Tras pagar una pena por intento de asesinato, una activista inmigrante pide perdón a Newsom
“Ya pagué mis errores con una pena de cárcel, pero si me deportan sufriría dos penas más, la de no estar con mi familia, y la de no poder cumplir mis servicios con la comunidad”
Sin mostrar miedo, pero con un ritmo cardíaco más elevado de lo normal y sudor en las palmas de las manos, Laura Hernández se presentó muy temprano en un tribunal penal en Riverside recientemente.
Hernández, quien por ahora no cuenta con los documentos legales para vivir en Estados Unidos, no atendía un asunto personal. Por el contrario, se había ofrecido voluntariamente para acompañar a una trabajadora inmigrante indocumentada al lugar donde fue citada ante las autoridades por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI).
El objetivo de Hernández era abogar para que la señora Juliana T., no obtuviera cargos tan severos que pudieran causarle problemas con las autoridades de inmigración, o incluso su deportación.
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Juliana T. fue acusada de manejar bajo la influencia del alcohol. Ahora ella tiene que hacer servicio comunitario durante tres meses, el que aún debe elegir, y además debe tomar clases de alcohólicos anónimos así como pagar una multa de 1,900 dólares. Su DUI no incluyó peligro imprudente (atropello y fuga, homicidio involuntario, etc.). Ella no fue condenada a prisión, por lo que puede solicitar la residencia permanente.
Juliana T., quien no quiso identificarse por razones legales, estaba arrepentida por sus acciones y temerosa de lo que le depararía el futuro, pero tener a Hernández a su lado como activista comunitaria proinmigrante le había dado la fuerza para enfrentar su situación y a las autoridades en un tribunal penal en lugar de esconderse.
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Cada vez que Hernández, de 40, se presenta en la corte, ella se encuentra en peligro de la deportación pero asegura que su misión es “ayudar a las personas cuando se ven involucradas con el sistema de justicia, en un momento en el que muchos los critican o les dan la espalda”.
Desde los últimos tres años que Hernández decidió seguir su llamado de servicio, sus días de trabajo nunca han sido los mismos. Un día, puede encontrarse en Sacramento o Washington D.C. para apoyar un proyecto de ley a favor de la comunidad inmigrante, y el otro día puede estar acompañando a una familia a la corte de inmigración sirviendo de apoyo moral.
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En otras ocasiones, la residente de Santa Ana atiende llamadas telefónicas detrás de su escritorio sobre los derechos de los indocumentados en este país, o incluso cualquier mañana puede estar recibiendo con un cálido abrazo a una persona que acaba de salir de la cárcel.
Como activista que defiende a la comunidad inmigrante en el sur de California, Hernández cree que lejos de las decisiones erróneas que las personas toman en sus vidas, ante la ley necesitan apoyo y orientación para corregir sus errores.
“A veces, cuando caes más bajo, valoras la libertad. Ahí es donde puedes encontrar tu misión de vida”, dijo Hernández con la voz entrecortada. “Todos merecemos una segunda oportunidad”.
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Esta última frase resuena una y otra vez en la cabeza de la inmigrante, mientras ella misma busca otra segunda oportunidad para poder permanecer en este país legalmente.
Desde el pasado mayo, Hernández inició su propia campaña de clemencia en la que pide al gobernador de California, Gavin Newsom, que le permita permanecer en Estados Unidos sin temor a ser devuelta a su país de nacimiento.
Otra opción para ella es anular su condena. Esta moción presentada ante el tribunal, de ser aceptada, borraría su condena de sus antecedentes penales. Sin embargo, la moción puede tardar años. Hernández tiene miedo de no poder llegar a tiempo, ya que ella puede ser deportada en cualquier momento.
Eran padres adolescentes sin títulos de arte, pero el amor y la familia los sustentaron. Su alma mater de la escuela secundaria de Los Ángeles les ha dado la bienvenida como pintores consumados.
En el pasado, Hernández fue residente permanente. Esto autoriza al titular de la tarjeta verde el derecho a vivir y trabajar en los Estados Unidos de forma indefinida. Después de cinco años, el residente, si lo desea, puede solicitar la ciudadanía, lo que le otorga derecho a votar.
Sin embargo, Hernández no ha podido renovar su tarjeta de residencia debido a una sentencia de 15 años de prisión, que cumplió el 29 de junio de 2020, y que empaña sus antecedentes penales hasta ahora.
Laura recibió un total de 27 años de cadena perpetua. Sin embargo, salió de prisión 15 años dentro de su condena por buena conducta.
Las autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pueden negar la renovación de una tarjeta verde si la persona no cumple con ciertos requisitos, uno de ellos es tener antecedentes penales limpios. Sin esta renovación, las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden arrestar a Hernández en cualquier momento y expulsarla del país.
El perdón que busca Hernández no perdona ni minimiza el daño que una persona causó por su delito. Sin embargo, reconoce el autodesarrollo y la rehabilitación de los beneficiarios.
Debido a que el perdón del gobernador de California es total e incondicional, este también puede ayudar a los no ciudadanos eliminando ciertos motivos penales para la deportación, poniendo fin a un caso de deportación pendiente o puede eliminar prohibiciones para obtener la ciudadanía.
Desde su mandato, el gobernador Newsom ha concedido un total de 144 indultos, 123 conmutaciones y 36 indultos, según los ultimos datos publicados de su oficina del 30 de mayo de 2023.
Hernández pide ser parte de estos números para no sufrir dos sentencias más.
“Ya pagué mis errores con una pena de cárcel, pero si me deportan sufriría dos penas más, la de no estar con mi familia, y la de no poder cumplir mis servicios con la comunidad”, dijo la inmigrante, quien es la segunda de en un total de cuatro hermanos y hermanas.
La activista nació en Tecate, Baja California, México y creció en Santa Ana. Sus padres la trajeron a Estados Unidos cuando era un bebé con la esperanza de escapar de la pobreza, pero cuando era niña ella no pudo escapar de la violencia doméstica y el abuso de un padre drogadicto.
Con el paso de los años, el ambiente en el que creció Hernández la convirtió en una joven hostil y la llevó a cometer varios errores que la involucraron con las autoridades.
En el 2005, Hernández, que entonces tenía 21 años, fue admitida en el Centro para Mujeres de California Central (CCWF) por varios cargos, incluidos dos intentos de asesinato y posesión de drogas, en un caso de triángulo amoroso en el que estuvo involucrada.
El 23 de julio de 2005 Hernández fue a la casa de su amante a buscarlo. Su esposa estaba con él. Ambos estaban saliendo del pasillo de autos cuando Hernández se acercó a ellos y se produjo una discusión. Mientras estaban dentro del auto, Hernández sacó un arma y disparó hacia el vehículo habitado. Nadie resultó herido durante el tiroteo. Hernández huyó del lugar en una limusina después del incidente. La policía la detuvo a dos millas de la casa de la víctima, lee el reporte de la corte.
Hernández sostiene que los incidentes de esa noche son diferentes a lo que se dijo en la corte, pero como nunca pudo dar a conocer su propia versión solamente quedó una versión que pintaba peor los acontecimientos.
La inmigrante finalmente fue condenada por dos cargos de intento de asesinato, dos cargos de agresión con arma de fuego semiautomática, disparo de arma de fuego en un vehículo habitado y posesión de sustancias controladas.
Con una defensa pública que cambió tres veces, sin dinero para defenderse con su propio abogado y sin poder contar su versión de los hechos, la joven fue condenada a 27 años de prisión perpetua.
En ese momento el abogado de joven decidió que no era buena idea que ella testificara ante un jurado porque según él, ella no estaba preparada y podía culparse a sí misma durante el interrogatorio. Ella decidió confiar en su consejo, lo que finalmente terminó perjudicando su caso.
Sin embargo, debido al comportamiento excepcional y a más de una docena de programas de crecimiento personal en los que Hernández participó o fundó durante sus 15 años de prisión, las autoridades le entregaron su carta de liberación. Pero la libertad para Hernández podría haber significado su deportación desde entonces.
Las autoridades judiciales la dejaron en libertad el 29 de junio de 2020. No obstante, desde que la inmigrante ingresó al sistema judicial, ella no pudo renovar su residencia permanente, por lo que al salir de prisión existía la posibilidad de que las autoridades de inmigración la estuvieran esperando afuera de las puertas para su arresto y deportación. Esta medida es algo que se hace habitualmente cuando se sabe que una persona sin documentos regularizados en el país sale de la cárcel o prisión.
Para evitar este desenlace, desde prisión Hernández llamó a la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange (OCRRN), una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de los inmigrantes en California, para pedir apoyo.
“Sabía que algún activista proinmigrante podría encontrarse conmigo afuera de las puertas de la prisión y abogar por mi estadía. No quería sentirme desprotegida”, dijo Hernández.
El día que Hernández fue liberada, afortunadamente para ella, ICE no se presentó en su salida, pero miembros de OCRRN estaban allí para darle la bienvenida.
Tras su liberación la misma semana, la inmigrante inmediatamente se acercó a la organización OCRRN y se convirtió en voluntaria de inmediato (aún continúa siendo voluntaria). En febrero de 2022 se convirtió en coordinadora desempeñando un papel decisivo en agregar más voluntarios a la organizació y ayudar a más personas.
“El encierro en prisión me ayudó a abrir mi corazón a otras personas y descubrir que nací para servir”, afirmó el inmigrante.
Michele Musacchio, voluntaria de la OCRR desde el 2018, dijo que el trabajo de Hernández fuera de prisión ha sido excepcional y enfatizó que si Hernández no obtiene un indulto, cientos de personas anualmente se quedarían sin un defensor que luche contra la separación familiar.
Desde que comencé a trabajar junto a ella me di cuenta de que a Laura no le gusta dejar a nadie atrás, se conecta rápidamente con las personas y sus necesidades, y le gusta trabajar con mucho respeto, motivación y positividad”, dijo Musacchio.
“Laura merece el perdón, no sólo porque ya cumplió condena en prisión y porque sirve a su comunidad, sino porque es un ser humano”, dijo Musacchio, enfatizando que en este momento el gobernador tiene la oportunidad de resaltar su humanidad en cuanto a las personas que han dedicido darle un giro a sus vidas en California, especialmente la comunidad inmigrante.
Para ayudar a mayor escala, desde el 26 de junio del 2023, Hernández también comenzó a desempeñarse como directora ejecutiva de Freedom for Immigrants (FFI), una organización nacional sin fines de lucro con sede en California dedicados a abolir las detenciones de inmigrantes y que monitorea los abusos de derechos humanos que enfrentan los inmigrantes detenidos por ICE a través de una línea directa nacional y una red de visitantes voluntarios de detención en aproximadamente 70 sitios de detención en todo Estados Unidos.
Michael Kaufman, presidente de la junta de FFI, quien fue parte del proceso de selección de Hernández como directora ejecutiva, dijo que la organización eligió a Hernández por su liderazgo, visión de servicio y capacidad para mover masas y hacer cambios positivos como lo hizo en prisión.
“Ella experimentó el encarcelamiento y pudo usar esa herramienta para ayudar a otros. Además, conoce íntimamente cómo se sienten los demás en casos similares al suyo y sabe cómo guiarlos”, dijo Kaufman, también abogado y subdirector de defensa de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California.
Actualmente, Hernández no sólo pide perdón al gobernador para ella sino también para su amigo Sithy Bin, de 42 años. Ambos se han unido para pedir el uno por el otro como muestra de solidaridad entre inmigrantes.
Bin nació en un campo de refugiados tailandés y actualmente enfrenta la deportación a Camboya, el país de donde son sus padres.
Cuando era joven, Bin estuvo involucrado con una pandilla y, durante una disputa, disparó contra la casa de un miembro de una pandilla rival, hiriendo accidentalmente a alguien. La víctima recibió un disparo y sobrevivió.
Como resultado, en el 2005, a la edad de 24 años, Bin recibió dos largas sentencias: 15 a cadena perpetua y 25 a cadena perpetua.
Al igual que Hernández, Bin experimentó una profunda transformación dentro de la prisión estatal de Avenal y fue ordenado ministro en julio de 2014 después de cuatro años de estudio. Para su sorpresa, el juez de sentencia original lo vio cambiar y anuló por completo la sentencia de 25 años, lo que lo hizo inmediatamente elegible para la libertad condicional.
El día que se suponía que Bin sería libre y regresaría a casa, en mayo del 2020, este no corrió con la misma suerte que Hernández. Las autoridades de inmigración lo arrestaron y lo trasladaron al Centro de Procesamiento de ICE de Mesa Verde para su deportación, pero finalmente fue liberado como parte de una demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles relacionada con la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, Bin ya había firmado una orden de deportación.
Al salir de su detención de ICE, Bin decidió concentrar su tiempo en reconectarse con su familia y servir a su comunidad. Hoy en día, el activista ha estado trabajando desde junio del 2021 para ayudar a los clientes en su proceso de reintegración a la sociedad en Friends Outside LA, una organización sin fines de lucro que brinda servicios para todos los afectados por el sistema de justicia y sus familias.
Además, Bin es un miembro activo de la comunidad en su iglesia Shepherd of the Hills en Porter Ranch, mientras trabaja en estrecha colaboración con Testimony Ministries desde marzo de 2021. Esta última organización se enfoca en ministrar a personas que han tenido contacto con el sistema legal penal.
Bin también cofundó Made New Foundation en mayo del 2021 con otros dos miembros de la comunidad. La organización sin fines de lucro de Inglewood conecta a proveedores de servicios y ofrece servicios de referencia.
Para Bin, padre de dos hijas, Serienity Galvez, de 24 años, y Tausaunee, de 19, su campaña de perdón con Hernández ha sido transformadora.
“Laura es una mujer que no deja a nadie atrás. Al mismo tiempo que aboga por su perdón, también aboga por el mío. “No me siento solo”, dijo Bin. “Aunque ambos cometimos errores cuando éramos jóvenes, nuestras situaciones nos despertaron para ayudar a la comunidad dentro y ahora fuera de la prisión”.
Bin y Hernández quieren que el gobernador considere que ambos iniciaron su trayectoria de activismo desde que ingresaron a prisión.
Esta reportera intentó contactar a las personas involucradas en los casos de Hernández y Bin para dar su propio testimonio y pensamiento sobre las petitionces que ahora estos activistas están haciendo para permanecer legalmente en Estados Unidos. Las víctimas no fueron encontradas.
Hernández dijo que al principio de su encarcelamiento ella estaba triste, enojada y llena de miedo cuando escuchó a otros reclusos decirle que su caso para salir anticipadamente de la prisión estaba perdido, porque había sido fichada con la “gran L” en la palabra “for Life”., o “cadena perpetua”.
Sin embargo, después de unos meses de estar allí aprendí que desde dentro podía ser libre para reconstruir no sólo mi vida sino la de los demás”, dijo Hernández.
Casi un año después de su encarcelamiento, Hernández comenzó a participar en varios cursos de superación personal y, a lo largo de los años, fundó y dirigió más de 15 programas para mejorar la calidad de vida de sus compañeros de celda. Entre los más queridos se encuentran Victims Impact and Progress (VIP), Youth Mentor Organization (YMO) y LifeScripting.
LifeScripting fue el programa de mejora en el que Hernández se inscribió casi un año después de ingresar al Centro para Mujeres de California Central, y el que la ayudó a crecer personalmente y la inspiró a comenzar otros programas.
“Al escribir, entendí mucho sobre mi comportamiento y obtuve respuestas de por qué reaccionaba ante muchas circunstancias de la vida. Con el paso del tiempo, comencé a sanarme de los traumas de mi niñez y me di cuenta de que otras personas necesitaban esto para sanar”, dijo Hernández.
Después de graduarse del programa, Hernández se convirtió en facilitadora y luego encargada, y cuando fue transferida a la Institución para Mujeres de California (CIW) en Chino, ella misma desarrolló LifeScripting en esa prisión y capacitó a otras facilitadoras.
“Estando dentro del sistema carcelario me di cuenta que muchos de nosotros estamos ahí por no tener apoyo desde pequeños, por la falta de amor y abandono, por no tener un guía en nuestras vidas”, dijo. “Pero ayudar a la gente fue bueno para mí, para sanar las heridas de mi infancia y para ayudar a otros como yo a sanar”.
A lo largo de su estancia en prisión, Hernández desarrolló programas como VIP (Víctimas, Impacto y Progreso), que consiste en preparar a la población hispanohablante de CIW para que puedan hablar con elocuencia al asistir a su audiencia de libertad condicional.
Hernández se dio cuenta de que este tipo de capacitación no existía, por lo que formó un equipo que capacitó a las personas sobre qué decir, cómo comportarse y responder cuando se trataba de audiencias.
Por otro lado, el programa YMO (Youth Mentor Organization), fundado por Hernández en CIW, apoyó a jóvenes que ingresaban a prisión con cadena perpetua. En ese programa, los nuevos participantes obtuvieron un mentor que los ayudó a navegar la vida en prisión de manera productiva y saludable. Con este fin, Hernández capacitó al personal ejecutivo y desarrolló un plan de estudios de implementación.
Ahora, a través de Change.org Hernández busca recolectar 1,500 firmas de apoyo para enviarlas al gobernador Newsom. Por su parte, la petición de Bin en Change.org tiene 2,510 firmas con una meta de 5,.000. Cualquier persona puede firmar las peticiones. Los peticionarios pueden fijar su propio objetivo de envío de firmas al gobernador. Solicitar el indulto no requiere iniciar la firma de la petición.
Sin embargo, el indulto para estos dos activistas es un desafío, ya que no pueden obtener un Certificado de Rehabilitación de California (COR) de un tribunal superior del condado donde viven.
Este documento, que es emitido por un juez, no es requisito para solicitar el indulto. Sin embargo, es una declaración que confirma que un individuo que ha sido condenado por un delito ahora está completamente rehabilitado y es un ciudadano ejemplar, dijo Luis F. Nuño, profesor asistente de sociología en Cal State LA.
“Por lo tanto, tener este certificado en realidad no es un requisito pero puede mejorar las posibilidades de encontrar un nuevo empleo entre otros beneficios, y por supuesto, es una carta de presentación extra muy positiva cuando la persona pide un perdón”, afirmó el profesor.
Para solicitar COR, Hernández y Bin deben esperar siete años después de haber salido de prisión como requisito de su “período de rehabilitación”, un tiempo en el que no pueden meterse en problemas con la ley y deben hacer mejoras significativas en sus vidas.
No obstante, ni Hernández ni Bin pueden esperar tres años más para recibir este documento, ni tampoco sus familias.
Serienity Gálvez, la hija mayor de Bin, dijo que es importante para toda la familia tener a Bin cerca porque durante muchos años la cárcel los privó de estar juntos.
“Su estilo de vida desde entonces hasta lo que ha transformado ahora nos sirve como inspiración para crear un legado del que nuestros hijos puedan estar orgullosos”, dijo Gálvez.
Para Christina Hernández, hermana de Laura Hernández, no volver a ver a su hermana sería “inimaginablemente triste”.
“Laura y yo crecimos juntas, nos cuidamos la una a la otra, pero la vida nos separó durante mucho tiempo”, dijo Christina, de 31 años.
“Sin embargo, desde que ella salió de prisión hemos vuelto a estar juntas y nos hemos convertido en grandes amigas. He visto cómo ha conseguido sus objetivos, cómo se ha convertido en un modelo a seguir. Las personas pueden cambiar si les dan una oportunidad. Ella se lo merece”, dijo Christina.
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