Huizar busca desintegrar el caso de corrupción, y alega que el supuesto millón y medio en regalos no fue un soborno
Los abogados del ex concejal de Los Ángeles, José Huizar, dicen que los fiscales no han cumplido el estricto estándar establecido por el Tribunal Supremo para probar el soborno.
Los abogados de José Huizar no dudan en admitir que muchas de las acusaciones hechas contra el exconcejal de la ciudad de Los Ángeles, en un amplio caso de corrupción, son “desagradables”.
Los fiscales lo han acusado de viajar en jets privados, alojarse en hoteles de lujo, apostar en casinos en Las Vegas y Australia y asociarse con prostitutas, todo pagado por empresarios que buscan sacar provecho del auge inmobiliario que estaba transformando su distrito del centro de la ciudad.
Pero en una reciente presentación ante el tribunal, los abogados de Huizar argumentaron que muchos de los pasos que se le acusa de dar para ayudar a esos empresarios, como organizar reuniones y recomendar consultores, eran demasiado informales para calificarlos como el tipo de “actos oficiales” que se ajustan a la definición de soborno, según la ley federal.
Sus abogados le están pidiendo entonces a un juez que desestime la mayoría de los cargos, alegando que los fiscales no cumplieron con los estrictos estándares establecidos por la Corte Suprema para los casos de corrupción pública.
La presentación es la defensa más detallada de Huizar hasta ahora contra las acusaciones de que dirigió una empresa de crimen organizado desde el Ayuntamiento para enriquecerse a sí mismo y a sus aliados al presionar a los desarrolladores. Si el juez de distrito estadounidense John F. Walter acepta su solicitud de reducir drásticamente la acusación formal de 41 cargos, ello daría por tierra efectivamente el caso de la fiscalía y la acusación quedaría reducida a cargos de evasión de impuestos y mentiras al FBI.
Hasta ahora, la investigación federal de corrupción ha arrojado declaraciones de culpabilidad del ex concejal Mitchell Englander, el ex ayudante de Huizar George Esparza, el cabildero Morrie Goldman y los consultores inmobiliarios Justin Kim y George Chiang.
Walter celebrará una audiencia el 15 de noviembre sobre la moción de Huizar y dos coacusados para desestimar gran parte de la acusación.
Los fiscales instaron al juez a mantener intactos los cargos.
Huizar “se volvió codicioso, descarado, descuidado, y fue atrapado”, escribieron el asistente del fiscal de EE.UU Mack E. Jenkins y otros, en documentos judiciales presentados este mes. La conducta del exconcejal, señalaron, encaja perfectamente con lo que la Corte Suprema ha considerado como “una conducta criminal que amenaza la integridad y viabilidad de nuestra democracia”.
Pero el equipo legal de Huizar señaló que la Corte Suprema ha ido reduciendo paulatinamente el alcance de las leyes estadounidenses contra el soborno durante las últimas tres décadas.
El tribunal ha “tratado expresamente frenar a los fiscales federales empeñados en lanzar redes lo suficientemente grandes como para atrapar casi cualquier cosa que hagan los funcionarios estatales o locales, mientras se asignan la tarea de intervenir valerosamente y seleccionar quiénes deben ser acusados y encarcelados”, escribieron.
La táctica legal se basa en gran medida en la decisión de la Corte Suprema de 2016 que anuló la condena del ex gobernador de Virginia, Robert McDonnell.
McDonnell y su esposa, Maureen, aceptaron $175.000 en préstamos, obsequios y otros beneficios de un empresario de Virginia que quería que las universidades estatales estudiaran un suplemento nutricional que él había desarrollado. El tribunal determinó que la conducta de McDonnell, aunque “de mal gusto”, no estaba prohibida por las leyes federales contra el soborno, porque los fiscales no demostraron que participó en ningún “ejercicio formal del poder gubernamental” para promover la causa del empresario.
Organizar una reunión, hablar con otro funcionario público o ser anfitrión de un evento -todo lo que McDonnell hizo para el empresario- no equivale a un “acto oficial” realizado a cambio de un soborno, dictaminó el tribunal. Solo un uso formal del poder del gobierno en un asunto específico y determinado, como la decisión de una agencia o una demanda, puede ser objeto de un soborno, concluyó el tribunal.
En el caso de Huizar, sus abogados argumentaron que los cabilderos y otras personas regularmente “otorgan beneficios” a los funcionarios públicos para “construir una reserva de buena voluntad que, en última instancia, podría afectar a uno o más de una multitud de actos no especificados”.
“Naturalmente, esos beneficios a veces van acompañados de decisiones favorables, que a su vez pueden ir seguidas de más beneficios y decisiones más favorables”, comentaron. “Si bien eso puede parecer corrupto en la mente del público, no lo es para la ley federal”.
El equipo legal de Huizar, encabezado por el Defensor Público federal Cuauhtémoc Ortega, describió al exconcejal como “un evangelista del desarrollo robusto” y acusó a los fiscales de tratar “prácticamente todo lo que hizo como un ‘acto oficial’ sin importar cuán informal o desconectado del poder gubernamental haya sido”.
Un ejemplo, dijeron los abogados de Huizar, es la acusación de que su cliente aceptó sobornos de Wei Huang, un multimillonario chino que buscaba desarrollar un rascacielos de 77 pisos en las calles 3rd y Figueroa.
Huang proporcionó a Huizar vuelos en jet privado, escapadas a casinos y $600.000 en respaldo financiero para ayudarlo a resolver una demanda por acoso sexual presentada por un exasistente del concejal, según la acusación.
Los abogados de Huizar respondieron que tales beneficios no constituirían sobornos, ya que “fluyó muy poco en la otra dirección”. Huizar nunca votó sobre el proyecto de la desarrolladora, que aún no ha llegado al Ayuntamiento.
Las supuestas solicitudes de Huang a Huizar (organizar reuniones, tener conversaciones sobre el proyecto, proporcionar a Huang una lista de consultores de uso de la tierra) son “actos de rutina que los funcionarios electos realizan en nombre de los electores”, escribieron los abogados. Ninguno debe considerarse un “acto oficial”, señalaron.
Los abogados de Huizar también apuntaron a las acusaciones de Esparza, el ex asistente, y Kim, el asesor inmobiliario, de que el exconcejal exigió un soborno en efectivo de $500.000 a Dae Yong Lee, un desarrollador inmobiliario que obtuvo la aprobación de la ciudad para construir una torre residencial en Hill Street y Olympic Boulevard.
Los abogados de Huizar calificaron a Esparza y Kim, los presuntos responsables de llevar a cabo la transacción, de “mentirosos confesos” que están “intentando obtener indulgencia por sus propios delitos cooperando con el gobierno”. Esparza y Kim reconocieron haberse embolsado parte del presunto soborno de $500.000 dólares.
Los fiscales afirman que Huizar presionó a un grupo sindical para que retirara su objeción a la propuesta torre residencial de Hill Street. Los abogados del exconsejal sostuvieron que tal comportamiento, de haber ocurrido, tampoco calificaría como un acto oficial. “Si de hecho Huizar tomó dinero de una parte privada para ‘presionar’ a otro privado, podría considerarse un ejemplo de mal gobierno o de violación de las reglas de ética”, escribieron, “pero no sería un soborno federal”.
Los abogados también argumentaron que las donaciones de campaña que solicitó al desarrollador de una torre de 35 pisos planificada en el Distrito de las Artes no fueron sobornos, y que deberían considerarse como discurso político. Huizar votó a favor del proyecto en 2018, trabajando con el constructor para reducir la cantidad de viviendas asequibles requeridas por los comisionados de planificación de la ciudad.
Si “esta conducta es imputable como delito federal sin ninguna alegación de un quid pro quo claro e inequívoco, todos los políticos y principales donantes del país viven en la nobleza obligada de la oficina del Fiscal de Estados Unidos más cercana”, escribieron los abogados.
El gobierno respondió acusando a Huizar de contar una “historia fantasiosa” en la que se presentaba a sí mismo como un funcionario electo pro-empresarial victimizado por fiscales ambiciosos.
La fiscalía no necesita demostrar que Huizar realizó un acto oficial para exponer que ocurrió el soborno, escribieron Jenkins y sus colegas fiscales. El simple hecho de aceptar realizar un acto oficial a cambio de “una cosa de valor” sería suficiente para constituir un soborno, señalaron.
Ese “acuerdo no tiene por qué ser explícito y el funcionario público no necesita especificar los medios que utilizará para cumplir con su parte del trato”, redactaron los fiscales.
Sobre el proyecto del Distrito de las Artes, los fiscales alegaron que las contribuciones de campaña pueden considerarse sobornos si hay un quid pro quo “claro e inequívoco”. Y con respecto al rascacielos de Hill Street, añadieron, Huizar en última instancia habría tenido que emitir un voto sobre cualquier desafío al proyecto, el tipo de acción que cumpliría con la definición oficial del acto para la Corte Suprema.
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