación, educación y reformas sobre cómo se administra el conteo, para alentar a la mayor cantidad de personas posible a participar.
Pero una potencial frustración a esos esfuerzos fue el intento fallido de Trump de agregar una pregunta de ciudadanía al recuento del próximo año. La norma estaba en sintonía con la intención del mandatario de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, pero finalmente fracasó a pesar de sus amenazas de avanzar con ella, incluso después del fallo de la Corte Suprema. No obstante, el intento de la Casa Blanca atrajo una fuerte publicidad, y muchos aquí en el condado de Webb ahora temen que la información recopilada por el censo pueda usarse para encontrar y deportar a personas que están en el país sin autorización. La agencia, por su parte, expresó que las respuestas del censo son confidenciales y que sólo se pueden usar con fines estadísticos.
“Para la mayoría de las personas, la Oficina del Censo no es diferente de ICE”, expuso Deborah Griffin, una investigadora jubilada de la Oficina del Censo, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que lleva a cabo las deportaciones.
En el condado de Webb, donde el 96% de los residentes son latinos, “todos conocen a alguien indocumentado”, explicó Arturo García, director del Departamento de Desarrollo Comunitario de Laredo.
García forma parte del Comité de Recuento Completo recientemente formado, que está compuesto por líderes de la ciudad y el condado, y se enfoca en garantizar que nadie quede sin censar. Los titulares recientes sobre las redadas de ICE, señaló, han puesto a la comunidad al límite.
“Uno de los padres podría ser indocumentado y el otro ciudadano estadounidense, y sus hijos son ciudadanos estadounidenses que necesitan ser contados”, dijo García. “Pero es difícil porque, por un lado, las personas tienen un miedo genuino al gobierno federal, pero por el otro les pedimos que confíen en él”.
Para informar a la comunidad, el panel lanzó recientemente una serie de anuncios online y de televisión, en inglés y español, instando a participar en el registro. Los videos enfatizan que cualquier información compartida con los funcionarios del censo es confidencial.
Desde el año pasado, más de dos docenas de estados han creado comités similares, con varios otros a nivel local. Los legisladores en California reservaron más de $150 millones en fondos presupuestarios para programas que garanticen un conteo completo de las poblaciones vulnerables.
Pero Texas, el estado con la segunda población latina más grande del país, no apuntó fondos para hacer frente a un conteo deficiente. En 2010 perdió la mayor cantidad de fondos federales que cualquier estado -$119 millones- destinados a cinco programas federales debido al recuento insuficiente de niños pequeños, según una investigación realizada por Count All Kids, una entidad que agrupa organizaciones nacionales, estatales y locales.
Varios grupos de divulgación, incluido el Fondo Educativo NALEO, una institución nacional que aboga por la participación de los latinos en la vida cívica, están trabajando en comunidades como Laredo para garantizar un censo preciso. “Necesitamos educar a los adultos, porque los niños no pueden hacerse contar”, expuso Arturo Vargas, director ejecutivo del grupo.
Un informe de Leadership Conference Education Fund, un grupo de derechos civiles con sede en Washington, descubrió que los fondos para programas de los cuales dependen muchos niños latinos (subsidios de educación especial, cuidados de guardería, cuidados de crianza temporal) podrían verse gravemente afectados por un conteo insuficiente.
El gobierno federal asigna $8.300 millones cada año para Head Start, los programas de preescolar de infantes destinados a ayudar a los niños a desarrollar habilidades tempranas de lectura y matemáticas. El informe encontró que el 37% de los pequeños latinos en todo el país participan en Head Start.
Si bien la financiación de dichos programas es crucial para ayudar a los chicos latinos, los activistas afirman que es difícil calmar las preocupaciones y evitar un conteo bajo en medio de las noticias casi constantes sobre las redadas.
En una tarde reciente, Mike Smith, director de un centro comunitario en Laredo que aloja a familias peticionarias de asilo, se sentó detrás de un escritorio repleto de volantes que anunciaban próximas protestas y vigilias.
Smith, quien también sirve como pastor en una iglesia de Laredo, comentó que su teléfono en el centro comunitario, ubicado a menos de una milla de la frontera, ha sonado durante meses con llamadas de preocupación. La gente incluso tiene miedo de ir a trabajar, explicó.
Tal como él lo ve, un conteo insuficiente es inevitable y el próximo año será peor que los anteriores. “Es evidente que habrá un recuento deficiente; probablemente será peor que la última vez”, expuso Smith, quien creció en Laredo y tiene parientes que viven sin autorización en el país. “Se le puede decir a muchas de estas familias que la información será confidencial, pero hay mucho miedo, y tienen motivos para estarlo”.
Smith trabaja junto a grupos locales en sesiones para informar a las personas que no tienen que vivir en las sombras, y que poseen derechos. Pero el temor al gobierno federal persiste, dijo, y agregó que muchos también están preocupados por las medidas estatales, como una ley de Texas, de 2017, que prohíbe las ciudades santuario.
A pesar de los temores, algunos en Laredo se enorgullecen de hacer contar a sus hijos. Dicen que ello representa un reconocimiento oficial de su existencia y de su papel en el país. “Puede que yo nunca cuente con papeles, pero ellas lo harán”, reflexionó Ilse Méndez, de 32 años, cuya familia se mudó a Laredo desde su ciudad hermana en México, Nuevo Laredo, cuando tenía dos años.
La madre de Méndez cruzó con ella a Texas a través de Río Grande, inspirada en gran medida por el deseo de obtener un mejor tratamiento médico para la hermana de Méndez, quien nació con un defecto congénito. Como Ilse tenía dos años en ese momento, calificó en 2013 para una protección temporal con la que podía permanecer en el país en el marco de la política de la era Obama conocida como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. La medida, conocida por su abreviatura en inglés, DACA, ahora está ante la Corte Suprema, que dictaminará si la administración Trump puede rescindir las protecciones.
Para ella, que trabaja en el sistema de salud, es fundamental censar a sus dos hijas más pequeñas, Aaliyah, de cinco años, y Aalizah, de tres, ambas ciudadanas de EE.UU. “Son tan estadounidenses como cualquier niño”, aseguró en una tarde reciente, mientras ella y las niñas se sentaban en bancos en un parque, a la orilla del río. Al otro lado de Río Grande, en México, hombres sostenían cañas de pescar en el agua y algunos adolescentes sumergían los pies en la corriente lenta, para escapar de la gran humedad.
Silva, la pastora, agregó que aunque el problema sigue pesando sobre ella, también se inclina por responder al censo.
En un domingo reciente dentro de su pequeña iglesia, Silva predicó un mensaje de amor y pertenencia: los inmigrantes y los solicitantes de asilo, dijo, pertenecen a Estados Unidos. “Se merecen nuestro amor y protección”, afirmó, con los ojos cerrados y las manos apuntando al techo de tejas. “Todos somos uno”.
En las últimas semanas, muchos de sus feligreses no asistieron a la iglesia, comentó, por temor a que los funcionarios de ICE se presentaran allí. Al final de su sermón de 30 minutos, los pocos presentes salieron rápidamente del lugar, hacia el aire caluroso de la tarde.
“Somos una familia enlazada”, dijo Silva. “Todos importamos, y no debemos tener miedo”.
Lee reportó desde Laredo y Kambhampati desde Los Ángeles.
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