Con temor de corrupción y percances técnicos, inmigrantes guatemaltecos denuncian proceso de votación

Los Ángeles —  Cuando llega la época electoral en Guatemala, los políticos hacen discursos grandilocuentes sobre cómo los inmigrantes son héroes nacionales por establecerse en Estados Unidos, con un gran sacrificio personal, y por devolver los millones de dólares en remesas que mantienen a flote la economía del país centroamericano.

Pero en la práctica, estos inmigrantes a menudo han sido tratados en su tierra natal como ciudadanos de segunda categoría, despojados de su derecho a participar en las elecciones nacionales. Aunque a los guatemaltecos que viven en Estados Unidos se les permitió votar por primera vez en 2019 en una contienda presidencial, muchos han expresado preocupaciones. Se han quejado en redes sociales, chats de Whatsapp y a través de cartas y correos electrónicos dirigidos a funcionarios electorales porque se ven obstaculizados por la escasez de mesas para votar y dificultades para acceder al sitio web de registro para las elecciones del 25 de junio.

“A nosotros es a los que menos nos toman en cuenta”, señaló Alba Rojas, una diseñadora de ropa originaria de Quetzaltenango que se instaló en Los Ángeles a fines de la década de 1990 y votó en 2019.

Rojas y otros guatemaltecos que viven en Estados Unidos han denunciado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala por lo que perciben como su persistente mal manejo del proceso electoral. Y critican con enojo la designación de Hugo Mérida —a quien ven como un aliado político partidista del presidente Alejandro Eduardo Giammattei — como coordinador y enlace de la junta electoral para el proceso de voto en el extranjero.

Mérida y otros funcionarios guatemaltecos responden que han invertido recursos significativos en el proceso de voto en el exterior de este año y que los críticos están minimizando injustamente estos esfuerzos y tienen motivaciones políticas.

Como muchos de sus compatriotas, Marta Castillo, nativa de Guatemala y activista que se estableció en el área de la ciudad de Nueva York en 1969, sospecha profundamente de los administradores electorales y es muy escéptica de que todo el proceso sea independiente o justo. Sus temores se ven agravados por su conocimiento de que solo se permite votar a los expatriados guatemaltecos en Estados Unidos y no a los de Canadá, México, España y otros países centroamericanos y europeos.

“Es un engaño, es una maniobra de política sucia y corrupción, porque a ellos no les conviene que los que estamos en el extranjero votemos”, dijo Castillo.

Las elecciones de 2019 recibieron poca promoción en Estados Unidos, donde solo había cuatro centros electorales disponibles, en Los Ángeles, Houston, Nueva York y Silver Spring (Maryland), en las afueras de Washington, DC. Aunque los inmigrantes en junio podrán votar en más de 12 ciudades, los activistas aquí creen que ese número es insuficiente y que el tribunal electoral no ha promovido adecuadamente el evento.

En 2019, el padrón electoral sumaba unos 63 mil electores en el exterior. En este ciclo electoral, al 25 de marzo —fecha final para registrarse— la cifra se situó en 89,554 votantes.

En la primera vuelta de las elecciones de 2019 se contabilizaron apenas 734 votos de guatemaltecos residentes en Estados Unidos; aún menos votantes, 521, emitieron su voto en la segunda vuelta.

“En la manera que va esto, las elecciones van a ser igual un fracaso [como en el 2019], porque no creo que el TSE haya hecho un trabajo apropiado”, dijo Ben Monterroso, de 64 años, presidente del Voto de los Guatemaltecos Residentes en el Exterior (VOGUARE), organización creada en 2021 para promover la participación electoral, y co-fundador de Mi Familia Vota. Él atribuye la participación limitada en parte a muchos expatriados que carecen de un Documento de Identificación Personal (DPI) emitido por el gobierno guatemalteco, que sirve como requisito para votar.

“Desde el principio el TSE no ha hecho su trabajo de documentar y registrar a las personas, y hasta el día de hoy no ha habido una campaña para informar y motivar a las personas a registrarse”, dijo Monterroso. “Desde el principio, la fiesta va mal”.

Hace cuatro años, el TSE invirtió un total de 47 millones de quetzales ($6 millones) para cubrir todo el proceso de voto en el exterior. Para las elecciones del 25 de junio el presupuesto es de $2.5 millones.

En agosto pasado, Walter Batres, presidente de la Red Migrante Guatemalteca, un grupo de defensa y asistencia sin fines de lucro, propuso que el TSE y varias otras instituciones del gobierno guatemalteco realizaran una jornada masiva de documentación en Los Ángeles. Pero su idea no ganó tracción con el gobierno guatemalteco, dijo.

“Esto es un maquillaje nada más”, dijo Batres sobre el proceso electoral de este año. “El voto postal y el voto electrónico funcionan, pero no quieren que voten los guatemaltecos, porque si el pueblo vota masivamente le diríamos adiós al pacto de corruptos”.

Igualmente preocupante para los activistas es el papel de Mérida, quien ayudó a financiar la campaña del presidente Giammattei en 2019 y quien ha sido contratado por el TSE “para brindar servicios técnicos” por alrededor de $2,000 al mes.

En una entrevista con Los Angeles Times, Mérida dijo que los activistas locales simplemente tienen envidia. Intentó justificar su apoyo financiero a Giammattei hace cuatro años afirmando que también apoyó a otros seis candidatos presidenciales.

“Hacíamos reuniones y recepciones a cada uno”, dijo Mérida, contador profesional que en ese momento era presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos (Conguate).

Mérida también dijo que en su papel de coordinador supervisará la selección de los aproximadamente 900 voluntarios que se necesitan en los centros electorales de Estados Unidos, para la primera ronda de votación el 25 de junio. Si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos de primera vuelta, se realizará una segunda ronda de votación que tendrá lugar en agosto.

En entrevista con LA Times, Mérida también confirmó que es amigo de al menos cuatro de los cinco magistrados del TSE. La oficina del Tribunal Electoral no respondió a la solicitud de hablar con la presidenta de la institución. Dos magistrados no respondieron las llamadas telefónicas de este periódico.

Los activistas están preocupados por la influencia expansiva de Mérida.

“Este es un nombramiento de Giammattei; ¿cómo quieres que la comunidad acepte algo de un presidente que no respetamos?”, razonó Juan Carlos Méndez, líder comunitario guatemalteco y obispo de la iglesia Centro Cristiano Bet-El, en South Gate. “Cuando salen con estas boberías es un insulto para la comunidad migrante”.

Lo que algunos activistas temen sobre todo es que las sospechas suscitadas por el proceso de voto en el extranjero de este año alimenten la apatía de los guatemaltecos expatriados, lo que los llevará a una mayor privación de sus derechos y aislamiento de su país de origen.

“Es una situación amañada y genera desconfianza con algo tan especial. La pureza del voto se pierde inmediatamente”, dijo Aroldo Ramírez, oriundo de Izabal y asesor de la organización Misión Guatemala USA, que ayuda a través de proyectos sociales y defiende los derechos de los inmigrantes. “Mi pedido sería nombrar a una persona idónea, que genere mucha confianza y honestidad, que no tenga nada que ver directamente con el partido oficial”.

Alicia Ivonne Estrada, profesora de Estudios Chicanos en la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN), dijo que la corrupción dentro del TSE refleja la perversión más amplia de la política guatemalteca, derivada desde la guerra civil genocida de 1960-1996.

“Guatemala es un Estado cooptado, es cooptado por corruptos”, dijo.