Proyecto al frente de la bahía en Chula Vista peligra por disputa entre el Puerto y el aeropuerto

Un cargo de 3.50 dólares por cada alquiler de auto en el aeropuerto amenaza el futuro del hotel y centro de convenciones frente a la bahía de Chula Vista.

El gravamen también amenaza con abrir una brecha profunda entre el Puerto de San Diego, que aprobó el cargo, y el aeropuerto de San Diego, cuyo órgano de gobierno ya presentó documentos legales objetando el cobro por alquiler de automóviles.

El corazón del pleito que hierve a fuego lento es una tarifa añadida a los coches de alquiler en el Aeropuerto Internacional de San Diego y otras ubicaciones que el puerto implementó en mayo para ayudar a asegurar un estacionamiento de 1600 autos en el proyecto Chula Vista. Eso provocó una demanda presentada contra el puerto en junio por dos compañías de alquiler de automóviles, quienes argumentan que la tarifa es un impuesto especial y requiere la aprobación de los votantes.

Hertz Corporation y Enterprise Rent-A-Car pidieron a la corte que ordene al puerto que deje de cobrar la tarifa y reembolse todo lo que ya se haya cobrado, que asciende a casi 328 mil dólares hasta fines de junio.

La Autoridad del Aeropuerto Regional de San Diego, que insiste en que el puerto no tiene el derecho legal de imponer dicha tarifa, intervino en la demanda de las compañías de alquiler de automóviles el mes pasado, desencadenando fuertes ataques del puerto y los líderes de South Bay.

El presidente del puerto, Rafael Castellanos, calificó la decisión de la Autoridad Aeroportuaria de unirse a la demanda como “un acto miope y hostil que interfiere con 20 años de duro trabajo” por parte del puerto y Chula Vista.

Se espera que el proyecto largamente planificado que requiere una inversión de mil millones de dólares, que siempre tuvo la intención de estimular la revitalización del litoral de la ciudad, tenga aproximadamente 1600 habitaciones de hotel, 275 mil pies cuadrados de espacio para convenciones y eventos y comodidades estilo centro turístico como restaurantes, bares y un spa.

La alcaldesa de Chula Vista, Mary Casillas Salas, también estaba preocupada por una acción que, según ella, vino sin previo aviso.

“Es desconcertante que una organización regional demande, sin previo aviso o consulta, a otra organización regional para poner en peligro un proyecto de importancia regional desafiando un aspecto clave de su financiamiento”, dijo Salas.

Hasta ese punto, la autoridad aeroportuaria responde que los funcionarios del puerto nunca tuvieron la cortesía de notificarlo de su plan para evaluar la tarifa. De haberlo hecho, dice la presidenta de la Autoridad Aeroportuaria, April Boling, podría haber habido un resultado más agradable.

“El liderazgo del puerto y del aeropuerto se reúne regularmente una vez por trimestre. Nos reunimos en marzo, nos reunimos en mayo y nunca nadie mencionó esto”, dijo Boling. “Nuestra preocupación es que la Ley de la Autoridad Aeroportuaria impide que cualquier entidad que no sea la Autoridad del Aeropuerto cobre una tarifa a los inquilinos en el aeropuerto. Creo que las compañías portuarias y de alquiler de automóviles en algún momento participarán en algunas negociaciones y quiero asegurarme de que estamos en la mesa para asegurarnos de que nuestros intereses estén protegidos. Esto se convirtió en algo muy grande cuando en realidad no lo es”.

Así no es como lo ve la asambleísta Lorena Gonzalez Fletcher. La decisión de la Autoridad Aeroportuaria la enfureció, tanto que anunció que se estaba retractando de un proyecto de ley que, según ella, era una versión mucho más moderada de la legislación anterior que habría devuelto el control del aeropuerto al Puerto de San Diego.

“La Autoridad Aeroportuaria no puede funcionar como un feudo sobre sí misma y esperar jugar un rol significativo y constructivo en la solución de las necesidades apremiantes de las comunidades que dependen de que sea un motor económico para la región”, dijo en un comunicado.

La asambleísta dijo que volvería a revisar el proyecto de ley durante la próxima sesión legislativa y, aunque mantendrá la mente abierta, agregó: “está claro que el acuerdo actual no lo está recortando”.

El puerto, que supervisa el desarrollo en las tierras costeras estatales a lo largo de la bahía de San Diego, utilizó anteriormente las tarifas de alquiler de automóviles para financiar una estructura de estacionamiento cerca del Centro de Convenciones de San Diego. Tanto el aeropuerto como las compañías de alquiler de automóviles, que operan desde el centro de alquiler de autos de Lindbergh Field de dos años de antigüedad, son inquilinos del Puerto de San Diego.

Dijo Salas: “Si las tarifas de alquiler de automóviles son apropiadas para las estructuras de estacionamiento en el aeropuerto y el Centro de Convenciones de San Diego, ¿por qué las tarifas son inapropiadas para una estructura de estacionamiento en el centro de convenciones en la bahía de Chula Vista? La Autoridad no debería tratar a las ciudades de South Bay de manera diferente a como trata a la ciudad de San Diego”.

Boling, sin embargo, señala que en el momento en que la tarifa estaba previamente establecida, las compañías de alquiler de autos no estaban operando en la propiedad del aeropuerto, lo cual es el núcleo de la argumentación legal del aeropuerto.

Se espera que las tarifas generen 5 millones de dólares al año y permanezcan vigentes hasta que se paguen las instalaciones de estacionamiento de Chula Vista. Los costos estimados de construcción son de 40 millones de dólares, según el puerto.

Salas dice que la intervención legal de la Autoridad Aeroportuaria amenaza un proyecto que se espera que genere miles de empleos y atraiga a cientos de miles de visitantes a Chula Vista cada año.

El proyecto de hotel y centro de convenciones también es parte integral del futuro económico de Chula Vista.

La ciudad enfrenta un déficit presupuestario de 10 millones de dólares en el año fiscal 2020. Debido al aumento de los costos de las pensiones, los analistas de la ciudad esperan que el déficit aumente año tras año en el futuro previsible.

El consejo municipal ha expandido y diversificado los ingresos al atraer a las empresas como su principal prioridad. El hotel y el centro de convenciones se consideran una parte importante de ese objetivo y un catalizador para el desarrollo futuro en la bahía.

Si bien puede ser así, las compañías de alquiler de autos argumentan en su demanda que el mecanismo de financiación del puerto no beneficia a sus clientes.

“Dado que la estructura de estacionamiento no se ha construido, ninguno de los clientes que pagaría el cargo puede ‘usar’ la estructura de estacionamiento”, dice la demanda. “Además, incluso si la estructura de estacionamiento se construye en el futuro, solo un porcentaje minúsculo de los clientes de Enterprise usaría alguna vez la estructura de estacionamiento de Chula Vista, que está aproximadamente a 10 millas del aeropuerto de San Diego”.

El Puerto de San Diego sostiene que las tarifas son un método “probado y verdadero” para financiar una instalación de estacionamiento autorizada por la Ley de Puertos. No se espera que la tarifa afecte la demanda, ya que solo aumentaría el costo promedio de tres días del alquiler de autos en San Diego en un 1.5 por ciento, según los funcionarios del puerto.

En cuanto a por qué los funcionarios del puerto no dieron a la Autoridad Aeroportuaria un aviso sobre la nueva tarifa, la portavoz Tanya Castaneda respondió: “La junta recibió una votación pública, que fue notificada públicamente con una agenda publicada la semana anterior en cumplimiento de la Ley Brown a reanudar el cobro de una tarifa que había existido sin desafío en años anteriores”.

Weisberg y Solís escriben para el U-T.