Todo lo que debe saber para evitar el desalojo tras el fin de la moratoria de inquilinos del 30 de septiembre
Los Angeles — Activistas de California suenan la alarma de que el estado se encamina hacia un acantilado de desalojos después del 30 de septiembre, fecha en que se vence la moratoria COVID-19 para inquilinos.
Los propietarios pueden demandar a los inquilinos por deudas de alquiler no pagadas durante los últimos 13 meses, o abonar al menos el 25 por ciento de la deuda.
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Los grupos, compuestos por organizaciones que sirven principalmente a comunidades negras, latinas, indígenas, asiáticas e isleñas del Pacífico y de bajos ingresos, advierten en una carta que los inquilinos de bajos ingresos y de color se verán perjudicados de manera desproporcionada si se levanta la moratoria en un momento que el estado tiene la oportunidad de distribuir todos los 5.2 mil millones en fondos federales que se asignarán a los inquilinos afectados por la pandemia de COVID-19.
La coalición de casi 100 grupos de vivienda, justicia social y comunitarios están firmando la carta abierta al gobernador Gavin Newsom y a la legislatura estatal pidiendo que extienda de inmediato la moratoria.
Los expertos afirman que, desde que comenzó la pandemia, hay más mujeres que buscan ayuda. Las mujeres de color están entre las más afectadas, en parte por cuestiones de seguros.
“Si no se abordan, los desalojos generalizados y las deudas no resueltas aumentarán la ya inconcebible división racial de la riqueza y exacerbarán los costos sociales, económicos y de salud pública que representan los desalojos para las familias y comunidades”, dice la carta.
“La extensión de estas protecciones le dará a los gobiernos estatales y locales tiempo para implementar con éxito el programa de asistencia para el alquiler, que protegerá tanto a los inquilinos como a los propietarios de los impactos adicionales de las crisis económica y de salud pública que enfrentamos”, sostiene.
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Más de 724.000 hogares de inquilinos en California están atrasados en el alquiler, según el National Equity Atlas.
El programa Housing Is Key, recientemente lanzando y financiado por el gobierno federal, puede proporcionar el 100% de la renta atrasada, los servicios públicos y tres meses de alquiler futuro.
Las personas son elegibles si pueden demostrar que están en apuros económicos debido a la pandemia y no ganan más del 80% del ingreso anual promedio del condado.
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Los inquilinos deben notificar a los propietarios de su vivienda cuando soliciten ayuda. Si los propietarios también lo solicitan, el estado les pagará cualquier alivio directamente.
Las personas pueden solicitar alivio en https://housing.ca.gov/ o llamando al 833-430-2122.
Cabe recordar que otra manera de protección es la ley estatal que requiere que actualmente los solicitantes de ayuda paguen el 25% de su alquiler atrasado acumulado desde el 1 de septiembre de 2020 a fines de este mes. También deben presentar una declaración de dificultades financieras al propietario.
El pago y la documentación muestran un esfuerzo de buena fe si un propietario persigue el desalojo en la corte.
Las personas que no pueden pagar el 25% de su renta atrasada todavía tienen opciones. Si reciben un aviso de desalojo de “pagar o desalojar”, tienen 15 días hábiles para solicitar asistencia para el alquiler.
- Entre las cosas que los inquilinos deben saber es que, a partir del 1 de noviembre de 2021, el arrendador puede demandarlo por cualquier alquiler impago que adeude.
- Hasta el 1 de octubre de 2021, un propietario solo puede desalojar a un inquilino si proporciona una razón legalmente válida.
- Es ilegal que un arrendador le dé a un inquilino un aviso de desalojo de 30 o 60 días sin una razón establecida. Esto se conoce comúnmente como un desalojo “sin causa”. La razón declarada debe coincidir con uno de los motivos válidos permitidos por la ley, un desalojo por “causa justa”.
- Las ordenanzas de desalojo existentes del gobierno local pueden permanecer en vigor hasta que expiren, pero no pueden diferir las obligaciones de alquiler más allá del 31 de mayo de 2023.
- Los propietarios que hacen cosas como bloquear a los inquilinos, quitar propiedad personal o cortar los servicios públicos para desalojar a un inquilino, en lugar de pasar por el proceso judicial requerido, pueden enfrentar multas de entre $1.000 y $2.500. Estas sanciones están vigentes hasta el 1 de octubre de 2021.
- Si cree que ha sido desalojado ilegalmente o si necesita asesoramiento legal, debe consultar con un abogado. Si necesita ayuda legal de bajo costo o sin costo, visite www.lawhelpca.org y / o Recursos para inquilinos para obtener recursos adicionales.
Los defensores instan a los inquilinos preocupados por el desalojo y la renta atrasada a que intenten negociar un término medio con el propietario. Los propietarios deben tratar de recibir ayuda de alquiler del estado antes de buscar el desalojo y luego tienen que proporcionar una notificación por escrito a los inquilinos.
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