Biden desilusiona a los activistas proinmigrantes con militarización de fronteras que ponen en peligro a niños y mujeres
Los Ángeles — La militarización de las fronteras de México, Honduras y Guatemala como un acuerdo internacional para evitar que los migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos no funciona, afirman activistas proinmigrantes.
El acuerdo se produce tras un número récord de niños no acompañados y familias que han estado intentando cruzar la frontera.
Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, México mantendrá un despliegue de alrededor de 10.000 soldados, mientras que Guatemala ha enviado 1.500 policías y militares a su frontera sur y Honduras desplegó 7.000 policías y militares.
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Psaki dijo que “el objetivo es hacer más difícil el viaje y más problemático cruzar las fronteras”.
Las administraciones anteriores han militarizado las fronteras de estas naciones y han demostrado que esta estrategia es ineficaz y tiene como resultado abusos contra los derechos humanos, afirmaron activistas.
“Estamos decepcionados por la decisión de la administración Biden-Harris de continuar los esfuerzos de la era Trump”, dijo Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas.
“Si la administración Biden-Harris realmente quiere abordar la crisis humanitaria que es la migración forzada, no darían la espalda a quienes buscan protección”, sostuvo.
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Matt Nelson, director ejecutivo de Presente.org, dijo que como se ha demostrado en la historia, la militarización de las fronteras solo conduce a más violaciones de derechos humanos.
“Más tropas y policías de países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos no son forma de garantizar la seguridad de los migrantes”, señaló.
Para la organización médico-humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), el acuerdo deja a los inmigrantes en movimiento más expuestos a las dobles amenazas del crimen organizado y el COVID-19.
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Los equipos médicos de MSF, que están tratando a las personas afectadas por las repetidas redadas y detenciones en la frontera sur de México, dijeron también estar viendo solicitantes de asilo que fueron obligados a regresar a México en virtud de la orden del Título 42, que se ha utilizado indebidamente para autorizar expulsiones masivas aparentemente por razones de salud pública relacionadas con la pandemia de COVID-19.
Estas expulsiones del Título 42 bloquean efectivamente el derecho a buscar asilo, dijo la organización.
“Una vez más estamos viendo la construcción de muros físicos, burocráticos y de seguridad para bloquear el asilo y detener la libre circulación de personas que huyen de la violencia en sus países de origen”, dijo Antonino Caradonna, coordinador del proyecto migratorio de MSF.
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La acción policial cerca de refugios o lugares donde los migrantes reciben asistencia médica y humanitaria “empuja a las personas en tránsito a esconderse más, a optar por rutas más peligrosas, a ser más vulnerables al crimen organizado y la extorsión”, expuso Caradonna.
Los testimonios recogidos por MSF en la zona corroboran el aumento de redadas y detenciones en la frontera sur de México, que ponen en riesgo la salud física y mental de solicitantes de asilo y migrantes que no están teniendo el derecho al debido proceso.
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“Están siendo deportados a ciudades fronterizas en México, sin ninguna información sobre dónde están y qué van a hacer a continuación. Hay muchas mujeres con niños en brazos, que no han comido ni han recibido un trato digno”, expuso Geaninna Ramos, asesora médica de MSF.
Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, cuestionó los acuerdos.
“Aunque aparentemente es una medida contra ‘traficantes, contrabandistas y cárteles’, esto es exactamente lo que genera más contrabando, tráfico y explotación de cárteles, y los más vulnerables sentirán la peor parte”, tuiteó Corbett.
Aunque la administración Biden ha dicho que busca llegar al meollo de la migración masiva, ahora es acusado de repetir los errores de administraciones pasadas.
“En lugar de desplegar más tropas, los gobiernos de la región deben respetar y defender los derechos de las personas a buscar asilo y vivir en condiciones de seguridad”, dijo Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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