‘Me siento abandonada, pero no soy la única’. Miembros LGBTQ sufren la pandemia

Han pasado siete meses desde que Marimar, una mujer transgénero, se infectó con el coronavirus, pero la enfermedad y la pandemia aún la afectan física y económicamente.

Con un retraso de cinco meses en el pago del alquiler y el cuerpo debilitado por la enfermedad, esta mujer de 57 años residente en el condado de Los Ángeles no sabe a quién recurrir para obtener ayuda.

“La ayuda que he tenido ha venido de mis amigos transexuales, pero del gobierno no sé dónde pedir, ya que no hay ayuda específica para mi comunidad”, dijo Marimar, que llegó sola desde Veracruz, México, a Estados Unidos en 1993 en busca de trabajo.

“Me siento abandonada”, continuó, “pero mi instinto me dice que no soy la única que se siente así. La comunidad LGBTQ, especialmente los latinos y los inmigrantes, está sufriendo aún más con esta pandemia económica, pero muchos no lo dicen por vergüenza”.

Las impresiones de Marimar están respaldadas por cifras nacionales en un reciente informe de la Human Rights Campaign Foundation junto con PBS Insights. El informe, publicado en septiembre, muestra que los latinos LGBTQ en Estados Unidos tienen más probabilidades que la población general de haber sufrido efectos adversos en su empleo debido al virus. El 40% de los latinos LGBTQ encuestados entre el 16 de abril y el 3 de septiembre vieron reducidas sus horas de trabajo debido al brote de coronavirus.

Además, el 20% de los encuestados se quedó sin trabajo; el 13% solicitó extensiones para el pago de su alquiler.

En California, el 5,3% de la población se identifica como parte de la comunidad de lesbianas, gays y transexuales. Entre ellos, el 48% son blancos no latinos y el 35% son latinos, según un informe del Instituto Williams de la UCLA.

Antes de la pandemia, Marimar tenía su propio negocio a domicilio que ofrecía servicios de reparto de comida: pozole, menudo, carne para tacos, chiles rellenos y tortillas hechas a mano. Pero comenzó a tambalearse después de las restricciones de marzo de 2020.

“Apenas me alcanzaba para cubrir mis gastos”, dijo. “La clientela bajó y dejó de entrar dinero”.

El peor momento llegó cuando cayó enferma a mediados de julio. Durante una semana tuvo síntomas de COVID-19, y luego fue hospitalizada durante 16 días.

“Para entonces el miedo me invadió. No podía respirar por mí misma, y no sabía lo que me iba a pasar”, dijo. “Ahora me siento débil incluso después de todos estos meses, pero me preocupa más no poder trabajar, eso es lo que me tiene deprimida.

“Para colmo, no puedo tener los beneficios del estímulo monetario federal, ya que soy indocumentada”.

Alphonso David, presidente de la Fundación de la Campaña de los Derechos Humanos, señala que muchos en la ya marginada comunidad latina LGBTQ trabajan en industrias que se han visto desproporcionadamente afectadas por la pandemia, incluyendo servicios de alimentación, restaurantes, tiendas y hospitales.

“Muchas de estas personas latinas LGBTQ son trabajadores de primera línea”, dijo, “y si eres un trabajador de primera línea, eso significa que eres más susceptible a contraer el COVID-19”.

David cree que hay más cosas que los funcionarios electos locales pueden hacer para garantizar que los recursos esenciales -ayuda para el alquiler, servicios mentales y de salud, formación y colocación laboral- lleguen a todas las comunidades, en particular “a las que están desproporcionadamente afectadas y marginadas.” Los que viven en el país sin estatus legal han sido especialmente vulnerables durante la pandemia porque no han podido recibir las dos rondas de cheques de estímulo federal que han ayudado a millones de otros estadounidenses en apuros.

Inmigrantes como Marimar también temen la llamada regla de carga pública implementada por la administración Trump, que niega las tarjetas verdes a los inmigrantes que reciben asistencia de vivienda, cupones de alimentos, vales de vivienda u otras formas de asistencia pública. La regla se ha enfrentado a desafíos legales y está previsto que sea revisada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Los inmigrantes sin documentos tampoco pueden acogerse al plan de salud de Covered California, a menos que tengan 19 años o menos, o estén embarazadas.

Bamby Salcedo, presidente y director general de la Coalición TransLatin@, una organización que se centra en los problemas de la comunidad transgénero latina coincide con David en que los gobiernos estatal y federal deben hacer más por esta comunidad, que a menudo sufre en silencio.

Hasta la fecha, no hay estadísticas oficiales sobre cómo los inmigrantes sin estatus legal que se encuentran entre las comunidades LGBTQ y LGBTQ latina en California se han visto afectados por la pandemia, pero no son necesarios estudios oficiales para que el gobierno reconozca la necesidad de actuar, dijo.

“Tenemos muchos desafíos al tratar de obtener acceso a los servicios sociales que la comunidad necesita para obtener trabajo, vivienda, [servicios] de salud mental e incluso alimentos, y la pandemia ha aumentado esa necesidad”, dijo la activista transgénero, que reside en el condado de Los Ángeles.

“Las llamadas a [nuestro] centro de ayuda, por ejemplo, han aumentado hasta un 500%”, añadió, “con personas que piden ayuda para la vivienda, el pago de facturas o la alimentación. Hemos podido darles algo de ayuda gracias a donaciones de fundaciones privadas, pero no hemos recibido nada del gobierno estatal o federal”.

Ari Gutiérrez, cofundadora y presidenta emérita de Latino Equality Alliance, dijo que el trabajo de su organización se había visto limitado por la pandemia, pero que por ahora está ayudando a la comunidad distribuyendo alimentos todos los viernes y suministrando información sobre el coronavirus.

“No podemos decir un porcentaje”, dijo Gutiérrez, “pero es un hecho que más personas se han acercado a nosotros pidiendo ayuda, diciendo que se han enfermado, no tienen trabajo y no tienen dinero”.

“Las organizaciones necesitan más ayuda de los gobiernos”, añadió, “porque la gente necesita informarse sobre los pocos recursos disponibles”. Como comunidad latina LGBTQ, siempre hemos estado a la cola y sufriendo en silencio, y ahora estamos aún más atrás.”

No fue hasta finales de septiembre que el gobernador Gavin Newsom firmó una medida que obliga a los proveedores de atención médica a hacer un seguimiento del COVID-19 y de todas las demás enfermedades transmisibles en la comunidad LGBTQ.

Un proyecto de ley presentado la primavera pasada por el senador Scott Wiener (demócrata de San Francisco), que fue aprobado en verano por la Legislatura de California y convertido en ley por el gobernador Newsom, exige a los trabajadores sanitarios que informen de los datos que ilustran cómo está afectando la pandemia a la comunidad LGBTQ.

El proyecto de ley de Wiener, apoyado por la organización Equality California, hace que la notificación de datos sea permanente y exige a todos los condados y a los proveedores de atención sanitaria que recojan datos no sólo sobre la raza, la edad y el género, sino también sobre la orientación sexual y la identidad de género al documentar los casos de coronavirus, así como otras enfermedades transmisibles. Esto se debe, en parte, a que las tasas de problemas respiratorios (por el tabaquismo), el VIH/sida, el cáncer y la falta de vivienda son mayores en la comunidad LGBTQ. Además, las personas LGBTQ son más propensas a trabajar en el sector de los servicios y en empleos de primera línea, según Equality California.

Rick Chavez Zbur, director ejecutivo de Equality California, dice que “los datos serán esenciales para identificar quién, en nuestra comunidad, ya sea un trabajador de la economía ‘gig’, un trabajador agrícola o alguien en los servicios, está más afectado por el COVID-19 y qué podemos hacer para apoyarlos en el futuro”.

El pasado mes de mayo, Equality California lanzó el Centro de Ayuda LGBTQ + COVID-19, una línea de ayuda y una serie de seminarios web en los que la gente puede acceder fácilmente a recursos sobre el desempleo, la asistencia alimentaria y los programas gubernamentales, entre otros servicios.

“La recepción que vimos fue increíble, y el número de llamadas que recibimos se ha duplicado cada mes desde mayo”, dijo Zbur. “Tanto si se trata de ayudar a la gente a encontrar un centro de pruebas local, un banco de alimentos, un profesional de la salud mental o una ayuda para el desempleo está claro que nuestra comunidad LBGTQ-plus, y francamente todo el mundo, está desesperada por recibir ayuda en estos momentos de incertidumbre.”

La supervisora del condado de Los Ángeles, Sheila Kuehl, coincidió en que la pandemia está causando estragos entre las comunidades pobres y marginadas de color.

“Nuestra moratoria de desahucios, los programas de ayuda al alquiler [del gobierno], los eventos de donación de alimentos y los lugares de prueba prioritarios se han establecido para apoyar a los que más lo necesitan”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.

“En los próximos meses, a medida que el condado entre en modo de recuperación, seguiremos priorizando el apoyo a las comunidades que han soportado la mayor parte de las dificultades de la pandemia”, dijo Kuehl, sin dar más detalles.

Para Marimar, lo ideal sería que los gobiernos locales y estatales se centraran en proporcionar más ayuda monetaria, vivienda y acceso a servicios de seguimiento de la salud física y mental.

La única esperanza que tiene Marimar por ahora es el reciente anuncio de Newsom de que su presupuesto 2021-2022 incluirá fondos para la recuperación económica de los inmigrantes que carecen de estatus legal, pero la Legislatura estatal tiene hasta el 15 de junio para discutir, revisar y aprobar la propuesta del gobernador.

“No me queda más que pedirle a Dios que me sane para poder seguir adelante”, dijo, “y tal vez en el futuro consiga la ayuda que necesito”.

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