Inspectores privados dicen que la vida en los centros de detención de inmigrantes es color de ‘rosa’
Una empresa pequeña de Maryland empleada por el gobierno federal para inspeccionar los centros de detención de inmigrantes en EE.UU ha descrito la vida en cautiverio como una imagen color de ‘rosa’.
En docenas de informes presentados en los últimos 12 meses, los inspectores del Grupo Nakamoto, que suman 11 personas, describieron que los detenidos “no tenían quejas importantes” y decían que las instalaciones cuentan con un ambiente “tranquilo sin indicadores obvios de alto estrés”.
“Ninguno de los detenidos expresó preocupación por el trato que reciben o por su seguridad”, escribieron los empleados de Nakamoto en un informe de marzo de 2019, luego de la inspección del Centro de detención Río Grande en Laredo, Texas, una ciudad fronteriza abrumada por las recientes oleadas de migrantes centroamericanos que buscan asilo.
“Los detenidos estaban satisfechos con todas las condiciones de su reclusión”.
El lunes había confusión entre los migrantes que se dirigían al norte en Tijuana, luego del último intento de la administración Trump de prohibir que prácticamente todos los extranjeros soliciten asilo en Estados Unidos.
Las evaluaciones insulsas de Nakamoto, algunas de las cuales se remontan a más de una década, contrastan con los hallazgos recientes del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, auditores estatales y grupos de vigilancia externos, que han documentado la negligencia médica, la salud mental y el uso inadecuado de confinamiento solitario en múltiples instalaciones de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
Una revisión realizada por Kaiser Health News de miles de páginas de informes de inspección de 2007 a 2012, y de 2017 a 2019, disponible a través de litigios y nuevos requisitos sobre informes federales, revela patrones perturbadores sobre las auditorías de la compañía, incluida una disposición general para aceptar los informes de las instalaciones que le pagan a la empresa para que analicen y descarten las quejas de los detenidos.
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Los resultados muestran que Nakamoto rara vez ha informado malas noticias sobre las condiciones en las instalaciones con fines de lucro y administradas por el gobierno que las audita. Las infracciones en la calidad de la atención médica y la seguridad de los detenidos son poco frecuentes y superficiales, según una revisión de los registros federales y los documentos judiciales.
Por ejemplo, una inspección sorpresa realizada en mayo de 2018 por investigadores del gobierno en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto en el desierto de Mojave en California “reveló riesgos significativos para la salud y la seguridad”, “segregación inadecuada y demasiado restrictiva” y “atención médica inadecuada para los detenidos”, según la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.
Los ataques racistas de Trump contra la representante Ilhan Omar han sacudido a muchos ciudadanos naturalizados, haciendo que algunos sientan que su ciudadanía “tiene un asterisco”.
Una investigación separada realizada en 2019 por Disability Rights California, un grupo sin fines de lucro con autoridad legal para monitorear los centros de detención en California, destacó que a personas con enfermedades mentales graves se les roció con gas pimienta y apuntó múltiples intentos de suicidio no informados.
Sin embargo, Nakamoto llegó a una conclusión muy diferente en su informe de 2018 sobre Adelanto: si bien observó cientos de quejas de los detenidos y 83 agresiones físicas durante el período de inspección, más de un tercio de las cuales resultó en lesiones que requirieron atención médica, su informe concluyó que “sin excepción, los detenidos declararon que se sentían seguros en esta instalación”.
Un informe de junio del inspector general encontró “condiciones inseguras e insalubres” en otros tres centros de detención. Los cuatro habían sido aprobados por Nakamoto.
Varios detenidos actuales y anteriores de Adelanto, dijeron que los retrasos en la atención médica eran frecuentes y que el miedo era generalizado dentro de las instalaciones. Entre las preocupaciones, dijeron, estaba la sensación de que los guardias enviarían indiscriminadamente a los detenidos a confinamiento solitario, conocido como “el agujero”, por la más mínima infracción.
“No importaba si te portabas bien o mal, siempre te iban a colocar en el hoyo”, dijo Lillian, de 49 años, ex profesora de derechos humanos de Caracas, Venezuela, que pidió no ser identificada por su apellido por miedo a las represalias. Estuvo detenida en Adelanto desde noviembre de 2017 hasta que se le concedió asilo en mayo de 2018.
Otros detenidos dijeron que los retrasos en la atención médica eran tan comunes en Adelanto que muchas personas dejaron de presentar solicitudes. “Pones una solicitud médica, y puede llevarles días, semanas o incluso meses procesarla y brindarte el tratamiento que necesitas”, dijo Mario, de 32 años, quien se mudó a Estados Unidos con sus padres cuando tenía 5 años y estuvo en Adelanto durante seis meses en 2018.
Enfrentando la deportación por un delito menor en 2017, Mario ahora está en libertad bajo fianza y trabajando como voluntario con un grupo de derechos de los inmigrantes en Ontario, California. También pidió no ser identificado por su apellido, por temor a que esto afecte su caso de deportación.
El Grupo Nakamoto fue establecido en 2003 por Jennifer Nakamoto, luego de 30 años, la ex empleada del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, sigue siendo la presidenta y única propietaria de la compañía. El gobierno de George W. Bush primero contrató a la empresa para auditar las instalaciones de detención de inmigrantes, y sus contratos se extendieron bajo el presidente Obama.
Durante al menos los últimos dos años, el Grupo Nakamoto, registrado en la espaciosa casa de Jennifer Nakamoto ubicada al oeste de Maryland, ha sido el único contratista responsable de inspeccionar cerca de 100 centros federales de detención de inmigrantes y cárceles del condado que albergan a decenas de miles de inmigrantes no ciudadanos en espera de audiencias de deportación o decisiones sobre sus solicitudes de asilo.
Desde 2007, ICE ha otorgado a la compañía más de $55 millones en contratos gubernamentales para garantizar que las instalaciones cumplan con los estándares federales de detención. Su convenio actual podría alcanzar otros $16 millones.
Nakamoto continúa como el único inspector contratado en las instalaciones de ICE, a pesar de que John Kelly, ex inspector general interino de Seguridad Nacional, emitió un análisis negativo de su desempeño el año pasado.
“Las prácticas de inspección de Nakamoto no son consistentemente exhaustivas, sus registros no examinan completamente las condiciones reales ni identifican todas las deficiencias de cumplimiento”, escribió.
El informe de Kelly señaló que los empleados de ICE dijeron a los investigadores federales que las inspecciones de Nakamoto son “inútiles” y “muy, muy, muy difíciles de reprobar”.
Mark Saunders, vicepresidente ejecutivo del Grupo Nakamoto, declinó discutir el desempeño de la compañía en detalle. En una entrevista, sólo dijo que refutaba las acusaciones en el informe del inspector general, y que la compañía “es la única parte imparcial”. No quiso hacer más comentarios.
Los funcionarios de ICE no respondieron a solicitudes específicas de comentarios sobre el contrato de Nakamoto.
¿Un sello de goma?
Las preguntas sobre la supervisión de Nakamoto se producen cuando el gobierno federal lucha por procesar una afluencia sin precedentes de migrantes que huyen de la pobreza y la violencia de Centroamérica.
La población de detenidos aumentó a 53.000 personas este año, las organizaciones de derechos de los inmigrantes sostienen que ICE está bajo presión para mantener las instalaciones abiertas a cualquier costo, y que la agencia se ha mantenido alejada de las quejas mediante la contratación de inspectores que actúan como aliados de las empresas privadas que ahora albergan a la mayoría de los detenidos.
(Los centros de detención de migrantes con niños que han sido tema de informes de noticias recientes y visitas al Congreso están a cargo de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y son sujetos a un proceso de supervisión diferente).
“Nakamoto tiene este incentivo para no ser tan crítico como podría ser” y así mantener su lucrativo contrato gubernamental, dijo Aaron Fischer, un abogado de Disability Rights California.
Eunice Cho, abogada del personal de ACLU de Washington, calificó las inspecciones de Nakamoto como un “sello de goma”.
Las preocupaciones sobre las condiciones en los centros de detención se remontan a décadas y llevaron a un cambio de política durante la administración Obama. Una ley de 2010 prohibió las instalaciones que fallaran dos inspecciones consecutivas.
El cambio estaba destinado a eliminar los programas mal administrados. En lugar de eso, en años posteriores, los inspectores han tenido menos probabilidades de reprobar las instalaciones. Los examinadores privados desaprobaron casi tres docenas de establecimientos entre 2007 y 2009, y al menos 14 de ellas recibieron notas negativas dos años seguidos.
Pero de 2010 a 2012, sólo una instalación, el Centro de Detención de Adultos del Condado de Freeborn en Minnesota, no pasó una de las inspecciones. Desde mayo de 2018, únicamente un establecimiento parece haber fallado.
La instalación de Adelanto reprobó una inspección en 2011 realizada por un contratista privado diferente, MGT of America, tan sólo para que ICE revocara el hallazgo. Al año siguiente, ICE contrató a Nakamoto para auditar a Adelanto y, a pesar de la muerte de un detenido de 58 años, el establecimiento pasó. Las autoridades federales que luego investigaron concluyeron que Adelanto había cometido “errores atroces”, incluida la falta de atención médica oportuna con la cual podrían haber evitado la muerte.
Nakamoto anuncia inspecciones por adelantado y se basa en los registros de las instalaciones para rastrear quejas, asaltos y otras medidas.
Algunos informes de inspección incluyen descripciones detalladas de percances triviales: empanadas de pollo tibio o herramientas y productos químicos de cocina inventariados incorrectamente.
Pero sus inspectores con frecuencia se burlan de las quejas más graves, desestimando preocupaciones médicas y de seguridad. En una inspección en enero del Centro de Procesamiento del Condado de Otero, un centro de detención con 1.000 camas en Chaparral, Nuevo México, los examinadores de Nakamoto anotaron y descartaron los reclamos sobre las duchas tibias (“las temperaturas del agua se verificaron y estaban dentro de los parámetros”) y las solicitudes de comestibles de los detenidos (“todos eran de países que consumen alimentos no tradicionales que probablemente no están aprobados en Estados Unidos”).
Llegaron a la conclusión de que, “sin excepción, los detenidos declararon que se sentían seguros en la instalación”, operada por Management and Training Corp.
De hecho, los solicitantes de asilo en Otero habían expresado su grave preocupación por las condiciones y las largas esperas de detención, llegando a realizar casi 100 huelgas de hambre el año pasado.
Mientras que los inspectores de Nakamoto anotaron las huelgas de hambre, aceptaron la explicación de la instalación de que estaban siendo organizadas por “ciertas nacionalidades” que “aparentemente creen que deberían ser atendidas con mayor rapidez que otros detenidos”.
Una muerte en detención
De manera similar, en docenas de auditorías en diferentes instalaciones, los inspectores de Nakamoto refutaron metódicamente las quejas sobre la atención médica, en gran parte basándose en registros que los abogados de inmigración dicen que a menudo son inexactos o están incompletos.
Un detenido en Versalles, Mo., por ejemplo, le dijo a un inspector del grupo Nakamoto en febrero que necesitaba anteojos, pero Nakamoto aceptó la resolución de la instalación de no proveerlos justificando que la falta de luz natural podría ser lo que contribuyera a su mala visión.
En el Centro de Detención del Condado de Webb en Laredo, Texas, una mujer dijo que esperó 15 días e hizo dos solicitudes para ver a un médico. Nuevamente, Nakamoto aceptó la respuesta de la instalación: “El detenido fue atendido y tratado de manera oportuna”.
Cho, el abogado de ACLU que está demandando a ICE, alegando maltrato a los detenidos, dijo: “Existe una cultura de no aceptar lo que los detenidos tienen que decir de manera creíble”.
Cuando Kamyar Samimi, ciudadano iraní con residencia permanente, murió bajo custodia en diciembre de 2017, la discrepancia entre la evaluación de Nakamoto y la de los investigadores federales fue sorprendente.
Samimi, de 64 años, había sido arrestado en su casa de Denver el 17 de noviembre de 2017, debido a una condena por drogas del 2005. Dos semanas más tarde, mientras estaba detenido en las instalaciones de ICE en Aurora, Colorado, vomitó sangre, dejó de respirar y murió 17 minutos después de llegar a un centro médico cercano.
En una inspección varios meses después de la muerte de Samimi, los inspectores de Nakamoto informaron que se había quejado de depresión y abstinencia de metadona, un medicamento recetado que tomaba a diario para tratar una adicción de mucho tiempo. Había sido puesto bajo vigilancia de suicidio, dijo la compañía, pero no se encontraron preocupaciones sobre su tratamiento médico.
En su investigación sobre la muerte, la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE encontró que el personal no había administrado completamente sus medicamentos y no buscó tratamiento de emergencia de manera oportuna.
Cuando la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts escribió a Jennifer Nakamoto en noviembre pasado para expresar “profunda preocupación” por el trabajo de la compañía, Nakamoto dijo que el inspector general no entendía las complejidades de las personas recluidas en centros similares a prisiones.
En su respuesta por escrito, Nakamoto se refirió burlonamente a los inspectores del gobierno entre comillas y cuestionó sus calificaciones. Se describió a sí misma como “una mujer de las minorías muy trabajadora, que se arriesgó hace 15 años al formar una pequeña empresa para tratar de abrirse camino en este gran país”. Sostuvo que su gente es experta en su campo y “defensores firmes de derechos de los detenidos”.
“Nuestra ética de trabajo es insuperable”, escribió. “No informamos incorrectamente ni tergiversamos la información en nuestros informes”.
Varney escribe para Kaiser Health News, un servicio de noticias sin fines de lucro que cubre temas de salud. Es un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation que no está afiliado a Kaiser Permanente.
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