Movimiento arranca con petición para suspender centros de detención de ICE
Los Ángeles — Durante su estancia en los centros de inmigranción de Golden State Annex y Mesa Verde, en el sur de California, José Rúben fue forzado a vestir un uniforme sucio, fue sujeto a comer alimento podrido y con objetos foráneos como tierra o insectos, y por un dólar de salario al día, debía de limpiar el lugar con agentes de limpieza peligrosos sin ningún equipo para proteger su cara o manos.
Desde noviembre 2021 hasta marzo 2023, el joven fue testigo de las condiciones deplorables en las que dijo, viven mujeres, ancianos, enfermos, y personas de la comunidad gay, lesbiana y transgenero en estos centros con fines de lucro manejados por las autoridades de inmigración.
En el corazón de California y sus bulliciosas calles repletas de soñadores en la caza de oportunidades para alcanzar el éxito, la historia de Catalina Sánchez Sánchez destaca como un testimonio de resistencia y ambición.
Sin formar parte de estos grupos, Rúben vivió también entre ratas, cucarachas y paredes con moho. Al pedir un optometrista por problemas de la vista, este siempre le fue negado. Y cuando se puso en huelga, este fue golpeado y aislado.
Rúben, de 34 años, se convirtió en activista espiritual de Interfaith Movement for Human Integrity, en Oakland, tras ser liberado. En esa organización sin fines de lucro que apoya a la comunidad migrante, él trabaja a la par de los inmigrantes detenidos o quienes fueron detenidos. Y ahora, su organización junto con otros activistas a lo largo y ancho de la nación le están pidiendo al gobierno detener los esfuerzos de expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de un patrón de deterioro de los centros de detención y las condiciones en las que viven los inmigrantes mientras regularizan sus casos.
En un intento por equilibrar la balanza tras su reciente represión de asilo para los inmigrantes en la frontera sur, el presidente Joe Biden otorgó el martes nuevas protecciones para cientos de miles de inmigrantes que han estado viviendo en Estados Unidos ilegalmente durante años con parejas ciudadanas.
Las 221 organizaciones de justicia para inmigrantes involucradas, enviaron recientemente una carta al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, donde piden la intervención, describiendo un patrón atroz de maltrato.
Los activistas destacan investigaciones recientes sobre el uso del confinamiento solitario, el abuso de inmigrantes LGBTQ y VIH positivos y las muertes en centros de detención de inmigrantes, donde la ACLU, American Oversight y Physicians for Human Rights encontraron que el 95 por ciento de las muertes en centros de detención de inmigrantes se podrían prevenir, o posiblemente prevenible si ICE hubiera brindado atención médica clínicamente adecuada.
Los inmigrantes a los que se les niegue el asilo podrían recibir un mínimo de cinco años de prohibición de entrada a Estados Unidos, podrían ser retornados a México o al país del cual escaparon.
De manera similar, Immigration Equality, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y Human Rights First (HRF), documentaron recientemente que los inmigrantes LGBTQ y VIH positivos detenidos se enfrentan a abusos sexuales, agresiones físicas o acoso sexual, y son objeto de abuso verbal y físico generalizado. Estos hallazgos se basan en un largo historial de falta de atención médica básica, condiciones abusivas que afectan desproporcionadamente a los inmigrantes negros y otros grupos vulnerables de personas detenidas por ICE y procesos de inspección inadecuados.
Asimismo, investigadores de la Facultad de Derecho de Harvard y PHR también documentaron recientemente que ICE cada vez coloca a más personas en régimen de aislamiento, en un tiempo promedio de 27 días, utilizando el régimen como forma de castigo, incluso como forma de represalia por protestar por las condiciones.
Tras dos años de amenazas de desalojo en intentos por sacar a unos 100 vendedores de una comisaría de Los Ángeles, la cual ya no les quería permitir estacionar sus carritos de comida en el lugar, llega una victoria para estos trabajadores.
La petición señala que “Al trabajar para expandir un sistema de detención ya plagado de abuso y negligencia y al mismo tiempo imponer barreras adicionales que restringen la capacidad de las personas detenidas de acceder al mundo exterior a medida que las condiciones internas continúan deteriorándose, la administración Biden incumple las promesas que hizo hace cuatro años para poner fin a la detención privada a nivel federal, reducir la dependencia de la detención de inmigrantes y crear un sistema de inmigración más humano”.
Además, los activistas destacan que en junio ICE implementó la decisión de revocar la gratuidad de llamadas para las personas de bajos recursos. Los 520 minutos gratis de llamadas telefónicas regalados a cada persona cada mes en los centros de detención de inmigrantes en todo el país sirvió como un salvavidas para buscar apoyo de familiares y amigos, encontrar asesoramiento y denunciar abusos.
En California, apoyan varias organizaciones, entre estas se encuentra Detention Watch Network (DWN).
Todas las mañanas Margarita Pereira se levanta temprano para hacer el “lunch” a su hija Teresa, de nueve años de edad.
Marcela Hernández, organizadora y miembro directora de DWN dijo que su organización ha escuchado directamente de personas detenidas que ya no pueden llamar a sus abogados de forma gratuita, limitando su acceso a los servicios legales.
“Recibimos muchas quejas, principalmente en torno al abuso verbal y físico: en el centro de detención de Batavia, por ejemplo, los guardias golpearon a un huelguista de hambre. En Moshannon, una persona detenida fue rociada con gas pimienta”, dijo.
Hernández añadió que se habla de confinamiento solitario, las condiciones insalubres y la falta de atención médica en Mesa Verde, así como problemas para acceder a la representación legal y al sistema de apoyo externo.
“En otras instalaciones, como la cárcel del condado de Plymouth en Massachusetts, los defensores informan que no pueden comunicarse con sus clientes por teléfono y, en cambio, tienen que depender de costosas videollamadas, visitas en persona o correo legal, lo que a menudo lleva semanas. Esto hace que sea aún más difícil para los inmigrantes detenidos defender su libertad, asilo y otras formas de ayuda”, dijo Hernández.
“La falta de atención médica y el abuso físico, incluidas las represalias por organizarse, han provocado muertes reales. Nadie debería pasar por este tipo de tortura”, sostuvo la activista.
Actualmente, DWN está denunciando los abusos y las demandas de las personas internas al elevarlas a ICE y DHS, apoyando acciones y peticiones. Hernández reside en California y forma parte del comité de apoyo de Mesa Verde y Golden State Annex, que apoya a sus actuales huelguistas laborales y de hambre en ese lugar.
Para Rúben, cerrar estos lugares es una cuestión de humanidad.
“Aunque las llamadas gratuitas eran limitadas, yo pude con estas encontrar un abogado y hablar con mi familia”, dijo Rúben.
“Las personas que trabajan en esos centros de detención no tratan a la gente como seres humanos. Se les niega hasta el papel de baño, no tienen aire acondicionado, viven entre ratas y cucarachas, y si nos quejamos se vengan. Los detenidos necesitan tener contacto con el exterior por paz mental”, sostuvo.
Ahí dentro de Mesa Verde, Rúben y otros compañeros hicieran una huelga, pero los participantes fueron puestos en confinamiento solitario, experimetaron algunos de ellos abuso sexual y golpes, asi como les negaron hablar con sus abogados.
“Por quejarme en una ocasión me tiraron violentamente al suelo, me golpearon y me lastimaron un brazo. Hasta entonces debo usar baston”, dijo el activista.
A pesar de los esfuerzos por cerrar estos lugares, ICE tiene la intención de reiniciar las admisiones en las instalaciones de Adelanto en California; así como planes para expandir sus centros dramáticamente en todo el país, como se demuestra en el reciente informe “Apoyo a centros de detención multiestatales: solicitud de información”, y la decisión de cerrar el centro Dilley en Texas sólo para financiar la adición de 1,600 camas de detención en otros lugares.
Hasta el cierre de la historia, los agentes de Mesa Verde no contestaron nuestras llamadas.
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