La reciente filtración de una grabación que exponía a algunos de los principales funcionarios de Los Ángeles haciendo comentarios racistas, menospreciando a múltiples grupos raciales y étnicos, ha sacudido a la Ciudad de los Ángeles.
Pero el Ayuntamiento no es ajeno a los escándalos, ya que muchos líderes y funcionarios electos siguen enfrentándose a las consecuencias de errores anteriores, incluidos tres miembros actuales o anteriores del consejo que han sido acusados de delitos federales.
Para cualquier persona que no conozca el caos de la política de Los Ángeles, he aquí un rápido repaso de algunos de los escándalos más memorables -o quizás infames- de la historia reciente. Abróchese el cinturón.
El audio racista
El mundo político de Los Ángeles se ha visto sacudido esta semana por el audio de una reunión a puerta cerrada celebrada en 2021 entre algunos de los líderes latinos más poderosos de la ciudad para discutir el proceso de redistribución de distritos de la ciudad. Desde entonces, muchos han expresado su preocupación por la discusión sobre las formas de ampliar su poder político en medio de un proceso de redistribución de distritos contencioso, pero son los comentarios racistas del grupo los que han provocado una avalancha de indignación y condena que llegó hasta la Casa Blanca.
En el clip, la entonces presidenta del Consejo de la Ciudad, Nury Martínez, menospreció al hijo negro de un miembro blanco del Consejo, utilizando una frase en español que significa “parece un mono” y sugiriendo que el niño necesitaba ser reprendido para que se comportara. Dijo que el concejal Bonin trataba a su hijo como un “accesorio”, y el concejal Kevin de León pareció después comparar el trato que el concejal daba a su hijo con la forma en que Martínez utiliza un bolso Louis Vuitton. En la conversación también participaron el concejal Gil Cedillo y Ron Herrera, entonces presidente de la Federación de Trabajadores del Condado de Los Ángeles.
En la misma conversación, también se escucha a Martínez haciendo comentarios intolerantes y groseros sobre los oaxaqueños, los judíos y los armenios.
Aunque los llamados para que los concejales dimitan no se han hecho esperar, De León y Cedillo siguen en sus puestos. Martínez finalmente renunció el miércoles
Herrera dimitió el lunes por la noche.
Después de que se hiciera pública la grabación, el fiscal general de California dijo que su oficina abrirá una investigación sobre el proceso de redistribución de distritos de la ciudad, que el año pasado redibujó las líneas para el Consejo Municipal de 15 escaños.
La trama de sobornos de la USC
Una de las figuras políticas más destacadas de Los Ángeles, el suspendido concejal Mark Ridley-Thomas, fue acusado el año pasado, junto con un antiguo decano de la USC, de recibir sobornos del decano a cambio de dirigir millones de fondos públicos a la universidad.
Los fiscales dicen que el esquema de sobornos ocurrió cuando Ridley-Thomas ingresó en la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles en 2017, antes de que se uniera al Consejo de la Ciudad - de la que luego fue suspendido. Se ha declarado inocente en el caso, que sigue en curso.
Marilyn Louise Flynn, la exdecana de la Escuela de Trabajo Social de la USC, llegó recientemente a un acuerdo de culpabilidad, admitiendo el soborno en el caso. Dijo que accedió a encauzar el dinero de la campaña de Ridley-Thomas a través de la universidad hacia la organización sin ánimo de lucro de su hijo para ocultar el origen de los fondos. A cambio, dijo que Ridley-Thomas acordó asegurar la renovación de un contrato del Condado de Los Ángeles para la clínica de salud mental en línea de la USC. El supuesto quid pro quo también incluía la admisión del hijo de Ridley-Thomas en la universidad con una beca de matrícula completa y una cátedra remunerada.
Acusaciones de la alcaldía
En 2020, un oficial de policía de Los Ángeles que sirvió como guardaespaldas del alcalde Eric Garcetti demandó a la ciudad, alegando que fue acosado sexualmente en repetidas ocasiones por uno de los principales asesores del alcalde. La demanda afirma que Garcetti fue testigo de algunos de los comportamientos inapropiados, incluyendo comentarios groseros y acercamientos físicos no deseados, pero no intervino. El alcalde niega las acusaciones.
Meses después, la jefa de gabinete de Garcetti, Ana Guerrero, renunció a su cargo después de que el Times informara de que había menospreciado al icono sindical Dolores Huerta en un grupo privado de Facebook. Guerrero hizo comentarios en la plataforma de medios sociales, diciendo “la odio” y utilizó un término en español que se traduce como “vieja celosa”.
Guerrero fue puesta en licencia no remunerada de la oficina de Garcetti después de que el incidente saliera a la luz en junio de 2021, aunque recientemente regresó como asesora principal.
El incidente, junto con las acusaciones sobre Jacobs, puso en tela de juicio la cultura laboral de su oficina.
Esquema de “pago por jugar
Una amplia investigación federal sobre corrupción que investiga posibles sobornos, extorsión, blanqueo de dinero y otros delitos ha llevado a un exconcejal a la cárcel y a otro a seguir luchando contra los cargos penales que se le imputan.
El ex concejal Mitchell Englander fue condenado en 2021 a 14 meses de prisión tras ser declarado culpable de mentir a las autoridades federales sobre sus relaciones con un empresario que le proporcionó 15.000 dólares en pagos secretos en efectivo y una noche de desenfreno en Las Vegas.
El caso de Englander, sin embargo, es parte de una investigación más amplia sobre un presunto esquema de “pago por jugar”, que se ha centrado en el ex concejal José Huizar. Primero ganó la atención pública en 2018 cuando los agentes del FBI allanaron la casa y la oficina del entonces concejal.
Huizar fue arrestado después y se enfrenta a cargos federales por acusaciones de haber aceptado repetidamente sobornos en efectivo y donaciones de campaña de promotores inmobiliarios a cambio de ayuda para conseguir que los proyectos de desarrollo pasen por el arduo proceso de aprobación de la ciudad. Se ha declarado inocente.
El ex asistente especial de Huizar, George Esparza, su hermano mayor, un especialista en relaciones públicas y dos consultores inmobiliarios ya se han declarado culpables de delitos federales en la presunta trama. Esparza admitió haber recibido lujosas prebendas -viajes a Las Vegas y Australia, comidas caras y servicios de acompañamiento- de un promotor que pretendía construir un rascacielos de 77 pisos, al tiempo que aceptaba entre 8.000 y 10.000 dólares al mes del empresario que proporcionaba dinero a Englander. Salvador Huizar, hermano del concejal, admitió esta semana que recibía sobres de dinero en efectivo de su hermano, que le decía que hiciera cheques por la misma cantidad desde su propia cuenta bancaria.
También se enfrenta a cargos en la trama Raymond Chan, un ex teniente de alcalde de Garcetti que se centró en el desarrollo económico. Se le acusa de una serie de actividades ilegales, entre las que se incluye la organización de “pagos de sobornos indirectos” a funcionarios clave de la ciudad mediante la obtención de contratos de trabajo para los familiares de los funcionarios, según los fiscales.
Tratos de los ejecutivos de Agua y Energía de Los Ángeles
Al menos dos funcionarios del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, un ex abogado de alto nivel de la oficina del fiscal Mike Feuer y un abogado contratado por la ciudad han sido acusados en una investigación federal, en la que los fiscales dicen que los funcionarios del DWP y los abogados de la ciudad participaron en varios delitos, incluyendo la ayuda y la incitación a la extorsión y el soborno.
Feuer dijo que no tenía conocimiento de ningún comportamiento poco ético o ilegal en el que estuvieran implicados sus abogados y se apresuró a condenar tales acciones después de que se descubriera la trama.
Thomas Peters, ex jefe de litigios civiles de Feuer, admitió a principios de este año en un acuerdo de culpabilidad que orquestó un pago a alguien que amenazaba con revelar información perjudicial sobre cómo los abogados de la ciudad manejaron una demanda de DWP sobre la facturación defectuosa. Los fiscales dijeron que el equipo legal de la ciudad se confabuló con los abogados que representaban a los contribuyentes del DWP.
El ex alto ejecutivo del DWP, David Wright, participó en un esquema relacionado, supervisando un contrato de 30 millones de dólares del DWP con una empresa externa, que, a cambio, prometió a Wright un trabajo en la empresa después de la jubilación con un salario de 1 millón de dólares, y el acceso a un Mercedes-Benz.
Donaciones ilegales de promotores
Más de siete políticos locales, la mayoría del Ayuntamiento, recibieron donaciones de un promotor inmobiliario de Torrance que presionaba a los funcionarios públicos para que aprobaran un nuevo complejo de apartamentos. El promotor fue posteriormente condenado por un delito de conspiración en el caso de blanqueo de dinero.
Una investigación del Times de 2016 descubrió que una extensa red de más de 100 personas y empresas con vínculos directos o indirectos con el promotor, Samuel Leung, hizo donaciones políticas por un poco más de 600.000 dólares a siete políticos a lo largo de seis años, mientras la promoción de Leung estaba siendo revisada. El complejo de apartamentos fue aprobado posteriormente.
Estas donaciones se convirtieron en objeto de una investigación conjunta de la oficina del fiscal, el FBI, la oficina del fiscal de los Estados Unidos y la Comisión de Ética, que descubrió que las donaciones a los políticos procedían a menudo de fuentes poco confiables, algunas de las cuales dijeron no tener conocimiento de las contribuciones realizadas en su nombre, lo que infringía la ley de financiamiento de campañas.
Los registros muestran que los concejales actuales y anteriores Joe Buscaino, Englander, Martínez, Huizar y Cedillo, así como la actual supervisora del condado Janice Hahn, recibieron importantes donaciones vinculadas a Leung, a veces recibiendo el dinero cuando estaban a punto de tomar decisiones clave sobre el desarrollo. Las donaciones vinculadas a Leung también fueron a un comité de campaña independiente que apoyaba a Garcetti, pero que no estaba controlado por él.
Leung se declaró culpable en 2020. Ningún funcionario electo fue acusado en el caso.
Los federales y el condado investigaron las contribuciones de campaña
La campaña de reelección de la ex presidenta del consejo Martínez en 2015 fue objeto de una investigación tanto federal como local, aunque ella y su personal nunca fueron acusados penalmente.
Los fiscales federales empezaron a investigar la campaña de Martínez en 2015, emitiendo citaciones a muchos de sus empleados e interrogando posteriormente a los donantes que dieron pequeñas cantidades para apoyar la reelección.
Esos donantes fueron clave para la campaña de Martínez, demostrando un apoyo de base que le permitió calificar para un grupo mucho más grande de dinero financiado por los contribuyentes. Los funcionarios de la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles también se centraron en estas pequeñas donaciones, investigando una acusación de fraude.
Aunque la División de Integridad Pública del fiscal del distrito determinó “que algunas de las donaciones de 5 dólares no fueron hechas por el supuesto donante”, los investigadores dijeron que “las pruebas eran insuficientes para demostrar quién era el responsable final”.
Los redactores del Times Dakota Smith, Emily Alpert Reyes, David Zahniser, Benjamin Oreskes, Julia Wick, Michael Finnegan, Matt Hamilton, Harriet Ryan y Richard Winton contribuyeron a este informe.
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