Este vecindario de Sonoma se opuso, y luego acogió, a una ciudad de tiendas de campaña para las personas sin techo

SANTA ROSA, Calif. —  Sabían que el vecindario se rebelaría.

Era principios de mayo y los funcionarios de esta ciudad del norte de California debatían frenéticamente cómo evitar que el COVID-19 se infiltrara en los campamentos para personas sin techo que proliferaban en los famosos parques y senderos de la región. Durante años, la cantidad de individuos que vivían en situación de calle en Sonoma había disminuido y luego aumentó, agravada por el incremento en los precios de las viviendas y tres temporadas de incendios forestales que destruyeron miles de hogares en cuatro años.

Aparentemente de la noche a la mañana, la crisis de las personas sin techo en la ciudad se hizo visible. Y con la aparición del COVID-19, representó una amenaza de salud devastadora para los cientos de individuos que viven en refugios, tiendas de campaña y barracas improvisadas, así como para los proveedores de servicios y quienes brindan atención de emergencia que intentan ayudarlos.

En las semanas anteriores, cuando el virus avanzó por primera vez a través de California, el gobernador Gavin Newsom había pedido a las ciudades y condados que convencieran a los operadores de hoteles de que abrieran sus puertas a las personas que viven en las calles, cuya edad y salud los hacían vulnerables. Pero en Santa Rosa, una ciudad que prospera con los dólares de los turistas, los funcionarios sabían que nunca encontrarían suficientes propietarios para ofrecer sus establecimientos como voluntarios. El concejal Tom Schwedhelm, que entonces se desempeñaba como alcalde, decidió montar decenas de tiendas de campaña en el estacionamiento de un centro comunitario reluciente, en un vecindario próspero conocido como Finley Park, un par de millas al oeste del distrito comercial central de Santa Rosa.

Los residentes del vecindario no estaban entusiasmados con la idea de aceptar a personas sin techo en su zona de calles arboladas y callejones. Sin embargo, en poco tiempo, miles de residentes y negocios recibieron cartas notificándoles de los planes de la ciudad para construir 70 carpas que podrían albergar hasta 140 personas en el Finley Community Center, una joya del vecindario que atrae a decenas de familias y entusiastas del fitness a áreas de pícnic, piscinas espectaculares y canchas de tenis.

La reacción fue feroz. Durante tres horas un jueves por la noche, a mediados de mayo, los funcionarios de Santa Rosa defendieron sus planes mientras cientos de residentes inundaban las líneas telefónicas para expresar su descontento.

“¿Habrá una lista de todos los que decidieron hacernos esto a nosotros y a nuestro parque, en caso de que queramos rechazarlos en las elecciones?”, expresó un residente.

“Este es un barrio familiar”, señaló otro furioso.

“¿Cómo podemos sentirnos seguros usando nuestro parque?”, suplicaron otros.

En Santa Rosa, como en muchas otras comunidades, las objeciones de los vecindarios típicamente terminarían con una propuesta de viviendas y servicios para personas sin techo. No esta vez. Los funcionarios electos no estaban preguntando. El proyecto seguiría adelante.

“Adelante, vote para que me vaya”, indicó Schwedhelm, relatando su forma de pensar en ese momento. “¿Quiere gritarme y enojarse? Adelante. Es importante que el gobierno escuche, pero la realidad es que estos son nuestros vecinos, así que ayudémoslos”.

En cuestión de días, el espacioso estacionamiento en el Centro Comunitario de Finley fue acordonado con cercas de malla verde. En el interior, espaciadas a 12 pies de distancia, había 68 carpas azules, cada una equipada con sacos de dormir y un contenedor de almacenamiento. Una ordenada hilera de inodoros portátiles se alineaba a un lado del campamento y estaba equipada con estaciones para lavarse las manos y nebulizadores para el calor del verano.

La ciudad contrató a Caridades Católicas de Santa Rosa para administrar el espacio, y los trabajadores sociales se desplegaron en los refugios de la ciudad y los campamentos no autorizados, donde encontraron decenas de receptores. La primera docena de residentes estaban en sus tiendas de campaña cuatro días después de que se aprobó el sitio y la población aumentó rápidamente a casi 70. A cambio de refugio, duchas y tres comidas diarias, los residentes del campamento acordaron un horario de toque de queda a las 8 p.m., y un contrato comprometiéndose a respetar los requisitos de uso de cubrebocas y distanciamiento físico y actuar como buenos vecinos.

La ciudad de tiendas de campaña de Santa Rosa abrió el 18 de mayo. Y, poco después, sucedió algo extraordinario. Los residentes de Finley Park dejaron de protestar y empezaron a entregar donaciones de productos: comida, ropa, desinfectante de manos. Las canchas de tenis y pickleball, de las favoritas de los jubilados, volvían a estar animadas. Los padres y los niños llenaron una vez más el parque infantil cercano.

Y dentro de ese imponente perímetro verde, la gente comenzó a ordenar sus vidas.

Desde mayo hasta finales de noviembre, Santa Rosa gastaría $680.000 para suministrar y administrar el sitio, un experimento de seis meses que trazaría un nuevo rumbo para el enfoque de la ciudad hacia los servicios para personas sin techo. Mientras las ciudades de California luchan con una crisis de individuos en situación de calle que ha provocado la condena internacional, la experiencia de Santa Rosa sugiere un camino a seguir. En lugar de participar en meses de discusiones paralizantes con los opositores del vecindario antes de comprometerse con un proyecto de vivienda o refugio, los funcionarios de la ciudad decidieron que su papel era dirigir e informar. Identificarían los sitios del proyecto y avanzarían, utilizando los comentarios del vecindario para adaptar las mejoras a un plan, pero no para eliminarlo.

Fue un momento decisivo que resonaría en todo Sonoma.

“Sabemos que estamos haciendo enojar a mucha gente, se están levantando y diciendo, ‘¡Diablos, no!’”, dijo el supervisor del condado, James Gore, presidente de la Asociación Estatal de condados de California. “Pero no podemos seguir diciendo que no. Esa ha sido la política de vivienda fallida de los últimos 30 a 40 años. Todos quieren una solución, pero no desean verla en sus vecindarios”.

‘Golpes por todos los ángulos’

Aproximadamente una cuarta parte de las personas sin techo del país residen en California, y casi 160.000 individuos viven en automóviles, en sofás prestados, en refugios temporales o en las calles. La pandemia ha exacerbado la crisis por una serie de razones, incluida la pérdida de empleo relacionada con el COVID, las liberaciones de las cárceles y los nuevos límites de capacidad en los refugios para individuos en situación de calle.

De Los Ángeles a Fresno, y de ahí a San Francisco y Sacramento, los campamentos de personas sin techo se han multiplicado. Y sin inodoros ni botes de basura, los campamentos no autorizados se han convertido en imanes para las quejas de los vecinos sobre las malas condiciones sanitarias. Eso lleva a redadas regulares de las fuerzas del orden que arrasan un campamento solo para ver cómo se levanta en otros lugares.

La capital de California ofrece un ejemplo revelador de la dinámica. Se estima que 6.000 personas viven en situación de calle en Sacramento, una población que se ha vuelto más visible desde que el COVID-19 paralizó la vida dentro de las oficinas. Tiendas de campaña y lonas llenan los pasos subterráneos de las autopistas, a lo largo del centro, acompañadas de montones de basura y desorden.

El alcalde, Darrell Steinberg, es conocido como un defensor de los problemas de las personas sin techo. Durante sus años en la legislatura estatal, impulsó medidas que aumentaron exponencialmente los fondos para abordar la falta de vivienda y las enfermedades mentales. Pero en más de cuatro años como alcalde, ha luchado para forjar una política cohesiva para sacar a la gente de las calles y llevarlos a domicilios de apoyo.

“El problema con nuestro enfoque”, señaló Steinberg este año, “es que cada vez que buscamos construir un proyecto, hay una controversia en el vecindario. Nuestros propios electores dicen: ‘Resuélvalo, pero por favor no aquí’, y terminamos sufriendo golpes desde todos los ángulos”.

Con el aumento del alboroto de la comunidad, está dirigiendo el esfuerzo de una nueva iniciativa para construir viviendas aprobadas por la ciudad, incluidos refugios de clasificación, campamentos autorizados y domicilios permanentes con servicios sociales. La ciudad ha asignado hasta $1 millón en un desembolso inicial para casas pequeñas y campamentos seguros, pero hasta marzo había logrado consenso en un solo sitio: un estacionamiento debajo de una autopista muy transitada, donde la ciudad instalará baños y estaciones para lavarse las manos, y se permitirá que hasta 150 personas establezcan un campamento.

Donta Williams, quien ha vivido en situación de calle en los últimos cinco años, niega con la cabeza ante el tiempo que le ha tomado a la ciudad aprobar un campamento. Él ha subsistido en una serie de lotes miserables, moviéndose de uno a otro en respuesta a las redadas policiales.

“No tenemos adónde ir”, dijo Williams, de 40 años, quien es un demandante en una batalla legal con la ciudad por las redadas de campamentos. “Necesitamos vivienda, servicios como baños y estaciones de lavado de manos. ¿O qué tal unos contenedores de basura para que podamos recoger la basura?”.

Un trabajo de verdad, un nuevo comienzo.

Al igual que otros condados, Sonoma ha luchado contra campamentos de personas sin hogar rebeldes durante años. Antes de los incendios, la crisis estaba más oculta, con gente refugiada en lechos de arroyos y cañadas boscosas colindantes con senderos para caminar y andar en bicicleta. Los incendios forestales de 2017, 2019 y 2020 sacaron a muchos del campo. Y las 5.300 viviendas diezmadas por las llamas significaron aún más individuos desplazados.

Los políticos de Sonoma describieron su introspección sobre cómo superar el estancamiento de la comunidad, cuando se trata de encontrar ubicaciones para proporcionar viviendas y servicios.

“Se produce miedo y enojo de que me quiten algo si construyen esta vivienda; eso es una gran parte y vi ese disgusto dirigido a mí también”, señaló Shirlee Zane, una vocal defensora de los servicios de las personas sin techo que perdió su candidatura a la reelección el año pasado después de 12 años en la junta de supervisores del condado. “Es una psicología que vemos aquí con demasiada frecuencia, un sentido de derecho de la gente blanca de clase media”.

Al crear el modelo de Finley Park, los líderes de Santa Rosa se basaron en algunos principios básicos. Los vecinos estaban preocupados por el crimen y el uso de drogas, por lo que la ciudad desplegó policías y guardias de seguridad para patrullar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por vecinos preocupados por la basura y las enfermedades; la ciudad instaló estaciones de lavado de manos, duchas y baños. Caridades Católicas inscribió a decenas de residentes de campamentos en proyectos de embellecimiento de vecindarios, dándoles tarjetas de regalo a tiendas como Target y Starbucks a cambio de recoger basura, generalmente $50 por un par de horas de trabajo.

Unas cuantas veces a la semana, una clínica móvil atendía el campamento y proporcionaba atención médica básica y medicamentos. Los residentes tuvieron acceso a un tratamiento virtual de salud mental y fueron examinados regularmente para detectar síntomas de COVID-19; solo una persona contrajo el coronavirus durante los 256 días que el sitio estuvo en funcionamiento.

“Nos tomábamos en serio el brindar acceso a la atención”, comentó Jennifer Ammons, una enfermera practicante que dirigió la clínica móvil. “Puede conseguirles inhaladores, deshacerse de su neumonía o infecciones de la piel”.

Rosa Newman fue una de las que cambiaron su vida. Ella, de 56 años, dijo que se había hundido en la falta de vivienda y la adicción después de dejar a una pareja abusiva años antes. Se mudó a su tienda designada en septiembre y en cuestión de días se inscribió en la versión de Medicaid de California, estableció contacto con un médico y recibió tratamiento para una dolorosa infección de la vejiga. Después de dos meses en el campamento, pudo conseguir una vivienda subsidiada y encontró un trabajo en un centro de acogida para personas en situación de calle de Caridades Católicas.

“Antes, estaba tan enferma que no tenía ninguna esperanza”, comentó. “Pero ahora tengo un trabajo de verdad y es solo el comienzo”.

James Carver, de 50 años, quien durante años durmió en la entrada de un negocio en el centro de Santa Rosa con su esposa, comentó que se sentía feliz solo por tener una carpa sobre su cabeza. Al canalizar su energía en proyectos de limpieza y trabajos ocasionales en el campamento, dijo Carver, su moral comenzó a mejorar.

“Es un gran consuelo; estoy buscando empleo de nuevo”, comentó Carver, un trabajador de la construcción desempleado, en noviembre, mientras limpiaba pilas de bolsas de almacenamiento entregadas a los residentes del campamento. “No tengo que dormir con un ojo abierto”.

Jennielynn Holmes, quien dirige los servicios para personas sin techo de Caridades Católicas en el norte de California, señaló que el experimento de Finley Park ayudó de formas que no esperaba.

“Esto nos enseñó lecciones valiosas sobre cómo mantener segura a la población desamparada, pero también pudimos lograr que las personas se inscribieran para recibir atención médica y estuvieran listas para la vivienda más rápido porque sabíamos dónde estaban”, explicó Holmes. De los 208 individuos atendidos en el sitio, comentó, 12 fueron trasladados a viviendas permanentes y casi cinco docenas ubicadas en refugios mientras esperan las aperturas.

Cuando los funcionarios de Santa Rosa concibieron el sitio de Finley, lo promovieron a la comunidad como temporal, creyendo que el COVID-19 seguiría su curso en invierno. Y aunque el coronavirus continuaba en un punto álgido, mantuvieron esa promesa y cerraron el sitio el 30 de noviembre, luego realizaron una reunión comunitaria para recibir comentarios. “Solo tres o cuatro personas llamaron y todos tenían cosas positivas que decir”, señaló David Gouin, quien desde entonces se jubiló como director de vivienda y servicios comunitarios.

Varios residentes del área dijeron que cambiaron de opinión sobre el proyecto debido a la forma en que se administró el sitio.

“Me sorprendió no haber visto nada negativo en absoluto”, comentó Boyd Edwards, quien juega pickleball en el Centro Comunitario de Finley unas cuantas veces a la semana.

“Pensé que iban a ser ruidosos y tener mierda por todos lados. Ahora, por lo que a mí respecta, pueden tenerlo todo el año”, indicó su amigo Joseph Gernhardt.

De las 108 llamadas al servicio policial, casi todas fueron en respuesta a otras personas en situación de calle que querían dormir en el sitio cuando estaba lleno, según muestran los registros. Y no hubo comportamiento violento, explicó el jefe de policía Rainer Navarro.

Con el espacio de Finley cerrado, Santa Rosa ha ampliado su refugio principal mientras elabora planes para establecer campamentos administrados durante todo el año en varios vecindarios, esta vez con estructuras reforzadas. Mientras tanto, los supervisores del condado están usando $16 millones en subvenciones estatales para comprar y convertir dos hoteles en viviendas, y se han mantenido firmes al impulsar dos campamentos administrados al estilo de Finley Park, uno en una propiedad del condado y el otro en un centro de retiro de montaña.

Ha llegado el momento, dijeron, de dejar de debatir y encontrar soluciones.

“Tenemos propiedades que se venden por $20 millones y luego pasas junto a personas que duermen en tiendas de campaña sin acceso a comida caliente o al suministro de agua”, explicó Lynda Hopkins, presidenta de la junta de supervisores del condado. “Estas pequeñas aldeas, no son perfectas, pero estamos tratando de proporcionar algo de dignidad”.

KHN (Kaiser Health News) es una sala de redacción nacional que produce periodismo a profundidad sobre temas de salud. Junto con Policy Analysis and Polling, KHN es uno de los tres principales programas operativos de KFF (Kaiser Family Foundation). KFF es una organización sin fines de lucro que brinda información sobre temas de salud a la nación.

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