Juez ordena que San Diego deje de multar a personas sin hogar que viven en vehículos

Un juez federal ordenó que San Diego deje de multar a las personas sin hogar por vivir dentro de vehículos, y calificó como demasiado imprecisa para su aplicación efectiva a la ley de la ciudad que había estado vigente por mucho tiempo y que prohíbe tal comportamiento.

La medida cautelar emitida el martes por el juez de distrito de los Estados Unidos Anthony Battaglia es una victoria para un grupo de personas discapacitadas sin hogar que viven en vehículos recreativos y que presentaron una demanda el año pasado contra la ley, que según ellos es discriminatoria.

Si bien la orden judicial solo estará en vigencia hasta que Battaglia resuelva el caso, el juez dijo que espera finalmente fallar a favor de las personas sin hogar.

“La corte encuentra que los demandantes han demostrado una probabilidad de éxito sobre los méritos de su reclamo de que la ordenanza es vaga porque no alerta al público sobre qué comportamiento es legal y qué comportamiento está prohibido”, escribió Battaglia.

Dijo que la ley para habitar vehículos no indica específicamente qué convierte a un vehículo en el hogar de una persona o “vivienda”, señalando que la gente ha sido multada de acuerdo con la ley por leer un libro dentro de su vehículo.

Antes de que se entablara la demanda en noviembre pasado, los funcionarios y abogados de San Diego para las personas sin hogar discutieron los posibles cambios en la aplicación que permitirían a las personas sin hogar estacionar sus vehículos recreativos en algún lugar legal.

La medida cautelar de esta semana podría permitir que las dos partes revisen esas discusiones y propongan una solución.

Además de prohibirle a la ciudad emitir multas, la orden judicial impide que la ciudad confisque vehículos según la ordenanza y que persiga las multas pendientes que hayan sido emitidas pero no procesadas.

Battaglia le dio a los funcionarios de la ciudad 30 días para presentar un informe al tribunal detallando cómo San Diego ha cumplido con la orden.

Una portavoz de la fiscal municipal Mara Elliott declinó el miércoles discutir la orden, diciendo en un correo electrónico que solo “revisaremos el fallo y asesoraremos a nuestro cliente”.

San Diego recibió buenas noticias de Battaglia, quien dijo que una ordenanza municipal separada que prohíbe el estacionamiento durante la noche de vehículos recreativos y vehículos de gran tamaño parece ser legalmente sólida.

La demanda presentada por las personas sin hogar con discapacidad apunta a esa ordenanza como discriminatoria, además de la ley para habitar vehículos.

La demanda afirma que ambas leyes ilegalmente impiden a las personas sin hogar con discapacidad vivir y dormir en vehículos recreativos estacionados durante la noche en las calles de la ciudad.

La ordenanza de estacionamiento nocturno, promulgada por la ciudad en 2014, prohíbe que dichos vehículos se estacionen en cualquier calle de la ciudad de San Diego o en cualquier estacionamiento público entre las 2 a.m. y las 6 a.m.

Battaglia declinó el martes bloquear esa ley, sosteniendo que las personas sin hogar y sus abogados no demostraron que se haya aplicado de manera discriminatoria contra las personas sin hogar.

También escribió que la ley no parece sufrir la misma vaguedad que la ley para habitar vehículos.

“Si bien el tribunal simpatiza con que esta ordenanza deja a los demandantes sin lugar para aparcar entre estas horas y es decididamente injusto, la ley no es ambigua, poco clara o vaga de ninguna manera”, escribió Battaglia.

Los estacionamientos especiales establecidos el año pasado en San Diego permiten estacionamiento durante la noche para personas sin hogar, pero no aceptan vehículos recreativos y tienen mucho menos espacio del que necesitarían las aproximadamente 1000 personas sin hogar que viven en vehículos a nivel local.

Los lotes seguros de la ciudad también requieren que los usuarios soliciten espacios en refugios locales para personas sin hogar, una medida que no tiene sentido para la mayoría de las personas discapacitadas que viven en casas rodantes porque los refugios no son entornos apropiados para ellos, dice la demanda.

Con respecto a los albergues, la demanda dice que las personas con discapacidades físicas pueden tener dificultades con las escaleras y que las personas con problemas de salud mental no funcionan bien en condiciones ruidosas, sucias, inseguras y de hacinamiento en las que hay poca o nula privacidad.

La demanda dice que la ley para autos rodantes y la ordenanza de vivienda vehicular violan numerosos derechos constitucionales de los Estados Unidos y estatales, incluida la prohibición de la Octava Enmienda sobre el castigo cruel e inusual y las protecciones del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda.

La aplicación de las dos leyes también viola las protecciones contra la discriminación del Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, dice la demanda.

En junio, los abogados de la ciudad argumentaron que las leyes son neutrales y no pueden ser impugnadas en virtud de las leyes de discriminación por discapacidad porque se aplican a todos, independientemente de su estado de discapacidad.

Battaglia, sin embargo, dijo en junio que una política “puede violar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Rehabilitación si impacta de manera desproporcionada o impone una carga desproporcionada sobre los discapacitados”.

El litigio, presentado en nombre de nueve personas sin hogar con discapacidad, es una demanda colectiva.

Fue presentado por Disability Rights California y el National Law Center on Homelessness & Poverty. Los abogados de cualquiera de las organizaciones no pudieron ser contactados para comentar el miércoles.

Garrick escribe para el U-T.